Ricardo Rodríguez nació en 1968 en Cabezamesada (Toledo) y en la actualidad reside en Leganés (Madrid). Sumados a relatos como «La caravana», «El sueño de la razón» y «La parábola del ingeniero», entre sus obras cabe citar Cucharadas de mar (Huerga & Fierro editores, 2003) y La moral del verdugo (Mondadori, 2005). Ha coordinado y […]
Ricardo Rodríguez nació en 1968 en Cabezamesada (Toledo) y en la actualidad reside en Leganés (Madrid). Sumados a relatos como «La caravana», «El sueño de la razón» y «La parábola del ingeniero», entre sus obras cabe citar Cucharadas de mar (Huerga & Fierro editores, 2003) y La moral del verdugo (Mondadori, 2005). Ha coordinado y prologado además la edición de la obra El realismo social en la literatura española (CEDMA, 2007), trabajo colectivo en homenaje a Juan García Hortelano. Recordemos también El secreto de Sócrates (Piel de zapa, 2015). Nuestra conversación se centra en su último libro publicado por El Viejo Topo en 2018.
Nos habíamos quedado aquí. Los ricos, en España, ¿pagan más o menos que en otros países? ¿Y las grandes corporaciones? Añado otras pregunta más: ¿es más o menos justa la política fiscal española que la de otros países?
R: Los ricos pagan pocos impuestos en todas partes. Y no es necesario ser un demagogo de izquierdas para hacer tal afirmación. Lo dijo hace un par de años Warren Buffet, uno de los mayores multimillonarios del planeta, quien confesó que apenas contribuía con el 17% de sus ingresos.
En relación con otros países, depende de con quién nos comparemos. Hace unos años la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) hizo un estudio comparativo entre los países del G20 para determinar qué porcentaje medio de sus ingresos se embolsaban después de impuestos las rentas más altas. Arabia Saudí y Rusia se hallaban en el extremo de aquellos que menos impuestos exigen a sus ricos; Italia, curiosamente, era el que más. Pero el estudio se reducía al G20. Si nos comparamos con los países nórdicos, parece claro que en ellos los ricos pagan bastante más que en España. Aunque cuando uno desciende al detalle de las cifras ve que entre los propios países nórdicos hay sustanciales diferencias, no sólo respecto de lo que pagan las rentas altas, sino respecto a la progresividad o el peso de tributos directos comparado con el de los indirectos. Son muy dispares los sistemas tributarios de Islandia, Finlandia, Noruega o Suecia. De estos dos últimos, por ejemplo, los informes de los que tengo referencia indican que en ellos pagan mucho más que en España las rentas altas, pero también las rentas medias y bajas. Hay ingresos públicos mucho mayores, que tal vez sepan gestionar además mejor por el lado del gasto público. Lo que es indudable es que el efecto combinado del crecimiento de peso de impuestos indirectos sobre los directos, la reducción de los tipos nominales más altos, el creciente recurso a mecanismos complejos de optimización fiscal y el fraude hace que los ricos y las grandes empresas cada vez contribuyan menos en España y que, en consecuencia, el sistema sea cada vez más injusto.
¿Es fácil combatir el fraude? A veces lo parece por lo que suele decir. ¿Tiene el Estado medios suficientes? Si fuera que no, ¿qué es lo que sería más urgente ampliar o dotar de más medios?
R: No es nada fácil, desde luego. Ésta es una de las ideas en cuya demostración invierto más espacio y energía en el libro. Nuestro sistema tributario padece de fallos estructurales muy profundos para cuya solución no basta con retocar cuatro tipos impositivos y aumentar personal y recursos. Es necesario un cambio simultáneo del ordenamiento tributario y del sistema económico, no se puede actuar sólo desde un lado. A pesar de ello, además faltan medios. En este aspecto, la carencia más trágica es la de medios humanos. La Agencia Tributaria española ha incrementado y modernizado de manera realmente significativa sus medios informáticos y ello ha paliado en parte la escasez de personal. Desde que la Agencia comenzó a existir en la práctica en enero de 1992 el número total de trabajadores en toda España ha oscilado entre los 24.000 y los 27.000 en los periodos más altos. Desde que comenzó la crisis se han perdido en torno a 2.500 efectivos, lo que resulta incomprensible teniendo en cuenta que el desplome de ingresos públicos fue uno de los componentes más acusados de la crisis. En los últimos años ha habido un aumento de plazas en las ofertas de empleo pero en cantidad aún muy insuficiente. Y no se trata sólo de número de empleados, sino también de envejecimiento. Yo entré como funcionario de carrera de Hacienda con 23 años de edad, encontrándome entonces muy por debajo de la media de edad que se situaba en los 34. Hoy tengo 50 años y sigo estando por debajo de la media, que se ha elevado a 55. O sea que la media de edad ha envejecido casi tanto como yo. Si las cosas siguen así, cuando me vaya podré cerrar la puerta.
¿Por qué paga tan poco impuestos la Iglesia católica española? ¿Y las otras Iglesias?
R: El por qué creo que está claro: por el enorme poder de que aún goza la Iglesia católica en España y porque no hemos llegado a ser jamás por completo un Estado aconfesional. Hace años que el Observatorio de Europa Laica difundió un informe en el que cifraba el coste anual para los contribuyentes españoles del sostenimiento de la Iglesia católica en 11.000 millones de euros, sumando a la asignación procedente de quienes marcan la casilla en el IRPF, exenciones de impuestos y ayudas. El compromiso adquirido por el Vaticano en 1979 de caminar hacia la autofinanciación ni ha sido jamás reclamado seriamente por el Estado ni ha sido cumplido por la Iglesia, a pesar de las promesas habituales de unos y otros. La casilla de la declaración de la renta es un mecanismo de financiación directa con fondos públicos que se disfraza de aportación voluntaria. Quienes marcan la casilla no están pagando más, como ocurre en Alemania, en donde los fieles de las confesiones católica, protestante y evangélica pueden ingresar creo que hasta un 9% extra sobre el resultado de su impuesto destinado a la religión que elijan, por lo que el Estado se limita a tramitar el cobro y la transferencia. En España, el que señala la opción de la Iglesia católica hace que a ella se destine una parte de su impuesto, aporta un 0,7% menos para el gasto público, por lo que en realidad somos la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas, hayamos o no decidido hacerlo, quienes financiamos a la Iglesia.
Esta opción de la financiación por el IRPF no la tienen otras confesiones, pero las que se entiende que poseen un gran arraigo y han firmado el correspondiente acuerdo con el Estado gozan de exenciones fiscales similares a las de la Iglesia católica. Es el caso de las comunidades musulmana, judía o evangélica. Así que en lugar de caminar hacia la aconfesionalidad extendemos los privilegios fiscales a otras religiones. Lo cual es impropio de una sociedad laica y democrática, a mi juicio. No se trata de que se financien también con dinero público otras religiones. Se trata de que todas, incluida la católica, se sostengan con las aportaciones de sus fieles.
¿Está justificada en tu opinión en, digamos, «circunstancias especiales», una amnistía fiscal? ¿Qué resultados ha dado la última que ha habido en España?
R: Por supuesto que no está justificada en ningún caso. Las amnistías fiscales rompen los principios de justicia, igualdad y progresividad que enuncia el artículo 31 de nuestra Carta Magna y no se justifican nunca, ni aunque se obtuviesen por ella buenos resultados recaudatorios. Afortunadamente, a estas alturas esto ya ha sido aclarado por el Tribunal Constitucional en la sentencia en la que anuló la amnistía aprobada por el Gobierno del PP en 2012. Está bien que en el pacto entre el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos se contemple su prohibición por ley, pero no debería ser necesario; en rigor, las amnistías fiscales, confesas bajo la rúbrica de » regularización » o encubiertas, hay que entenderlas prohibidas por la propia Constitución.
Pero es que además su resultado económico fue un clamoroso fracaso. Se acogieron a la amnistía algo más de 31.000 contribuyentes, de los que se recaudaron unos 1.200 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto. Y al final además ocurrió que la carga fiscal real que soportaron no llegó ni siquiera al privilegiado 10% establecido; se quedó en apenas un 3%. Por no hablar de la inquietante sospecha de que entre los amnistiados se cuenta un nutrido grupo de empresarios y políticos implicados en tramas de corrupción.
Hablas en un apartado del libro del papel de los inspectores de Hacienda en el sector privado. ¿Otra puerta circular? ¿Qué hace, a qué se dedica un inspector de Hacienda en un lugar como ese?
R: Es verdad. Se habla de puertas giratorias casi exclusivamente para referirse a políticos que ocupan puestos de primera línea en gobiernos, pero casi nunca a altos funcionarios de un segundo o tercer nivel de la Administración, y tal vez desde el punto de vista sistémico sean éstos incluso más importantes porque están trasladando al sector privado, sin coste para éste, el conocimiento adquirido en el sector público gracias a la aportación de toda la ciudadanía e introduciendo en el sector público intereses particulares que le deberían ser ajenos. Se trata de un problema bastante más grave de lo que se piensa. El cuerpo de inspectores de Hacienda del Estado es el segundo de la Administración, tras el de abogados del Estado, según informaciones aparecidas en diferentes medios, en porcentaje de personas que se han pasado al sector privado, en ocasiones para fundar sus propias asesorías y en otras captados por grandes bufetes y consultoras o por grandes empresas. También sucede con el cuerpo de técnicos de Hacienda pero en bastante menor medida. Lo que buscan en ellos y lo que están dispuestos a pagar de manera muy generosa las consultoras y empresas está muy claro. Se trata de cuerpos muy cualificados cuya formación supone un coste importante para el erario público, compuestos por profesionales que en general han desempeñado tareas resolutivas, directivas y de asesoramiento que les han reportado necesariamente conocimientos muy especializados de normas, doctrina y procedimiento. Estoy convencido de que la mayoría de ellos no hacen nada ilegal, incluso de que creen sinceramente que es legítimo su comportamiento. Pero ésa no es para mí la cuestión, ni siquiera lo es el problema de la ética individual que parece ser el único que se suscita. El problema real es que el sistema permita que exista este canal de polución entre intereses privados y gestión de bienes públicos. Hay algunas medidas de freno elementales que sorprende que no se hayan adoptado: impedir que un inspector o técnico de Hacienda puedan pasar en un número determinado de años a asesorar a empresas en su área de trabajo público, hacerles perder la plaza en la Administración impidiéndoles el retorno en la cercanía de la jubilación, como viene siendo habitual, poner coto a las contrataciones de estos profesionales para cursos, seminarios y encuentros pagados por consultoras u obligarles a pagar una indemnización compensatoria del coste que para los ciudadanos tuvo su formación como técnico o inspector.
Parece elemental pero algunas voces lo cuestionan: ¿por qué son más justos los impuestos directos que los indirectos?
R: Se puede deducir de su nombre. Los impuestos directos se llaman así porque en ellos se grava una manifestación directa de capacidad económica, bien sea la renta que se obtiene en un periodo determinado de tiempo, que es lo que sucede en el IRPF o en el Impuesto sobre Sociedades para personas jurídicas, o la riqueza que se recibe a título gratuito, caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, o la riqueza medida en una fecha determinada, lo que hace el Impuesto sobre Patrimonio. No necesariamente han de ser progresivos; el de Sociedades es prácticamente un impuesto proporcional; pero en todo caso miden riqueza o renta concreta y real. En los impuestos indirectos lo que se grava es una manifestación indirecta de capacidad económica. Constituye el hecho imponible del IVA la adquisición a cambio de un precio de bienes y servicios, y se hace soportar sobre el consumidor final, suponiéndose que el hecho de que satisfaga el precio es señal de capacidad económica, de poder de compra. En este tributo, el sujeto pasivo, quien nos repercute la cuota de IVA y la ingresa en Hacienda, no es quien corre con el coste fiscal; está disociada la figura de sujeto pasivo y la de quien soporta el impuesto como titulares de diferentes obligaciones tributarias. Pero no siempre es así. Cuando pagamos el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales al comprar una casa, por ejemplo, somos nosotros mismos los que ingresamos la cuota, en este caso en la Hacienda Autonómica, y sin embargo se trata también de un impuesto indirecto.
Está claro, en consecuencia, que al tratarse de una manifestación indirecta de capacidad económica su medición es más irreal. Lo usual es que un millonario consuma más que un pobre. Pero, en primer lugar, la cuantía de su consumo es una opción que no debería determinar su tributación y, en segundo lugar, la diferencia de consumo de uno y otro siempre será mucho menor que la diferencia de riqueza. Y esto es además más cierto cuanto más básicos son los bienes y servicios que adquirimos. Que un ciudadano posea doscientas veces más riqueza que otro o que gane doscientas veces más no va a suponer que compre doscientas barras de pan cada mañana. Lo normal es que cada uno de ellos compre una o dos o tres barras, dependiendo del apetito y del número de miembros de la familia.
Casi a bocajarro y sin mucho espacio: ¿podrías señalar algunas medidas de política fiscal que harían que la normativa española fuera más justa?
R: Las hemos ido comentando a lo largo de la entrevista. Hay que reformar en profundidad los grandes impuestos. Es necesario volver a un IRPF sintético en el que todas las rentas paguen por igual con independencia de su origen y recuperar la progresividad a lo largo de toda la tarifa. Es preciso revisar y eliminar deducciones y exenciones en Impuesto sobre Sociedades, acompasar el tiempo de aplicación de las deducciones y de las bases negativas al de prescripción y comprobación por la Administración y eliminar áreas de baja o nula tributación como las entidades de capital riesgo, las SICAV o las SOCIMI. Se hace necesario reducir el peso de los impuestos indirectos y aumentar el de los directos. Y, de una manera muy importante, y ésta es una idea en la que en el libro se insiste una y otra vez, se debe acometer un plan de simplificación radical del sistema. La complejidad del sistema tributario y sobre todo de sus procedimientos supone una barrera colosal para los ciudadanos comunes y una gran oportunidad de ahorro fiscal para grandes fortunas y empresas. En el libro se explican bastantes ejemplos de cómo ocurre esto.
Novelista, poeta, trabajador en la Agencia Tributaria, ensayista, ¿cómo se pueden tocar tantas teclas y tocarlas bien?
R: No estoy yo tan seguro de tocarlas bien todas. Cierto que desde pequeño he padecido de cierta incapacidad para concentrar fuegos en un solo punto. Así que los concentro por tiempos en varios. Salvo en lo que se refiere al trabajo en la Agencia Tributaria, naturalmente, que es con lo que me gano la vida.
Fuera de guión, más allá del libro: ¿qué opinión te merece, desde el punto de vista de la fiscalidad, el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos?
R: Hay en él un prometedor cambio de rumbo. Es de saludar el propósito de ir recuperando gradualmente la justicia y progresividad del sistema y la voluntad declarada de atajar algunas de las más clamorosas vías de fuga del fisco de grandes empresas y fortunas. Pero cuando se desciende al análisis de las propuestas concretas su falta de profundidad resulta muy decepcionante. Espero que se deba a la dificultad de la coyuntura política y que se tenga en mente corregirlo cuando la coyuntura cambie. ¿Cómo es posible que en lo que se refiere a los dos impuestos más importantes y de mayor capacidad recaudatoria del sistema, el IRPF y el IVA, todo se quede en un par de retoques de tipos? En Impuesto sobre Sociedades llegan sólo un poco más lejos, aunque aquí es donde está alguna de las propuestas más certeras. Tampoco se aborda una revisión completa de deducciones y exenciones o los excesivos periodos de aplicación de éstas y de bases negativas. Sí que resulta una excelente noticia la pretensión de devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV o que se eleve la tributación de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), que a medio plazo deberían desaparecer.
Por lo demás, la obsesión por figuras tributarias relativamente nuevas como el gravamen a transacciones financieras y empresas tecnológicas, dada su deficiente configuración, me temo que va a dar bastante más ruido que nueces. Y la letra pequeña en medidas contra el fraude la veremos en la ley que está en fase de tramitación, aunque tampoco apunta muy prometedora.
¿Quieres añadir algo más?
R: Poco más. Ha sido un placer. Nunca había atendido a una entrevista llevada a cabo con tanta profundidad. Espero que las respuestas sean de alguna utilidad.
Lo son querido Ricardo, no lo dudes. Muchas gracias.
Primera parte: Entrevista a Ricardo Rodríguez sobre Los impuestos en la ciudad democrática. «La política fiscal española no cumple ni de lejos el mandato contenido en el artículo 31 de la Constitución» http://www.rebelion.org/noticia.php?id=253205
Fuente: El Viejo Topo, enero de 2019.
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