Un campo de experimentos transgénicos de Syngenta en Brasil se convirtió el tercer domingo de octubre en un escenario de horror, luego de la intervención violenta de una milicia privada. Como resultado, dos víctimas fatales, entre las cuales Valmir Mota de Oliveira «Keno», dirigente del Movimiento de trabajadores rurales sin tierra (MST). Así como varios […]
Un campo de experimentos transgénicos de Syngenta en Brasil se convirtió el tercer domingo de octubre en un escenario de horror, luego de la intervención violenta de una milicia privada. Como resultado, dos víctimas fatales, entre las cuales Valmir Mota de Oliveira «Keno», dirigente del Movimiento de trabajadores rurales sin tierra (MST). Así como varios campesinos heridos que desde unas horas antes habían ocupado ese sitio de la filial brasilera de la multinacional suiza en Santa Tereza do Oeste, a 540 kilómetros de Curitiba, en el sureño Estado de Paraná. A partir de esos hechos, la empresa agroquímica suiza -número uno a nivel mundial en el sector fitosanitario y número tres en el mercado de semillas comerciales- es llevada nuevamente por la opinión pública internacional al banquillo de los acusados. Hoy, por la violencia contra los campesinos. Ayer, por «delitos comerciales» en todo el mundo y por su accionar contra el derecho a la soberanía alimenticia.
______________________________
MILICIAS PRIVADAS…DE LA SYNGENTA
Los hechos se sucedieron rápidamente, tal como lo describen diversas fuentes de organismos de derechos humanos brasileros. La madrugada del domingo 21 de octubre un grupo de unos 150 campesinos del MST-Vía Campesina ocuparon el predio de la Syngenta para denunciar el cultivo ilegal de semillas transgénicas de soja y maíz.
Siete horas más tarde, poco después del mediodía, un microbús con unos cuarenta miembros de una milicia privada llegaron al lugar. Asesinaron a quemarropa – con dos tiros en el pecho- al militante agrario y balearon a cinco agricultores. Otros dos dirigentes del MST pudieron esconderse salvando milagrosamente su vida.
Historia de una masacre anunciada. Sólo tres días antes, el 18 de octubre, una delegación de la Comisión de los Derechos Humanos y Minorías del Congreso brasilero había participado en una Audiencia Pública en Curitiba. El objetivo de la misma: conocer de primera mano las denuncias sobre la formación y actuación de milicias privadas en Paraná. Uno de los dos Estados brasileros con mayor índice de violencia contra trabajadores sin tierra.
Según la Comisión de la Pastoral de la Tierra -ligada al obispado católico de ese país sudamericano-, Paraná fue con 76 casos el lugar de mayor cantidad de conflictos por la tierra de todo el país durante 2006. Allí, los propietarios rurales, agrupados en la Unión Democrática Ruralista y la Sociedad Rural del Oeste, «patrocinan grupos paramilitares con la fachada de empresas de seguridad para realizar desocupaciones ilegales, amenazando cotidianamente la vida de los trabajadores rurales y creando un clima de terror en el Estado», señala el documento de acusación elaborado por la ONG de derechos humanos «Tierra de Derechos» y la Pastoral de la Tierra, analizado en Curitiba por la Comisión parlamentaria durante su reciente Audiencia especial.
Aunque Syngenta negó que la sociedad de seguridad «NF» presente en su campo experimental esté autorizada a portar armas, su responsabilidad en hechos de esta naturaleza no es nueva.
El 20 de julio pasado, en el asentamiento Olga Benario en el mismo municipio, al lado de la propiedad experimental de Syngenta, varias familias del MST fueron «gravemente amenazadas por personal de seguridad fuertemente armado, contratado por dicha empresa multinacional», indica el mismo documento de «Tierra de Derechos».
De acuerdo al Boletín de denuncia depositado en ese momento en la delegación de policía del lugar, «personal de seguridad de la empresa Syngenta invadió su terreno y permaneció por más o menos unos cuarenta minutos». Realizando disparos de grueso calibre durante la noche.
Seis de los puntos exigidos por los querellantes a las autoridades legislativa durante la Audiencia de Curitiba del 18 de octubre, apenas dos días antes de la masacre de Santa Tereza do Oeste, fueron tan concluyentes como premonitorios. La realización de una investigación seria, efectiva e imparcial sobre la formación, entrenamiento y contratación de milicias privadas en Paraná. Así como la investigación de empresas de seguridad de fachada como la «NF» -contratada por la Syngenta- y sobre el origen de sus armas. «Tierra de Derechos», la Comisión Pastoral de la Tierra y el MST exigieron también evitar que se repitan las violaciones de derechos humanos y se proteja la seguridad de los trabajadores rurales.
SYNGENTA, PESTICIDA TOXICO Y SEMILLAS «TERMINATOR»
En 2006, la «Declaración de Berna» (DB), una prestigiosa organización suiza de información y sensibilización, lanzó la campaña de correos electrónicos «Stop Paraquat» sostenida por numerosas ONG del todo el mundo. La misma exigía a Syngenta que detenga inmediatamente la producción y venta de ese herbicida, extremadamente tóxico y nocivo para la salud humana.
El Paraquat es vendido en más de cien países con el nombre genérico de «Gramoxone», representa una parte importante de las ganancias de la transnacional radicada en Basilea – que en el 2006 tuvo beneficios netos declarados cercanos a las 900 millones de dólares- y «ha causado miles de muertes» tal como lo subraya la DB en el documento de base de su campaña.
A pesar de críticas públicas que arrancan en los años sesenta y de las campañas sistemáticas de denuncia contra la Syngenta -nacida en el 2000 de la fusión de las divisiones agroquímicas de la Novartis suiza y del consorcio anglo-sueco AstraZeneca- el Gramoxone sigue siendo vendido en todo el mundo y su expansión no para, como lo prueban las nuevas instalaciones que la empresa abrió en China. Por el momento sólo una decena de países han prohibido o limitado significativamente el uso del Paraquat.
En mayo del año en curso, diversas organizaciones de Asia, Africa y Europa, presentaron una denuncia contra Syngenta ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Motivo: la empresa suiza no respeta los compromisos establecidos en el marco del código de conducta de la FAO, especialmente su artículo 3.5 que llama a evitar ciertos pesticidas extremadamente tóxicos. En julio pasado la Corte de Justicia Europea también se pronunció contra dicho producto.
Por otra parte, en marzo del 2006, una veintena de organizaciones campesinas, de cooperación al desarrollo y de protección del medio ambiente de Suiza, exigían en una carta enviada al Gobierno helvético que éste se comprometa «activamente a favor de prohibir a nivel mundial las plantas transgénicas *Terminator*. Syngenta es particularmente activa en el desarrollo de esas semillas y de otras tecnologías similares, tal como lo denunciaban, entonces, las organizaciones de la sociedad civil. Las plantas del tipo *Terminator* producen semillas estériles que no dan más que una sola cosecha. Los campesinos no pueden volver a ocuparlas para la siembra.
Según la denuncia de marzo 2006 de las organizaciones suizas, «el único objetivo de esa tecnología es dominar el mercado de semillas y asegurar el control de la alimentación mundial…lo que implica una violación al derecho humano de la alimentación».
El tema de *Terminator* concentró parte de la atención de algunos debates y reflexiones en la 8va Conferencia de la Convención de Naciones Unidas sobre la diversidad biológica, realizada a fines de marzo del 2006, justamente en Curitiba, Brasil.
En ese mismo momento ya el Movimiento de Trabajadores rurales sin Tierra del Brasil y Vía Campesina habían ocupado simbólicamente predios en Santa Tereza, para protestar contra «la siembra ilegal de soja y maíz transgénicos», tal como lo informaba en ese momento Swissinfo, el portal Internet de Suiza para el extranjero.
El eje de tensión entre el MST y la Syngenta era entonces las 120 hectáreas de siembras experimentales ubicadas en la zona protegida del Parque Nacional Iguazú. A fines del 2006 el Gobernador del Estado de Paraná había decretado expropiar esas tierras en tanto el Instituto Brasilero del Medio Ambiente, sancionaba a la transnacional helvética con casi medio millón de dólares por sus violaciones a leyes nacionales.
Estratagemas dilatorios, recursos jurídicos, campañas publicitarias y ofensivas mediáticas, le permitieron a Syngenta escapar a acusaciones de la justicia y órdenes de expropiación. Los mismos métodos, que de una u otra manera parecen repetirse hoy, en este caso para librarse de toda responsabilidad en los hechos de Santa Tereza do Oeste y su tendal de muerte. ______________________________
* Servicio de prensa E-CHANGER, ONG de cooperación solidaria presente en Brasil