El presidente Rafael Correa clausuró sin más miramientos la ONG Pachamama, que apoya en la Amazonia a los pueblos indígena y defiende los derecho de la naturaleza, como establece la Constitución plurinacional de Ecuador. El gobierno «progresista» de la revolución ciudadana se molestó ante la crítica de Pachamama a las concesiones del gobierno a empresas […]
El presidente Rafael Correa clausuró sin más miramientos la ONG Pachamama, que apoya en la Amazonia a los pueblos indígena y defiende los derecho de la naturaleza, como establece la Constitución plurinacional de Ecuador. El gobierno «progresista» de la revolución ciudadana se molestó ante la crítica de Pachamama a las concesiones del gobierno a empresas trasnacionales del petróleo en los territorios biodiversos de este exuberante continente ecológico. ¿Cuáles son los criterios de este atropello y desenvuelta violencia estatal? Resulta que el presidente, que cree que su votación lograda y reelección es un otorgamiento de poderes supremo, sobre la Constitución y sobre los derechos fundamentales, actúa por propio ímpetu, llevando a cabo esta violación de derechos consagrados. Estos caudillos, insuflados de un ego desbordante, creen que están suspendidos sobre los mortales y sus quehaceres, sus demandas y reclamos. Sienten que actúan en el teatro de la historia para grandes ligas; por lo tanto, estos pormenores molestos deben resolverse de un manotazo. En América Latina han habido presidentes que confundían el país con un aeropuerto, otros que confunden el país con canchas de futbol, Correa parece confundir el país con un aula, al estilo más escolástico, donde el profesor es la autoridad suprema indiscutible, y los alumnos deben limitarse a aprender, de lo contrario, ser amonestados o expulsados.
Ciertamente no se puede explicar estas contradicciones de un gobierno progresista con la Constitución, aprobada por el pueblo ecuatoriano y promulgada por el mismo presidente, que ahora se desentiende de la mmisma, a través de la psicología sobresaltada de estos personajes, que actúan para los fantasmas de la historia. Empero, las angustias de los caudillos imprimen un dramatismo personal, como un colorido e intensidades singulares, al avatar de los acontecimientos. La contradicción de estos gobiernos progresistas se puede explicar, mas bien, por su apego al modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Para estos gobiernos populistas del siglo XXI no hay más realidad que la condicionante impuesta por el sistema-mundo capitalista a las periferias, la de estar condenados al extractivismo; es decir, a entregar sus recursos naturales a los centros del sistema mundo y a las potencia industriales emergentes. Este realismo colosal no se sostiene ante la evidencia del despojamiento y desposesión de las relaciones de subordinación, que siguen manteniendo los países de economía extractiva y Estado rentista. El único argumento que tienen es que no hay alternativa que seguir expandiendo el extractivismo, con el objeto de usar sus recursos para la inversión social y la inversión industrial. Este es el argumento compartido por todas las elites de turno que han gobernado nuestros países, sean conservadores, libarles, nacionalistas, neoliberales o progresistas. Pueden diferenciarse en la forma política, en la relación con el pueblo, con lo nacional-popular, pueden diferenciarse en el discurso; empero, al compartir este prejuicio condenatorio histórico, que debemos aceptar el rol que nos impone la geopolítica del sistema-mundo capitalista, ser extractivistas, no hacen otra cosa que manifestar que pertenecen al mimo modelo de reproducción de la dependencia. Con el agravante de la destrucción ecológica y el etnocidio de los pueblos nativos.
Si bien se puede decir que estos gobiernos progresistas recuperan parte del control de los recursos naturales, en términos de soberanía, esto no los exculpa de quedarse a mitad del camino. Al hacerlo, lo que se ha recuperado, se lo pierde, por efecto de las relaciones de dependencia y subordinación de países extractivista respecto a los países centrales del sistema-mundo, industriales, monopólicos y dominantes, además de coloniales. Si bien estos gobiernos ocasionan redistribuciones del ingreso, e incluso, como en el caso de Ecuador, inversión social, estos hechos y consecuencias sociales no pueden ser justificativos para entregar los recursos naturales por otros medios, incluso por contrato menos onerosos que lo elaborados por el neoliberalismo. Tampoco pueden justificar, mucho menos, que se haga caso omiso de la Constitución, que establece claramente la condición de Estado plurinacional, la perspectiva del buen vivir, los derecho de las naciones y pueblos indígenas, la defensa de los derechos de la naturaleza. Este desentenderse de la Constitución y vulnerala es no solamente un atropello descomunal, sino es la muestra clara que estos gobiernos progresistas están en otra cosa. La Constitución para ellos, con excepción de lo que ocurre en Venezuela, es un libro de vitrina, en el mejor de los casos, un ideal, no alcanzable por el momento. Se sustituye la Constitución por el realismo político y el «pragmatismo», que no dejan de compartir la reproducción de sometimiento de nuestros países, de la misma manera que lo hicieron los gobiernos que criticaron, liberales y neoliberales, aunque lo hagan con rostro popular.
Se entiende pues que estos gobiernos actúen con violencia cuando los pueblos indígenas los interpelan y demandan, cuando una ONG, como Pachamama, los critica. Los caudillos consideran que estos pueblos y estas organizaciones son un obstáculo para el desarrollo y la modernidad. Estos «revolucionarios» no se dan cuenta, que al pensar de ese modo, están expresando un recóndito colonialismo, el desprecio a los dueños de las tierras de Abya Yala. Se trata de la constatación de la conquista interminable.
Cronología del despotismo
En la última sabatina del presidente, Rafael Correa, se mostró un video donde se acusaba a representantes de Yasunidos y de la Fundación Pachamama de «boicotear» la apertura de ofertas para la XI Ronda Petrolera, correspondiente al bloque sur oriente; así también se acusó de haber agredido al embajador de Chile, Juan Pablo Lira, a Andrei Nikonkov, apoderado de la empresa Bielorusnet, entidad pública de Bielorrusia, participantes del evento.
Las protestas contra la extracción petrolera, así como la escasa participación de oferentes, marcaron la Ronda Petrolera Suroriente. La Ronda fue un fracaso en lo que van los primeros meses del presente año. Ante estas circunstancias fristrantes, el gobierno ecuatoriano decidió reformular la convocatoria para fines del año. Se abrieron los sobres, que contenían cuatro ofertas, para apenas cuatro de los 21 bloques ofertados. Los bloques en los que mostraron interés son el 28, 29, 79 y 83, todos ubicados en el norte del mapa de la zona suroriental de Ecuador. La empresa China Andes, es la única oferente para los bloques 79 y 83. Para el bloque 28 se ha formado un consorcio con Petromazonas, empresa pública del Ecuador, ENAP, de Chile, además de otra estatal, Belorusneft. También la española REPSOL está interesada en el bloque 29.
Estas fueron algunas de las circunstancias tensas de la coyuntura, en el desenlace de la clausura de Pachamama. Como se puede ver y como dijimos, se trata de una represión desatada contra la protesta y la crítica a entregar concesiones en áreas del Yasuní y en la Amazonia ecuatoriana, donde habitan pueblos indígenas no contactados. Frente a la injustificada clausura, la ONG Pachamama trabaja en una estrategia legal para revertir la clausura injustificada del gobierno. Los miembros de la Fundación Pachamama dicen que la Fundación no se cerrará sin que sus ocho integrantes den pelea. Belén Páez, representante de la ONG, dijo que tomarán acciones legales y que la verdad tras la clausura de su oficina en Quito responde a sus denuncias de que en los bloques 79 y 83, que se licitaron en la Ronda Suroriente, habitan indígenas no contactados y en aislamiento voluntario de la Amazonía. De acuerdo a Belén Páez, esa afirmación se comprueba en el mapa que el Ministerio de Justicia presentó en la Asamblea para dar luz verde a la explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, campos que se encuentran en el Parque Nacional Yasuní. Belen afirma que:
Lo de la sabatina es una excusa débil por parte del Estado en contra de la fundación. Estamos consternados, en alerta. Al mediodía entraron a nuestra oficina, vestidos de civil, funcionarios de los ministerios del Ambiente, del Interior y miembros de la Policía, con el acuerdo ministerial 125, para clausurarnos.
Para los miembros de Pachamama no hay duda, hubo violencia en el allanamiento, no hubo una notificación previa sobre lo que se les acusaba, tampoco tuvieron derecho a la defensa. Mario Melo, conocido por su actuación preponderante en el caso Sarayacu, abogado de la Fundación, considera que las violaciones al debido proceso son evidentes; dice:
Queremos condenar este atropello al derecho de asociación, por parte de funcionarios que no dan la cara y solo cumplen las órdenes del presidente Correa.
También dice que se recurrirán a instancias nacionales e internacionales para reabrir las oficinas. Es posible acogerse a acciones legales administrativas y a medidas de protección. La queja también se elevaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Melo entiende que el trasfondo de la clausura son sus denuncias por los monitoreos constantes que realizan en la Amazonía desde hace más de 15 años. No ha pasado más de año y medio sobre la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Sarayacu y, pese a ello, el Gobierno licitó el bloque 79. Esto afectaría unas 6 700 hectáreas de ese territorio indígena, que cuenta con unas medidas cautelares otorgadas por la Corte IDH, que especifica que cualquier proyecto en ese territorio deberá ser consultado de buena fe. A su vez, Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, recordó que ella estuvo la semana anterior cuando se realizó la zapateada de Yasunidos por la licitación de la Ronda Suroriente. Esperanza aclaró que no protagonizaron desmanes, ni peor aún participaron en actos violentos. Ninguno de los presentes sabía quién era el embajador de Chile, tampoco conocían al empresario de Bielorrusia. En el mismo sentido, Belén Páez comentó con pena la actuación del Ministro Serrano, teniendo en cuenta que, hace varios años, él colaboró con ellos en sus causas. Sin embargo, el Ministerio del Interior informó en su cuenta de Twitter sobre el operativo de intervención a la Fundación, argumentando lo siguiente:
Para dejar disueltas ONG vinculadas en agresiones recientes por injerencia en políticas públicas y atentado contra la seguridad interna y paz.
Este comunicado sale luego de que el presidente Correa reprochara al ministro José Serrano por la falta de protección oficial para los agredidos el día que se abrieron los sobres de la licitación.
Al finalizar la rueda de prensa, donde se hicieron conocer estas denuncias, se sumaron miembros de Yasunidos, quienes se taparon la boca y dijeron que, a pesar de la censura, no callarán. Ellos continuarán con la recolección de firmas en todo el país para que haya una consulta popular que evite que se explote el Yasuní-ITT.
El frente de defensa de la Constitución, Montecristi Vive, hizó publico un comunicado condenando el cierre de Pachamama. El comunicado expresa:
La reciente medida en contra de Fundación Pachamama es una confirmación del autoritarismo del Gobierno que, con argucias y leguleyadas, busca restringir la libertad de la sociedad civil para intervenir en los asuntos públicos y poner límites a los excesos del poder. Sorprende la celeridad con la que los funcionarios se hacen eco de las declaraciones del primer mandatario, quienes, sin mediar reflexión ni explicación alguna, ejecutan acciones que conculcan los derechos básicos consagrados en la Constitución, en las leyes y en la legislación internacional.
No podemos olvidar a los innumerables funcionarios públicos que por largo tiempo, antes de ser parte del actual gobierno, fueron miembros y empleados de organizaciones no gubernamentales y colectivos ciudadanos, que seguramente se hubiesen opuesto a lo que ahora están avalando con su silencio. Llamamos a la sociedad civil a no ser indolente, a conmoverse ante las constantes amenazas de este Gobierno en contra de los sectores que se han propuesto resistir a las políticas entreguistas y devastadoras que perjudican a la naturaleza y que atentan contra los derechos de pueblos y nacionalidades. Es evidente que detrás de estas decisiones abusivas existen intereses económicos que promueven y exigen mano dura y disciplinamiento de la sociedad. No lo permitamos. Disentir es un ejercicio de la democracia.
Esta cronología del despotismo nos muestra en qué andan los gobiernos progresistas, con sus variantes de contexto y sus diferencias, comprendiendo que el enfrentamiento en Venezuela es descomunal, con una «derecha» fuerte y con convocatoria; sin embargo, esto no ocurre ni en Ecuador, ni Bolivia, donde sus gobiernos, más bien se han desplazado a la «derecha», aliándose con sus burguesías nativas y los nuevos ricos, en vinculación con empresas trasnacionales, aunque lo hagan en mejores condiciones que los gobiernos neoliberales. En Ecuador y en Bolivia la represión es contra los pueblos indígenas, sus organizaciones, sus dirigentes, así como el ventilado propósito de acallar la crítica de «izquierda».
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