«La ley Sinde es una chapuza jurídica porque equivale a poner en manos de la Administración pública algo que es de derecho privado»
Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en casos relacionados con Internet y nuevas tecnologías, es Licenciado en Derecho, Diplomado en Derecho Civil Catalán por la Universidad de Barcelona y especialista en temas legales vinculados a Internet y nuevas tecnologías. Ha sido miembro de FREE (Fronteras Electrónicas), organización orientada a la defensa de los derechos civiles en Internet, y colabora en diversos medios digitales. El letrado, del despacho Almeida Abogados, representa a Alejandro Fernández, para el que Nintendo pide 23 años de cárcel y el pago de 840.000 euros por la comercialización de cartuchos que permiten ampliar las funciones de la consola DS.
-¿Existe un vacío legal en torno a Internet y las nuevas tecnologías o la legislación vigente es suficiente?
-No existe un vacío legal, de hecho hay una excesiva producción legislativa relativa a Internet, sobre todo en el ámbito administrativo. Internet no es un mundo ajeno al real, es una extensión de la realidad y todos los derechos fundamentales que tenemos también tienen que darse en Internet. Habría que hacer pequeñas modificaciones pero no una reglamentación nueva. En el ámbito penal está todo más que regulado, en todo caso habría que quitar cosas.
-¿Choca la legislación española con la internacional, con la comunitaria?
-Las adaptaciones de la normativa comunitaria por parte del poder legislativo español son muy deficientes. Por ejemplo, las primeras directrices de la ley de Internet del Gobierno Aznar chocaban con la directiva comunitaria. Hay muchos problemas y malas adaptaciones, sobre todo en lo relacionado con la propiedad intelectual. Se legisla con los pies y desviándose de la normativa comunitaria, como se evidenció con el canon de la SGAE.
-La piratería es…
-Según la última reforma del Código Penal «el que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente contra las personas, cargamento o bienes que se hallaren a bordo de las mismas, será castigado como reo del delito de piratería». Con la ley española en la mano, piratas son los de los barcos y los aviones. El próximo que utilice la palabra pirata con uno de mis clientes se está jugando una demanda por un delito de calumnia. Hablamos de delitos contra la propiedad intelectual o industrial y, en el caso de los hackers, de revelación de secretos o daños informáticos. La palabra pirata tiene que quedar desterrada del vocabulario jurídico para todo lo que se refiere a Internet o a informática.
-¿Qué diferencia una consola de un ordenador? ¿Por qué en los ordenadores no existe el conflicto que se da con Nintendo?
-Toda consola es por definición un ordenador en la medida que ejecuta programas de ordenador. De hecho, la protección jurídica que reivindican los fabricantes de videojuegos es la que se da a los fabricantes de ordenadores, no se diferencia videojuegos de aplicaciones informáticas. Todos son programas de ordenador. Una consola es un ordenador al que, en ocasiones, el fabricante intenta poner restricciones para que no se pueda añadir un teclado.
-En el juicio se refirió a DSLinux…
-DSLinux es un sistema operativo completo. En wikipedia, si se teclea DSLinux, se puede ver una foto de una consola de Nintendo DS en la que una de las pantallas es un teclado y la otra la pantalla de un ordenador. Sin esos cartuchos que vende Alejandro Fernández, que posibilitan meter una memoria Interna al cartucho, no se puede ejecutar Linux ni ninguna otra aplicación que pase por Nintendo. Es como la polémica que ha saltado con las cápsulas de las cafeteras, el café no puede ser un monopolio comercial, como tampoco Nintendo en el caso que nos ocupa.
–Está hablando abiertamente de monopolio. De hecho usted defiende que la multinacional estaría atentando contra la Constitución…
-La Constitución reconoce el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y esto incluye el derecho a programar, a desarrollar software para cualquier tipo de dispositivos. Rompiendo el monopolio de los cartuchos en cuestión, se acabaría con el problema. Nintendo pretende tener la exclusiva tecnológica no sólo en cuanto al hardware sino también en cuando al software (el programa) y los consumibles (cartuchos). Las autoridades comunitarias lo han dicho en infinidad de ocasiones. Igual que un fabricante de sistema operativo no puede tener el monopolio sobre dicho sistema y programas que se ejecutan en él, un fabrica de hardware no puede pretender el monopolio sobre los consumibles o software.
-¿Le constan denuncias de las multinacionales del videojuego a fabricantes de estos cartuchos?
-Hay demandas por todo Europa en lo que respecta a distribuidores, pero desconozco si han llegado a los fabricantes. La mayor parte de estos dispositivos viene de China. Hay una guerra comercial abierta entre China, Japón y Estados Unidos por el control de los nuevos mercados de la sociedad de la información, una guerra que la pagan terceros que no tienen nada que ver con esto, como es el caso de consumidores y distribuidores.
-La Ley Sinde es para usted…
-La ley ha salido en el BOE, se está desarrollando el reglamento, y es una chapuza jurídica porque equivale a poner en manos de la administración pública algo que es de derecho privado. Le pongo un ejemplo. Es como si para acelerar un desahucio en caso de impago de una hipoteca o de un alquiler en vez de actuar un juez viene un funcionario administrativo y te echa de tu casa. Es una barbaridad. Los conflictos de propiedad intelectual los tienen que dirimir los jueces, no la administración pública. Lo que hace es facilitar la censura administrativa de Internet. Determinados preceptos del reglamento podrían ser declarados inconstitucionales.
-Internet, que nació con la libertad por bandera, ¿se ha convertido en un mundo de libertinaje?
-No hay más libertinaje sino más control. La red no es un mundo más peligroso que el real, es un reflejo de éste. Igual que hay crímenes y estafadores en las calles, también los hay en Internet. La diferencia es que en Internet se pueden rastrear mejor sus pasos. Algunos delitos han estado ahí siempre, pero ahora se pueden seguir porque van dejando rastro, y me estoy refiriendo a la lacra de la pornografía infantil. Ahora se puede perseguir a los pederastas con más facilitar, localizar y condenar gracias a Internet. Mucha gente está cumpliendo pena en España por este tipo de delitos, que hace diez años también se cometían pero no trascendían.
-¿Conclusión?
-Hay que perder el miedo a Internet porque si algo nos puede sacar de la crisis en este país es la sociedad del conocimiento. Es fundamental cambiar el modelo productivo y el poder político debe tomar conciencia de ello. Todo lo que se invierta en el desarrollo de Internet y en sociedad de la información asegurará empleo y trabajo.