Erik Olin, pensador de la utopía, escribió en su esclarecedor ensayo «Los puntos de la brújula» que la clave para saber si se es conservador o de izquierda está en orientarse, definir -como con una brújula- un norte. El norte es lo que Olin llama «el poder popular», por oposición al poder del mercado (privado […]
Erik Olin, pensador de la utopía, escribió en su esclarecedor ensayo «Los puntos de la brújula» que la clave para saber si se es conservador o de izquierda está en orientarse, definir -como con una brújula- un norte. El norte es lo que Olin llama «el poder popular», por oposición al poder del mercado (privado e individual), y al poder estatal (burocrático y que representa un grupo de interés), ambos son depredadores, acumuladores de riqueza, y explotadores. En el Ecuador, el presidente Rafael Correa ha justificado la reforma constitucional sobre la reelección indefinida bajo la premisa de que existe una «restauración conservadora», a la que presentan como una amenaza para el país, para el gobierno y para la democracia. Pero algunas políticas del Gobierno nacional no fortalecen el poder popular -lo que nos llevaría hacia una auténtica y radical democracia-, sino que son, en realidad, medidas conservadoras. En un primer momento, la brújula nos indicaba el camino correcto. La Constitución de Montecristi -que recogió las aspiraciones y reflejaba las luchas de los movimientos sociales, como se ve en el documental de Pepe Yépez, Nariz del diablo– fue una iniciativa encaminada a fortalecer el poder popular. Lo propio podemos decir, sin duda, de la expulsión de la base militar norteamericana de Manta, que se encargaba de localizar, receptar y recoger migrantes «ilegales» en el mar y hacer control geopolítico desde el Ecuador. El indulto a las mulas del narcotráfico y a los defensores de derechos humanos enjuiciados penalmente, en 2008, fueron también medidas que beneficiaron al poder popular.
En 2009 el presidente Correa prometió que Ecuador, en un año, iba a ser un país sin presos sin sentencia y declaró la emergencia carcelaria para mejorar las condiciones de vida de los presos. Con estos objetivos, la brújula le indica el norte del poder popular. La moratoria a la deuda externa, la resistencia fundada a firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea (que beneficiaban a determinadas élites privadas) y poner en el tapete el tema de la circulación de las personas y no solo la circulación de capital. Las leyes iban encaminadas a fortalecer el poder popular: la consulta previa, la soberanía alimentaria que prometía una reforma agraria, la ley de aguas que iba a desprivatizar el control en manos privadas, la iniciativa Yasuní ITT que estaba encaminada a proteger tanto los derechos de los pueblos no contactados como los derechos de la naturaleza, indicaban que el gobierno de Alianza País caminaba hacia la izquierda y a paso firme. En estos eventos se puede mirar cómo el Estado es una herramienta para caminar hacia el poder popular, y cómo el mercado es regulado y también subordinado a este poder.
Hoy, la brújula de la «Revolución Ciudadana» apunta hacia un lado distinto del fortalecimiento del poder popular. El camino que está siguiendo el Gobierno es el del fortalecimiento del grupo que está en el ejercicio del poder estatal y del poder del mercado. Estas son las claves.
El parque Yasuní puede ser visto de dos maneras. La una es la que ha elegido el presidente Correa: ponerle el precio de dieciocho mil millones de dólares y decir que con esos recursos se eliminará la pobreza, se construirán escuelas y hospitales. La otra manera es desde la mirada de algunas lideresas indígenas, desde los efectos de la explotación petrolera y desde las consecuencias en los pueblos no contactados. En la primera perspectiva, los beneficiarios son todas las empresas dedicadas a la actividad extractiva. La mitad de la inversión en la explotación beneficiaría exclusivamente a las empresas que construyen la infraestructura petrolera. La otra mitad, aun suponiendo que se invertirá en escuelas y hospitales, acabará beneficiando directamente a las empresas constructoras.
Desde la perspectiva del pueblo, la explotación petrolera es una amenaza real que la ha venido sintiendo desde hace cuarenta años. Alicia Cawiya, mujer waorani que intervino en la Asamblea Nacional días antes de que se aprobara la explotación del Yasuní, pidió que no exploten el petróleo, afirmó que con la presencia de siete empresas petroleras operando en la Amazonía, «en mayor pobreza hemos quedado». Además, Alicia cuestionó quiénes eran en realidad los pobres: los que viven sin dinero o los que necesitan el dinero para vivir. Por otro lado, como lo ha demostrado el experto en pueblos no contactados Miguel Ángel Cabodevilla en múltiples escritos, una de las causas fundamentales para el etnocidio waorani es el petróleo. Los Taromenani y los Tagaeri viven como en una cárcel, cercados por las petroleras, las madereras, las carreteras y los colonos. Desde la perspectiva popular, la explotación de petróleo perjudica a los pueblos indígenas y beneficia a los empresarios del petróleo.
Según Alberto Acosta, el tratado con Europa incorpora cuestiones como compras públicas, patentes, derechos de propiedad intelectual aún sobre conocimientos ancestrales (por eso el presidente Correa anunció esta como una enmienda más de la Constitución, para reformar la norma que prohíbe que esos conocimientos sean apropiables), que benefician a agentes privados del comercio y en consecuencia al mercado. Por otra parte, como sucede con los TLC con Estados Unidos, y puede ser esclarecedor el caso de México que ha sido ya evaluado, nuestros campesinos no competirán en igualdad de condiciones con los agricultores norteamericanos que tienen fuertes subsidios. Para atender la brújula, la pregunta es ¿quién se beneficia con el acuerdo? Por un lado, algunas empresas ecuatorianas como las bananeras y quizá algunas productoras de materias primas; por otro, las empresas dedicadas a productos competitivos europeos, como el vino, la cerveza, la carne y, sobre todo, las empresas de intermediación comercial europeas. Entonces, la firma del TLC es un acto conservador.
En Ecuador, aun en contra de los mandatos constitucionales, el agua sigue privatizada, no existe distribución de las tierras improductivas y acaparadas, se ha comprado de forma obligatoria las renuncias a muchos servidores públicos, se ha expedido el decreto 16 que permite controlar políticamente a las ONGs y, de hecho, se ha liquidado una fundación que trabajaba por los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía (Fundación Pachamama). En 2011 se hizo la primera reforma constitucional. Entre otras, se eliminó la excepcionalidad de la privación de libertad como pena y como medida cautelar: ahora tenemos una explosión de personas encerradas, y la mayoría es pobre.
La despenalización del aborto se viene discutiendo desde 2008. Entonces, la iglesia católica y el presidente Correa amenazaron con oponerse a la aprobación de la Constitución, si se la incluía. Años más tarde, a unas asambleístas del partido de gobierno que opinaron (no es que abortaron o hicieron campaña a favor del aborto) sobre la legalización del aborto, las sancionaron. Algo parecido ha sucedido con el matrimonio igualitario, y por las mismas típicas razones patriarcales y conservadoras, las parejas no heterosexuales no gozan de iguales derechos. En cuanto al movimiento indígena, ecologista y estudiantil, y a otros movimientos de izquierda (como el MPD y Ruptura de los 25), no solo que han sido denigrados cada sábado, considerados infantiles y tirapiedras, sino que, en muchos casos, han sido denunciados, procesados, enjuiciados y hasta condenados por cargos relacionados con el terrorismo y el sabotaje. La lista es larga, pero ahí tenemos a los 10 de Luluncoto, a los del Central Técnico, a los estudiantes del Mejía, del Montúfar, a Carlos Pérez, a Pepe Acacho, a Javier Jiménez que ha defendido Intag. Los nombres y las luchas son largas.
La lista de actos conservadores podría continuar. En algún momento el presidente Correa sostenía que ir con el Banco Mundial era caminar hacia el subdesarrollo, y ahora ha ingresado de nuevo para colocar bonos en el mercado internacional, ha negociado con uno de los agentes más perversos del capitalismo global, Goldman Sachs, gran parte de nuestra reserva monetaria en oro. Y qué decir del ejercicio de poder personalista que impide e inhibe el ejercicio de la democracia participativa y comunitaria.
El espacio no da para más, pero lo cierto es que cuando la brújula no apunta para fortalecer y beneficiar a los pueblos no contactados, a los pueblos indígenas y campesinos que luchan contra la minería y el petróleo, a los estudiantes que exigen sus derechos, a los sindicalistas que piden respeto a sus conquistas históricas, a los ecologistas que buscan un mundo menos depredador, a un Yasuní que merece ser preservado como un símbolo de vida y de un modelo no capitalista… La brújula indica que el poder del Estado beneficia a un grupo de interés y que los ricos son más ricos que antes, entonces, sin duda alguna, como decía uno de los carteles que vimos en la marcha convocada por los sindicalistas el 17 de septiembre de 2014, «la restauración conservadora está sentada en Carondelet».