Juan Guaidó, el “presidente interino” made in Washington, ya no le sirve a EE.UU., por lo que le lanzó al “basurero” y se acercó al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, obligando a los partidos de la oposición a eliminar el ficticio mandato en lo que fue quizá el mayor fracaso político de la injerencista política estadounidense para la región.
La oposición aprobó este jueves el proyecto presentado por Un Nuevo Tiempo (UNT), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD) que busca eliminar el ficticio gobierno que encabezara el “presidente interino” Juan Guaidó desde enero de 2019, que de inmediato fue reconocido por Washington, que empezó a endurecer su campaña de presión contra el gobierno constitucional para derrocarlo e incluso amenazó a Venezuela con una intervención militar. Amenaza, vale recordar, mantiene hasta hoy.
Los diputados de los tres partidos más numerosos de la oposición -Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT)-. consideraron que tras cuatro años de su proclamación, el mecanismo se debilitó sin lograr los objetivos de cambio político planteados: “No se ha alcanzado los objetivos de liberación esperados y el país reclama nuevos caminos que nos lleven hacia la democracia”.
Al proclamar el cese de Guaidó, señalaron que el vasto apoyo internacional con el que contó en su proclamación en 2019 mermó radicalmente: Estados Unidos sigue siendo su principal aliado, pero en el camino perdió el respaldo de países como Argentina, México, Perú y, más recientemente, Colombia. Maduro, en cambio, siempre mantuvo el control del poder.
“Cada vez son menos (países), en primer lugar, porque hay gobiernos que han cambiado desde el punto de vista ideológico, pero también hay gobiernos que ya ven que esta estrategia se ha agotado y que hoy, a pesar de que siguen desconociendo a (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro, no siguen respaldando (a Juan Guaidó)”, dijo el exdiputado opositor Alfonso Marquina en una rueda de prensa.
La propuesta fue aprobada con 72 votos a favor durante una reunión virtual. Unos 104 parlamentarios electos en 2015, cuyo período venció en enero de 2021, se reunieron para decidir en torno a la eliminación de la «presidencia interina» o su continuidad por un año más. La propuesta presentada por Guaidó, que buscaba prorrogar el mandato por un año más, hasta el 4 de enero de 2024, solo obtuvo 23 votos a favor.
Marquina, a cuenta de 69 de los 112 parlamentarios elegidos en 2015 que respaldaron a Guaidó, anunció la decisión de eliminar del todo el interinato, salvo tres instancias para tratar tema de los activos en el exterior, los de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), así como la del Banco Central de Venezuela (BCV). O sea quieren seguir adueñandose de los recursos del Estado venezolano, con la complicidad de Washington y la Unión Europea.
Los voceros de tres de los cuatro principales partidos de la alianza opositora Plataforma Unitaria buscan reemplazar a Guaidó con una comisión de cinco miembros designados. Guaidó se autoproclamó el “presidente encargado” de Venezuela en enero de 2019 con el apoyo del entonces presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, quien encabezó una ofensiva para derrocar a Maduro, a quien bombardeó con sanciones, incluido un embargo petrolero.
Tras el intento de magnicidio contra Maduro de agosto de 2018, al estallar drones armados con explosivos durante un desfile militar en la Caracas, The New York Times reveló detalles de una nueva conspiración contra el gobierno venezolano: funcionarios de EEUU mantuvieron reuniones secretas con oficiales militares venezolanos para intentar un golpe de Estado. Poco después llegó el “nombramiento” de Guaidó.
Pese a apoderarse ilegalmente de millones de dólares de bienes y activos de Venezuela congelados en EEUU y de una gran reserva de oro depositada en bancos británicos, el dirigente golpista pasó los últimos cuatro años sin poder real y cada vez con menos apoyo internacional, sacudido por un sin número de escándalos de corrupción.
Guaidó y su entorno, más divididos que nunca, son ahora una de las figuras más odiadas incluso entre los partidarios de la oposición venezolana y ya no lo abraza ningún presidente de la derecha regional. El fin del interinato y la expulsión de Guaidó del liderazgo de la oposición, son, de hecho, un reconocimiento de derrota por parte de la derecha proestadounidense y constituyen una victoria para Maduro y los bolivarianos.
El opositor Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, reclamó el fin del llamado gobierno interino de Juan Guaidó, al considerar que es una “política que fracasó” y se convirtió en un sistema que beneficia a un puñado de dirigentes y no a los ciudadanos, e instó a los parlamentarios opositores a que “no se dejen chantajear, ya basta de ese modus vivendi”,
Nicolás Maduro ya había denunciado que el gobierno de Estados Unidos entregó más de 150 millones de dólares a las mafias de la derecha venezolana, rubro procedente del dinero congelado y secuestrado en las reservas federales estadounidenses y los bancos internacionales.
“Se habla de entre 1200 a 1700 millones que entregó el Gobierno de Donald Trump a la derecha trumpista–guaidosista […], pero, ahora, no sólo eso, del dinero congelado, secuestrado a Venezuela en los bancos del mundo y en la reserva federal de Estados Unidos están sacando el dinero para entregárselo a estas mafias de la derecha”, para financiar la guerra política, psicológica y mediática contra Venezuela, orquestada por la Casa Blanca en coordinación con grupos de la oposición.
La figura del gobierno interino había creado grandes fisuras desde hace meses dentro de la oposición que, de hecho, ya llamó a celebrar primarias en 2023 para elegir a un candidato único que enfrente a Maduro en las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Mientras, el Gobierno de Venezuela rechazó la “ley Bolívar” aprobada por el Senado de EE.UU., que prohíbe a las agencias federales hacer contratos con empresas en cualquier parte del mundo que tengan negocios con entidades del Estado venezolano, y advirtió que se busca dinamitar la ruta de diálogo entre ambos países y hacer irreversibles las sanciones.
*Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)