La deuda externa es un dogal en la historia y la vida del Ecuador. Esta deuda responde, en gran medida, a un sistema de endeudamiento internacional que legaliza la dominación y la especulación financiera.
En varias ocasiones la contratación de la deuda externa ha implicado la imposición ilegítima de programas económicos transformados en verdaderos planes de gobierno que nunca fueron presentados ni consultados al pueblo. Además, las ilegalidades y la corrupción plagan la contratación y el uso de esa deuda. Muchos de estos créditos y sus condicionalidades socioeconómicas limitan la soberanía nacional y agudizan varias “deudas eternas” -como la social, ecológica, patriarcal, colonial-, que se acumulan y amenazan al futuro del país.
Antes de la pandemia del coronavirus, los presupuestos de varias áreas sociales eran seriamente recortados, debilitando incluso al sistema público de salud. Ya en plena pandemia, el gobierno pagó a tiempo y con orgullo la deuda externa: entre marzo y abril de 2020 el Gobierno central pagó casi USD 1.900 millones en amortizaciones e intereses de la deuda. Mientras, la gente moría en las calles, faltaban insumos médicos y la corrupción campeaba en la adquisición de los mismos (hasta con complicidad gubernamental), el personal de salud y empleados públicos dejaba de recibir a tiempo su salario, y varios grupos sociales exigían que se deje de pagar la deuda para canalizar esos recursos hacia la emergencia sanitaria. Más valor tenía para el gobierno de Lenín Moreno la opinión de los mercados financieros internacionales que la vida de sus compatriotas.
Esta infame realidad tiene un precedente que no se debe olvidar: el gobierno de Moreno siguió la senda del endeudamiento agresivo, nada transparente e irresponsable, iniciado por el gobierno de Rafael Correa, consolidando una vergonzosa sumisión del Ecuador al Fondo Monetario Internacional (FMI); sumisión que, de hecho, arrancó en 2014 cuando el país volvió a emitir bonos en los mercados financieros internacionales contando con el beneplácito del Fondo. En estos períodos gubernamentales la deuda creció a un ritmo promedio de 17% anual, con más de 2.700 millones de dólares al año. Los intereses, que empezaron con 7% llegaron hasta el 13%, con plazos de hasta 5 años, golpeando duramente a la caja fiscal y a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Al momento, solo la deuda externa se aproxima al 44% del Producto Interno Bruto (PIB) y sumada a la deuda pública interna (la que se encuentra concentrada en más del 50% en la seguridad social, sobre todo en el Banco del IESS) supera el 61% del PIB. Según la última información oficial difundida por el Ministerio de Economía, a julio de 2020 la deuda externa sumó 41.764 millones de dólares y la deuda interna llegó a 17.493 millones; en términos absolutos, tales niveles de deuda son los más altos de la historia de Ecuador y son el resultado de una política incapaz de financiar la economía del país de manera sostenible.
Paradójicamente, mientras la deuda se acumula, la República vive la peor crisis de su historia. A diciembre de 2019 casi el 62% de los trabajadores no tenía un empleo adecuado, es decir más de 5 millones de personas; en ese momento solo 3’150.000 personas tenían empleo pleno. En junio de 2020 apenas 1´271.000 personas mantenían un empleo adecuado; es decir, un 17% de la Población Económicamente Activas (que ha caído de 8´100.000 a 7´600.000 personas, pues casi medio millón han dejado de buscar empleo). Por su parte, el desempleo pasó de 311.000 a más un millón de personas entre fines de 2019 y junio de 2020. La pobreza alcanzó el 25% en el 2019; con una clara expectativa de crecimiento que bien podría terminar el año con un 35%: 1,5 millones de pobres adicionales. Así, incluso antes de la pandemia del coronavirus, el empleo en Ecuador vivía un grave deterioro pese a los miles de millones de dólares adquiridos como deuda externa; es decir, todo ese endeudamiento ha sido incapaz de canalizarse hacia la economía interna y generar empleo adecuado.
En este contexto, el gobierno ha conseguido un nuevo acuerdo con el FMI, organismo que suspendió los desembolsos pactados con el país en la Carta de Intención firmada en 2019, justo al inicio de la pandemia, lo que podría leerse como un chantaje para que el Ecuador profundice una perniciosa austeridad, como lo reflejan la eliminación de los subsidios a los combustibles y las mayores flexibilizaciones laborales y ambientales. Para colmo, el nuevo acuerdo –el vigésimo que suscribe el Ecuador desde 1961- fue una de las condiciones que debía cumplir el gobierno ecuatoriano con los acreedores privados en la renegociación de los bonos de deuda externa alcanzada en agosto.
Sobre esa renegociación, vale aclarar que el país solo consiguió aliviar el servicio de la deuda. Si no se resuelven los problemas estructurales de la economía ecuatoriana, las necesidades de endeudamiento persistirán y tarde o temprano, según las circunstancias, puede reventar un problema de falta de acceso a los dólares que permitan sostener la liquidez y el ritmo de actividad de la economía ecuatoriana. Así, ante la adquisición de nueva deuda, en algún momento, si no hay transformaciones estructurales, puede volver la acumulación abrupta de pagos que el país temporalmente ha evitado con la renegociación alcanzada en agosto.
Por cierto, esa negociación fue de pobres resultados si se considera la realidad de crisis de la economía mundial y el descalabro de la economía ecuatoriana. Nunca se buscó alguna relación de apoyo mutuo con otros países del mundo, como Argentina, para conseguir conjuntamente mejores términos en sus respectivas renegociaciones de deuda, justo cuando muchas voces a nivel internacional planteaban la necesidad de una moratoria. Como casi siempre, se negoció en un marco de total secretismo y pésimo manejo de la información. En síntesis, el gobierno no buscó un arreglo apegado a la real capacidad de pago del Ecuador teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus; solo se impuso la lógica de las condicionalidades del FMI y los intereses de los acreedores privados.
Esta realidad no puede continuar. La voz de los pueblos del Ecuador debe hacerse oír hoy con más fuerza que nunca. Es sagrado el mandato popular de colocar la vida antes que la deuda. Ante la emergencia social, es ético plantar la suspensión del pago de la deuda externa usando la legislación internacional y priorizar la deuda social y la deuda del gobierno con el IESS. Demandamos una auditoría integral del crédito público desde el año 2007 hasta nuestros días, en manos de las organizaciones populares, universidades y expertos independientes, que abarque todos los aspectos del endeudamiento. Asimismo, se debe analizar las deudas históricas con nuestros pueblos, la deuda colonial y racista, la deuda patriarcal, la deuda ecológica, las deudas financieras, los efectos y resultados de los endeudamientos. Es imperativo impulsar la terminación del sistema financiero especulativo nacional e internacional para diseñar un nuevo sistema que contribuya al bienestar de los pueblos y la Naturaleza, con relaciones de cuidado y respeto a la vida en toda su diversidad.
Los candidatos a la presidencia están obligados a pronunciarse sobre la deuda y proponer soluciones al pueblo del Ecuador. Si no lo hacen deberían ser rechazados en las urnas, pues se está al servicio del pueblo enfrentando la deuda, o se está al servicio de la deuda sacrificando al pueblo y a la Naturaleza.