Los estudios sobre la Revolución Liberal, con sus excepciones, suelen tener dos aristas. Por una parte, se la entiende como un acontecimiento aislado, de emergencia popular casi espontánea contra el conservadurismo serrano, que tenía sumido al país en una suerte de Edad Media criolla. Esta caracterización tiene la dificultad de no observar las particularidades de […]
Los estudios sobre la Revolución Liberal, con sus excepciones, suelen tener dos aristas. Por una parte, se la entiende como un acontecimiento aislado, de emergencia popular casi espontánea contra el conservadurismo serrano, que tenía sumido al país en una suerte de Edad Media criolla. Esta caracterización tiene la dificultad de no observar las particularidades de un proceso histórico en su dimensión más amplia (nacional e internacional, así como una simplificación del conservadurismo). Del otro lado, paradójicamente, se la mira como un proceso tan amplio que se hunde en la imposibilidad de la acción social. Con esto me refiero a que la Revolución Liberal ha sido estudiada como producto de una serie de «consecuencias estructurales» del devenir nacional. Ambas posturas cometen un error fundamental – la una desde la inmediatez de la heroicidad y la otra desde la mentalidad academicista -: extraen del análisis al sujeto histórico como forjador de la vida humana. Dicho sea de paso, otro problema de la segunda tendencia es el de la caracterización del proceso, y no de cuestionarse, conceptualmente, qué entiende por proceso histórico.
Por supuesto, habría que definir qué se entiende por sujeto histórico. Por motivos de espacio, se podría decir, llanamente y con vaguedad, que es aquel elemento de praxis social que construye la realidad mediante la transformación material, y que a su vez redefine – mediante el sostenimiento, transformación o destrucción de una forma de vivir – la propia sociedad que lo contiene (tanto a nivel ideológico como material). Muchos tienden a decir que el sujeto histórico equivale a las clases populares; ello ignora que toda clase social existe en las disputas, alianzas, contradicciones, visibles o no, con otras clases sociales. Si la lucha de clases es el motor de la historia, el sujeto histórico es el conductor. Así, tenemos que la primera visión tiende a ver en la simple emergencia espontánea una forma de cambio social, mientras que la otra termina por reducir la participación activa de las clases sociales a un engranaje invariable.
La Revolución Liberal, pues, tiene que ser entendida como una gran confluencia de condiciones históricas, sin duda, pero también como un proceso imposible sin la toma activa de conciencia de ciertos grupos sociales que aceptaron el reto de la transformación del país. Una buena parte de la historiografía ecuatoriana, especialmente la de corte economicista, asume que las diferencias entre el aperturismo o no de la economía nacional produjeron la posterior disputa política que enfrentaría a la Costa liberal y a la Sierra conservadora. El problema de este análisis, interesante en la medida que problematiza la visión de héroes y villanos de la historiografía clásica, es que minimiza a los sectores populares como simples actores secundarios que apoyaban o no las medidas de los «políticos» (y con ello entiéndase a las oligarquías). No obstante, hay algo de cierto en ello: las clases populares, desde antes hasta hoy, pujan en Ecuador, con mayor o menor suerte e intensidad, por la formación de estructuras – llámese partidos, movimientos, gremios, etc. – que constituyan instituciones que no se divorcien de sus bases populares (piénsese en la Sociedad Civil de la que habló Gramsci). En todo caso, volviendo al tema, la aparente orfandad de una institucionalidad política clásica no debería ser un impedimento para considerar a los sectores populares como actores fundamentales en la historia nacional. Si nos cuesta esclarecer esto es porque aún tenemos trabas del liberalismo teórico en nuestras formas de entender el pasado, y el prejuicio de creer que las clases sociales dominadas no tienen formas propias de organización.
Precisamente, un gran ejemplo de emergencia y actuación social fue la de los sectores populares en la Revolución Liberal. Pese a que participaron muchos grupos sociales, las llamadas Montoneras lograron una especie de primacía al interior de las bases más beligerantes de la Revolución. De claro contenido popular, especialmente costeño (aunque no de manera exclusiva), las Montoneras lograrían generar espacios de movilización popular consciente y decidida. Con excepción de ciertos pequeños propietarios, estos grupos tenían un claro origen campesino. Esto les llevó a entender que el problema de la propiedad era un asunto que iba más allá de los mandatos divinos. En este sentido, la propiedad estaba enlazada a los poderosos designios liberales: la propiedad como un derecho asequible. Por ello, el sentido fundamental era el de libertad, tanto de la «opresión» terrateniente como de ciertas reglas ideológicas impuestas por los estratos más reaccionarios de la Iglesia. Más allá de los ejércitos ocasionales que lograban armar los grandes jefes del progresismo decimonónico (los marcistas, Urbina con una mención especial, Veintimilla – si cabe -, etc.), el liberalismo revolucionario de la época en que mandaba La Argolla (gobiernos que agruparon a los sectores más moderados del liberalismo y el conservadurismo) logró convertirse en el dirigente de muchas de las reivindicaciones que exigían las Montoneras. Este fue el acierto histórico que le permitiría al liberalismo revolucionario acceder al control del Estado mediante una larga lucha armada y la implantación de su ejército como unas fuerzas armadas nacionales relativamente estables.[1] Sin embargo, esta alianza pujaría en sus límites.
Tras la toma del poder en 1895 y el primer gobierno de Alfaro, el sector más cercano al radicalismo buscaría romper con una alianza frágil, lo que luego se denominaría «placismo» (el ala del liberalismo que curiosamente implantó medidas severas contra el clero pero que al mismo tiempo abrió un abanico de alianzas con los conservadores). Sin embargo, el endeble acuerdo entre alfaristas y placistas se quebraría definitivamente desde 1911 hasta el asesinato de Eloy Alfaro. Lo que vendría luego con la Rebelión de Concha ya serían las últimas brazadas de una organización político militar que se agotaba. Los sectores populares más radicales del país en alianza con la naciente burguesía financiera, comercial y agrícola tomaron el Estado, pero estos últimos sabrían cómo sacar del juego estatal a los primeros.
[1] Claro que podríamos preguntarnos: ¿es mérito o consecuencia ineludible, tanto de las burguesía comercial y agrícola y los campesinos costeños como con los habitantes de París para con la burguesía francesa, el ser dirigente de las sublevaciones populares pro liberales?
Fuente: http://www.revistacrisis.com/