La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estuvo muy pasiva frente a denuncias concretas de atropellos a los derechos ciudadanos en los años precedentes, no puede ahora poner en duda un mecanismo de consulta popular y referendo que fue aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas el pasado domingo. La CIDH dio […]
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estuvo muy pasiva frente a denuncias concretas de atropellos a los derechos ciudadanos en los años precedentes, no puede ahora poner en duda un mecanismo de consulta popular y referendo que fue aprobado mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano en las urnas el pasado domingo.
La CIDH dio a conocer la noche del martes que solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicte medidas provisionales a favor de Edwin Jarrín Jarrín, Tania Pauker Cueva y Sonia Vera García, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). La medida busca que el Estado se abstenga de destituir a los actuales integrantes del CPCCS y que se cree un Consejo Transitorio que, según la CIDH, «pueda generar riesgos en la efectividad del estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial».
Al parecer, la CIDH no se informó sobre el voto mayoritario expresado en las urnas en la pregunta 3 que decía claramente: ¿Está de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación, así como dar por terminado el período de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades…, pudiendo anticipar la terminación de sus períodos? Lenín Moreno conversó con el Secretario General de la OEA, le manifestó que los ecuatorianos «somos respetuosos de los organismos internacionales (y) haremos respetar el mandato popular libremente expresado en las urnas, en un proceso democrático y fielmente apegado a nuestra Constitución».
Es muy probable que la CIDH haya tenido una «lectura errónea» del significado de una acción como la que tomó, dijo a EL TELÉGRAFO Catalina Botero, exrelatora de la Libertad de Expresión de la CIDH. Ella manifestó que es necesaria una presión internacional para que el organismo tome decisiones apegadas a la realidad de Ecuador que se pronunció claramente por un CPCCS alejado de injerencias políticas.