La indigencia del movimiento sindical brasileño duele. Después de haber sido protagonista de momentos históricos importantes como la participación en el derrocamiento de la dictadura militar al fin de los años 70, hoy, bajo la batuta del ex líder sindical Luis Inácio lo que se ve es la completa capitulación de los trabajadores a una […]
La indigencia del movimiento sindical brasileño duele. Después de haber sido protagonista de momentos históricos importantes como la participación en el derrocamiento de la dictadura militar al fin de los años 70, hoy, bajo la batuta del ex líder sindical Luis Inácio lo que se ve es la completa capitulación de los trabajadores a una razón de estado. Por eso no sorprendió el hecho de que el Proyecto de Ley 1990/2007 haya sido aprobado por el Congreso Nacional sin que se oyera ninguna protesta por parte de los principales líderes nacionales.
El proyecto, que es el resultado de una Decreto del Ejecutivo después de haber sido discutido con trabajadores y empresarios, todos juntos, sentados a la misma mesa, en consenso habermasiano – define, delimita y establece reglas para la existencia de las Centrales Sindicales. O sea, décadas después que Getulio Vargas pusiera su mano paternal sobre los trabajadores, creando los sindicatos conectados al Estado, vivimos un nuevo momento de unión al Estado-padre, esta vez propuesto por un hombre que fue de las más importantes figuras de la vida sindical brasileña que siempre se consideró opuesta al modelo de Vargas.
Eso no sería sorprendente si se considera que el rumbo que Luis Inácio le dio a su gobierno desde el primer mandato, cuando realizó una contrarreforma jubilatoria que les saca derechos a los trabajadores y les presentó a los viejos de Brasil la «increíble» posibilidad de la jubilación privada a través de los Fondos de Pensión, cuidadosamente comandados por otros ex militantes de la lucha sindical. Lo que causa asombro es ver al movimiento sindical, en su enorme mayoría, aceptando todo ese proceso, y lo que es peor, luchando por él.
El primer elemento a tener en cuenta es el hecho de que los trabajadores hayan aceptado discutir sus formas de organización con el gobierno y los empresarios. Ora, ¿alguien por ahí ya escuchó hablar de entidades patronales sentadas con los trabajadores para decidir cómo van a promover la contención de sueldos o las estrategias que adoptarán para cohibir las huelgas y movilizaciones? Pues, en el Brasil de Luis Inácio eso les fue propuesto a los trabajadores. Sentarse con los empresarios para discutir cómo los trabajadores se pueden organizar. Eso fue hecho en el Foro Nacional del Trabajo, una verdadera excrescencia desde el punto de vista de la autonomía y de la emancipación de los trabajadores.
Esa conversación alucinada entre patrones, trabajadores y gobierno, al mejor estilo de la conciliación de clases, fue gestando un monstruo que recibió el nombre de Reforma Sindical. Pero como siempre sucede existen personas o pequeños grupos que logran, de algún modo, darse cuenta de que el rey está desnudo. Y estos abrieron la boca. Fueron muchos los debates, seminarios y protestas que esta minúscula parcela de trabajadores que cree en la capacidad que ellos mismos tienen para decidir sus formas de organización lograron realizar. Ese griterío, aunque de una minoría, hizo que el gobierno cambiase sus tácticas. La tal «reforma» no apareció completa, se va haciendo de a poco, con pedazos de ley aprobados aquí y allí, cambiando totalmente la configuración de la organización laboral en Brasil. Esa colcha de retazos que se va conformando despacio hace mucho más difícil la lucha y, a causa de eso, los trabajadores van perdiendo cada día más su autonomía.
En noviembre del año pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que legalizaba las Centrales Sindicales. ¿Y eso qué significa? Que ahora, las Centrales tendrán la prerrogativa de actuar jurídicamente contra medidas que juzguen desfavorables a los trabajadores. Son, por lo tanto, entidades jurídicas, com registro, etc…, ¡OFICIALES! La pregunta que resta es la siguiente: ¿y desde cuándo los trabajadores organizados precisan de autorización, dentro del orden, para discordar de cualquier medida que sea contra sus intereses? Eso es surrealista. Las centrales entendieron que es en el marco de la justicia burguesa que se van a definir las luchas obreras. ¡Patético! Alcanza con ver el proceso acelerado de criminalización de los movimientos sociales que vivimos en toda América Latina y principalmente en Brasil.
Pero, por si fuera poco, los senadores decidieron condimentar aún más la cuestión y le agregaron algunas enmiendas a la ley que terminaron siendo aprobadas el último día 11 de marzo, otra vez sin ninguna protesta de los trabajadores. Al contrario. Contaron con el apoyo de todas las centrales legalizadas, inclusive la CUT, principal defensora de esta idea.
Pues y ahora, las Centrales Sindicales, en una decisión tomada en conjunto con los patrones, ya tienen sus reglas para existir. Así, para ser reconocidas por los patrones y los gobiernos deben presentar los siguientes requisitos: tener más de 100 sindicatos afiliados, con presencia en las cinco regiones del país, tener el 5% del total de los trabajadores sindicalizados en el país, tener la presencia de sindicatos en por lo menos cinco sectores de la actividad económica y afiliación, por lo menos, en tres regiones del país, con más de 20 sindicatos cada una. Sigue valiendo el impuesto sindical compulsivo que descontará el 3,3% de los salarios de todos los trabajadores, sindicalizados o no.
También se decidió como será distribuido este dinero que las Centrales van a recaudar: 10% va para la Central a la cual está afiliado, 60% va para el sindicato, 15% para la Federación, 5% para la Confederación y 10% para la cuenta salario-desempleo, un programa del Ministerio de Trabajo. O sea, además de tener que aportar obligatoriamente para la Central y todo lo demás, el trabajador todavía va a tener que financiar su seguro de desempleo. Nada podría ser más perfecto.
Pásmense, la ley garantiza a los trabajadores el derecho de participar de los foros, colegiados de órganos públicos y demás espacios de diálogo social que posean composición tripartita, en los cuales estén en discusión los intereses de la clase. Esto significa que ahora sí. Los trabajadores van a poder sentarse con los empleadores a decidir como van a ser mejor explotados. Es, sin duda, la perfección del orden. Autorizados, inclusive jurídicamente, los trabajadores, desde que cumplan las determinaciones del gobierno y de los patrones, podrán, organizadamente, protestar. Todo con el mayor diálogo, respetuoso y legal.
Las preguntas que me asombran son simples: ¿alguien por ahí cree en Papá Noel? ¿Cuándo en la historia de las luchas de los trabajadores fue necesario estar encuadrado en el orden para hacer reivindicaciones? ¿Quién precisa de legalizaciones para luchar por sus intereses? ¿Por qué el movimiento sindical acepta el antipolítico impuesto sindical? ¿Cómo puede aceptar reglas impuestas por los patrones y el gobierno sobre como debe conducir su lucha?
Por eso me refiero a indigencia. Nunca estuvimos tan mal en términos de líderes sindicales. Nunca hubo tanto vacío, ni cuando líderes populares, urbanos y campesino caían como moscas bajo las botas de la dictadura. Nunca hubo tanta capitulación, en tiempos así, de «democracia». El hecho es que el gobierno de Luis Inácio viene logrando conquistas para el modo de vida neoliberal, bastante mayores que lo que cualquier gobernante de derecha logró alcanzar. Luis Inácio engorda a los banqueros, triplica la deuda interna, apoya el agro-negocio, liberaliza los transgênicos, fomenta los Fondos de Pensión, incentiva el uso de préstamos bancarios endeudando a los trabajadores y, ahora, logra su acto más monumental. Coloca, con pompa y circunstancia , el cabestro firme en la boca de las entidades sindicales. Y bajo el aplauso de los trabajadores. ¡Hay que sacarse el sombrero ante un gobierno de estos!
Ahora solo hay que esperar la proliferación de Centrales Sindicales, loquitas para crear sus fondos, sus máquinas burocráticas y los vampiros de la clase trabajadora. El dinero va a entrar tranquilo por vía del impuesto sindical, no hay que conquistar a nadie a través del debate, de la discusión, de la política. Falta saber si los trabajadores van a permanecer amarrados a las vísceras o si, en un rasgo de claridad, van a detectar la carnada en todo esto.
La clase trabajadora no necesita permiso, reglas o autorizaciones para luchar por sus derechos y para buscar sus sueños. La clase trabajadora, unida, puede construir el mundo nuevo, inventando nuevos órdenes y nuevas maneras de organizar el mundo. La clase trabajadora no necesita tutela. Ella es autónoma, soberana y libre. Y habrá de llegar el día en que eso será demasiado obvio…
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Elaine Tavares es periodista en Instituto de Estudios Latinoamericanos/ Brasil.
Traducción: Raúl Fitipaldi de América Latina Palavra Viva.