La historia económica parece olvidada olímpicamente. Cuando en 1979 se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga en la historia ecuatoriana, partimos con una Constitución muy progresista y con el reformista gobierno de Jaime Roldós (1979-1981). La Constitución había sido aprobada por referéndum y entre otros asuntos fortalecía capacidades estatales, definió sectores estratégicos de […]
La historia económica parece olvidada olímpicamente.
Cuando en 1979 se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga en la historia ecuatoriana, partimos con una Constitución muy progresista y con el reformista gobierno de Jaime Roldós (1979-1981). La Constitución había sido aprobada por referéndum y entre otros asuntos fortalecía capacidades estatales, definió sectores estratégicos de la economía, cuatro formas de propiedad (estatal, mixta, privada y comunitaria), obligaba a contar con un plan de desarrollo, daba prioridad a la redistribución de la riqueza mediante el sistema tributario. Se ha olvidado que esa Constitución fue resistida por las elites empresariales y que las derechas económicas y políticas de la época llamaron a votar contra ella.
Esos mismos sectores combatieron a Roldós, pero mucho más a Osvaldo Hurtado (1981-1984) a quien León Febres Cordero, líder de los socialcristianos, le acusaba de «comunista». Las cámaras de la producción fueron el principal enemigo de Hurtado, como él mismo lo reconoce en uno de sus libros. El otro fue el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que le hizo varias huelgas nacionales. Desde 1983 el reformismo del gobierno demócrata cristiano-popular de Hurtado se acabó, porque dio un giro a sus políticas económicas al admitir la sucretización de las deudas empresariales privadas, presionado por estos sectores, y que resultó un atraco al Estado.
El gobierno de Febres Cordero (1984-1988) llegó bajo la etiqueta del multipartidista y derechista «Frente de Reconstrucción Nacional», pues Hurtado dejaba «destrozado» al país. Con el febrescorderismo llegaron los empresarios al poder: hacían gala de sabiduría económica pues ellos sabían como hacer la riqueza y por tanto la harían desde el Estado, ellos sabían generar trabajo, ellos sabían como desarrollar y modernizar al país. Así lo sostuvieron permanentemente y Febres Cordero era el caudillo mesiánico para instaurar sus intereses y su poder en el Estado. Hubo negocios por todo lado y privatizaciones de todo. La Constitución de 1979 fue sistemáticamente inobservada en materia económica. Y los resultados económicos y sociales de los «reconstructores» que inauguraron el modelo empresarial de desarrollo fueron desastrosos para el país.
El gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) apenas pudo recuperar algo de las capacidades estatales, no se propuso superar el neoliberalismo iniciado por su antecesor y los resultados sociales fueron contrarios a los ideales socialdemócratas de la «Izquierda Democrática» (hoy aliada a las nuevas derechas), como puede comprobarse con cualquier estadística sobre aquella época.
Con Sixto Durán Ballén (1992-1996) se retomó el camino empresarial, de modo que su gobierno volvió a apuntalar los intereses de las cámaras. Después, en apenas seis meses, durante el gobierno de Abdalá Bucaram (1996-1997) se intentó girar el modelo empresarial tan favorable a la oligarquía guayaquileña, para que beneficie a una lumpen-burguesía que en la Costa disputaba el control del poder a los socialcristianos. Enseguida, Fabián Alarcón (1997-1998) resultó un títere del mismo modelo y hasta convocó una Asamblea Constituyente que expidió la Constitución de 1998, que abandonó los principios económicos de la Constitución de 1979 y consagró el neoliberalismo en auge por toda Latinoamérica, bajo las condiciones de la globalización transnacional.
Jamil Mahuad (1998-2000) aplicó el giro económico y social que había dado la democracia cristiana (de la cual provenía), que abandonó la línea reformista y popular con la que se fundó en 1964. Mahuad consagró su gobierno al servicio empresarial y en 1999-2000 se rindió a la corrupta banca privada, a la que benefició con «salvatajes», que fueron, después de la sucretización de Hurtado y de la resucretización que hizo Febres Cordero, el tercer gran atraco al Estado ecuatoriano.
Gustavo Noboa (2000-2003), el verdadero «dolarizador» del país, literalmente se guiaba por las propuestas que hacían las cámaras de la producción e incluso intentó una reforma laboral que flexibilizaba y precarizaba el trabajo más allá de las políticas antiobreras ya introducidas en la época febrescorderista. Por su parte, Lucio Gutiérrez (2003-2005) firmó la última Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue la más grave de todas las 15 anteriores, que se sucedieron desde la primera suscrita por el gobierno de Hurtado. Y Alfredo Palacio (2005-2007) no hizo más que administrar el modelo empresarial forjado en dos décadas, no solo como producto de los intereses internos, sino también de la geoestrategia del capital transnacional en América Latina.
De modo que el período 2007-2017 fue, en estricto sentido histórico, un ciclo de superación del modelo empresarial-neoliberal heredado de los anteriores gobiernos y una «década ganada» en múltiples aspectos, como lo reconocen los informes internacionales de la época. Pero no existe, por el momento, una coyuntura que permita hacer una evaluación interna seria del gobierno de Rafael Correa. Hoy el «correísmo» está sujeto a una suerte de combate y persecución similar al que las derechas económicas, políticas y mediáticas libraban en la década de 1960 contra el «comunismo» y todo aquello que se le pareciera. Así es que las pasiones, las venganzas y los odios priman frente a cualquier análisis que pretenda racionalidad y objetividad.
Con el gobierno de Lenín Moreno ya está absolutamente claro que se ha iniciado otro ciclo histórico regido por el nuevo modelo empresarial del siglo XXI. Como ocurrió en el pasado, ese tipo de modelo, no solo de interés interno sino también externo, requiere una estrategia en lo político y unas decisiones en lo económico. En consecuencia, desde la perspectiva política, la «descorreización» tiene el propósito de paralizar, desmovilizar e impedir cualquier tipo de reacción ciudadana que pueda enfrentar lo que en el plano económico se decide. Y, desde la perspectiva económica, las decisiones de gobierno privilegian la atención positiva a las demandas de los sectores empresariales integrados en las cámaras de la producción, cuyos intereses privados han retornado para imponerse sobre el Estado nacional.
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