La lucha por el control de la sanidad y el mantenimiento de su carácter público tiene una escala poco percibida por los medios corporativos, pero atraviesa la base de la sociedad. En general, la administración municipal es una gran empleadora en su localidad y, estos operarios cuentan con un fondo de jubilación. La gestión del […]
La lucha por el control de la sanidad y el mantenimiento de su carácter público tiene una escala poco percibida por los medios corporativos, pero atraviesa la base de la sociedad. En general, la administración municipal es una gran empleadora en su localidad y, estos operarios cuentan con un fondo de jubilación. La gestión del mismo puede ser un capital político para negociar con inversores o da la oportunidad hasta de entrar en alianzas poco republicanas como la sospecha sobre la suspensión de pagos del Banco Santos y la inversión de algunos de esos fondos en sus papeles.
Me refiero específicamente a los R$ 3 millones de reales (R$ 3.041,298,85) invertidos por el Fondo de Sanidad de los Servidores Municipales de Alvorada (FUNSEMA), depositados en el referido banco en 30 de junio de 2004, estando la institución financiera bajo intervención financiera del Banco Central en noviembre del mismo año. Tanto la alcaldesa de entonces, Stela Harías (PT) como el administrador del FUNSEMA (Andrew Carvalho Pinto) y su presidente (Dilval de Santos de la Rosa) están siendo enjuiciados por el Ministerio Público de la localidad por improbidad administrativa en el proceso (Proceso nº: 003/1.06.0005652-6 – CNJ:.0056521- 87.2006.8.21.0003) con la naturaleza de una Acción Civil Pública. Stela siguió su carrera política después de lo ocurrido, siendo electa diputada estadual y asumiendo una secretaría estadual en Río Grande del Sur (Administración y Recursos Humanos del Estado), donde permaneció del inicio del mandato hasta abril de 2013, cuando retomó su mandato. Sería una irresponsabilidad atribuir cualquier tipo de sospecha más allá de una inversión infeliz en el banco de Edemar Cid Ferreira. Pero, cualquier despliegue de la base sindical controlando sus propios recursos es en sí una temeridad.
El problema reside ahí. Es del sentido común de los operadores de mercado que los fondos de pensión obedecen a vientos políticos, y el conjunto de sus inversiones y depósitos equivalen a cerca de 18% del PIB brasileño (R$ 300 mil millones de reales). Ese montante no contabiliza el régimen de sanidad suplementaria para los funcionarios federales. Cuando este super-fondo entra en operación, ahí aparecen los fondos gigantescos, como los Preví (Banco del Brasil), Petros (Petrobrás), Real Grandeza (Furnas), Funcef (Caja Económica Federal), Sistel (antigua Telebrás) y Valía (Valle del Río Dulce), tendrán un rival a contento. En todos los casos, el Poder Ejecutivo de turno se implica en la composición de los consejos de administración, en las direcciones de los fondos y la colocación de recursos. También compromete la unidad de clase, pues cuánto mayor sea el peso de los fondos en la economía nacional, más presión será hecha para -en alianza con los bancos y el sistema financiero- mantener el alza de la apuesta y la elevada tasa de intereses básicos (Selic). En menor escala, la relevancia de los fondos de sanidad también está en la política municipal, en particular en las ciudades-polo (medias y regionalizadas) y en las regiones metropolitanas. He ahí el caso que sigue.
Una lucha puntual y el ejemplo que puede repetirse en escala nacional
El día 22 de julio el periódico Correo del Pueblo (Porto Alegre, antiguo Grupo Caldas Jr., que hoy pertenece la Red Record) informaba el inicio de la huelga de hambre de empleados municipales de Cachoeirinha, en la Región Metropolitana de la capital gaucha. Siendo más precisos, la huelga de hambre se dio a lo largo de esa semana, iniciando el lunes 22 y completándose el 26 de julio. Acampados frente al ayuntamiento, localizado en la principal avenida del municipio (General Flores de la Cunha), afiliados al Sindicato de los Municipales local (SIMCA) enfrentaban la semana más fría de los últimos quince años con un sistema de turnos de delegados.
Este sindicato es de los más combativos del Río Grande del Sur y opera como pivot de luchas populares en la Gran Porto Alegre hace más de una década. Pero, esta vez, además del extremo de la medida de lucha, inusitada fue su causa. Los sindicalistas daban ejemplo para la categoría de poco más de 3000 operarios públicos llamándolos para la disputa por el control de los recursos colectivos. En particular, lo que está en juego es la capacidad de gestión soberana del Fondo Municipal de Sanidad Social (FUMPREV), que de acuerdo con el proyecto ley encaminado por el alcalde Vicente Pires (PSB), pasaría a ser gestionado por la Secretaría Municipal de Administración, incluyendo algunas alteraciones en su consejo.
Actualmente, los consejeros oriundos de la categoría de los municipales son electos y actúan como voluntarios. Con el cambio propuesto, aunque estos fueran de la base, necesitarían alguna formación específica, exigencia de nivel superior y entrenamiento. También pasarían a recibir gratificación por las reuniones en que participaran. No paran ahí las alteraciones. Actualmente, el alcalde es el séptimo voto, preside el consejo y es responsable legal por los recursos en caso de daño o pérdida. Con la posible alteración, este séptimo voto pasaría a ser de un gestor profesional, indicado por el alcalde, por lo tanto, alguien de su confianza. Al proponer una gestión técnica del FUMPREV, el Ejecutivo del municipio altera el nombre del mismo para IPREC y manda wl proyecto ley para la Cámara donde tiene mayoría. Julio en el Brasil son las vacaciones de medio de año del magisterio, la categoría más agrandada. Para una Cámara de Concejales donde el alcalde cuenta con 14 votos a 2, los cambios serían un rolo compresor si el SIMCA no reaccionara con tanta fuerza.
Vicente fue elegido en 2008 y reelegido cuatro años después. Alza vuelo por dentro de la leyenda y puede salir para diputado federal en 2014. Tiene mayoría en el parlamento local y opera con bastante astucia aquello que este analista y algunos pares más a la izquierda llamamos de «clientelismo de baja intensidad». Tomar medidas de lucha sindical para un tema tan distante de la pauta común de reivindicaciones fue un acto heroico de este sindicato. Los recursos actuales del FUMPREV son de la orden de R$ 160 millones de reales (más de 74 millones de dólares por el cambio de 26/07/2013) y una gestión sin el control directo de la categoría, contando estos representantes con mentalidad clasista y no de tipo colaborativo, implica en casi una carta blanca para el gobernante de turno.
Lo que está en juego no es poca cosa y el ejemplo puede multiplicarse. El precedente de la «gestión técnica» hace temblar a los sindicalistas y no es sin ton ni son. El actual Fondo tiene una pérdida de más de R$ 4 millones porque aplicaron este valor en papeles administrados por la Diferencial Correctora, siendo que esta bolsa contenía algo en torno a 36% del Banco BVA. Acontece que el BVA fue liquidado por el Banco Céntral y la Diferencial también sufrió esta misma medida de la autoridad monetaria. Según los sindicalistas declararon en la colectiva del 25 de julio, el gestor del fondo no había informado de la condición delicada tanto de la Diferencial como del BVA. Resumo: la gestión técnica acaba llevando a tener más oportunidades de errores por aproximarse en demasía a la mentalidad de los inversores.
Apuntando conclusiones
La huelga de hambre y el campamento de los trabajadores municipales fueron levantados el 26 de julio. En algunas noches el termómetro batió 02 grados Celsius, siendo la sensación térmica negativa. El gesto de los militantes sindicales fue grandioso y aumenta tanto la masa crítica de esta base de trabajadores, como la predisposición para la lucha directa por el control de los recursos colectivos. Posiblemente tamaña combatividad va a generar alguna victoria, pudiendo la misma ser parcial o total. Pero, insisto, lo que hoy es una lucha puntual puede ganar escala en todo el país.
El sindicalismo de trabajadores del servicio público tiene en los empleados municipales su última frontera en Brasil. Esta categoría que se divide entre 5570 municipios del país, cuenta o contará con fondos de sanidad. Considerando la base de empleo directo en cada local, estamos tratando de un volumen considerable de recursos descontados en la hoja de los trabajadores, como en el caso de Cachoeirinha, donde se descuenta 11% de los salarios a cerca de 3000 operarios activos de un municipio cuya población es de poco más de 120 mil habitantes. La gestión de un fondo como éste es capilar e implica la propia supervivencia de la localidad.
Imaginemos la capacidad de inversión de fondos del género en escala nacional. Vamos a suponer que luchas como la de Cachoeirinha se repitan nacionalmente. Se trata de la defensa de la democracia de base incidiendo directamente dentro de la llamada bestia financiera. El conflicto entre la «técnica» y política es la lucha entre la soberanía popular y la tecnocracia que reproduce la mentalidad del casino financiero. Cuando esté nacionalizada, la lucha en Cachoeirinha puede incidir en Brasil con la misma contundencia del ejemplo del Bloque de Lucha por el Transporte Público de Porto Alegre. Es una barricada más erguida por los trabajadores.
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