La manifestación que intentó destruir el edificio de la Fiscalía el 12 de febrero con saldo de dos muertos, seis decenas de heridos y cinco vehículos incendiados decía protestar contra la inseguridad. Las cifras sobre la inseguridad en Venezuela vienen de una Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas, mayo 2010) […]
La manifestación que intentó destruir el edificio de la Fiscalía el 12 de febrero con saldo de dos muertos, seis decenas de heridos y cinco vehículos incendiados decía protestar contra la inseguridad.
Las cifras sobre la inseguridad en Venezuela vienen de una Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, (Caracas, mayo 2010) realizada por el INE, que entre otras inconsistencias percibió que ese año 21.132 homicidios habrían causado sólo 19.113 víctimas, y nos asignó una exorbitante tasa de 75,08 homicidios por 100.000 habitantes.
Pero basándose en el conteo real y objetivo de cuerpos del delito, el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia Rodríguez Torres declara el 28 de diciembre de 2013 que la tasa real de homicidiospara ese año es de 39 por cada cien mil habitantes, casi la mitad de la percibida por encuestas (AFP).
La divulgación de estas cifras desmontaría por sí sola la campaña de pánico fraguada por medios de comunicación y ONGs, según las cuales la tasa de homicidios en nuestro país sería más del doble de la de Colombia y más de cuatro veces la de Irak (Crisis Group N°38, 17 de agosto 2011). Pero por una u otra razón los medios de servicio público no han divulgado la verdad con el énfasis suficiente.
Parece que nuestro país hubiera sido víctima durante un quinquenio de una operación de Guerra Psicológica para exacerbar el pánico y detonar violencias contra la inseguridad destinadas en realidad a derrocar por el terror al gobierno bolivariano democráticamente electo, que en las últimas elecciones obtuvo el 75% de las alcaldías, con una ventaja de diez puntos y medio del total de los votos sobre la oposición.
Terrorismo contra democracia
Todos los que han seguido las agresiones violentas en Venezuela habrán advertido las siguientes características:
-Se focalizan primero en 19, luego en 9 y finalmente en 6 y en 2 municipios de clase media o media alta, gobernados por alcaldes opositores, algunos en estados fronterizos.
-Los alcaldes opositores y sus policías municipales fomentan y protegen las violencias, al punto de que agentes de la Policía de Chacao asesinan a una agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia que detiene a uno de los violentos, y se hace necesario que el Tribunal Supremo de Justicia, respondiendo a demandas de sus vecinos, inste a las alcaldías a abrir las vías bloqueadas.
-Los participantes se presentan ante los medios como jóvenes estudiantes, pero luego son suplantados por adultos, encapuchados y marginales, al extremo de que de 1.529 detenidos en un mes de violencias, (la inmensa mayoría liberados a las pocas horas) sólo un tercio son estudiantes.
-En lugar de manifestar pacíficamente, los violentos cortan las vías en las alcaldías opositoras, impiden por la fuerza el paso a los vecinos y los secuestran en sus hogares, los asfixian quemando basura y destruyen árboles, señalizaciones, edificios públicos, instalaciones eléctricas y telefónicas, transportes colectivos y de alimentos.
-Los terroristas recurren a la amenaza, la agresión física y al asesinato con disparos en la cabeza y tiros por la espalda y trampas contra personas, para finalmente progresar hacia el saqueo y el cobro de peaje.
-Los terroristas utilizan armas de fuego con mirillas láser, son seguidos por sombras que recogen los casquillos para evitar la identificación de las armas, y esgrimen artefactos para destruir neumáticos, bombas de fragmentación y trampas contra personas.
-Se pertrechan regularmente de dinero, alimentos, ropas, capuchas, sustancias incendiarias y armas en centros de acopio cercanos a los disturbios, algunos de los cuales han sido allanados en jurisdicción de las alcaldías opositoras.
-Las arremetidas terroristas recurren durante cuatro semanas, período inusual para manifestaciones espontáneas, que por el contrario evidencia una coordinación, organización, entrenamiento y financiamiento de largo alcance.
-Las acciones terroristas no tienen una finalidad en sí mismas, sino la de simular para los medios un escenario de supuesta guerra civil en 6 y finalmente 2 de los 335 municipios de Venezuela.
Las mencionadas son prácticas, tácticas o logísticas que no presentan ni la más remota semejanza con las de un movimiento estudiantil o juvenil.
Mucho menos había contado ningún movimiento juvenil del mundo con el sospechoso y automático respaldo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual dedica en todos sus diarios afiliados una página diaria a denigrar de Venezuela; ni de la inmensa mayoría de los medios privados, que exaltan los delitos de los opositores mientras ocultan las masivas y contundentes manifestaciones por la paz de las mayorías bolivarianas.
Y en ningún caso movimientos estudiantiles o juveniles aceptarían ni gozarían del apoyo del ex presidente colombiano Uribe, quien trata de recoger un millón de firmas contra nosotros; del presidente de la OEA, el cual intentó enviar una comisión investigadora al país, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU quien pide a Venezuela que enjuicie a los responsables de ataques contra manifestantes antigubernamentales (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/onu-pide-a-venezuela-enjuiciar-la-muerte-de-manife.aspx#ixzz2tX88l5ZO), del Secretario de Estado de estadounidense, y de la Cámara de Representantes de ese país, la cual deplora la inexcusable violencia perpetrada contra líderes opositores y manifestantes en Venezuela».
Ni uno solo de tales organismos y políticos se han movilizado jamás a favor de jóvenes ni estudiantes: siempre lo han hecho a favor de intervenciones imperiales atroces contra gobiernos democráticos o nacionalistas.
Mediante la perpetración de actos violentos, terroristas encapuchados sólo intentan justificar un golpe de Estado, una intervención extranjera, o el establecimiento de un territorio liberado que legitime una secesión de los ricos estados fronterizos.
Terrorismo de alquiler
Hace una década alerto contra una infiltración paramilitar que suplanta al hampa criolla, domina comercio informal y contrabando de extracción, impone alcabalas, cobra vacunas, trafica personas y estupefacientes, legitima capitales, regenta bingos y casinos, compra empresas de transporte y de producción, asesina sindicalistas agrarios y urbanos, y que podría impedir la movilización popular (La paz con Colombia. Caracas, Ministerio de Comunicación e Información, 2008). He reiterado la advertencia en libros como La cuestión colombo-venezolana, en colaboración con Iraida Vargas, Mario Sanoja, Eva Golinger, Miguel Ángel Pérez Pirela y Sergio Rodriguez, con prólogo de Piedad Córdoba, Caracas, Editorial Ipasme, 2012, y La invasión paramilitar. Operación Daktari, en colaboración con Miguel Ángel Pérez Pirela, Caracas, Correo del Orinoco, 2012.
Estamos ante la materialización de estas advertencias. Una red de agentes de perturbación focalizados en las principales alcaldías opositoras no podría sostenerse durante casi un mes sin apoyo de una compleja red terrorista. Lo advierte también en inteligente artículo Julio Escalona:
4) El capital financiero transnacional se ha ido asociando al narcotráfico, tráfico de armas, de personas, lavado de dinero, comercio de esclavos, etc. Es probable que en lo descrito se pueda estar dando un vínculo entre sectores financieros asociados a la oposición de extrema derecha, precisamente, con el crimen transnacional y los problemas de seguridad que azotan a la sociedad venezolana y a otras de nuestro continente latinocaribeño. Esa asociación es otra de las fortalezas de la derecha fascista que se mueve en Venezuela.
Por esas y otras vías el capital financiero se relaciona con la formación de grandes ejércitos privados y en general a la privatización de la guerra. Esos ejércitos privados han participado en las guerras de Irak, Afganistán, Libia, Siria, Colombia; en la desestabilización de gobiernos, invasiones, sicariato, atentados, sabotaje… Son ejércitos de mercenarios, que eufemísticamente son llamamos contratistas civiles.
El microtráfico de drogas es una variante del crimen transnacional, que como ya señalé se relaciona con la formación de pandillas, con los enfrentamientos entre ellas, la generalización de atracos, secuestros exprés, el sicariato y las más diversas formas de criminalidad. Esta es una de las raíces de los problemas de seguridad en Venezuela, México, Colombia, EEUU… Por supuesto, la seguridad tiene raíces internas (aun cuando hoy día es muy difícil definir la frontera entre lo interno y lo externo); pero las redes del crimen transnacional se van extendiendo por los intersticios de la sociedad venezolana. No es una simple amenaza circunstancial. Tiene una tremenda significación estratégica como grave amenaza a la seguridad del Estado, a la estabilidad de las instituciones y para la paz y la vida cotidiana de nuestra sociedad, para la economía, para la salud, etc. Es un componente esencial de la estrategia de desestabilización permanente.
5) Han aprendido de la política social basada en la dádiva y el terror impulsada por Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, inspirada en la más antigua tradición mafiosa.
Apoyándose en el estímulo a los intereses individuales y a métodos ilegales, orientados a socavar al Estado y las relaciones de solidaridad, los grupos narco-paramilitares han venido perfilando algo así como una política social mafiosa.
Un aspecto es la política de microcréditos, que en su desenvolvimiento puede vincularse con el microtráfico de drogas, que llegado el caso puede suministrar fondos para cancelar los créditos recibidos. Es una múltiple subordinación.
Usando los fondos acumulados a través de acciones delictivas van distribuyendo créditos entre la población pobre con diversos fines (consumo, microempresas, pequeños negocios, problemas familiares…), pero con el claro propósito de construir redes de poder e ir suplantando al Estado venezolano. Con los microcréditos, combinados con la extorsión, el chantaje y el miedo, han ido echando las bases de una política social en correspondencia, como ya dije, con la más antigua tradición mafiosa (La estrategia imperial de ingobernabilidad permanente contra el gobierno bolivariano, 05-03-2014).
El fenómeno también ha llamado la atención de Raúl Zibechi, en su penetrante artículo Derechas conlook de izquierda:
En todo caso, las derechas han sido capaces de crear un dispositivo popular, como el que describe Rafael Poch, para desestabilizar gobiernos populares, dando la impresión de que estamos ante movilizaciones legítimas que terminan derribando gobiernos ilegítimos, aunque estos hayan sido elegidos y mantengan el apoyo de sectores importantes de la población. En este punto, la confusión es un arte tan decisivo, como el arte de la insurrección que otrora dominaron los revolucionarios (Alai-América Latina, 7-3-2014).
Debemos afrontarlo: así como las aspiraciones imperiales de dominar nuestra industria de los hidrocarburos y la presencia paramilitar son constantes con las que habrá que lidiar a largo plazo, también debemos prever una prolongada alianza entre ambos factores para desatar una escalada de violencia política, que se está sumando a la ya excesiva violencia del hampa común.
La aparición de esta nueva violencia terrorista de origen político y con conexiones internacionales obliga a considerar el problema de la seguridad a la vez desde el punto de vista geográfico, social, económico, político, estratégico, cultural e internacional, mediante la coordinación de todos los órganos de los poderes públicos y todas las fuerzas sociales para la adopción de medidas a la altura de la gravedad de la situación.
No termina de comprender la ultraderecha venezolana las dimensiones del monstruo que está animando para la persecución de sus intereses mezquinos.
En la inauguración de la Conferencia Permanente por la Paz convocada por el presidente Maduro, alertó José Vicente Rangel contra la instauración en Venezuela de una cultura de la muerte.
O la desactivamos, o nos desactiva a todos.