En Brasil fueron liberados desde 1995 cerca de 20.000 trabajadores en condiciones de esclavitud. El problema estaría casi resuelto, si fuera correcta la estimación difundida desde la década pasada de que el número total de personas en esta situación es de 25.000. Éste es un ejemplo de cómo la lucha por la defensa de los […]
En Brasil fueron liberados desde 1995 cerca de 20.000 trabajadores en condiciones de esclavitud. El problema estaría casi resuelto, si fuera correcta la estimación difundida desde la década pasada de que el número total de personas en esta situación es de 25.000.
Éste es un ejemplo de cómo la lucha por la defensa de los derechos humanos aún dependen de una mejor información y de la adhesión de sectores de la sociedad ajenos al problema o que acusan a los activistas de «defender bandidos».
La cifra de 25.000 trabajadores esclavos es sólo una suposición, señaló el secretario especial de Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vannuchi, en diálogo con corresponsales extranjeros para dar detalles sobre las celebraciones por el 58 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre el 1 y el 17 de este mes en Brasilia, Rio de Janeiro y Sao Paulo.
La estimación, sin base estadística concreta, es de la Comisión Pastoral de la Tierra, órgano de la Iglesia Católica pionero en adoptar el concepto de esclavitud moderna para el trabajo en condiciones inhumanas y con privación de la libertad.
Vannuchi, quien posee rango de ministro y responde directamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunció que su Secretaría pretende realizar un cálculo precisa de la cantidad de esclavos y de su distribución por los estados más afectados, en la Amazonia y sus alrededores.
Será entonces posible «fijar plazos para la erradicación», intensificando las acciones del Grupo Móvil, compuesto por agentes del Ministerio de Trabajo, de la policía y de la Fiscalía, que lidera la cruzada contra esas violaciones de los derechos laborales, según Vannuchi.
El esfuerzo comprende otros dos frentes: la aprobación de una enmienda constitucional que permita la expropiación, sin indemnizaciones, de propiedades donde se comprobaron casos de esclavitud para destinarlas a programas en el marco de la reforma agraria, y la creación de un pacto nacional empresarial que rechace insumos o servicios de compañías que utilizan mano de obra esclava o infantil.
Bajo este pacto, impulsado por organizaciones no gubernamentales, la industria y las redes de supermercados, por ejemplo, se negarían a adquirir insumos de los productores de carbón vegetal y de los ganaderos que tienen prácticas esclavistas.
Las celebraciones por la Declaración Universal de este año incluyen la Muestra de Cine y Derechos Humanos en América del Sur, que prevé la exhibición de 28 filmes de todos los países de la región, a excepción de Guyana y Suriname, en cuatro capitales brasileñas.
Trabajo esclavo o infantil, represión política, discriminación contra mujeres, negros u homosexuales, explotación sexual y trata de personas son los temas de los documentales y filmes de ficción a exhibir, y que buscan estimular la reflexión sobre la situación de los derechos humanos, dijo Vannuchi.
Las actividades más multitudinarias, sin embargo, tuvieron lugar el domingo en Rio de Janeiro, con variados espectáculos musicales.
Es necesario que la defensa de los Derechos Humanos «no se limite a pequeños grupos», sino que se amplíe en la sociedad, incluso entre los policías, que aún identifican el activismo con la «defensa de bandidos», y consideran la tortura un factor de eficiencia en la obtención de información para combatir el crimen, destacó el secretario.
La tortura ha sido una «cultura nacional» desde los inicios del país como instrumento de disciplina, y se institucionalizó en los dos períodos dictatoriales del siglo XX. Hoy es legalmente condenada, pero practicada en forma sistemática en las comisarías, admitió.
El ministro admitió que la lucha por la defensa de los derechos humanos también requiere de una mayor conciencia de las decisiones en el gobierno.
El avance de la soja, por ejemplo, provocando la deforestación en la Amazonia, favorece la economía con aumento de la producción y de las exportaciones, pero amenaza el ambiente y las tierras indígenas.
De igual forma, la construcción de un centenar de centrales hidroeléctricas, considerada necesaria para la generación de energía, impulsora del crecimiento económico en los próximos 10 años, podría causar la inundación de muchas tierras, expulsando a agricultores y afectando la vida de los pueblos aborígenes. «Los derechos humanos dependen de la correlación de fuerzas para avanzar», señaló.
En relación con los acuerdos comerciales, en los que algunos actores, como la Unión Europea, evalúan imponer condiciones ambientales y sociales para abrir sus mercados, el secretario sostuvo que estas exigencias son algo «positivo», pero señaló que el bloque también debería considerar los efectos de sus subsidios agrícolas, que empobrecen a los agricultores del Sur.
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