Describíamos en un artículo anterior cómo se había desarrollado la disputa por el espacio de la Plaza Grande de Quito, entre manifestantes proYasuní y proGobierno, en las marchas posteriores al anuncio de la explotación del Yasuní-ITT. Con este artículo queremos continuar desentrañando la estrategia espacial del Estado respecto a las protestas por el Yasuní en […]
Describíamos en un artículo anterior cómo se había desarrollado la disputa por el espacio de la Plaza Grande de Quito, entre manifestantes proYasuní y proGobierno, en las marchas posteriores al anuncio de la explotación del Yasuní-ITT. Con este artículo queremos continuar desentrañando la estrategia espacial del Estado respecto a las protestas por el Yasuní en Quito.
El poder blinda la plaza
El 27 de agosto, una gran marcha convocada por organizaciones sociales e indígenas se proponía nuevamente llegar a la Plaza Grande para terminar su recorrido desde el norte de la ciudad, en la que participaron alrededor de 2000 personas. En esta ocasión, la presencia de partidarios del gobierno era aún menor que en las dos citas previas. Las variables analizadas en el artículo previo (visibilidad, sonido y ocupación física de la plaza) a través de las que el poder trató de defender su espacio eran insuficientes para ello. La orden del Ministerio del Interior fue impedir la entrada a la plaza de la marcha, limitando así el derecho constitucional de manifestación, y pese a que la plaza estaba prácticamente vacía de partidarios del gobierno. Distintos cuerpos policiales se apostaron en amplios cordones en todas las entradas de la plaza, que usaron la violencia para impedir llegar a la marcha a su destino. Esta violencia incluyó el uso de disparo de bolas y el gas lacrimógeno contra los manifestantes proYasuní, y la detención de cinco personas que fueron liberadas en la misma noche sin cargos.
De esta forma, el disciplinamiento del espacio de poder fue completo: se impidió el acceso a la plaza, se limitó el derecho de manifestación y el derecho al espacio público a través de la violencia policial, y se llevó a la comisaría a cinco de los manifestantes, que no fueron acusados de delito alguno.
A estas estrategias se suman las declaraciones del presidente Rafael Correa, que en su discurso semanal sabatino realizó un señalamiento directo contra cinco manifestantes, a través de imágenes tomadas en la marcha por las fuerzas de seguridad, tratando de desacreditar el ejercicio de la protesta mediante las descalificaciones a estas personas. Se trata de otra estrategia de disciplinamiento del espacio público y de las protestas, a través de la coacción del derecho de manifestación en el espacio urbano. Desde entonces, las marchas han contado con agentes de policía que realizan fotografías de las personas que participan en la protesta, con un efecto intimidatorio.
La búsqueda de otros espacios de resistencia
Los colectivos agrupados en Yasunidos, en defensa del Yasuní, decidieron no responder a la estrategia de violencia planteada por el Ministerio del Interior, y cambiaron la estrategia espacial. La marcha del siguiente jueves dio comienzo en el Ministerio de Agricultura con una zapateada, que dio pie a una marcha que pasó por una Asamblea Nacional blindada, y que ante la imposibilidad de nuevo de acceder a la Plaza Grande, finalizó en una asamblea en el Parque de la Alameda, de una tipología similar a la Plaza Tahrir de El Cairo, de los indignados españoles u Occupy Wall Street.
Se busca así generar espacios para la esperanza, movilización sin entrar en confrontación por el espacio que está defendiendo el poder como lugar en el que solo puede ser expresada la adhesión al gobierno: se ha practicado yoga en el Parque de la Carolina en defensa del Yasuní, alguno de los jueves se han realizado zapateadas en la Corte Constitucional exigiendo que se apruebe la pregunta para la consulta sobre la explotación del Yasuní-ITT, o batucadas en las universidades para sumar al estudiantado. Estudiantes que están siendo apercibidos en el discurso semanal presidencial, en el que se amenaza con la expulsión a aquellos estudiantes que acudan a las marchas por el Yasuní en horario de clases, en otro ejercicio de protección del espacio de ejercicio del poder.
La espacialidad del poder continúa
El último episodio hasta hoy de esta disputa del espacio urbano quiteño entre la resistencia a la explotación del Yasuní-ITT, y el Estado ecuatoriano fue el uso de las inmediaciones de la Asamblea Nacional el día en el que se aprobaba en sede parlamentaria los planes de explotación. En esta ocasión el espacio se volvió a utilizar para la exclusión del mismo a las protestas: se colocó de nuevo una tarima musical, que incluyó batucadas proGobierno, se repartieron banderas verdes de Alianza País y se ubicó en el espacio central, frente a la Asamblea Nacional, a los partidarios llegados en buses desde distintas provincias y los funcionarios públicos, a los que se «anima» a participar en este tipo de eventos. A los manifestantes proYasuní, en esta ocasión de menor número, fueron rodeados con un cordón policial, y se los ubicó en una esquina de la calle frente a la Asamblea Nacional.
El espacio urbano como uno de los lugares centrales de la estrategia
El Estado está buscando panoptizar el espacio público utilizado por las protestas, a través del escarnio presidencial de las personas que se manifiestan, de las que se toman fotografías o videos de forma continua, y rodeando con personal policial a las marchas que son desplazadas de los lugares centrales. Se está generando así una limitación de derechos fundamentales, tratando de minimizar el descontento social producido por la destrucción del emblema ecologista del país, la iniciativa Yasuní-ITT. En Ecuador no sólo es constitucional el derecho a la manifestación o reunión en el espacio público, sino que está reconocido el derecho a la resistencia (artículo 98 de la Constitución). La represión hacia estos derechos se genera no sólo con métodos tradicionales policiales, sino que se recurre al miedo y las posibles represalias en otro tipo de derechos, como la educación o el trabajo.
Para contrarrestar esta forma de ejercer el poder, consideramos que se pueden combinar estrategias que utilicen como espacios de la esperanza aquellos lugares como los barrios de Quito o el interior de las universidades, con una estrategia que trate de tomar los espacios del poder de forma imaginativa y pacífica, que consiga romper con el miedo y el disciplinamiento del espacio que está pretendiendo el Estado para desmovilizar el descontento generado por la decisión de continuar explotando el petróleo de la amazonía ecuatoriana.
El derecho a la ciudad se configura como una reivindicación que ha guiado muchas movilizaciones urbanas en toda América Latina, y que se ha reconocido como derecho constitucional en Ecuador. La Constitución de Montecristi lo recoge como el pleno disfrute de los espacios públicos y el ejercicio pleno de la ciudadanía en ellos (artículo 31). Este derecho no puede ser limitado por estrategias del disciplinamiento del espacio de la ciudad, que responde a los intereses coyunturales del gobierno o los grupos de poder que influyen en éste.