La furia policial que mató a 28 personas en una favela puso de relieve, una vez más, el racismo y la violencia contra los pobres de Rio de Janeiro. Pero también sugiere una ofensiva nacional contra la división de poderes en la que los uniformados juegan un rol clave.
Chacina: asesinato colectivo, acción de matar a muchos al mismo tiempo, masacre. Eso fue lo que ocurrió el jueves 6 en Jacarezinho, favela de la zona norte de Rio de Janeiro, cuando la Policía civil mató a 28 personas en una operación que, supuestamente, tenía como objetivo capturar a líderes del Comando Vermelho. De acuerdo a la fuerza pública, los miembros de ese grupo armado reclutaban allí a niños y adolescentes para traficar drogas. Se trata de la mayor matanza perpetrada por la Policía en la historia del estado de Río.
«Fue planificada para buscar a criminales conocidos y ejecutarlos, pero, al inicio del procedimiento, un policía civil fue muerto. Eso probablemente transformó algo que ya de por sí podría tener una alta letalidad en una operación descontrolada», dice a Brecha Silvia Ramos, socióloga y coordinadora de la Red de Observatorios de Seguridad del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESEC), de la Universidad Cândido Mendes. Cuando un policía es asesinado en una comunidad, generalmente la venganza ocurre después, a través de grupos paramilitares o de policías de particular. Pero en este caso, según el análisis de Ramos, la operación se convirtió en una venganza en el mismo momento en que era ejecutada la operación oficial. De las 21 órdenes de arresto, los agentes solo cumplieron tres. Las escenas del crimen fueron modificadas por la Policía y la información que trascendió hasta el momento está basada, sobre todo, en la palabra de la fuerza pública.
Midiendo fuerzas
La acción policial contrarió la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de junio de 2020 de prohibir que se lleven a cabo operaciones en las favelas durante la pandemia, salvo en casos de «extrema excepcionalidad». La decisión contribuyó a bajar los índices de letalidad policial. Allan Turnowski, secretario estadual de la Policía civil, dijo al asumir su cargo, en setiembre de 2020, que la situación en Rio era excepcional y que, por lo tanto, llevarían adelante acciones represivas a pesar de la oposición del STF. Ya al mes siguiente aumentaron exponencialmente las muertes causadas por agentes en el estado fluminense. Para 2021, según los datos del Instituto de Seguridad Pública del gobierno del estado de Rio, la Policía asesinó a 149 personas en enero, 147 en febrero y 157 en marzo, el peor registro trimestral del que se tiene noticia.
Ramos relaciona la asunción del gobernador Cláudio Castro, perteneciente al derechista Partido Social Cristiano, con el aumento de la participación de la Policía civil en operaciones de alta letalidad, que, generalmente, son lideradas por la Policía militar. Incluso, esta matanza «fue una demostración corporativa de fuerza de una institución que pasó a tener una actuación muy importante y ya había dado muestras de que no respetaría la decisión del STF», dice la analista al semanario.
A partir de la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública, en 2018, decidida por el exgobernador Wilson Witzel (un ultraderechista que sufrió un impeachment acusado de irregularidades en contratos de salud durante la pandemia), «las policías pasaron a hablarles directamente a otros poderes del estado», afirma la investigadora. En este caso, dice, «la Policía civil le está hablando al STF, en una franca y explícita posición de enfrentamiento». Esta afirmación de Ramos es respaldada por un informe de la inteligencia militar revelado por Uol este lunes, en el que los uniformados relacionan las restricciones impuestas por el STF con el fortalecimiento del tráfico de drogas. Para Rivas, lo que está detrás de la matanza es una señal: «La Policía civil dijo: “Nosotros vamos a trabajar como queremos y vamos a matar lo que precisemos matar”. Es un mensaje muy fuerte para la república, para la existencia de otros poderes, frenos y contrapesos».
Discurso y consenso
«Eran todos delincuentes», se apresuró a decir el general Hamilton Mourão, vicepresidente brasileño, sobre las personas asesinadas en Jacarezinho. El presidente, Jair Bolsonaro, que el día antes de la matanza se había reunido con Castro, felicitó a la Policía por medio de Twitter: «Al tratar como víctimas a traficantes que roban, matan y destruyen familias, los medios y la izquierda los igualan al ciudadano común, honesto, que respeta las leyes y al prójimo. Es una grave ofensa al pueblo, que hace mucho es rehén de la criminalidad. ¡Felicitaciones a la Policía civil de Rio de Janeiro!». Por su parte, Castro afirmó que la operación representó el «fiel cumplimiento de decenas de mandatos y de diez meses de trabajo de investigación que revelaron la rutina de terror y humillación que el tráfico les impuso a los habitantes».
La coordinadora del CESEC dijo a este semanario que «hay una articulación en el discurso entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el bolsonarismo que busca la legitimación policial a través de la supuesta protección de niños y adolescentes». Sin embargo, según publicó Folha de São Paulo, el informe de la Policía civil retiró de los objetivos de la operación el supuesto combate al reclutamiento de adolescentes por parte del tráfico. Fuesen o no delincuentes, la legislación brasileña contempla el juicio justo y no las ejecuciones.
Una reflexión del abogado criminalista Joel Luiz Costa, nacido en Jacarezinho y coordinador del Instituto de Defensa de la Población Negra, en una entrevista publicada en la edición brasileña del periódico El País, va en este sentido: «La pena de muerte solo es permitida en Brasil en situación de guerra. Y, si no me equivoco, Brasil no está en guerra. A no ser que Brasil esté en guerra contra su propio pueblo. En ese caso, es un pueblo muy bien delimitado. Un pueblo negro, pobre, favelado y periférico». Y agregó: «Si no existe esa guerra, no podemos naturalizar cualquier muerte o ejecución. Aunque sea en escenarios de conflicto, no se puede matar 24 personas seguidas en un período de tres horas. Eso no es conflicto, es ejecución».
Los objetivos
«Hay un radicalismo racista: la Policía entra a la favela y mata sistemáticamente a jóvenes negros. Las políticas de seguridad son abiertamente violentas, racistas y discriminatorias con relación a las comunidades», afirma Rivas. Y explica que «lo que alimenta ese tipo de política institucional de seguridad es la inexistencia de cualquier punición, monitoreo y evaluación sobre el trabajo policial, y la tentativa diaria de buscar legitimidad para esa barbarie». Pero agrega: «Esa lógica, además de injusta y anticivilizatoria, es inútil e ineficiente. La Policía de Rio usa una política exacerbada, que tiene como resultado el fortalecimiento del tráfico y las milicias». La oficina para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó la operación e instó a que haya «una discusión amplia e inclusiva en Brasil sobre el actual modelo de policiamiento en las favelas, que están presas en un círculo vicioso de violencia letal, con un impacto dramáticamente creciente en las poblaciones pobres y marginalizadas».
En este sentido, otro hecho reciente llamó la atención sobre la violencia contra la población negra en el país: dos jóvenes negros, de 29 y 19 años, tío y sobrino, aparecieron asesinados y con marcas de tortura en la valija de un auto después de haber robado carne de un supermercado en Salvador de Bahía. Tres funcionarios de seguridad del supermercado fueron a prisión, así como otras cuatro personas, supuestamente traficantes de droga a los que los jóvenes habrían entregado. Todos ellos serían los responsables de los asesinatos. Postales de un país en el que el combate al crimen se utiliza como combustible para una hoguera en la que arden siempre los mismos.