Denunciamos la enorme insensibilidad y la falta de solidaridad de la gran burguesía ecuatoriana, voraz e insaciable, que solamente sabe exigir ventajas y beneficios para sí. Está representada por las Cámaras Empresariales y sus voceros, economistas neoliberales como los Dahik, Spurrier, Albornoz, Robalino, Pozo y otros, quienes han venido presionando al gobierno para que adopte medidas como la reducción del gasto público (es decir despidos de trabajadores), la eliminación de los subsidios a los combustibles, un marco legal laboral temporal manejado por los empresarios, medidas que alivien las obligaciones de los bancos, compensaciones a los exportadores.
La pandemia mundial del coronavirus está provocando sufrimientos y cambios muy profundos en la vida humana. No solo ha ocasionado en pocos meses, docenas de miles de muertos, cientos de miles de contagiados y un colapso en los sistemas de salud de casi todos los países, tanto en las potencias dominantes como en los países semicoloniales, sino que ha profundizado la grave crisis económica que se venía incubando desde hace algunos años, comparable a la de 1929 y quizá con secuelas más graves.
La única medida que se les ha ocurrido tomar a la mayor parte de gobiernos del mundo es ordenar el confinamiento de la gente en sus casas, decisión necesaria pero cruel para los que no tienen casa o sus viviendas son lugares hacinados, estrechos, y no cuentan con los servicios básicos ni condiciones adecuadas para una vida digna. Igualmente es una medida cruel para los que no tienen trabajo o realizan un trabajo informal, puesto que se ganan el sustento con el trabajo del día a día. El COVID-19, como le han llamado, es una crisis de salud que sacude al conjunto de la sociedad, pero como toda crisis afecta más a las personas que menos tienen: a los desempleados, a los trabajadores informales, a las personas sin techo, a los migrantes.
Esta catástrofe social no es una consecuencia de la naturaleza sino del capitalismo, sistema que se caracteriza por la desigualdad entre las clases sociales, la explotación de la burguesía al trabajador, la enorme brecha entre ricos y pobres y todo tipo de discriminaciones. El origen de esta nueva plaga está en ciertos virus que se encontraban desde hace siglos en sus reservorios animales y han experimentado mutaciones que infectaron también a los seres humanos. Se transformaron en epidemias por la explotación voraz y depredadora de los ecosistemas naturales, es decir la agresión continua a la naturaleza por parte de las grandes empresas capitalistas, principalmente las transnacionales.
La aplicación de los planes y recetas neoliberales han profundizado la miseria, han disminuido los salarios reales y han dejado los servicios básicos a expensas de la voracidad del mercado. En el campo de la salud los gobiernos redujeron los presupuestos de la salud pública y trasladaron la atención a los hospitales y clínicas privados, es decir privatizaron los servicios sanitarios provocando el desmantelamiento de los sistemas de salud pública. También debemos recordar que existen otras pandemias que afectan a las poblaciones más pobres de continentes como el África, Asia y América del Sur, como el hambre y la desnutrición, o enfermedades que pueden ser controladas con un sistema de sanidad adecuado como el dengue y el paludismo que provocan miles de víctimas cada año, pero de las cuales casi no se habla en las esferas oficiales y en los grandes medios de comunicación.
En el Ecuador la pandemia presenta cifras alarmantes que crecen día tras día y no se conoce cuando llegarán a su nivel más alto y la curva comience a declinar. Los contagios se multiplicaron más de 26 veces en los siete días que siguieron a la declaración del estado de emergencia y la ciudad más afectada es Guayaquil que concentra al 17% de la población ecuatoriana, pero donde se reportan el 78% de los contagios. No es casual que sea la ciudad con mayor índice de pobreza (11,2%), mientras Quito tiene el 8,4% y Cuenca un 4,1%. Esta situación ha llevado al gobierno a tomar en Guayas medidas de excepción, donde las Fuerzas Armadas la manejarán como una “zona de seguridad nacional”, es decir se preparan las condiciones para reprimir la protesta social.
Este grave problema sanitario y social ocurre en un contexto de crisis socioeconómica debido a los bajos precios del petróleo, el modelo agroexportador y extractivista que nos somete a un intercambio desigual con las grandes potencias, la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, el peso que significa el pago de la creciente deuda externa, el alto déficit fiscal y la galopante corrupción que se arrastra desde la administración anterior. Lenín Moreno que llegó a la presidencia auspiciado por el correísmo, luego de la ruptura con sus patrocinadores, adoptó políticas económicas neoliberales totalmente alineadas con el recetario del FMI, con el cual firmó una Carta de Intención en marzo del año pasado, a cambio recibir créditos por alrededor de 10.000 mil millones de dólares, tanto del FMI como de otros organismos multilaterales.
Las medidas de ajuste como el alza de los combustibles que intentó aplicar en octubre del 2019, se frenaron con un gran levantamiento popular que le obligó a dar marcha atrás al paquetazo. Sin embargo, hace pocos días y aprovechándose de la situación de emergencia por la aparición del corona virus, el gobierno anunció nuevas medidas económicas como un recorte presupuestario que significa continuar con los despidos de miles de trabajadores del sector público, un aporte obligatorio de los mismos entre el 4 y el 8% de sus salarios, el incremento del 0,75% en las retenciones del impuesto a la renta, la eliminación de algunas instituciones públicas y la unificación de otras. Además el gobierno está decidido a privatizar las empresas públicas que prestan servicios estratégicos como energía eléctrica, telecomunicaciones, medios de comunicación y también anuncia que pagará cumplidamente la deuda externa (el martes 24 de marzo, y pese al pedido de la Asamblea, de varias organizaciones de la sociedad civil y académicos que le solicitaron el no pago de la deuda, pagó USD 325 millones de capital de los bonos 2020). En conclusión, el gobierno continuará descargando el peso de la crisis sobre los trabajadores y no sobre los más ricos y poderosos. Es por consiguiente, un régimen claramente alineado con los intereses de los grandes banqueros y empresarios, es también un gobierno proimperialista dispuesto a seguir todas las directrices del gobierno norteamericano de Trump como lo ratificó en su última visita, donde se acordó que el tema de la seguridad y la inteligencia del país estarán bajo el control de las agencias norteamericanas.
Denunciamos la enorme insensibilidad y la falta de solidaridad de la gran burguesía ecuatoriana, voraz e insaciable, que solamente sabe exigir ventajas y beneficios para sí. Está representada por las Cámaras Empresariales y sus voceros, economistas neoliberales como los Dahik, Spurrier, Albornoz, Robalino, Pozo y otros de la misma laya, quienes han venido presionando al gobierno para que adopte medidas como la reducción del gasto público (es decir despidos de trabajadores), la eliminación de los subsidios a los combustibles, un marco legal laboral temporal manejado por los empresarios, medidas que alivien las obligaciones de los bancos, compensaciones a los exportadores. Luego de terminada la emergencia plantean reformas estructurales, como la reforma laboral, la reforma tributaria, incremento del IVA y cambios en el Código de Finanzas Públicas y Código Monetario para devolver la autonomía al Banco Central (ver carta titulada “Emergencia Económica Nacional» publicada el martes 17 de marzo en El Comercio). Es decir, buscan aprovecharse de la emergencia de salud, para aplicar medidas que únicamente benefician a los banqueros, exportadores y grandes empresarios, descargando la crisis sobre los trabajadores y los sectores más pobres de la población.
Frente a esta grave situación el Movimiento al Socialismo (MAS) propone las siguientes medidas:
1. El SISTEMA DE SALUD PÚBLICA debe ser la prioridad número uno, lo cual significa que se le proveerá de todos los recursos económicos, tecnológicos y del personal que sean necesarios para afrontar la gravísima situación provocada por la pandemia del COVIT -19, de la cual depende la vida o muerte de los ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. Es urgente que se importen de manera inmediata las pruebas o test que permiten la confirmación del virus en los enfermos sospechosos, así como los medicamentos que están dando resultados en otros países como la China y Cuba. A los médicos y personal hospitalario que se juegan la vida en la primera fila de atención a los enfermos, se les debe proveer de los insumos básicos de protección y condiciones logísticas tales como transporte, alimentación y seguridad para desempeñar su trabajo en condiciones óptimas. También exigimos que cese la intimidación al personal de salud que ha realizado graves denuncias sobre la situación de que se está viviendo y reclama por sus legítimos derechos.
2. Estatización de los servicios de salud mediante la expropiación de los hospitales privados, puesto que en una situación como la que atravesamos, la vida humana y no el lucro, debe ser el objetivo fundamental. La salud debe concebirse como un derecho y no como un negocio. Todos los centros médicos deben estar bajo control del gobierno y una coordinación centralizada de la campaña sanitaria.
3. Nacionalización de las compañías farmaceúticas y cooperación inmediata entre ellas para encontrar una vacuna y dispositivos para pruebas más sencillas. Supresión de la propiedad intelectual en el campo de la medicina.
4. Garantizar la seguridad alimentaria de toda la población, a través de políticas de estímulo a los pequeños y medianos productores agrícolas, especialmente a comunidades indígenas y montuvias, que son quienes producen los alimentos de la canasta básica familiar, a través de líneas de crédito preferenciales, apoyo técnico y comercialización. Es urgente que los productos alimenticios lleguen directamente a los consumidores; el Estado debe facilitar el transporte y la logística para que toda la población esté debidamente abastecida. También proponemos que el Estado compre la producción directamente a los campesinos e indígenas y la entregue de manera gratuita a las familias más pobres y necesitadas de manera permanente y no solamente en la actual coyuntura.
5. Garantizar el acceso básico a los servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica, gas y las telecomunicaciones y que no se cobre sus planillas a la población de menores recursos mientras dure la emergencia.
6. Parar la actividad en las empresas productivas y de servicios cuyos productos no resulten indispensables en la actual coyuntura, a fin de que sus trabajadores permanezcan en sus casas durante el tiempo que dure la emergencia y que luego puedan reintegrarse a sus trabajos sin sufrir ningún recorte de sus salarios y sus derechos laborales.
7. Cese inmediato de los despidos de trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Reintegración de los trabajadores despedidos el año anterior y el actual, especialmente en el caso de los trabajadores de la salud (solamente en el 2020, han sido despedidos 7000 trabajadores).
8. Los recursos para afrontar las anteriores propuestas se pueden obtener de tres fuentes fundamentales: 1) la moratoria indefinida de la totalidad de la deuda externa, tanto del capital como de los intereses, y que dichos recursos sean destinen a las políticas sociales y productivas prioritarias, principalmente para afrontar la emergencia de salud. En el presente mes de marzo el gobierno se ha comprometido a pagar 1.230 millones de dólares por servicio (intereses) de la deuda externa y cerca de 259 millones por deuda interna. Lo que está en juego es pagar la deuda o salvar las vidas de los ecuatorianos.
9. Una contribución especial del 20% las ganancias extraordinarias de los banqueros y de los 200 grupos económicos más poderosos del país, cuyas ventas representaron el 62% del PIB en los años 2016 y 2017, así como un incremento proporcional del impuesto a la renta.
10. También se pueden obtener recursos de la reducción de los salarios de los ministros y autoridades de jerarquía más alta, de los asambleistas y los ejecutivos de las entidades autónomas, así como de la no entrega de los fondos que se asignan a los partidos políticos para la próxima campaña electoral.
11. Aplazamiento de seis meses en el cobro de créditos de la banca. Reducir las tasas de interés y generar líneas de crédito que reactiven PYMES, los pequeños negocios y el sector agrícola.
12. Democratización del COE que es el organismo creado para tomar decisiones urgentes ante la situación de emergencia. En el mismo deberían participar académicos y científicos que cuenten con los conocimientos necesarios para aportar en la toma de las decisiones más apropiadas, así como representantes elegidos por las organizaciones más representativas de trabajadores, indígenas y gremios profesionales pertenecientes a la sociedad civil.
13. Rechazo al atropello a los derechos humanos por parte del ejército y la policía a los ciudadanos que han sido capturados a consecuencia de la declaración de la provincia del Guayas como zona de seguridad nacional.
14. Exigir un ¡Basta de violencia contra las mujeres¡. Por una linea de comunicación nacional directa de atención a las emergencias, exigir la apertura y salubridad de refugios para las víctimas de la violencia intrafamiliar.
15. Realizar un llamado a la solidaridad internacional de las naciones y los trabajadores del mundo para realizar todos los esfuerzos económicos, científicos y políticos a fin de enfrentar en conjunto la pandemia del coronavirus y las demás enfermedades que afectan a las poblaciones más pobres del planeta.
Hacemos un llamado a toda la población y a las organizaciones, principalmente identificadas con los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares, para unirnos en defensa de la vida y los derechos democráticos conquistados con la lucha de varias generaciones. En este momento la prioridad es la defensa de la salud pública gratuita y de calidad, como única forma de enfrentar la grave pandemia del coronavirus que azota a la humanidad y a nuestro país. El capitalismo ha mostrado hasta la saciedad que es un sistema fracasado que no permite una vida digna para la gran mayoría de la humanidad y por eso la única alternativa es luchar sin tregua por un nuevo orden social que garantice la igualdad, la libertad y la fraternidad entre los seres humanos.