El respaldo a energías limpias en los países del Sur por el Banco Mundial es una de las vías para lograr que se cumplan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y mitigar los impactos de la crisis climática. Foto: Banco Mundial
SÍDNEY/KUALA LUMPUR, 31 ago 2020 (IPS) – La dirección del Banco Mundial debe abandonar urgentemente su idea engañosa de «Maximizar el Financiamiento para el Desarrollo» (MFD). En cambio, debería retomar su rol tradicional de banco multilateral de desarrollo de movilizar fondos a un costo mínimo para financiar a los países del Sur en desarrollo.
Se necesitan fondos con urgencia para los esfuerzos de contención, alivio y recuperación de la covid-19, para evitar que las recesiones se conviertan en depresiones prolongadas y para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Movilizar fondos, maximizar las finanzas
El MFD del Banco Mundial, una versión recalentada de su campaña “Miles de Millones a Billones: Transformar el Financiamiento para el Desarrollo” de 2015, prometió apalancar miles de millones de la ayuda internacional al desarrollo (AID) en billones (millones de millones) de financiamiento para el desarrollo.
Sin embargo, MFD no ha logrado su supuesto objetivo de cubrir la brecha de financiamiento anual estimada de 4/5 billones de dólares para los ODS.
La financiación combinada y las asociaciones público-privadas (APP) son sus dos principales instrumentos para tal apalancamiento, sin aportar pruebas de que cualquiera de ellos pueda ofrecer proyectos de desarrollo mucho mejores que la contratación pública tradicional.
Ambos benefician a las finanzas privadas a expensas del interés público, especialmente al aumentar los riesgos de los pasivos contingentes del gobierno. El aumento de dicha exposición se presenta como un costo inevitable de obtener financiación adicional.
El Banco ha afirmado durante mucho tiempo que las finanzas privadas ofrecen la mejor solución a los problemas urgentes de desarrollo y bienestar. Su estrategia MFD insta a utilizar dinero público para apalancar la financiación privada y los mercados de capital para transformar proyectos financiables en valores líquidos.
Supone que la mayoría de los países en desarrollo no pueden lograr la Agenda 2030 de los ODS con sus propios recursos fiscales limitados, especialmente a medida que la AID se vuelve cada vez más escasa.
La estrategia prevé que los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y las instituciones financieras de desarrollo aumenten el apalancamiento financiero mediante la titulización (securitization) para atraer la inversión privada, en particular de las instituciones.
Utilizaría recursos públicos escasos para «eliminar el riesgo» de esos acuerdos de financiación mediante la transformación de proyectos de desarrollo «financiables» en activos negociables. Por lo tanto, los gobiernos asumen más riesgos y costos de una mayor fragilidad financiera.
El enfoque de MFD había movilizado solo 0,37 dólares de capital privado adicional por cada 1,0 dólar de dinero público invertido en países de ingresos bajos, según un estudio de abril de 2019. Los coeficientes de apalancamiento fueron generalmente bajos en todos los sectores y los más bajos para la infraestructura de países de ingresos medios y países de ingresos bajos.
Finanzas combinadas sin fórmula mágica
El estudio también reveló que la financiación combinada ha transferido efectivamente el riesgo del sector privado al público. El sector público había soportado 57% del costo de las inversiones de financiamiento combinado en promedio, pero 73% en los países de ingresos bajos.
A pesar de una mayor cantidad de subsidios públicos para incentivar la inversión privada en países de ingresos bajos, es posible que las tasas de apalancamiento hayan disminuido.
Por lo tanto, “el gran impulso a la financiación mixta corre el riesgo de desviar la AID de su agenda central de ayudar a erradicar la pobreza en los países más pobres”. Otros temen que la financiación combinada «desplazará la AID en lugar de atraer la financiación privada».
Las finanzas combinadas, “un cóctel embriagador de dinero público, privado y benéfico”, según The Economist, se pusieron de moda después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo de 2015 en Addis Abeba.
The Economist lo llamó una «trampa de miel», señalando que la financiación combinada se «presentó en todo tipo de encuentros, desde las recientes reuniones del FMI (Dondo Monetario Internacional) y el Banco Mundial hasta el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos».
El FEM afirmó que cada dólar de dinero público invertido normalmente atraía entre uno y 20 dólares en inversión privada.
Sin embargo, como descubrió recientemente The Economist, “las finanzas combinadas han luchado por crecer. Desde 2014, el flujo de capital público y privado en proyectos y fondos combinados se ha mantenido estable en alrededor de 20 000 millones de dólares al año… muy lejos del objetivo de 100 000 millones establecido por la ONU en 2015” para las inversiones climáticas para 2020.
En promedio, los BMD movilizan menos de un dólar de capital privado por cada dólar público.
The Economist concluyó, “fusionar dinero público y privado siempre será difícil, y es posible que las esperanzas iniciales simplemente hayan sido demasiado idealistas. Un mercado de un billón de dólares parece fuera de su alcance. Incluso llegar a los cientos de miles de millones al año puede ser un trecho”.
Sede del Banco Mundial en Washington. Foto: Banco Mundial
Finanzas públicas, ganancias privadas
Una revisión a principios de 2018 del Banco Mundial de los marcos regulatorios para la contratación de proyectos de infraestructura de APP arrojó una larga lista de deficiencias tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo.
Halló que “la escasa capacidad del gobierno para preparar, adquirir y gestionar tales proyectos constituye una barrera importante para atraer inversiones del sector privado”.
Por lo tanto, las autoridades a menudo no consideraron las implicaciones fiscales de las APP, los riesgos de renegociaciones oportunistas y la falta de transparencia.
Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 2018 recomendó que la Unión Europea (UE) los estados miembros «no deberían promover un uso más intensivo y generalizado de las APP hasta que se aborden las cuestiones identificadas en este informe».
Había encontrado “deficiencias generalizadas y beneficios limitados, lo que resultó en un gasto ineficiente e ineficaz de 1500 millones de euros (1790 dólares al cambio actual)”.
Además, “la relación calidad-precio y la transparencia se vieron socavadas en gran medida, en particular por una política y estrategia poco claras, un análisis inadecuado, un registro fuera del balance de las APP y acuerdos de distribución de riesgos desequilibrados».
Asimismo, un informe de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido de 2018 señaló que «no ha podido identificar una evaluación sólida del desempeño real de las finanzas privadas a nivel de proyecto o programa». También halló que los costos de un grupo de proyectos de APP en educación son aproximadamente un 40% más altos que los de un proyecto financiado con préstamos del gobierno.
De manera similar, el informe del Auditor General de Australia sobre la participación del sector de la salud privada concluyó: “Parece que los gobiernos se han embarcado en el camino de una mayor privatización sin el beneficio de un análisis riguroso de los beneficios y costos. Los ejemplos individuales de privatización han puesto de relieve muchos problemas que han generado más costos que ahorros para el erario público”.
Un estudio más reciente concluyó: «La financiación y la provisión mixtas del sector público y privado han tenido un efecto perjudicial en el sistema hospitalario australiano».
Claramente, se ha abusado mucho de las APP, incluso en países desarrollados supuestamente con mejores capacidades de regulación, gobernanza y supervisión que en la mayoría de los países en desarrollo.
Movilización de financiamiento para socios privados
En octubre de 2017, antes de la reunión anual del Grupo del Banco Mundial, 152 organizaciones de 45 países emitieron un manifiesto en el que se oponían al “peligroso apuro de promover asociaciones público-privadas (APP) caras y de alto riesgo”. Añadió que «la experiencia de las APP ha sido tremendamente negativa y muy pocas APP han dado resultados de interés público».
El Centro de Recursos para Asociaciones Público Privadas en Infraestructura del Banco Mundial (PPPIRC) ha identificado diez riesgos importantes de las APP; por ejemplo, «el desarrollo, la licitación y los costos continuos en los proyectos de APP probablemente sean mayores que los de los procesos tradicionales de contratación pública».
El PPPIRC advirtió que “el costo tiene que ser asumido por los clientes o por el gobierno a través de subsidios” y que “el sector privado hará lo que se le pague y nada más”.
Por tanto, existen serias dudas sobre la medida en que los gobiernos pueden contar con el sector privado para apoyar el desarrollo sostenible.
Sin embargo, el Banco afirma rotundamente que “las APP son cada vez más reconocidas como una valiosa herramienta de desarrollo por parte de los gobiernos, las empresas, los donantes, la sociedad civil y el público”.
Con el actual liderazgo del Banco Mundial tratando de reducir la deuda de los países en desarrollo, bien podría abandonar el MFD del expresidente del Banco Mundial Jim Yong Kim, designado por la administración de Barack Obama (2009-2017) y quien dimitió en 2019, tres años antes de concluir su segundo mandato.
Pero también parece estar evitando la función de intermediación financiera de los bancos de recaudar y prestar fondos a bajo costo para los países en desarrollo.
Anis Chowdhury, exprofesor de economía de la Universidad Occidental de Sydney y quien ocupó altos cargos en la ONU entre 2008 y 2015 en Nueva York y Bangkok.
Jomo Kwame Sundaram, exprofesor de economía que fue secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico y recibió el premio Wassily Leontief por promover un pensamiento económico sin fronteras.
T: MLM