2.200.000 niños y niñas en situación de pobreza en España según UNICEF. Dejando de lado, si es que es posible, las consideraciones morales asociadas, la pobreza infantil constituye un problema social de primera magnitud debido a las consecuencias individuales en las personas que la padecen y a la repercusión que tiene sobre la cohesión social. […]
2.200.000 niños y niñas en situación de pobreza en España según UNICEF. Dejando de lado, si es que es posible, las consideraciones morales asociadas, la pobreza infantil constituye un problema social de primera magnitud debido a las consecuencias individuales en las personas que la padecen y a la repercusión que tiene sobre la cohesión social. Las sociedades capitalistas legitiman las desigualdades sociales a través del mérito y de la igualdad de oportunidades. Es decir, asumiendo que todas y todos disfrutamos de una posición de salida similar garantizada por la educación pública y unos servicios básicos, disfrutará de mayor riqueza aquel o aquella que más talento tenga y que más trabaje. Ya es discutible que entre el grueso de la sociedad «normalizada» se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, pero la existencia de la pobreza y la exclusión social entre los niños evidencia, sin lugar a discusión, que hay personas que parten con desventajas sociales evidentes ya desde el nacimiento.
No es muy habitual que los decisores políticos tomen en consideración estudios empíricos que procedan de disciplina social alguna que no sea la economía, pero si alguno de ellos tuviera la tentación de recuperar las conclusiones de la investigación sociológica de los últimos 10 años sobre educación y exclusión social en la infancia se daría cuenta de lo absurdo de considerar la educación o los servicios sociales un gasto.
La evidencia empírica señala que la posición socioeconómica de las familias, medida en función del nivel de ingresos y de las credenciales educativas de padre y madre, mantiene una asociación significativa con el rendimiento académico de los niños y con el riesgo de abandono escolar. Se hace muy complicado determinar hasta qué punto la relación se debe a la transmisión de actitudes y valores de la familia los niños y niñas o de las tensiones derivadas de las penurias de la escasez económica. En cualquier caso, hay estudios que confirman que una alimentación deficiente influye en el desarrollo cognitivo y en el rendimiento escolar de los niños, y otros que muestran que en el caso de que una familia tenga sus miembros en edad de trabajar en la el paro, la percepción de una prestación por parte de la seguridad social tiene una influencia estadísticamente significativa en la prevención del fracaso escolar. Los déficits educativos tienen una relación muy estrecha con la estructura de oportunidades laborales de las personas y el fracaso escolar es una variable muy relevante para explicar la pobreza y la exclusión a la vida adulta.
La probabilidad de que los niños sufran trastornos mentales también aumenta si viven situaciones de pobreza o privación económica durante los primeros años de vida. La incidencia de desórdenes de conducta, de problemas de adaptación social y de depresión infantil, es mucho más alta entre los niños y niñas en situación de pobreza que entre el resto de la población infantil. Los niveles de ansiedad que sufren los padres y las madres en situaciones de privación repercute negativamente en la relación que mantienen con las criaturas y los análisis de datos longitudinales apuntan a que la duración de estas situaciones está correlacionada con la incidencia de desórdenes mentales y trastornos cognitivos en los niños y con la probabilidad de fracaso escolar.
La combinación de una escuela pública de calidad y de políticas laborales que faciliten la conciliación entre las tareas laborales y las tareas de cuidado han permitido a los países nórdicos mantener los ratios de pobreza infantil más bajos y la movilidad social ascendente más alta de la OCDE . La evidencia científica sostiene que la proporción de niños con un rendimiento escolar bajo es menor en los países donde la pobreza infantil es baja, y que las desigualdades de clase social en el rendimiento escolar también es menor en aquellos países donde hay menos pobreza.
La calidad de la educación y los niveles de pobreza se retroalimentan convirtiendo así las políticas de lucha contra la exclusión social de la infancia y las políticas educativas de calidad en acciones complementarias.
La escuela puede convertirse en un espacio donde prevenir la exclusión social futura ya desde los primeros años de vida. La investigación realizada tanto en Europa como en Estados Unidos pone de manifiesto el papel preventivo que puede ejercer la escolarización previa a los 6 años los niños que viven situaciones de riesgo social. En el estudio Itinerarios y factores de exclusión social (de Sebastià Sarasa y Albert Sales, publicado en 2009) se constataba que entre las personas con una situación normalizada durante la infancia, haber empezado la escolarización antes de los 6 años no tenía ninguna influencia estadísticamente significativa sobre su desarrollo cognitivo y sobre su rendimiento escolar, para las personas que sí habían vivido la precariedad en la primera infancia, la preescolarización presentaba un efecto preventivo estadísticamente significativo. Otros estudios indican que hay habilidades que se pueden adquirir con la familia en los primeros años de vida y que no necesitan de escolarización en caso de vivir en un hogar normalizada, pero que cuando se trata de un hogar en situación de exclusión social o que pasa momentos de extrema precariedad requieren un espacio de socialización fuera de la familia. Una guardería pública y una preescolarización pública y de acceso universal podría ejercer un efecto preventivo de itinerarios vitales marcados por la exclusión.
En etapas posteriores, la intervención de maestros y otros profesionales de la educación puede ser clave para reconducir trayectorias de exclusión o para facilitar itinerarios escolares satisfactorios los niños que viven situaciones de precariedad en el hogar. Los problemas de los adolescentes con las figuras adultas de autoridad convierten detonantes de trayectorias de exclusión cuando el individuo no encuentra el apoyo de ninguna persona adulta alternativa y se refugia en el grupo de iguales. La escuela debe tener las herramientas para detectar problemas y participar en las soluciones trabajando conjuntamente con unos servicios sociales especializados.
Los recursos que una sociedad destina a la educación no pueden ser considerados un gasto. Son una inversión que se recupera con creces cuando las personas llegan a la vida adulta. Si en algún momento, el discurso ideológico dominante asume esta afirmación lo hace aceptando que el sistema productivo necesita buenos trabajadores y trabajadoras que se adapten a las necesidades del mercado laboral. Pero desde una perspectiva más amplia, destinar recursos a una educación pública de calidad es una apuesta por la cohesión social. Sólo a modo de ejemplo, una intervención de los servicios sociales solicitada por el equipo de orientación de una escuela tendría un coste medio anual de unos 300 euros. Partiendo de la base de que los estudios avalan una cierta efectividad de estas intervenciones para evitar la exclusión a la vida adulta, sólo hay que comparar este costo con el de una pensión no contributiva (4.709 euros anuales), el de un tratamiento residencial por toxicomanía (30.000 euros anuales) o el de un encarcelamiento (24.119 euros anuales), para ver que la prevención es económica y humanamente más rentable que la atención a las personas que ya se encuentran en situaciones de exclusión severa.
Albert Sales i Campos es Profesor de Sociología de la UPF.
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