La comunidad de Palo Quemado se opone al proyecto minero a gran escala planeado por el gobierno de Noboa. Ante la protesta, el gobierno responde con la militarización de la zona y la criminalización de los dirigentes, pobladores y organizaciones comunales que defienden su tierra y su forma de vida.
Nada es casual. El marketing, las gafas Versace, el casco militar, no pueden ocultar la realidad. El Presidente Noboa viajó a Canadá el 3 de marzo para asistir a la convención de la Asociación de Desarrolladores y Prospectores de Canadá y ofertar el país a las mineras. El 17 de marzo, a través del Ministerio del Ambiente, pretendió imponer un simulacro de socialización y de consulta para legitimar la explotación minera de la empresa canadiense Atyco Mining Corp en el Proyecto La Plata en Palo Quemado. Conflicto de intereses: un proyecto en donde el grupo Nobis de la familia Noboa es inversora.
El pueblo de Palo Quemado reclamó el cumplimiento de la norma constitucional sobre la Consulta libre e informada. La respuesta de Noboa fue la militarización de la zona y la criminalización de los dirigentes, pobladores y organizaciones comunales que defienden su tierra y su forma de vida, basada en el respeto a la madre-naturaleza. Una de las estrategias de las mineras, con apoyo de los gobiernos, es dividir a los sectores populares.
La segunda guerra interna: los acusa de terroristas y envía centenares de policías a reprimir e imponer por la fuerza el proyecto minero. La gran minería vuelve a sembrar de sangre los campos. La paradoja, los campesinos convertidos en invasores de sus propias tierras.
El ataque del gobierno cobra víctimas heridas de los pobladores, mientras guarda silencio sobre la presencia de guardias armados de la empresa.
El gobierno de Noboa no quiere escuchar el mandato de la Corte Constitucional que ha vuelto a negar el intento de imponer una consulta maniatada con el Decreto 754, pues “pretende instrumentalizar el procedimiento que hace efectivo el derecho a la consulta ambiental.”
Cumple tardíamente la disposición del Juez de Cotopaxi que ha aceptó la demanda del GAD de Sigchos y ordenó medidas de protección y la suspensión de la intervención militar hasta realizar la Consulta dispuesta por las leyes. La democracia es el arreglo pacífico de los conflictos en base a normas; pero la visión guerrerista convierte en terroristas a las comunidades indígenas y campesinas.
Palo Quemado muestra el interés de fondo en la lucha “antiterrorista”: reprimir las luchas populares en defensa de la vida y las tierras comunales ante la invasión de las mineras. Muestra el contenido perverso de las preguntas de la Consulta para ampliar las atribuciones de las fuerzas represivas e instaurar un estado de excepción permanente.
El poder extractivista no puede ver la inversión. Los campesinos que se aferran a su tierra y que rechazan la entrada de la minería salvadora, son unos terroristas, un peligro que atenta contra el orden defendido valientemente por la fuerza pública. El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, rodeado por militares armados anuncia: “Debo recordarles que un acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona o cuando el propósito por su naturaleza es intimidar a una población. (…) Ningún acto que pretenda bajo la fuerza o la intimidación obligar a la sociedad a actuar en contra de su voluntad será tolerado, mucho menos dentro del marco de un Estado de excepción. (…) La violencia no tiene lugar en el Ecuador.” Un discurso circular, encerrado en su propia verdad. El rostro monstruoso del terrorista es el de Mesías Robayo Masapanta, un campesino de Las Pampas, que produce panela, padre de una niña de seis meses, y que ahora lucha por su vida, se encuentra en estado de coma por las heridas recibidas por la represión de las Fuerzas Armadas.
Diversas voces se han levantado, del Obispo de Latacunga, de las Religiosas que vienen acompañando por muchos años al pueblo, de las organizaciones sociales e indígenas, de los defensores de los derechos humanos, para demandar el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento de la norma constitucional, el retiro de las fuerzas policiales y el cuidado de la madre-Tierra ante el extractivismo.
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