Organizaciones de derechos humanos y colectivos de personas neurodiversas convocados en la Segunda Marcha por la Salud Mental Ecuador demandaron al Estado ecuatoriano la garantía del derecho a salud mental, así como acceso a trabajo y vivienda digna, y el financiamiento a centros de atención psicosocial.
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Organizaciones de Derechos Humanos, colectivos de arte, feministas, sobrevivientes de violencia psiquiátrica, personas con discapacidad, profesionales de la salud, estudiantes y familiares realizaron la segunda marcha de Salud Mental, el 18 de octubre, para conmemorar el Día Internacional de la Salud Mental.
Como parte de la marcha, en la Plaza Gabriela Mistral, en Quito, se realizó un performance sobre el encierro forzado de personas con problemas de salud mental. “Queremos visibilizar la importancia de promover el acceso a servicios de salud mental gratuitos y a modelos de atención psicosocial más humanos, respetuosos y de calidad», gritaron las y los activistas al finalizar el performance.
Según el informe Salud Mental en las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en América Latina sólo el 3% del gasto público en salud se destina a salud mental. La misma OPS indica que en la Región, el 60% del presupuesto asignado a salud mental es destinado a hospitales psiquiátricos y no a servicios basados en la participación de la comunidad.
Según el informe Salud Mental en las Américas, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en América Latina sólo el 3% del gasto público en salud se destina a salud mental. La misma OPS indica que en la Región, el 60% del presupuesto asignado a salud mental es destinado a hospitales psiquiátricos y no a servicios basados en la comunidad.
Pero hay una diferencia en los países de la región. En países de bajos ingresos el presupuesto asignado a salud mental representa el 0,5% del presupuesto general de salud; mientras que en los países de altos ingresos este porcentaje asciende a 5.1%. Es decir, en los países de ingresos bajos el gasto en salud mental es de menos de 1 dólar per cápita, frente a los 80 dólares per cápita en países de ingresos altos.
En cuanto a los trabajadores de la salud mental, el informe de la OPS asegura que el promedio del número de trabajadores de salud mental en la región es de 14,9 por cada 100.000 habitantes, es decir que menos de 15 profesionales de la salud atienden a 100.000 habitantes. Aquí también hay una diferencia entre los países de bajos y altos ingresos. En los países de bajos ingresos oscila entre 2,1 por cada 100.000 habitantes y en los de altos ingresos en 51,3 por cada 100.000 habitantes.
Linda Alvarado, activista por la salud mental del Colectivo de Estudiantes Autoconvocados, afirma que en Ecuador lo que más preocupa es la reducción del presupuesto en salud y los intentos de privatización en los últimos gobiernos de corte neoliberal. Esta reducción de presupuesto, según Linda, se refleja en la limitada oferta de especialistas en salud mental que no cubre la demanda de pacientes en un sistema de salud pública que está colapsado. Asegura, además, que faltan políticas que garanticen el derecho a la salud mental integral en todas las etapas de la vida, mientras la salud mental de la población empeora.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, INEC, de 2000 a 2021 casi 20.000 personas se quitaron la vida en el país, solo en 2021, 1.089 personas murieron por suicidio. Además, se evidencia que 8 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres.
Por otro lado, las estadísticas del Ministerio de Salud Pública de Ecuador de 2021 indican que el 20% de niñas, niños y adolescentes, de 5 a 17 años, presentan síntomas de depresión o ansiedad y el 10% ha considerado o intentado suicidarse. El suicidio entre niños y adolescentes es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito.
Para Ana Quiroz, del Colectivo Salud Mental Ecuador, las tasas de suicidio han aumentado en el país por la negligencia del Estado. “La depresión, la ansiedad y otros problemas mentales se agudizan por la precariedad, las violencias, la falta de trabajo y calidad de vida. A esto se suma que además las personas no pueden acceder a atención oportuna y continua y a medicación adecuada, entonces los casos terminan en suicidios y el Estado es responsable”, indica.
En ese sentido, las exigencias planteadas por las organizaciones y colectivos que participaron en la Segunda Marcha por la Salud Mental de 2023, fueron:
- Financiar centros de atención psicosocial en comunidades cercanas a donde viven las personas que lo requieren.
- Implementar un modelo de salud mental comunitaria que se enfoque en la reinserción social.
- Acceso a trabajo sin discriminación y vivienda digna para personas con problemas de salud mental.
- Prohibición del encierro forzado en centros psiquiátricos de tortura y garantía del derecho a decidir con autonomía sobre el tipo de tratamiento y proyecto de vida.
- Dotación de medicamentos y la promoción de acciones públicas para eliminar los prejuicios y fomentar la prevención y las redes de apoyo.
Por último, Ana Quiroz concluye que ante un caso de depresión o ansiedad, es importante romper el silencio y buscar apoyo de quienes pueden hacer un acompañamiento profesional, ético y respetuoso, esto podría reducir el estrés que repercute no solo en la salud física de una sola persona, sino también en el equilibrio y la convivencia de toda la sociedad.