La operación Lava Jato (una gigantesca operación de investigación anti-corrupción que ya lleva tres años de funcionamiento), llevada a cabo por una Fuerza Tarea basada en Curitiba (capital del estado de Paraná, región Sur de Brasil) y subordinada al Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4, con sede en Porto Alegre y con jurisdicción […]
La operación Lava Jato (una gigantesca operación de investigación anti-corrupción que ya lleva tres años de funcionamiento), llevada a cabo por una Fuerza Tarea basada en Curitiba (capital del estado de Paraná, región Sur de Brasil) y subordinada al Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4, con sede en Porto Alegre y con jurisdicción en los estados de la Región Sur del país), tiene una dimensión que supera, y mucho, las fronteras de Brasil. La lógica es bastante simple en los efectos, pero tiene cierta complejidad para el pensamiento crítico.
El mimetismo institucional y la idealización del liberalismo conservador anglo-sajón
Insisto que la operación Lava Jato trae en su génesis, además del Proyecto Puentes (una operación de tipo corazones y mentes desarrollada por el Departamento de Estado desde febrero de 2009 y ya muchas veces denunciado y que puede ser leído en la integra en este link: http://migre.me/wi7de), también a una idealización del sistema político, pero en especial del sistema jurídico de los países anglo-sajones. Consigo hacer un perfecto paralelo al que tanto es criticado en la ciencia política como «transitología», donde el pacto de salida del régimen franquista (el llamado Pacto de la Moncloa), afianzado por el profesor Juan José Linz (español, ex asesor del gobierno Suárez y uno de los gurúes de Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil) se hube dado sin incluir una dimensión distributiva de poder y recursos, y, obviamente, subordinando la rebelión de base juvenil y sindical en el Estado Español. La idealización de una transición institucionalista casi mató la legitimidad de la politología brasileña y, veo el mismo ocurrir dentro de los aparatos jurídicos y coercitivos de Brasil post-lulista. Sin ninguna exageración hago esta afirmación tomando por referencia al siguiente comunicado, cuyo origen es el sitio oficial de la Fiscalía brasileña, dedicado a difundir los méritos de la operación Lava Jato:
«Proyecto con Reino Unido: ‘Diálogos como este (el Seminario Reino Unido-Brasil: Diálogos sobre Corrupción, Proceso Penal y Cooperación Jurídica Internacional, realizado en el Ministerio Público Federal del Paraná en el jueves 16 de marzo y viernes 17 de marzo de 2017) son importantes para conocer buenas prácticas y estrategias de persecución criminal bien sucedidas en otros países. Brasil ha recibido la influencia de instituciones jurídicas británicas hace muy tiempo, tal vez desde el Código de Proceso Penal del Imperio. El jurado, el sistema de acusación y el debido proceso legal surgieron o fueron consolidados en aquel país. Ciertamente habrá otras lecciones a aprender para que tengamos un sistema procesal verdaderamente garantista, bajo la inspiración del país donde fue promulgada la Magna Carta hace más de 800 años. El tratamiento de ciertos temas en Inglaterra podrá sorprender aquellos que resisten a la evolución del proceso penal brasileño», destacó el procurador Regional de la República Vladimir Aras, secretario de Cooperación Internacional de la Fiscalía General – PGR’.» (ver http://lavajato.mpf.mp.br/todas-noticias)
Para estos cruzados las metas son tangibles. Mimetizando un sistema jurídico (al menos en sus prácticas procesales e investigativas) e idealizando un Estado liberal conservador, es de la naturaleza de la colonización ingresa verificar en el deplorable arreglo Estado, oligarquías políticas y los capitales familiares de base nacional, como el eje de los males de la «corrupción». Esto ocurriría en el piso de cima, en el topo de la pirámide social; la contrapartida en el piso de abajo sería un bloqueo en el sistema político, donde la oferta de partidos no consigue superar la mejoría material proporcionada por el crecimiento económico a través de un liderazgo popular y su herencia política. Equivocadamente llaman a ese fenómeno de «populismo» (algo que el lulismo nunca fue y jamás quiso ser) y alinean a todas las prácticas asemejadas de gobiernos como aliados del país líder del Continente. Es en contra este fenómeno, esta tentativa de crecimiento pactado, que se movilizan recursos de vertientes diversas, tuteando como fuerza política de sustentación para desmontar las capacidades del Estado brasileño en organizar un crecimiento capitalista.
Siempre afirmé que los gobiernos de Lula y Dilma no fueron siquiera populistas – caso fueran no habría caído el gobierno de la presidenta, o al menos, cobraría un precio elevado por esta derrumbada – y presentarían la mejor salida para domesticar la inserción social de las izquierdas y apuntar la proyección de poder del país en el Sistema Internacional (SI). Refuerzo a la idea: no estoy de acuerdo ideológicamente con el pacto de élites, y desconfío profundamente de cualquier proceso donde las mayorías organizadas no sean protagonistas. Pero, a la vez, observo que la hegemonía más a la derecha internaliza los intereses externos y ve con extrema desconfianza todas las vías latino-americanas (tal como ocurrió con el Pacto Argentina, Brasil y Chile, ABC, durante el gobierno electo de Vargas y el periodo peronista,en la primera mitad de la década de ’50 del siglo XX). Para el cálculo conservador (y en alianza subordinada al imperialismo), no basta frenar la lucha popular con un liderazgo de coalición. Es preciso destruir las bases productivas y la capacidad instalada de cualquier anhelo de potencia mediana de Brasil y su consecuente liderazgo entre los países hermanos.
El crecimiento económico del lulismo y la coherencia interna para la proyección de poder
Durante los gobiernos del ex-presidente Lula (2003-2010) y en el gobierno y medio de la ex-presidenta Dilma (2011-2016), Brasil ejerció – con variaciones de intensidad – una política externa asertiva y con una línea diplomática bastante alineada con la primera. Así, hubo un buen nivel de coherencia interna en algunos sectores de primero, segundo y tercero escalón del Estado brasileño, en consonancia con el capital nacional (basado en controles familiares y pocas especialidades) y también con las transnacionales aquí instaladas. Luego, los fundamentos de un crecimiento económico en país de capitalismo tardío y de la casi periferia fueron cumplidos. Resalto que no me refiero al desarrollo, pues este implicaría adentrar en áreas donde el capitalismo nacional no estuviera presente (antes de 2002), como en el avance de los petroquímicos de modo a no depender de insumos y venenos transgénicos y así quemar cerca de 20% de las ganancias con el agro exportador en pago de royalties para empresas como la Bayern.
No fue eso lo que ocurrió en Brasil, pero las prácticas de crecimiento pactado y coherencia interna crearon posibilidades concretas de excedentes de poder. Tales excedentes se materializaron con inversión en diplomacia presidencial y mucha agresividad comercial (además de la excelencia de los diplomáticos de carrera y apertura de nuevas embajadas), todo esto concatenado con factores externos (tanto regionales como globales), dando oportunidad para una ventana de oportunidad debidamente aprovechada por la aparente conciliación de élite dirigente y clase dominante brasileña.
Brasil, por sus dimensiones continentales, capacidad instalada y proyección a través de América Latina y Atlántico Sur, caso ejerza ajustes internos y consiga algún consenso en la hegemonía dominante (como un proyecto de capitalismo nacional donde la base de la pirámide social consiga vivir en niveles medianos), tiene las condiciones básicas tanto para el crecimiento como para el desarrollo (ya aquí marcadas las diferencias), con la respectiva expansión de excedentes de poder. Las elecciones del lulismo llevaron al crecimiento a partir de las capacidades existentes (sin intentar alterar los fundamentos ya instalados en grado de competitividad internacional) y en el ajuste Estado-Empresa. De ahí el empleo vulgar de los términos como Bismarckismo Tropical, Campeones Nacionales y Paquete de Bondades para el Empresariado tener sentido y relevancia. Junto al banco de fomento (BNDES, el Banco de Desarrollo del Estado Brasileño) y la real cualificación de algunos oligopolios nacionales, con el liderazgo incontestable de la construcción pesada y del complejo de óleo y gas, nuestro país tuvo una expansión sin precedente del capitalismo más allá de las fronteras.
Destruir la proyección de poder en Brasil en América Latina: un objetivo permanente
El proceso de internacionalización de empresas sin pérdida de control decisorio dentro del Consejo de Administración es un paso obligatorio para cualquier Estado que quiera disputar espacios en el Sistema Internacional. Dentro del SI, buscar una mejor posición en la perversa División Internacional del Trabajo (DIT), controlando Cadenas Globales de Valor y orientando inversiones, es el camino más apropiado en la proyección de poder del país líder y sus asociados. Fue justo eso lo que ocurrió en Brasil y de aquí para Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador y Cuba, dentre otros países latino-americanos. Expansión semejante, pero con un grado mayor de dependencia – casi absoluta – se dio en las inversiones brasileñas en países de África.
Infelizmente, es preciso constatar que la naturaleza de las prácticas políticas y empresariales en nuestros países bajo los gobiernos de centro-izquierda, no fue alterada sustantivamente. Así, condiciones de privilegios, accesos diferenciados a los nichos de poder (barrera a la entrada político-institucional y también técnico-científica), indicaciones de puestos-clave en función de intereses partidarios, usos de fondos no declarados para financiación de campañas y lavado de dinero para fines de enriquecimiento ilícito, habrían sido (son) abundantemente practicadas. Tales prácticas serían – fueron – corrientes tanto en Brasil como en los países que recibieron inversiones brasileñas, con especial atención para Odebrecht y Petrobras. Hasta aquí tenemos un hecho casi incontestable. Ahora entramos en terreno más pantanoso.
Por los datos divulgados en el portal de la Procuradoria General de la República, Fiscalía General de Brasil (ver: http://migre.me/wcyza), la operación Lava Jato habría realizado hasta abril de 2016, 91 pedidos de acuerdos de cooperación legal para 28 países. En el momento de la publicación del documento, había 13 pedidos más de cooperación destinados a otros 11 países. Con excepción de los Estados fiscales de combate el lavado de dinero y ejercicio de supremacía en escala global (cómo Estados Unidos y países europeos), los demás países además de cooperar en el nivel legal también recibieron inversiones de empresas brasileñas. Como estamos observando investigaciones y narrativas de criminalización de los actos de gobierno que firmaron contratos con Odebrecht en escala latino-americana, luego, llegamos a la conclusión que tenemos el excedente de poder capitalista ejercido pelo Brasil también siendo visto bajo sospecha.
Considerando que hay un enorme desgaste – merecido por señal – tanta de las oligarquías políticas como de las fracciones de clase dominante aún detentoras de capital en América Latina, luego, la sospecha refuerza tesis que van al encuentro de ideas transnacionales (cómo las propaladas por la mega ONG Transparencia Internacional). La lógica de tan simple, es casi caricata. Las carreras de Estado de procuradores, fiscales, magistrados y autoridades de las carreras jurídicas y policiales tienen una apreciación cada vez mayor en nuestros países, inversamente proporcional al decadente aprecio de las élites tradicionales. Así, al seguir los pasos de la operación Lava Jato, los correspondientes aparatos de Justicia del Continente terminan por ayudar a deslegitimar la actuación de las oligarquías políticas ascendentes – incluyendo los liderazgos más radicalizados, como las «bolivarianas» – y se legitiman cómo tecnócratas esenciales para asegurar la punición a los crímenes de élite.
La nueva colonialidad
Si fuéramos observar a la criminalización de la política en los países vecinos, veremos una reproducción casi idéntica al ocurrido en Brasil. Por un lado, es justificada la enorme desconfianza de la población para con los oligarcas, empresarios e incluso los «bien intencionados» políticos de centro-izquierda. Por otro lado, no hay democracia de masas que se sostenga en una legitimación de profesionales de carrera con sentido de pertenencia transnacional, ideológicamente vinculados al liberalismo conservador propagado mundialmente por los EEUU. El labirinto está montado y las trampas existen en cada uno de los atajos. Nuevamente repito el obvio: la salida de América Latina está en el propio Continente y nunca en idealizaciones mimetizadas de un sistema jurídico como forma de regulación de los conflictos en Estados Liberales Conservadores de base anglo-sajona. Como afirma Aníbal Quijano, seguimos reproduciendo a la colonialidad del poder; pero esta vez con el ascenso autónomo del estamento togado en nuestros países.