Familiares de las personas muertas como consecuencia de la represión y de adolescentes indígenas detenidos con cargos de terrorismo, heridos, muchachos que perdieron sus ojos, activistas por los derechos humanos, mujeres que sostuvimos y apoyamos el paro, reporteros populares, prensa independiente, delegaciones de provincias (como Sucumbíos en el norte de la Amazonía donde se apresó […]
Familiares de las personas muertas como consecuencia de la represión y de adolescentes indígenas detenidos con cargos de terrorismo, heridos, muchachos que perdieron sus ojos, activistas por los derechos humanos, mujeres que sostuvimos y apoyamos el paro, reporteros populares, prensa independiente, delegaciones de provincias (como Sucumbíos en el norte de la Amazonía donde se apresó en un solo incidente a 120 personas), presentamos nuestros testimonios los días 27, 28 y 29 de octubre de 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En las amplias salas de uno de los mejores hoteles de Quito había una gran distribución de mesas, en medio de un tenso ambiente. A la par de la recepción de los testimonios de las víctimas de la brutal represión estatal durante el último Paro Nacional nos encontramos con decenas de policías que daban su testimonio, medios de comunicación comerciales exigiendo su libertad de prensa, victimarios trastocados en víctimas.
¿Los derechos humanos son universales o son selectivos? ¿Es admisible convertirlos en un recurso utilitario de la política? Al parecer, muchos de quienes los reclaman se olvidaron de que solamente el Estado puede violar los derechos humanos, porque es la instancia legal que detenta el patrimonio de la fuerza. Y no es un tema que se reduzca a la propinación de toletazos ni al direccionamiento irresponsable de bombas lacrimógenas a la cara y cuerpo de los manifestantes; se trata de una acción de represión planificada, sistemática y selectiva, como amedrentar a grupos humanos vulnerables (mujeres, niños y niñas), echar gas lacrimógeno en comunidades y centros de acogida para generar pánico (comuna kichwa La Esperanza, comunidades shuar en Morona Santiago, albergues universitarios en Quito), perseguir y detener selectivamente a dirigentes (Marlon Santi coordinador nacional de Pachakutik y Jairo Gualinga dirigente de Juventudes de Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- CONAIE), plantear juicios desde el Estado en contra de dirigentes sociales (Mesías Tatamuez- Presidente del Frente Unitario de Trabajadores- y Jaime Vargas- Presidente de la CONAIE) o iniciar una cacería de brujas en contra de grupos acusados de subversión.
Las/os ciudadanas/os comunes y corrientes no estamos en condiciones de violar los derechos humanos de los policías o militares. Los actos violentos que eventualmente cometamos las/los ciudadanas/os en una protesta pública están claramente tipificados en el sistema penal, y deben ser asumidos desde esos principios jurídicos. Pero lo que evidenciamos en las protestas de octubre fue un Estado abusando de su poder en contra de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, de las comunas y de la ciudadanía en general. En este esquema represivo, policías y militares actúan como instrumentos de esa política estatal de violación de los derechos de las/los ciudadanas/os movilizadas/os.
La manipulación del discurso de los derechos humanos no es, sin embargo, una práctica exclusiva de los Estados. Lamentablemente, sectores de la izquierda también han incurrido en esa tergiversación desde el poder, pese a que la reivindicación de los derechos humanos tuvo su auge como parte de las luchas de esa izquierda en contra de las dictaduras. Como señala Pablo Solón, este discurso fue utilizado para avalar la postulación de Evo Morales a la presidencia de la república, aunque el pueblo le había dicho NO en el referendo de 2016. En este caso, el «derecho humano» del líder soberano estuvo por sobre la voluntad del pueblo soberano y ese asalto a la democracia trae consecuencias hasta la fecha.
En esta misma línea, el discurso de la defensa de los derechos humanos también puede apuntalar agendas escondidas de ciertos sectores políticos. Por ejemplo, la que se evidenció a propósito de la misión de observadores internacionales que hizo una reciente visita al país. El sesgo del informe es obvio. Debería titularse «Paola Pabón y su defensa en el contexto de la represión en Ecuador». Al final, parecería que el juicio instaurado en contra de la prefecta de Pichincha tiene más relevancia que los miles de detenidos, los cientos de heridos y las decenas de muertos durante el paro nacional. Y no pido que se calle ninguna violación a los derechos de nadie, pero sí exijo que se aplique una justa medida. A fin de cuentas, la detención de la prefecta es, entre otros aspectos, el resultado del conflicto interno de su propio partido político, mientras que la represión en contra de los pueblos y nacionalidades indígenas ha sido una constante desde hace décadas.
¿Acaso nos olvidamos de las agresiones sistemáticas en Saraguro1, Nankintz2 o Íntag3 durante el gobierno anterior? No obstante, hay que exigir que a Paola Pabón, Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía- militantes con cargos importantes en Alianza País- se les respeten aquellos derechos que ellos les negaron a los dirigentes sociales, compañeros de izquierda y ecologistas perseguidos4 durante el gobierno de Correa, del cual formaron parte.
Hay que rechazar el relativismo en la defensa de los derechos humanos, por el simple hecho de que nos cobijan a todos y todas por igual. Son universales. Por eso toca cuestionar el silencio cómplice de aquellos gobiernos autodenominados progresistas frente a las violaciones de los derechos humanos perpetuados por sus coidearios. Lo que hizo Correa o la que hace Ortega en Nicaragua es inaceptable. Sería una aberración terminar parafraseando la cínica frase de Roosevelt a propósito de Somoza («es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta») afirmando que hay gobernantes que son unos violadores de los derechos humanos, pero son nuestros violadores.
Hay mucho que trabajar en una izquierda que no sabe cómo darle sentido a sus omisiones y silencios. La crisis de gobernabilidad que hoy vive el Ecuador no es casual, ni es producto de una traición. A los correístas, la mirada corta les queda perfecto para evadir su responsabilidad con una represión social que duró diez años y que acaba de estallar. Diez años durante los cuales hicieron mutis a propósito de las denuncias en contra de la judicialización de más de 600 dirigentes sociales5, cuyo único delito fue defender los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza.
Los estados de excepción y los toletes progresistas son igual de brutales que los neoliberales.
Erika Arteaga Cruz⃰: Médica, feminista, defensora del derecho a la salud. Asociación Latinoamericana de Medicina Social.
Notas:
1 http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4977/1/Soliz%2C%20F-CON037-Informe-Saraguro.pdf
2 https://labarraespaciadora.com/medio-ambiente/mujeres-que-narran-guerra/
3 https://investigacionpsicosocial.files.wordpress.com/2016/06/informe-psicosocial-intag.pdf
4 https://es.slideshare.net/delDespojoCrnicas/informe-psicosocial-en-el-caso-yasunidos
5 https://sobrevivientes.planv.com.ec/wp-content/uploads/2019/06/criminalizacionweb.pdf
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.