Los partidos políticos reclaman la participación popular, la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Aunque, cuando la población participa y se sale de los cauces arbitrados por los partidos, no pocos se asustan del populismo. La palabra se usa con significados diversos pero, en este caso, suele referirse a la insuficiente cualidad de […]
Los partidos políticos reclaman la participación popular, la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Aunque, cuando la población participa y se sale de los cauces arbitrados por los partidos, no pocos se asustan del populismo. La palabra se usa con significados diversos pero, en este caso, suele referirse a la insuficiente cualidad de las voces de la gente: su ignorancia, su visión sesgada de los problemas, su falta de competencias técnicas para comprender y resolver asuntos complejos y graves.
Asumamos -y es mucho asumir, pero baste en este artículo- que la crítica tiene razones y que la gente no entrenada en política desconoce cómo enfrentarse a determinados problemas. Constatado lo cual, quedan dos posibilidades: o bien asumimos que la voluntad popular deben filtrarla los especialistas de la política (y confiemos en que mejoren un poco) o bien arbitramos soluciones que promuevan una opinión pública informada.
Centrémonos en la segunda opción. Una posibilidad estriba en modificar las reglas de funcionamiento interno de los partidos y abrirlos a la participación ciudadana. Cabe hacer mucho en ese sentido, porque los partidos vehiculan la participación pero también la limitan. El asunto se ha tratado y buenos consejos no faltan: garantizar la democracia interna, la adquisición de responsabilidades por los militantes que actúan sin pretender ganarse la vida, promover, en suma, una cultura donde no se persiga a quien disienta de la dirección y que considere un valor la discrepancia razonada.
Pero también cabe promover la actividad ciudadana de la gente que, por razones diversas, no desea encuadrarse en partidos. Lo señalaba Lula en un artículo reciente titulado «Nuevas voces en Brasil» y publicado en El Telégrafo: las democracias deben atender a las demandas organizadas de la sociedad pero también a las de quienes ni están organizados ni lo estarán porque no encuentran un lugar a su gusto en la oferta política disponible y en el precio que impone para participar.
Las personas organizadas ya han pasado los filtros que restringen el acceso a la actividad pública, incluso cuando se sitúan en las posiciones políticas más modestas. Cualquiera no puede estar en un partido e influir en él: necesita, ante todo, tiempo y de éste carecen los más perjudicados -los trabajadores, las mujeres, las personas que cuidan a sus familiares- por la división social del trabajo. Para escuchar a quienes no han pasado los filtros, porque no quieren o porque no pueden, sólo existe una opción: reclutar a los participantes en las deliberaciones a través del sorteo, método de provisión de los puestos públicos de las democracias antiguas. Al fin y al cabo, se razonaba en la Grecia clásica, uno elige a alguien como representante sólo cuando considera que tiene cualidades que le permiten gobernar. Cuando se trata de problemas que cualquiera, con buen juicio, puede resolver el recurso al azar impide que gobiernen aquellos que aman demasiado el poder y buscan perpetuarse en el mismo mediante intrigas. Y de esas gentes, cualquier democracia, a menor o menor escala, debe protegerse.
Algunos consideramos que las primeras democracias tienen todavía bastante que enseñarnos. Con esa lógica, ciertas instituciones (por ejemplo, la municipalidad de Berlín) han recurrido y recurren crecientemente a pequeñas asambleas deliberativas de ciudadanos no encuadrados en partidos ni en movimientos sociales. Sobre todo cuando se discuten cuestiones sensibles para la colectividad y se considera que las plataformas partidarias no garantizan, por sí solas, la ecuanimidad ni la decisión informada. Durante un periodo determinado de tiempo, un conjunto de ciudadanos, elegidos por sorteo, debaten con el objetivo de presentar un informe argumentado sobre las alternativas disponibles. Éste, por su parte, debe ser refrendado por la ciudadanía. Se amplían, así, las perspectivas que permiten decidir a los ciudadanos.
Tales asambleas recurren a tantos expertos como consideren necesarios. Con estos, la decisión deberá tener en cuenta el conocimiento adquirido sobre la cuestión por parte de los especialistas (los cuales, por lo demás, disienten entre sí: razón de más para no confiarles en exclusiva los problemas de todos). De ese modo, la asamblea emitirá una opinión razonada, adquirida tras un proceso de verdadera ilustración compartida. La deliberación, al no estar prefabricada por las cúpulas políticas, seguramente merecerá tal nombre. Los ciudadanos, por supuesto, tendrán sus opiniones previas que condicionarán su posicionamiento final. Pero no cabe descartar, y de hecho sucede a menudo, que la deliberación cambie la perspectiva de los implicados y que la gente salga pensando aquello que antes ni se le había ocurrido o le parecía un dislate.
¿Entre quien sortear la participación? Solo hay una respuesta posible: entre aquellos ciudadanos que lo deseen. [1] ¿Y por qué van a desearlo? Institucionalmente, lo más sensato es suponer que por las compensaciones, económicas y simbólicas, que tiene la actividad. La exigencia de voluntariedad es demasiado selectiva, ya que dar tiempo sin demandar nada a cambio suele ser un lujo al alcance de aristócratas. Además, sabemos que no toda la economía es monetaria y que tras la aparente generosidad se esconde la búsqueda consciente o inconsciente de retribuciones.
El campo de actividad de tales asambleas puede ser muy amplio. Un grupo de expertos, preseleccionado por el gobierno, ha emitido recientemente un informe sobre el sistema de pensiones. Otros expertos han cuestionado la pluralidad del equipo y que tras su supuesta ciencia se esconde bastante ideología. ¿Por qué no recurrir a informes proporcionados por la deliberación ciudadana? La pluralidad de recursos intelectuales disponibles es una condición de tales espacios de deliberación de gente común. Por otra parte, cabe suponer que la gente común tiene saberes que no alcanza ningún experto. No en vano, les preguntamos cotidianamente sobre su opinión por medio de sondeos. Pero los sondeos no permiten la formación de una opinión razonada, aunque recurren al azar para tener una visión lo más amplia posible de la perspectiva de quienes no pueden hacerse escuchar en las instituciones políticas existentes.
Las asambleas deberían contar con recursos públicos para su funcionamiento. Quizá supondrá trasvasar recursos de otras instituciones políticas: a nivel municipal, provincial, autonómico o estatal existe una buena caterva de partidas y puestos que solo sirven para reforzar el clientelismo y la propaganda sectaria. El menú de alternativas disponibles en el campo político se ampliaría. Para unos seguirá bastando con las opiniones ofertadas por los partidos. Otros encontrarán un aliciente nuevo para elegir con conocimiento de causa. Un grupo no enorme, pero sí significativo de ciudadanos, adquirirán experiencia en los asuntos públicos. Con ella fortalecerán las neuronas de nuestra inteligencia colectiva y, por ende, de nuestra democracia.
No sólo las instituciones públicas, también los partidos (e, incluso, los movimientos sociales) podrían recurrir a tales dispositivos de creación de una opinión informada. Les permitirían tener una visión más ajustada de qué piensan, cuando tienen tiempo y recursos para hacerlo, las personas a las que dicen representar. De ese modo, serían aquello que dicen ser, representantes de los ciudadanos y podrían precaverse contra su degeneración: ser instituciones gobernadas por elites que expropian la voluntad ciudadana y se concentran en los problemas y soluciones que convienen a su propio automantenimiento.
Por razonable que parezca, poca gente en España propone algo similar. El lector medianamente informado sabe que, sin embargo, una abundante literatura científica y filosófica (Robert Dahl, John Burnheim, Bernard Manin, Cornelius Castoriadis, Yves Sintomer, Jorge Cancio entre nosotros) lleva años proponiendo y analizando la revitalización del sorteo para mejorar nuestras democracias. Pocos dudan que los partidos y los representantes sean una parte necesaria de la democracia. [2] Pero son más quienes dudan de que sean la única alternativa para gobernar con eficiencia y calidad democrática. La actividad ciudadana y los partidos que, en serio, comprendan que son, en su estado actual, una parte del problema, tienen en el recurso al sorteo un mecanismo para limitar el descontrol de las oligarquías políticas.
Notas
[1] L a cuestión de la voluntariedad se tratará en notas siguientes. En ciertas ocasiones, respecto de grupos muy homogéneos, puede funcionar la idea presentada en la primera entrega de esta serie. Pero el reclutamiento de ciudadanos bajo coacción presenta demasiados inconvenientes, incluso proponiendo compensaciones muy importantes. La democracia ateniense se nutrió de voluntarios para el sorteo, con alguna excepción.
[2] Debe recordarse el avance que los partidos políticos supusieron frente a las democracias liberales de notables: organizaron a las masas que no podían pagarse individualmente campañas electorales, contribuyendo a permitir la movilidad social a través de la política -mediante el trabajo dentro del partido. La tendencia oligárquica de los partidos se conoce desde Robert Michels pero la presencia de grupos organizados más o menos estables y con ideología sistematizada es un rasgo de todas las democracias -hasta de la ateniense. Frente a esos grupos, formados por privilegiados, la organización partidaria, como cualquier burocracia, favorece a quienes requieren entornos institucionales estables para desarrollar sus habilidades (cosa que suelen necesitar los más desposeídos) y para enmarcar sus compromisos.
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