El Superior Tribunal de Justicia aceptó, parcialmente, la apelación de Luiz Inácio Lula da Silva al acortar en cuatro años y tres meses la condena por la que está preso desde el 7 de abril del año pasado en Curitiba, lo que le permitiría salir en régimen semiabierto (libre día, retornando de noche a la […]
El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, aceptó este martes reducir la condena de Luiz Inácio Lula da Silva, a ocho años, diez meses y 20 días de prisión, tras analizar un nuevo recurso presentado por la defensa del exmandatario, que tenía como objetivo revertir la sentencia de más de 12 años de prisión por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero, jamás comprobados.
«El problema no es reducir la pena, la pena tiene que ser cero (..) hasta ahora no tuve derecho a un juicio justo», protestó Lula desde la Superintendencia de la Policía Federal a poco de conocida la decisión de los magistrados que sesionaron en Brasilia. «La lucha tiene que continuar. De la misma forma que fui juzgado políticamente voy a ser liberado políticamente por la resistencia del pueblo, empezando por la vigilia» apostada diariamente frente a la sede policial.
Los encargados de analizar el recurso eran cinco ministros de la quinta corte del STJ, pero uno de ellos, Joel Paciornik, se declaró impedido, por eso, sólo cuatro juzgaron la disposición. En caso de empate en la decisión del destino del líder brasileño, un magistrado de otra corte del mismo tribunal debía marcar el voto de diferencia.
Los cuatro miembros de la Quinta Sala de la corte de la tercera instancia determinaron que corresponde aplicarle una pena de ocho años, diez meses y veinte días. El Código Procesal establece que al cumplirse un sexto de la pena, lo que ocurrirá en setiembre u octubre, el interno puede acogerse al régimen semiabierto por el cual pasa el día fuera de la cárcel a la que retorna por la noche. La reducción de la condena debe tener en cuenta, además, que el imputado tiene más de 70 años y sufrió un cáncer a la laringe diagnosticado en 2011.
Si bien los magistrados redujeron la condena, ratificaron las condenas por corrupción y lavado de dinero en el caso sobre un departamento en el balneario Guarujá. La defensa del expresidente solicitó la nulidad completa de las condenas en las primeras y segunda instancias por vicios de origen. El más grave, es haber basado el caso casi exclusivamente en delaciones de arrepentidos, como la del empresario Leo Pinheiro, en la ausencia pruebas fehacientes.
Hace dos años Moro consideró que Lula era propietario de un departamento en Guarujá, aún reconociendo que el expresidente no pasó ni una noche allí y que no existe un título que documente su propiedad. La falta de pruebas se hizo más elocuente en 2018 cuando nuevos documentos indicaron que el departamento en cuestión fue entregado como garantía por una empresa constructora.
Para el integrante de la Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares (Renap) y mágister en Derecho por la Universidad de Brasilia (UnB), Patrick Mariano la decisión «demuestra que hubo un exageración» en la pena impuesta por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) en segunda instancia y señala que la revisión realizada el último martes 23 debe ser profundizada. «Lo más acertado sería anular el proceso. No hay pruebas y hay varias nulidades», aseveró.
Esta fue la primera victoria, aunque módica, del líder del Partido de los Trabajadores desde que fue condenado en 2017 por el entonces juez de primera instancia federal de Curitiba Sergio Moro (premiado ahora con el ministerio de Justicia de Jair Bolsonaro), mentor de la megacausa Lava Jato. La nueva sentencia significó un revés para Moro, y un llamado de atención para Bolsonaro, con una caída fuerte en su credibilidad, ya que bien sabe que de no ser por la condena, no habría ganado los comicios de octubre del año pasado.
Ya la semana anterior el Supremo Tribunal Federal (máxima corte) le levantó la censura y le permitió conceder una entrevista a los diarios El País de Madrid y Folha de Sao Paulo. Cristiano Zanín, abogado defensor de Lula y director del Instituto Lawfare con sede en Londres, señaló que el único fallo posible es la absolución del ex presidente Lula» porque no cometió ningún delito», declaró el abogado defensor Cristiano Zanin.
El Instituto ha denunciado la guerra jurídica lanzada contra varios líderes populares latinoamericanos a través de un poder judicial en colusión con la prensa oligopólica y otros factores de poder incluso externos. Junto al abogado australiano Geoffrey Robertson, Zanin presentó una denuncia sobre las violaciones de las garantías procesales de Lula ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ya hizo lugar a la causa.
La lucha judicial continúa, junto a la movilización popular (en Brasil y América latina) reclamando la liberación del exmandatario. El Supremo Tribunal Federal debe decidir aún si es constitucional que un condenado en segunda instancia, como es el caso de Lula, puede ser arrestado, o si todo imputado puede permanecer en libertad hasta agotar las apelaciones en los cuatro niveles de la justicia brasileña.
Con este nuevo juzgamiento, el STJ perdió la oportunidad de hacer historia y justicia, «La prisión de Lula es un absurdo y los magistrados perdieron la oportunidad de absolverlo. La condena es una locura sin prueba, dijo el jurista Celso Antonio Bandeira de Mello. «El STJ se prendió a formalismos y filigranas políticas, no enfrentó los temas presentados por la defensa y perdió la oportunidad histórica de hacer justicia. Señaló Luiz Fernando Pacheco, consejero seccional de la Orden de Abogados de Brasil (OAB).
Los fracasos del nuevo gobierno
Cuando Lula fue sacado de la disputa electoral en setiembre de 2018, gracias a una cadena de medidas judiciales politizadas, contaba con cerca del 40% de intenciones de voto, con una tendencia al crecimiento, mientras Bolsonaro sumaba menos de 20 puntos. Bolsonaro sabe que Lula en libertad -parcial o total- a partir de setiembre sería una amenaza para un gobierno con una popularidad reducida al 32 por ciento en cien días de gestión.
Todo es parte de una escalada persecutoria puesta en marcha durante el gobierno de facto de Michel Temer. El sociólogo Emir Sader recuerda que después de haber sido condenado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio (una referencia odiosa a los nueve dedos que tiene Lula, víctima de accidente de trabajo en la linea de producción, como obrero metalúrgico en la industria automovilística), otro Tribunal elevó la pena a 12 años y medio, sin que Lula pudiera apelar la nueva condena.
Por primera vez un Tribunal emite una decisión favorable a Lula, sin dudas a causa del nuevo clima político y jurídico, marcado por profundos y reiterados conflictos dentro del gobierno, de sectores del gobierno con el poder judicial, de los de la operación Lava Jato con el Supremo Tribunal Federal, así como el debilitamiento de la figura de Sergio Moro, por múltiples apariciones públicas desacertadas y reiterados tropiezos de la causa Lava Jato.
El principal escándalo de la causa Lava Jato fue el descubrimiento de un fondo millonario a disposición de los jueces que la investigaban, resultado de un acuerdo con autoridades estadounidenses, según el cual la petrolera Petrobras habría pagado una multa gigantesca, pero Washington reservaría una parte de esa multa para el fondo, que sería administrado en Brasil por los jueces de la Lava Jato. La revelación causó un escándalo, hasta que los jueces que dirigirían el Fondo decidieron, frente a esa repercusión, retirar la iniciativa, señala Sader.
Las movilizaciones populares y las vigilias seguirán hasta la liberación de Lula. En los países latinoamericanos comenzaron a actuar comisiones en pro de «Lula Libre», para acompañar este derrotero. La duda es si en setiembre Bolsonaro seguirá siendo presidente y Moro ministro de Justicia.
Juraima Almeida es investigadora brasileña y analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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