PSOE y PP -y sus aliados autonomistas- quieren imponer en la enseñanza un funesto «Plan para la convivencia» basado en la condena social y política de la violencia… la de ETA, que según ellos es la única que existe, ignorando la violencia genocida de la reciente historia de Euskal Herria y del Estado español: la […]
PSOE y PP -y sus aliados autonomistas- quieren imponer en la enseñanza un funesto «Plan para la convivencia» basado en la condena social y política de la violencia… la de ETA, que según ellos es la única que existe, ignorando la violencia genocida de la reciente historia de Euskal Herria y del Estado español: la Cruzada de 1936 y la posterior dictadura fascista, cuyas consecuencias aún nos oprimen.
Durante ese largo periodo, el Estado homenajeó a los «Caídos por Dios y por España», cuyos nombres glorificó y esculpió en fachadas de consistorios y catedrales, a la vez que edificaba en su honor multitud de monumentos, alguno tan desmesurado como el escurialense de Cuelgamuros. A cientos de miles de mujeres y hombres que se enfrentaron a los genocidas: republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas, ateos… y especialmente a los independentistas vascos, el nuevo Estado los ejecutó mediante sentencias «legales» de Consejos de Guerra sumarísimos; a otros les aplicó la «Ley de fugas», o los «paseó» y enterró en fosas comunes, o los encerró en campos de concentración y de exterminio, o en presidios; o les persiguió hasta el exilio, a veces con ayuda de la Gestapo que ocupaba Iparralde; o les multó o confiscó sus bienes… A las mujeres desafectas, las rapó el pelo y purgó con aceite de ricino… y si parían estando presas, les robaban los hijos que repartían entre jerarcas. En las escuelas, las aulas eran presididas por un crucifijo flanqueado por el genocida Franco y el falangista Primo de Rivera; a alumnos y alumnas les obligaban cantar el «Cara al sol», asistir a misa y rezar a Dios y a la Virgen por la supervivencia de la «España, Una, Grande y Libre» y por la salud del caudillo. Ocho semanas antes del fallecimiento natural de éste, el Estado asesinó «legalmente» a varios luchadores independentistas y antifascistas. Esto y la «guerra sucia» de AAA, GCR, BVE, GAL, etc., es terrorismo institucional.
Además de lo expuesto, hay que recordar que el Movimiento fascista esclavizó a prisioneros de guerra, y los empleó en la construcción de ferrocarriles, puentes, carreteras, y en la reconstrucción de poblaciones que destruyeron los bombardeos. Miles de estos esclavos fallecieron por la dureza del trabajo, el hambre, el frío, la falta de higiene y las enfermedades. Mientras así padecían los vencidos, los voluntarios del triunfante golpe militar eran agasajados y disfrutaban de privilegios para trabajar, estudiar, acceder a la vivienda, a alimentos, a ayudas sociales, adjudicación de estancos, loterías, taxis… ¡hasta en los transportes públicos, donde los mejores asientos se reservaban para los «Caballeros Mutilados»!
Ahora el Estado español es reinado y gobernado por los herederos políticos, económicos y hasta biológicos de los golpistas del 36, que dicen ser «demócratas de toda la vida». Por su culpa, los crímenes fascistas permanecen impunes, y, para mayor escarnio, pretenden que su funesto «Plan para la convivencia» los ignore
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