La votación del proyecto impulsado por el oficialismo, cuyo inicio estaba previsto para el jueves 19 de julio en el Congreso de Ecuador, fue aplazada indefinidamente tras el repliegue de un grupo de legisladores que pensaban acompañar con su voto. Los periodistas opositores festejan a «grito de gol» mientras Correa les recuerda lo que el […]
La votación del proyecto impulsado por el oficialismo, cuyo inicio estaba previsto para el jueves 19 de julio en el Congreso de Ecuador, fue aplazada indefinidamente tras el repliegue de un grupo de legisladores que pensaban acompañar con su voto. Los periodistas opositores festejan a «grito de gol» mientras Correa les recuerda lo que el mandato popular ordenó en el referendo de 2011.
Un grupo de legisladores del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), resolvió el último jueves revisar su posicionamiento sobre algunos artículos del proyecto de Ley de Comunicaciones que se iba a votar en Ecuador. Su retiro de la Asamblea Nacional dejó sin quórum la sesión prevista.
La ley, a grandes rasgos, tiene el objetivo de democratizar los medios de comunicación en el país americano ya que, de manera similar a lo que ocurre en el resto del continente, están concentrados en unas pocas manos del sector del capital privado.
Para más precisión, el sector privado controla actualmente el 85,5 por ciento de las frecuencias radiales y 71 por ciento de las televisivas, según la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones. El proyecto elevado desde el Ejecutivo ecuatoriano establece que 34 por ciento de las frecuencias deberán ser concedidas a medios comunitarios, el 33 por ciento a públicos y el restante 33 por ciento a privados con fines de lucro. Casi los mismos porcentajes que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), votada en el Parlamento argentino en octubre de 2009.
Según la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica (Andes), los asambleístas del PRIAN fueron amedrentados por los titulares de algunos diarios nacionales, como El Universo -un medio tradicional del Ecuador, cuyos dueños Carlos, César y Nicolás Pérez, pertenecen a una de las familias más poderosas del país- y Expreso. Los medios citados arrojaban las responsabilidades a ese partido por la virtual aprobación de la Ley.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, anunció la suspensión de la convocatoria a votación del proyecto debido a la falta de quórum. Esto ocurrió una hora más tarde del horario fijado para llevar adelante el acto parlamentario, en principio fijado para las 8.05 (hora local).
Los periodistas de los medios privados que se encontraban en el salón de prensa de la sede del Poder Legislativo, festejaron la segunda suspensión de la votación como si se «tratara de una victoria en un partido de futbol», según la afirmación metafórica de por Andes.
Para la aprobación total de la iniciativa hacen falta 63 votos sobre un total de 124 legisladores. Vale recordar que el pasado 11 de abril, el mismísimo Fernando Cordero resolvió suspender la votación del proyecto de ley luego que 63 parlamentarios votaran a favor de la moción del legislador Tomás Zevallos para votar artículo por artículo.
El jefe de Estado, Rafael Correa, citado por Andes, aseguró que la aprobación no es una prioridad para su Gobierno, pero recordó que el proyecto de ley es un mandato popular aprobado por referéndum en mayo del 2011.
Luego remarcó que le «duele y molesta el desprecio a las normas y la Constitución» por parte de la oposición. «No es una ley de medios sino de comunicación, la cual está acorde con la Constitución -la sanción de una nueva Ley emana como una orden de la Constitución del 2008-, con los tratados nacionales y con la filosofía del buen vivir», manifestó.
De esa manera, el presidente ecuatoriano se refería al referendo celebrado el 7 de mayo de 2011, uno de los actos más democráticos que vivió el país en su historia. En esa ocasión, la opción de sancionar una norma referida al tema fue aprobada por amplia mayoría de los votantes de aquel entonces. Dentro de ese referendo, que consistía en cuatro preguntas claves sobre los destinos nacionales, se incluyó una sobre las comunicaciones del país, y si existía o no la necesidad de una nueva Ley.
Pero por supuesto que esto es otra de las tantas batallas que Correa enfrentó, y seguramente seguirá enfrentando, durante su mandato presidencial ante los dueños de los medios de comunicación privados opositores.
No mucho tiempo atrás, un grupo de escritores -en el marco del conflicto Zurita-Calderón-, coincidió una vez más con las fuerzas que desde hace ya cinco años intentan desorientar el rumbo tomado por la «Revolución Ciudadana». Esos intelectuales escribieron el «Manifiesto por la libertad de expresión», titulado «Hablar, Escribir, Criticar»; y así se sumaron a los grupos que comenzaron a ejercer presión contra el presidente ecuatoriano, y en consonancia con los reparos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras y la Unión Mundial de Periódicos (WAN-IFRA).
El diario español «El País» también se coló en la disputa. Fue a través del artículo de opinión escrito por el premiado escritor peruano Mario Vargas Llosa, en cuya bajada declara: «PIEDRA DE TOQUE: La sanción contra El Universo de la Corte Nacional del Ecuador escandaliza por su desproporción. Se trata de un acto político, encaminado a acabar con esos pilares de la democracia que son la libertad de expresión y el derecho de crítica».
«Han puesto toda la presión los grandes medios y sus corifeos en la Asamblea Nacional mintiendo, manipulando, presionando, probablemente hay billete que corra, para evitar una ley y solo para intentar infringirle una derrota política al Gobierno», sentenció Correa en la semana.
Pero a pesar de todo, el panorama es mucho más favorable que a principio de año. En aquel momento el oficialismo debió buscar el apoyo de otros partidos con representación parlamentaria y que exigían cambios en la Ley. Entre otros, que se clarifique la responsabilidad solidaria para los medios públicos y la adjudicación de frecuencias; o que se prohíba a la gente de pantalla -periodistas, animadores- postularse a un cargo de elección popular sin renunciar a la televisión.
Lo cierto es que, a pesar de todos los escollos que el gobierno actual de Ecuador debió sortear, la imagen positiva oficial llegó a alcanzar el 80 por ciento. Es decir, cualquier táctica que se despliegue para retrasar el fallo de la nueva Ley de Comunicaciones, no es otra cosa que el viejo y famoso «manotazo de ahogado» por parte de las corporaciones mediáticas, que a pesar de estar intactos en cuanto a poderío económico, no cuentan con la misma legitimidad moral entre la población, que alguna vez supieron ostentar.
Fuente: http://www.apasdigital.org/apas/nota_completa.php?idnota=5627