En abril 2009 Correa fue electo como Presidente con 52% de los votos luego de más de dos años de su primera elección y en medio de una intensa confrontación con la derecha -que obtuvo casi 39% de apoyo entre Gutiérrez y Noboa. En esos días, Correa contaba con una aceptación popular que superaba el […]
En abril 2009 Correa fue electo como Presidente con 52% de los votos luego de más de dos años de su primera elección y en medio de una intensa confrontación con la derecha -que obtuvo casi 39% de apoyo entre Gutiérrez y Noboa. En esos días, Correa contaba con una aceptación popular que superaba el 63% según diversas encuestas. Semejante apoyo de la opinión pública no pudo, entonces, ser transformado en similar volumen de respaldo electoral. Sucede que entre el «apoyo a la gestión» o la «credibilidad del político» -asuntos de los que suelen ocuparse las encuestas- y el voto ciudadano median una diversidad de factores propios de la coyuntura y del peso específico de las campañas electorales que vuelven inviable cualquier intento por traducir ‘buenos porcentajes’ en ‘votos reales’. Lula tenía más del 80% de popularidad cuando la candidata de su partido se presentó a las presidenciales del 2010: Dilma apenas obtuvo 46% de los votos en el primer turno. Comprender la política solo desde las encuestas conduce a múltiples espejismos.
Es en torno a esa votación de 2009 -en la que el voto por Correa tampoco fue transferido hacia su movimiento político: Alianza País (AP) obtuvo solo 47% de la votación en el legislativo- que debe interpretarse el vigente proceso electoral. Si luego de los avatares de cuatro años de gobierno y la pérdida de diversos aliados, las tesis del gobierno en la consulta del 7 de mayo consiguen obtener un apoyo global que se sitúe entre el 50 y el 55% de los votos, el escenario político no se habrá modificado. La base de apoyo popular al proceso seguirá luciendo sólida y las deserciones en el campo de la Revolución Ciudadana podrán ser relativizadas. A la vez, el bando del NO -en el que se confunden derecha, garantismo y cierta izquierda con similares imaginarios liberales anti-estatistas- podrá orbitar en torno al 40% de Gutiérrez y Noboa. Resta por ver si los distintos segmentos que se oponen a la consulta serán capaces de ir más allá de la cómoda campaña negativa para proyectarse como reales actores políticos de anclaje nacional.
De todos modos, los resultados siguen abiertos. No solo que el nivel de indecisos es aún elevado sino que se trata de una campañ a sui géneris en la que las regulaciones del CNE han desinflado las capacidades publicitarias de todos los actores. Ello ha repercutido sobre todo en el gobierno. Sin todo el peso de su principal recurso de movilización, los medios, el oficialismo pierde pista. Puede ser incluso que eche en falta no haber invertido antes mayor esfuerzo en la construcción de una organización política más consistente. La hipertrofia del marketing puso siempre en segundo plano la tarea de estructurar el movimiento. De lo que hagan los militantes, las organizaciones cercanas y los simpatizantes de AP -y de las demás fuerzas progresistas- en la recta final de la campaña dependerá, en cualquier caso, no solo el balance final de esta nueva contienda electoral sino el lugar que la acción política colectiva y organizada pueda ocupar en el futuro inmediato en el proceso democrático ecuatoriano.
Franklin Ramírez Gallegos: profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador.
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