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La posibilidad de reelección presidencial y la consulta popular profundizarían la democracia en Ecuador

Fuentes: Rebelión

Actualmente hay un debate sobre si la ampliación de la posibilidad de reelección presidencial es una forma de coartar la democracia o es una forma de profundizar la democracia. En este artículo quisiera añadir algunas ideas a este debate. Este artículo argumenta que el sistema político ecuatoriano avanza ampliando la posibilidad de la reelección presidencial. […]

Actualmente hay un debate sobre si la ampliación de la posibilidad de reelección presidencial es una forma de coartar la democracia o es una forma de profundizar la democracia. En este artículo quisiera añadir algunas ideas a este debate. Este artículo argumenta que el sistema político ecuatoriano avanza ampliando la posibilidad de la reelección presidencial. Esta medida, sin embargo, debe ser tomada después de una consulta popular. 

Antes de entrar en materia más interesante, vale señalar aquí por qué me parece falsa la idea popular de que: ya que la alternabilidad en sí es buena, es necesario prohibir la reelección. Primero, vale notar que la alternabilidad significa que los líderes se puedan cambiar. Esto no es afectado por que las personas encuentren entre sus opciones de voto a alguien que ejerce el cargo para el periodo anterior. De todas maneras, el pueblo puede cambiarlo votando por alguien más. Otra cosa es que se obligue a cambiar de representante, algo más útilmente denominado «alternancia». Lo realmente bueno, no es la alternancia, sino que diferentes personas puedan ser electas por el pueblo si el pueblo las considera agentes de su emancipación, y que el sistema político esté diseñado para que esta consideración del pueblo sea confiablemente alcanzada. La alternancia se logra cambiando de dictador cada año, sin necesidad de elecciones. Escasamente puede ser ésta una base de la democracia.

El mapa político del mundo se volvió mayoritariamente de democracias representativas electorales el siglo pasado. El fundamento teórico de este sistema político es que brinda mejores resultados, en términos de obtener los fines de la comunidad política (el «bien común»), ya que la mayoría de nosotros no tenemos el tiempo, la información ni las aptitudes para decidir directamente sobre todas las cuestiones políticas y por lo tanto es necesario escoger delegados autorizados para refinar y expandir los criterios inmediatos de la comunidad que representan.

En teoría, los representantes electos tienen el incentivo de actuar en función del interés común, ya que es de esa manera que pueden ser electos y reelectos, ya que si no lo hacen, los votantes los responsabilizan votando por otras personas. En perspectiva global, los sistemas políticos de democracia representativa electoral, varían sobre si su jefe de Estado, incluyendo el presidente, son reelegibles indefinidamente como en España, o no lo son como en EE.UU. Y las mejores personas para este cargo, en teoría, se escogen por elecciones justas, libres y competitivas.

En la práctica se puede cuestionar que las elecciones sean realmente justas, libres y competitivas, y por lo tanto, se pone en duda la integridad del sistema cuyo fin es buscar el bien de la comunidad política en su totalidad. Se puede por ejemplo ver que un sistema donde es un requisito tener donaciones multimillonarias de agentes privados para ganar una elección, como lo es en EE.UU., solo va a generar ganadores que hayan pasado por el filtro de los intereses del gran capital, el cual tiene intereses muy distintos a la mayoría de la población. Por esto, se justifica poner restricciones sobre el financiamiento político de candidatos.

O podemos ver que en Haití, donde hubo elecciones en el 2000, el candidato de Fanmi Lávalas, Bertrand Aristide, fue electo por una gran mayoría (91%), pero un golpe de Estado promovido por EE.UU. lo derrocó en el 2004, y se eligió a Michel Martelly en el 2010. Esto lo logró, en parte porque se prohibió la participación de Aristide y del partido más popular (Fanmi Lávalas). Escasamente puede contar como una elección justa, libre y competitiva de representantes democráticos. Escasamente por lo tanto se puede esperar que velen por el bien común de la comunidad política. Por este tipo de situaciones, se justifica que el gobierno no pueda negar arbitrariamente la participación de candidatos con gran aceptación.

La posible justificación para prohibir la posibilidad de reelección ampliada es que los titulares electos de puestos políticos tienen ventajas sobre otros candidatos, y esto pesa contra la justicia, libertad y competitividad del sistema de representación política. El costo teórico de instalar esta restricción es que se quita un incentivo institucional en la base del sistema: que los representantes busquen hacer bien su trabajo para que el pueblo los vuelva a elegir y no elijan a alguien mejor en vez. Por supuesto, un buen gobernante, no gobierna bien solo para que lo elijan, pero esto sí es un aspecto de la estructura de incentivos que fundamenta el sistema democrático electoral. Es por la estructura de incentivos que supuestamente la democracia representativa electoral tiene, que se impulsa el bien común. Prohibir la reelección es por lo tanto, un costo importante para la democracia, aunque en teoría la alternativa de permitir la reelección es más grave.

Sin embargo, este no es el problema del Ecuador. Si algo, los titulares de la presidencia en Ecuador han tenido una desventaja respecto a otros candidatos, ya que en Ecuador el promedio de tiempo que dura un jefe de Estado en el poder desde el comienzo de la república en 1830 es menos de dos años, más corto que un periodo constitucional. En los diez años antes de la elección de Correa, la duración de los jefes de Estado era en promedio un año. Así que, en Ecuador, ya que no hay ventaja para el titular de la Jefatura de Estado, no está justificado pagar el costo de reducir las opciones políticas ni de quitar los incentivos institucionales en las bases del diseño de la democracia. Así, si el jefe de Estado está haciendo un excelente trabajo en avanzar el bien común y el pueblo juzga que ningún otro candidato lo haría mejor, no se le quita esta opción, tan difícil de encontrar. Negar esta opción en Ecuador iría en contra de la justicia, libertad y competitividad de las elecciones. También iría en contra del interés fundamental de este sistema: el bien común.

Sin embargo, la integridad del sistema democrático electoral se basa en que los candidatos cumplan sus plataformas electorales. Antes de la elección de Correa y la gran mayoría de su partido en el parlamento en el 2013, estos candidatos negaban fuertemente la ampliación de la posibilidad de reelección. El bien común de la comunidad es más confiablemente alcanzado si los representantes actúan en función de sus plataformas políticas. Si ahora abogan por cambiar esta postura, acertadamente, lo correcto y democrático es que le consulten al pueblo soberano que les autorizó gobernar bajo otra postura.

Ricardo Restrepo, PhD, Profesor IAEN

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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