«Alerta social» era el título de un reciente editorial (20 de julio) de El País. En este editorial se recuerdan algunos datos de un estudio reciente del Banco de España -como también los han realizado los sindicatos, muchos departamentos de universidades y algunos centros de estudios- acerca de la cada vez más preocupante situación laboral […]
«Alerta social» era el título de un reciente editorial (20 de julio) de El País. En este editorial se recuerdan algunos datos de un estudio reciente del Banco de España -como también los han realizado los sindicatos, muchos departamentos de universidades y algunos centros de estudios- acerca de la cada vez más preocupante situación laboral y social de las personas jóvenes en el reino de España. También comenta este editorial otra evidencia constatada repetidamente: no solamente la preocupación al respecto es exclusiva referida a las personas jóvenes. Se dice textualmente:
«[L]a precariedad se está convirtiendo en el modo de operar habitual entre los ofertantes de empleo. Este fenómeno, socialmente muy grave, se manifiesta en que la contratación de mala calidad, temporal y a tiempo parcial, sigue aumentando a pesar de que la economía española ha vuelto a la senda del crecimiento y en la resistencia explícita de los grupos empresariales y lobbies afines a modificar la reforma laboral de Rajoy»-
Es decir, se constata lo que desde hace años y desde distintos ámbitos sociales se repite: desde las políticas de austeridad impuestas por la Unión Europea ya al inicio de la crisis rápidamente acogidas por el gobierno español del PSOE en mayo de 2010, y luego entusiásticamente seguidas y aumentadas por los gobiernos del PP, las condiciones de existencia material, o de vida y trabajo si se quiere, de la mayoría de la población no rica han empeorado.