El Presidente del Ecuador afirmó en la última sabatina que el país debe enfrentar dos problemas graves, que hay urgencia de combatir: pobreza y droga. Las acciones y afirmaciones sobre estos temas, descubren los mitos, paradojas e inconsistencias de un gobierno declarado socialista, que convive y fortalece en varios campos al sistema capitalista. Las lacras […]
El Presidente del Ecuador afirmó en la última sabatina que el país debe enfrentar dos problemas graves, que hay urgencia de combatir: pobreza y droga. Las acciones y afirmaciones sobre estos temas, descubren los mitos, paradojas e inconsistencias de un gobierno declarado socialista, que convive y fortalece en varios campos al sistema capitalista.
Las lacras sociales de la pobreza y la droga son consustanciales al sistema capitalista, que vive y se alimenta de ellas. Es decir, no podremos exterminarlas sin acabar con el actual sistema.
El primer dogma económico que sucumbe es aquel que los delitos están generados por la pobreza, puesto que el crimen de la producción y comercialización de la droga están realizados por delincuentes de cuello blanco, incrustados en los bancos y gobiernos de turno, por lo que podemos concluir que el delito no es hermano íntimo de la pobreza.
La afirmación anterior esta corroborada con los resultados sociales y de tráfico de droga de los últimos años: la pobreza ha sido reducida en 13 puntos en los siete últimos años, mientras que el tráfico de droga tiene un crecimiento sostenido de 26 a 57 toneladas en el mismo período.
Oportunidades y acceso a servicios públicos no sometidos a la mercantilización mejoran las condiciones del ser humano.
La actitud paradójica del gobierno la encontramos en su accionar frente a los dos problemas: para combatir la pobreza se levanta un programa censal, ubican a los pobres, identifican condiciones y necesidades, determinan y establecen apoyos sociales, que permitan superar su eterna exclusión; mientras que para controlar el tráfico de droga, el Estado adopta una actitud capitalista, esto es, liberalidad a los bancos, opacidad en la justicia y fiscalía, complicidad en las Superintendencias de Bancos y Compañías, izquierdismo infantil por parte del gobierno, es decir, serviciales a la derecha retrograda.
El Estado posee todas las herramientas para controlar y menguar el tráfico de droga, pero, está dedicado al control del micro tráfico y llenar las cárceles de mulas, obviando la persecución a los delincuentes de cuello blanco que están ubicados en la banca, en agro exportadores, armadores, constructores dueños de puertos marítimos, ubicados fundamentalmente en Guayaquil. Asume semejante actitud que la del gobierno norteamericano: puede encontrar a supuestos terroristas en las cavernas del desierto, pero no puede hacerlo con los narcotraficantes y narcolavadores dentro de su territorio.
En el mundo existen múltiples estudios de organismo internacionales (BID informe 2005) que afirman que el narcotráfico es posible por la facilitación que al crimen organizado proporciona la banca y los paraísos fiscales, controlados por narco gobiernos como los de EEUU de Norteamérica.
La soberanía de algunos países latinos ha sido posible ejercerla en el campo militar, mas no en el campo de la droga. Las transnacionales de la droga, dirigidas por algunos imperios, han liquidado las soberanías de los estados.
En el Ecuador, si un conductor de vehículo es reincidente por tercera ocasión en alguna infracción grave, es retirada la licencia con prohibición de volver a conducir; si una empresa arroja agua contaminada a la ría sin ser tratada y es reincidente, es clausurada; si un profesional del derecho es reincidente en no litigar con honestidad (lo que sucede casi siempre) puede ser suspendido en el ejercicio profesional; pero, si un Banco lava activos ilícitos por varias ocasiones, no es suspendido, a pesar de existir una disposición legal para su cierre, después de haber sido sancionado por dos ocasiones y existir una tercera reincidencia.
Es el caso del banco más grande del Ecuador, Banco Pichincha, tiene varias sanciones impuestas por la Junta Bancaria de la Superintendencia de Bancos, por no dar información sobre movimientos inusuales de dinero (más de USD 10.000) por parte de clientes dedicados al narcotráfico, pero sigue funcionando.
La Junta Bancaria en los últimos años ha dictado resoluciones sancionando al Banco Pichincha, por abusos y defraudación a sus clientes, que representan más del CINCUENTA POR CIENTO de las dictadas a todo el sistema financiero y empresas de seguro.
En el caso de resoluciones sancionatorias sobre lavado de activos ilícitos tomadas por la Junta Bancaria, en contra del Banco Pichincha, tenemos las siguientes:
1. Resolución No. JB-2010-1838 de noviembre 18 de 2010, por negligencia la Oficial de Cumplimiento del Banco Pichincha es sancionada por no informar y no permitir detectar de forma oportuna los inusuales movimientos de la cuenta del señor Flores.
2. Resolución No. JB-2011-1955 de junio 30 de 2011, por negligencia la Oficial de Cumplimiento del Banco Pichincha es sancionada por no informar y no permitir detectar de forma oportuna los inusuales movimientos de la cuenta de los señores Flores y Pérez.
3. Resolución No. JB-2011-2058 de noviembre 4 de 2011, por negligencia la Oficial de Cumplimiento del Banco Pichincha es sancionada con una multa de USD 2.500 dólares por no entregar información y no permitir detectar de forma oportuna los inusuales movimientos de USD400.00 dólares de la cuenta de los señores Buñay y Pinto.
4. Resolución No. JB-2011-1935 de junio 1 de 2011, por negarse a entregar un cronograma en la que consten las actividades para mejorar los procedimientos de prevención de lavado de activos, solicitada por la Superintendencia al Gerente Fernando Pozo Crespo del Banco Pichincha, quien es sancionado con una multa de USD750,00 dólares.
5. Resolución No.JB-2014-2808 de febrero 27 de 2014, por negligencia el Oficial de Cumplimiento del Banco Pichincha es sancionado por no informar las dieciséis transferencias «… originadas en el Ministerio del Ambiente hacia cuentas corrientes de varios particulares mantenían en Banco Pichincha C.A. por un valor Equivalente a USD2’480.000 dólares.» Es decir, que un poco menos del 50% de la defraudación cometida al Ministerio de Ambiente (USD5’400.000 dólares) fue a parar al Banco Pichincha, que no dio aviso ni después de la denuncia pública efectuada por el Ministerio.
La Junta Bancaria lejos de aplicar el principio constitucional de principalizar el interés común antes que el interés particular, protege a un grupo de banqueros. Están entretenidos en casos sin mayor trascendencia y sin cumplir con la función de control y protección del riesgo que tienen los clientes al depositar los dineros en Bancos administrados por gente de poca idoneidad y hasta sentenciado en el campo penal al Gerente General del Banco Pichincha, Fernando Pozo.
Es una cortina de humo para dejar escapar a los capos, semejante a la supuesta reducción de las tarifas por servicios y a la prohibición de cobrar comisiones. Mientras decenas de servicios han sido reducido su costo a «0», el sistema financiero a mayo de 2013 obtuvo un ingreso de 146.5 millones de dólares y para el mismo mes de 2014 obtuvo 158 millones de dólares. Es un insulto a la inteligencia y a la lógica el decirnos que rebajan los costos mientras la banca recibe más ingresos por el mismo concepto. Esto incide en las ganancias totales de la banca: mientras a mayo de 2013 las ganancias fueron de 99 millones de dólares, para mayo de 2014 sube a 122 millones de dólares.
Replican la complicidad de algunos organismos gubernamentales, cuando solo capturan el 10% de la droga que pasa por el Ecuador. Olvida escandalosamente el lavado de 43 millones de dólares del narcotraficante Hernán Prada en el sistema financiero y una buena parte en el Banco Pichincha. Olvida el caso de los hermanos Ostaiza, quienes están sentenciados por lavado de activos y que manejaron varias cuentas en el Banco Pichincha, realizando 8.000 transacciones en cuatro años. El caso más dramáticamente impune del notario Cabrera de la ciudad de Machala, que manejó entre 800 y 2.000 millones de dólares durante 14 años. Otro caso ignorado por la Junta Bancaria es el de Ana María Bernys.
Lo inteligente y honesto es combatir el tráfico de la droga, no es convertir a esta peste como pretexto para hacer mayores negocios gubernamentales, como mas UPC, mas policías, mas armas, mas tecnología para vigilar a los ciudadanos. Para defender al ser humano y no los negocios especulativos-financieros, la Junta Bancaria debe revocar la autorización de funcionamiento del Banco Pichincha, facilitador del narcotráfico en reiteradas veces.
Si el Presidente considera que la aplicación de la ley puede generar inestabilidad política, debe estatizar el Banco Pichincha reconociéndole el valor real de sus activos, para evitar su cierre.
El Estado tuvo que asumir una pérdida de más de veinte mil millones de dólares para salvar a un grupo de pillos banqueros, ¿Por qué no puede adquirir el Banco Pichincha para salvar a la sociedad ecuatoriana?
Con una inversión necesaria que haga el Estado, de doscientos millones de dólares, que sería el accionariado de Fidel Egas en el Banco Pichincha Ecuador, podría disminuir el narcotráfico.
Con poco dinero un gran beneficio. La peste culminaría una vez exterminada la rata. El gobierno «socialista» daría una demostración de profundizar su revolución, sin balas ni botas, sino con inteligencia.
Luis Torres Rodríguez. Autor del libro: «Fidel Egas Grijalva, quiebras y corrupción en el Ecuador».
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