Una fortalecida oposición parlamentaria revivió el lunes sus planes para destituir al presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, por su polémica intromisión en el sistema judicial, en línea con un clamor que recorre las principales ciudades del país.Los principales partidos políticos del país apuntaron sus miras contra el mandatario, un militar retirado con 27 meses en […]
Una fortalecida oposición parlamentaria revivió el lunes sus planes para destituir al presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, por su polémica intromisión en el sistema judicial, en línea con un clamor que recorre las principales ciudades del país.
Los principales partidos políticos del país apuntaron sus miras contra el mandatario, un militar retirado con 27 meses en el cargo, después de que el parlamento de 100 miembros disolvió el domingo a la Corte Suprema (CSJ) e inició la búsqueda de sus reemplazos, poniendo fin a cuatro meses del dominio del organismo por parte del oficialismo.
Las acciones partidistas de cara a un posible enjuiciamiento político, un proceso que podría tomar meses, se producen en momentos en que Quito ha registrado masivas protestas callejeras pacíficas contra el presidente y que paulatinamente han comenzado a propagarse a otras ciudades importantes, como Guayaquil y Cuenca.
Las manifestaciones evidenciaron el rechazo a la decisión de Gutiérrez y sus aliados parlamentarios de cesar en diciembre a los 31 magistrados de la CSJ por supuestamente tener nexos con la oposición y reemplazarlos con jueces afines, pese a que la legislatura no tenía facultad para intervenir al tribunal.
La intromisión en la CSJ sumió al país en una aguda crisis política que, al parecer, no se desactivó con la decisión de la oposición de echar abajo a los magistrados que instauraron los partidos que apoyan a Gutiérrez, sino que podría desembocar en un movimiento mayor en contra del presidente.
Los partidos Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID) quieren capitalizar el ambiente social adverso a Gutiérrez, principalmente en Quito, para enjuiciarlo políticamente por atentar contr la seguridad interna del Estado, al intervenir a la CSJ con fines políticos.
«Ese (la censura y destitución) es el proceso que debe emprender el Congreso Nacional con presión popular,» afirmó el diputado y líder de la ID, Guillermo Landázuri, a periodistas.
El dirigente del PSC y alcalde de la mayor ciudad ecuatoriana, Guayaquil, Jaime Nebot, acotó que «si usted va por el camino constitucional, usted no puede hablar de golpismo.»
Las protestas pacíficas -que han incluido el retumbar de cacerolas y bocinas- han llegado incluso a las inmediaciones del Palacio Presidencial, al grito de ¡Lucio, fuera!
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Landázuri y Nebot concordaron en que es indispensable manejar adecuadamente el proceso y que para asegurar su éxito urge desmontar primero el poder que ejercen el oficialismo en los tribunales Constitucional y Electoral, que serán claves en cualquier intento por remover a Gutiérrez.
«Este es un proceso y esto no ha terminado,» dijo Nebot refiriéndose al ajuste de cuentas que impulsarán contra Gutiérrez, quien apenas tiene cinco escaños en el parlamento, lo que lo ha obligado a forjar alianzas endebles para permanecer al frente de la fragmentada nación andina.
Gutiérrez prefirió tomar las acusaciones con un pragmatismo político.»En el Congreso todo puede suceder. Yo estoy con la conciencia tranquila,» dijo a la prensa extranjera el domingo.
La Constitución de Ecuador prevé que Gutiérrez puede ser enjuiciado por delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. La destitución debe resolverse con el voto de 67 diputados.
La oposición maneja al momento unos 50 diputados, lo que sería suficiente para presentar la acusación, conformar una comisión que analizaría los cargos y para que el pleno, con base en el informe de dicho comité, apruebe el procesamiento.
Pero, una vez superadas estas etapas, los opositores tendrían que conseguir los 67 votos necesarios para destituir al mandatario, una tarea difícil por la dispersión de fuerzas legislativas, aunque no imposible, dado el ambiente que vive el país frente a los comicios presidenciales del año próximo.
La ID y el PSC fracasaron en este intento en noviembre pasado, cuando intentaron acusar a Gutiérrez de destinar fondos públicos a la promoción de su partido político en unos comicios provinciales que perdió abrumadoramente.
En el caso de Gutiérrez sea censurado, el cargo sería asumido hasta enero del 2007 por el vicepresidente Alfredo Palacio, quien es un detractor público del presidente.
Ningún presidente ha sido enjuiciado por el Congreso desde el retorno del país a la democracia en 1979, pero revueltas populares han derrocado a dos mandatarios, la última fue liderada por Gutiérrez en el 2000, con lo cual ganó popularidad y le abrió las puertas para imponerse en las urnas.