Observar el intenso debate en Estados Unidos sobre las intervenciones masivas del gobierno en la economía de libre empresa, revela tanto el pragmatismo de algunos de los sectores capitalistas más iluminados como el hecho de que ese fantasma del socialismo continúa espantando a los teóricos de la conspiración en este país. Por ahora, al parecer, […]
Observar el intenso debate en Estados Unidos sobre las intervenciones masivas del gobierno en la economía de libre empresa, revela tanto el pragmatismo de algunos de los sectores capitalistas más iluminados como el hecho de que ese fantasma del socialismo continúa espantando a los teóricos de la conspiración en este país.
Por ahora, al parecer, la nacionalización temporal de General Motors, anunciada esta semana por el presidente Barack Obama -lo cual agrega esa empresa a una lista verdaderamente notable de firmas estadunidenses parcialmente nacionalizadas durante los últimos meses-, continúa desatando un debate sobre si estas medidas son expresiones de que el capitalismo requiere como último recurso al Estado para sobrevivir las severas crisis que provoca o, como alertan otros, son los primeros pasos para imponer el socialismo en este país.
En los últimos meses del gobierno de George W. Bush y en los primeros de Barack Obama el Estado ha intervenido en la economía de mercado libre de una manera sin precedente tal vez desde la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, ahora el gobierno es socio mayoritario en varias empresas, y resguardo principal de otras más, entre ellas las más grandes del país. El gobierno estadunidense ahora tendrá 60 por ciento de los valores de General Motors, ya es dueño de 80 por ciento de la aseguradora más grande del mundo, AIG, y tiene el control principal de las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Además, también tiene enormes intereses en empresas como Citigroup, Chrysler, GMAC, entre otras.
Apoyo económico de más de 4 billones de dólares a la IP
Más de 4 billones de dólares del gobierno se han invertido, o se han ofrecido en garantías y otros mecanismos de apoyo financiero a la economía del sector privado. Y de hecho, dada la peor crisis económica en 80 años, hasta algunos de los economistas y políticos más ligados al mito del libre mercado han apoyado las medidas, incluyendo nacionalizaciones parciales, como necesarias para el futuro del sistema capitalista estadunidense.
El quiebre de la emblemática automotriz General Motors anunciada esta semana, representa la bancarrota más grande de una empresa industrial en Estados Unidos (la cuarta más grande en total). Obama ha justificado estas medidas como la mejor y única opción. Esta semana reiteró ese argumento -el mismo empleado para justificar la inversión de cientos de miles de millones en el sector financiero- afirmando que la peor crisis económica desde la Gran Depresión «había incapacitado a los mercados privados de capital y nos ha forzado ha tomar medidas en nuestro sistema financiero -y con nuestras empresas automotrices- que de otra manera ni hubiéramos considerado».
Eso, agregó, nos ha puesto en la posición no bienvenida de ser dueño de intereses grandes en empresas privadas, pero la sobrevivencia de éstas y la viabilidad de la economía en general requieren de tales iniciativas.
No es la primera vez que el gobierno ha intercedido de tal manera: lo hizo con las líneas ferroviarias de pasajeros (Amtrak), en los setenta con Chrysler, y en los ochentas empleó cientos de miles de millones para resolver la crisis de las instituciones de ahorro y crédito, y anteriormente, casi siempre en tiempos de guerra, el gobierno ha intervenido en diversos sectores (minas, siderúrgicas, ferrocarriles).
Pero la de GM es la nacionalización más grande en tiempos de paz, indican algunos expertos. Y junto con las otras empresas con alta participación gubernamental, el Washington Post reporta que nunca desde la Segunda Guerra Mundial el gobierno federal ha tenido tanta influencia sobre tantas empresas privadas.
Obama y su equipo -como el asesor económico Lawrence Summers- han insistido en que el gobierno no busca administrar estas empresas, y que la intención es retirarse del sector privado lo más pronto posible.
Pero para otros, esto representa una peligrosa incursión del gobierno en el terreno sagrado del sector privado. El presidente del Partido Republicano, Michael Steele, declaró que el acuerdo con GM «no es nada más que otro intento del gobierno de tomar una empresa privada… Los estadunidenses no deben dejarse engañar. Esto es ese ‘cambio real’ que el presidente Obama tiene en mente para Estados Unidos -la propiedad gubernamental de nuestra economía financiada por el gasto gubernamental irresponsable….» Alertó que esto también muestra la enorme influencia de los sindicatos en el nuevo gobierno.
Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, declaró a la publicación The Hill que su preocupación principal es el potencial para los gobiernos y los sindicatos de influir sobre las decisiones de producción, producto, fuerza laboral y administración en maneras que podrían poner en jaque las posibilidades de sobrevivencia de las automotrices, imponer intereses políticos sobre las estrategias sanas de negocios e irrumpir en las relaciones comerciales de nuestra nación con el resto del mundo.
Voces más conservadoras acusan al gobierno de socialismo, y hay furia entre ese sector porque el gobierno se atreve a incurrir en el mercado libre -afirmando que eso es un asalto a la libertad misma. No compraré un automóvil socialista, lo cual implica que no estaré comprando un GM o un Chrysler mientras el gobierno sea dueño de bloques enormes de esas empresas, escribió Hugo Hewitt, columnista del San Francisco Examiner. Instó a que todo estadunidense que valora sus tradiciones de libre empresa y libertad política presione al gobierno federal para que desinvierta en esas empresas inmediatamente.