La revolución bolivariana: ambivalencias internas y proyección externa

El proceso revolucionario que se viene desarrollando en Venezuela constituye sin lugar a dudas la referencia más importante para el cambio social que pueda darse en el continente latinoamericano en las próximas décadas. Pero es un proceso complejo y paradójico y por ello no siempre fácil de entender en todas sus manifestaciones.

No es algo casual, por ejemplo, que la izquierda de otros países tardara tanto en percatarse de su indudable calado y en dejar de considerar a Hugo Chávez como un simple iluminado. O que ahora se den tantas posiciones de apoyo acrítico, que dan por bueno sin más todo lo que ocurre en Venezuela.

Para entender lo que viene sucediendo en Venezuela y, sobre todo, lo que creemos que es su inevitable proyección sobre el continente, habría que tener en cuenta algunas características esenciales del proceso.

 

A veces ha sido mal entendido el que buena parte de la clase obrera industrial (en Venezuela no muy extensa y al mismo tiempo muy privilegiada por su mayoritaria adscripción a la industria petrolera) no haya apoyado de forma expresa el proceso revolucionario o, quizá mejor expresado, que no haya sido realmente el sujeto social que lo ha conducido.

Se trata de algo que igualmente ha ocurrido, aunque quizá con manifestaciones y dimensiones distintas, en otros países como Bolivia o Ecuador, y sencillamente es la consecuencia de que el proceso revolucionario surge al mismo tiempo que ha ido emergiendo un nuevo sujeto político: los grupos sociales hasta ahora literalmente desheredados y completamente excluidos de las expresiones más elementales de la ciudadanía pero que pasaron a ser el apoyo político explícito de la revolución bolivariana, o más tarde también del triunfo de Evo Morales en Bolivia.

La conversión en sujeto político de la legión de desheredados y excluidos que que había sembrado el neoliberalismo proporciona a los procesos políticos que cuentan con su apoyo (como es el caso venezolano) una fuerza extraordinaria y singular, como se puso de relieve en la respuesta al golpe de abril de 2002, cuando incluso los propios partidos quedaron superados por la movilización espontánea de quienes hasta hace poco eran literalmente invisibles en la sociedad venezolana. Una invisibilidad que lleva, por ejemplo, a que buena parte de la oposición diga que Chávez ha traído la pobreza a Venezuela: cegados por sus privilegios de antes, no veían la pobreza de su alrededor; por ejemplo, que el 89% de los niños entre 4 y 15 estaban en situación de pobreza en 1998) .

Este apoyo es de gran fuerza y casi incondicional. Basta con haber paseado por los barrios más pobres para comprobar el sentimiento que nace de sentir como propia una Constitución, del disfrute de un modesto ambulatorio médico, de haber aprendido a leer, de tener una dentadura «con la que se puede reír», o de haber recuperado la visión, para comprobar la intensidad del vínculo entre las clases populares y la revolución. Pero, al mismo tiempo, la naturaleza singular de este nuevo sujeto político (en gran mayoría un auténtico lumpemproletariado, por utilizar una expresión clásica) trae consigo problemas cuya solución requiere muchísimo tiempo por delante.

La revolución no puede consistir solamente en dar, en redistribuir, es decir, en invertir la lógica rentista ahora a favor de los desfavorecidos pero manteniéndola indefinidamente. Es necesario un nuevo rumbo productivo, un nuevo concepto de sociedad, un nuevo proyecto estratégico, nuevos valores, sujetos sociales de nuevo tipo… y todo ello ha de hacerse surgir de una sociedad sin recursos formativos generalizados, sin suficiente potencial endógeno, sin redes sociales consolidadas, … como resultado del destrozo que el neoliberalismo ha provocado.

Posiblemente, el proceso revolucionario tenga garantizada la movilización política permanente, pero el problema es que no es solamente eso lo que se necesita para ir avanzando hacia la nueva sociedad que se propone y hay que construir con unos mimbres tan debilitados.

 

En segundo lugar hay que tener en cuenta que el proceso ha supuesto un nuevo tipo de espacio político, gracias al cual puede ser que se consolide ese nuevo proyecto social. La Constitución no solamente fue un texto avanzado y novedoso sino el marco en el cual se asienta un concepto renovado del poder y, sobre todo, de la participación popular como base de la democracia más avanzada y auténtica, al mismo tiempo que sostiene incluso con más fortaleza que en otros países, la democracia formal.

Por eso, para entender el proceso hay que saber reconocer a los nuevos operadores políticos que han nacido de esa nueva democracia protagónica, operadores que no necesariamente se visibilizan claramente, sino que actúan y se fortalecen constantemente en la vida diaria de los centros de trabajo, de las cooperativas, de los barrios, de las escuelas o de las nuevas Misiones.

La paradoja aparece, sin embargo, porque este nuevo tipo de democracia que nace, no sin dificultad, ha de convivir necesariamente (y es imprescindible que conviva) con el ejercicio de la democracia formal que la Constitución no desprecia (como erróneamente creen algunos) sino que, por el contrario, también impulsa y trata de fortalecer como base y requisito del propio proceso revolucionario.

Tanto es así, que ha sido precisamente la oposición quien ha querido dinamitar las instituciones de la democracia formal, no sólo por su propia incapacidad para actuar en libertad y pluralidad, sino porque debe ser consciente de que debilitándola debilita radicalmente al proceso revolucionario.

Esta paradójica interdependencia entre las dos democracias que han de convivir para que la revolución se fortalezca constituye, como es natural, un problema de difícil planteamiento y al que no siempre se le está dando lo que desde fuera pudiera parecer una buena solución. La creación de un Partido Unido, por ejemplo, no sólo podría considerarse como algo completamente innecesario a la vista de los avances logrados hasta el momento sino una opción que con toda seguridad disminuirá el apoyo social al proceso sin que sea seguro que proporcione fuerzas añadidas. Como igual podría ocurrir con la reforma constitucional en marcha, que muchos pueden interpretar solo como un medio para que el Presidente pueda volver a presentarse a las elecciones. O con otras medidas que debilitan la función del legislativo en favor del ejecutivo, algo que es muy corriente en los países que se nos presentan constantemente como ejemplarmente democráticos pero que quizá no debería darse en un proceso que sí que tratan de mostrarse como auténticamente ejemplares desde el punto de vista de la democracia protagónica.

 

Venezuela es el primer país rico (aunque empobrecido) en el que se hace una revolución. Eso es lo que está permitiendo la fortaleza de las políticas redistributivas y su indiscutible efecto positivo en las condiciones de vida de la población; y también, lo que facilita resolver el juego de equilibrios que la revolución se propuso alcanzar desde sus primeras formulaciones estratégicas.

Pero también en el campo económico aparecen espacios y políticas ambivalentes.

Por un lado, el gobierno ha sido capaz de realizar una gestión macroeconómica que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional ha podido condenar puesto que ha logrado mejorar progresivamente los principales registros convencionales: crecimiento, inflación (aunque de modo muy difucultoso en los indicadores convencionales y menos aún en los últimos tiempos), deuda, tipo de cambio, recaudación fiscal… .

Por otro, y al mismo tiempo, el gobierno impulsa con decisión, aunque lógicamente con éxitos desiguales, una estrategia a largo plazo orientada a consolidar una nueva estructura productiva basada en el desarrollo endógeno de sus recursos y capaz de superar la típica desvertebración, desindustrialización y dependencia que genera el neoliberalismo. Para ello ha de promover nuevos tipos de propiedad, principalmente a través de cooperativas y de gestión de los recursos, a través de la puesta en marcha de una ambiciosa reforma agraria .

Pero ambos espacios de la política económica a veces terminan por ser contradictorios puesto que la estrategia macro de gestión más o menos convencional de la demanda agregada requiere cierto equilibrio y pacto con los grandes poderes y mantener un cierto respeto a los parámetros estructurales tradicionales de la economía, especialmente en el campo financiero. Por otro lado, sin embargo, la estrategia orientada a abrir nuevas vías de desarrollo productivo obliga a disponer de recursos hasta ahora en manos de esos poderes oligárquicos y a vencer los obstáculos que la gran propiedad suele ir generando. Algo que es fundamental porque, por regla general, en el ámbito de la nueva economía se carece de los soportes estructurales (mercados, redes de transporte, sinergias empresariales…) imprescindibles para consolidar los cambios con la celeridad que sería de desear.

Esa ambivalencia (que a menudo se manifiesta como franca contradicción) produce en ocasiones efectos bastante indeseables: la pervivencia de restos del poder oligárquico, por un lado, y demasiada frustración y fracasos en la puesta en marcha de experiencias alternativas, por otro. Y la consecuencia de ambos, a su vez, es la persistencia de graves vicios estructurales propios de las sociedades oligárquicas como el altísimo grado de corrupción o la inexistencia de una administración pública mínimamente eficiente. Contra el primero no se avanza suficientemente y contra el segundo se ha dado como solución la creación de Misiones (una auténtica administración paralela) que no ha podido suplir hasta ahora la fundamental carencia de partida

 

Las lecturas más simplistas de la indisimulable proyección exterior de la revolución bolivariana quieren hacer creer que el papel referencial que adquiere especialmente para todo el continente latinoamericano deriva de las veleidades personales del Presidente Chávez, a quien quieren presentar como empeñado en convertirse en una especie de nuevo Bolívar.

La cuestión desde luego que no es ésa.

En nuestra opinión, la reflexión que casi constantemente se viene produciendo entre el proceso de cambio en Venezuela y los procesos (sean de la naturaleza que sean) que se dan en otros países latinoamericanos, es inevitable y tiene razones muchos más profundas que nos limitamos a mencionar brevemente.

En primer lugar, se da porque la emergencia del nuevo sujeto político al que nos hemos referido antes no es nacional, sino continental.

En segundo lugar, porque la naturaleza de los procesos que inevitablemente hay que poner en marcha no ya para superar radicalmente, sino incluso para aliviar los desastres que ha producido el neoliberalismo llevan a quien los inicia a actuar en un espacio internacional en el que ya es inexcusable encontrar la referencia y la presencia de Venezuela.

En tercer lugar porque las respuestas que se den a las proposiciones de integración provenientes de Estados Unidos y que, obviamente, implican definitivas y tremendas desventajas para las economías latinoamericanas, por mínimas que sean ponen sobre la mesa también de forma inevitable otro tipo de alianzas alternativas, que Venezuela promueve con especial interés para fortalecer su propio proceso interno.

Por último, porque la posibilidad de llevar a cabo programas de redistribución y bienestar a escala continental gracias al hecho mencionado de que Venezuela sea un país rico (algo que constituye un ejemplo mundial y sobre lo que los grandes poderes guardan un vergonzoso y vergonzante silencio) suscita como es natural una enorme simpatía y favorece la puesta en marcha de proyectos de integración basados en principios solidarios claramente contrarios a los neoliberales que sembraron de miseria a la región.

Lógicamente, el problema de esta inevitable conexión entre el proceso venezolano y la política general del continente es lo que suscita un multiplicado temor en los grandes poderes y muy especialmente en Estados Unidos.

 

Conviene señalar aunque sea sumariamente los grandes ejes de la proyección exterior de la revolución que van mucho más allá de lo que los medios imperiales quieren hacer ver.

Al contrario de lo que estos divulgan, su proyección exterior no se ha reducido a intervenciones orales de su presidente en foros, encuentro o cumbres, que tantas veces se manipulan de manera caricaturesca.

Las decisiones que viene tomando Venezuela en el terreno internacional no sólo son más trascendentes, sino que hasta el momento vienen desarrollándose con un éxito y a una velocidad que ni los más optimistas hubieran pronosticado y eso, aunque es verdad, a su vez, que no se trata de líneas definitivamente consolidadas. Podemos concretarlas en cuatro ejes principales de actuación.

En primer lugar, se ha realizado un reposicionamiento estratégico en las alianzas de la región renunciando a la Comunidad Andina e ingresando como socio del Mercado Común del Sur. De esta manera se ha materializado el alejamiento de aquellos países que negocian tratados de libre comercio con Estados Unidos (Colombia y Perú) y se ha acercado a aquellos que impulsan un modelo regional (Brasil y Argentina).

En segundo lugar, se ha fortalecido una alianza más estrecha y la cooperación económica con aquellos países que han elegido gobiernos cercanos políticamente y que no disponen de recursos financieros inmediatos para consolidar las primeras etapas de sus mandatos, como son los casos de Bolivia, Nicaragua y Ecuador.

En tercer lugar, se han intensificado los lazos bilaterales con Argentina y Brasil, impulsando iniciativas como el Banco del Sur, que concentrará 7.000 millones de dólares de las reservas internacionales de los tres países y comprando deuda pública de estos gobiernos, que en el caso argentino se estima que alcanzó los 1.500 millones de dólares.

En cuarto lugar, se han consolidado alianzas con los países que hoy en día representan los contrapesos más importantes de la hegemonía global estadounidense (China e Irán, principalmente).

Finalmente, ha desarrollado una política de cooperación energética en Centroamérica, Ecuador y China e impulsado la creación de la Organización de Países Productores y Exportadores de Gas del Sur con Bolivia y Argentina.

 

El política externa del gobierno del Presidente Chávez disfruta de ciertas ventajas que le permiten albergar la posibilidad real de alcanzar sus objetivos.

Por una parte, está logrando configurar, aunque lógicamente con grandes dificultades, un bloque de países que no comparten los planteamientos de la hegemonía norteamericana y en función de este consenso básico han logrado estrechar alianzas geopolíticamente estratégicas.

Por otra parte, el mercado energético parece mantenerse inestable, retrasando cada vez más la anunciada caída de precios y el impulso que se quiere dar a los biocombustibles como el etanol para reemplazar al petróleo, en el que se basa, de momento, la obtención de recursos por parte de Venezuela.

Sin embargo, en el ámbito externo nada está dicho aún. Primero, porque los componentes capitalistas de la economía China son más fuertes que nunca y el abastecimiento externo que viene realizando no es especialmente comprometido con Venezuela, pues el país asiático parece responder más a lógicas de mercado que a lógicas geopolíticas.

Segundo, porque la voluntad de apoyo regional puede ser fuerte por parte de los gobiernos suramericanos pero el margen político en el que estos se mueven es mucho menor que el de los venezolanos. Así, el presidente Lula se ve obligado a acompañar los guiños hacia un sector (como el apoyo al Banco del Sur) con los guiños hacia el otro costado (apoyando acuerdos energéticos con Bush desde Camp Davis), una doble posición que dificulta alcanzar equilibrios globales en el continente más avanzados.

Finalmente, porque Estados Unidos no ha abandonado la presión, sino que cabe esperar que pronto (quizá en cuanto comience a liberarse de compromisos en Oriente Medio) vuelva a retomar la problemática latinoamericana con mucha mayor y peligrosa atención.


Juan Torres López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Su web personal www.juantorreslopez.com.

Mauricio Matus es doctor en Ciencias Económicas e investigador contratado de la Universidad de Málaga y del Centro de Estudios Económicos (Fundación Tomillo).