En sus inicios, el discurso político de Rafael Correa, se constituyó en torno a una supuesta ‘revolución ciudadana’, la cual ha centrado una buena parte de su propuesta en la promesa de profundización de escenarios democrático, y participativos, así como en el establecimiento de un ‘nuevo país’, en el que los errores de la ‘partidocracia’ […]
En sus inicios, el discurso político de Rafael Correa, se constituyó en torno a una supuesta ‘revolución ciudadana’, la cual ha centrado una buena parte de su propuesta en la promesa de profundización de escenarios democrático, y participativos, así como en el establecimiento de un ‘nuevo país’, en el que los errores de la ‘partidocracia’ (y por ende la democracia elitista) que le precedió, sean contrarrestados por contundentes transformaciones donde la sociedad civil (SC desde ahora), pueda ser parte activa de las políticas nacionales.
Así pues, una vez que Rafael Correa asumió el poder, sus discursos en cuanto a la instauración de los contextos participativos exigidos por la ‘revolución ciudadana’, iniciaron un proceso de ‘objetivación’ cuando se convocó a una Asamblea Constituyente con plenos poderes para redactar una nueva Constitución, la cual entre otras cosas propuso la creación de instituciones (e incluso una función de estado) que prometían una efectiva institucionalización de canales desde los cuales la ‘ciudadanía’ y la sociedad civil, podrían ser agentes activos de la vida política, y de la fiscalización y control social de los actos públicos. Durante este primer momento, el grueso de las organizaciones sociales, mostraron su apoyo por el mencionado proyecto político, en tanto apenas se reconoció un leve antagonismo de unas pocas organizaciones civiles del tercer sector y grupos liberales o regionales críticos a el discurso correista.
Sin embargo en un segundo momento, una vez establecida y aprobada la carta Constitucional, se redactaron una serie de normativas relacionadas directamente con la demarcación de campos posibles de acción para la sociedad civil, y se reglamentaron los escenarios específicos para la ‘participación ciudadana’. Durante esta etapa, donde ya no se discutieron temas generales sino aspectos específicos, se desató un fuerte antagonismo para con el Gobierno, desde la mayoría de organizaciones sociales históricas; incluso desde aquellas que habían mostrado su apoyo inicialmente [2]. Posteriormente en un tercer momento, el Gobierno estructuró una pesada ingeniería de relacionamiento para con la sociedad civil, desde sus ministerios y secretarías de estado, duplicando en algunos casos los ámbitos de acción de instituciones y funciones de estado recientemente creadas para tal efecto en la Constitución, estableciendo mecanismos de control disciplinario para con las organizaciones civiles, creando proyectos estatales para absorber a las bases de organizaciones críticas, y finalmente construyendo nuevas organizaciones para el apoyo, legitimación, y aclamación del régimen.
A fin de realizar una adecuada aproximación y análisis de los elementos antes descritos se presentan los siete elementos más conflictivos en cuanto a la relación del gobierno de Rafael Correa y la Sociedad Civil en el Ecuador: 1. El establecimiento de una democracia de élite en sentido estricto donde la sociedad civil tiene una muy limitada ventana de participación. 2. La disolución de las ‘organizaciones civiles’ desde la noción de ‘ciudadanía’ redefinida por el discurso correista. 3. El rol ministerial en cuanto a contrarrestar las posibles conformaciones de ‘públicos participativos’. 4. La hibridación ‘ciudadanista’. 5. El oxímoron del acountability social en el Ecuador. 6. El control de la esfera pública. 7. Estrategias discursivas de control gnoseológico.
1. El establecimiento de una democracia de élite en sentido estricto donde la sociedad civil tiene una muy limitada ventana de participación
La democracia elitista se base de manera general en la representación (Sartori, 1999), y en la imposibilidad que los grandes aparatos burocráticos sean manejados de manera directa por la sociedad civil (Linz, 1998). La implementación de democracias elitistas, como es bien sabido implica restricciones a la participación ciudadana, reduciéndose esta casi de manera exclusiva a la elección de los representantes en los ejercicios de sufragio. Desde la perspectiva de Sartori (1999), la intervención ciudadana en el funcionamiento estatal y en la toma de decisiones, solo puede entenderse como ‘interferencia’, de hecho la participación es vista por la democracia de élite como «un medio para obstaculizar el camino a la democracia» (Villeneuve citado en Sartori, 1999: 227), de modo que en las democracias de élite el voto se convierte en prácticamente el único camino de participación Schumpeter (1996).
En este mismo contexto, al describir como la democracia elitista ha generado una serie de ‘promesas incumplidas’, Bobbio (1985) responsabiliza, entre otros, a dos elementos como principales causantes del incumplimiento de una verdadera participación en contexto de democracias de élite: la tecnocracia, y la burocracia. En lo que respecta a la tecnocracia, el autor afirma que esta «pretende que los que tomen las decisiones sean los pocos que entienden de tales asuntos» (Bobbio, 1985: 43). Mientras que por otro lado la alta burocratización (y la complejización del aparato estatal como consecuencia de la misma), no hace sino cerrar más las estrechas ventanas de participación posibles en regímenes elitistas.
Ahora bien, en base a la información levantada y analizada en diversos capítulos de la presente investigación (especialmente II y III), puede inferirse que la interacción estado – sociedad civil propuesta desde el proyecto de la ‘revolución ciudadana’ contiene varios elementos que la acercan de manera decidida a una verdadera democracia elitista, y esto desde los siguientes parámetros:
a. El establecimiento de un de un régimen plebiscitario (Habermas, 2003), donde los espacios de foro ciudadano son contrarrestados por ejercicios de sufragio, y donde el discurso de la revolución ciudadana defiende constantemente su legitimidad por causa de sus triunfos electorales Schumpeter (1996), acusando constantemente a las organizaciones sociales que lo critican, de que no han podido ‘ganar elecciones’, y por lo tanto son ilegítimas.
b. La profunda burocratización de la vida pública en todos los campos, pero particularmente desde la generación de cuerpos estatales relacionados directamente con la participación, y el control de la sociedad civil. En primer lugar desde el establecimiento de toda una nueva función del estado para fomentar la ‘participación ciudadana y el control social’, operativizándola desde un CPCCS, como cuerpo estatal que procesa los ámbitos de acción de lo civil, los cuales sin embargo deberían ser autónomos y auto convocantes (Cohen y Arato, 2000), y que ahora han venido a ser delimitados por un complejo aparataje estatal. En segundo lugar, normando y reglamentario los escenarios desde los que la sociedad civil pudiera participar para incidir sobre el estado, y definiendo de manera estricta sus ‘posibles campos de acción’ (Foucault, 2002), a través de normas y leyes creadas para tal efecto. Y en tercer lugar a través del establecimiento de una compleja ingeniería de relacionamiento desde el ejecutivo estructurada en torno a ministerios y secretarías de estado, desde donde se han generado instrumentos que han blindado a la participación, y han burocratizando los espacios de interacción de la sociedad civil con el estado [3] , de modo que finalmente el ejercicio de ‘participación en democracia’ en el caso ecuatoriano, ha venido a convertirse en un constructo altamente burocrático.
c. La alta tecnificación requerida para los espacios de relacionamiento sociedad civil -estado, al punto que, por ejemplo en espacios como: La elección de miembros del CPCCS, la elección de comisiones ciudadanas de selección de autoridades de control, los requisitos para formar ‘veedurías ciudadanas’, o para la participación en instancias como ‘consejos ciudadanos sectoriales’, y espacios afines, se realizan estrictos procesos de selección, donde, se entregan ventajas especiales a las personas con mayor formación profesional, y donde, por lo menos en discurso, prima la meritocracia [4] y la visión tecnocrática. En este sentido la estructura estatista ha asumido a los espacios de ‘participación’ en escenarios de desempeño para el ‘experto’ y el ‘técnico’.
2. Diluyendo a las ‘organizaciones civiles’ desde la noción de ‘ciudadanía’ redefinida por el discurso correista
Si se toma en cuenta que el ‘mundo de la vida’ es el «correlato de los procesos de entendimiento» (Habermas, 2003), y que desde ella es posible realizar las definiciones de situación en la vida social, entonces es posible que desde una posición ‘manipulativa’ se puede invadir este ‘espacio de significación’. Un ejemplo de esto fue la apropiación del significante ‘ciudadanía’, por parte del discurso gubernamental, el cual ha pretendido transformar su significado en una nueva categoría que legitime su propio proyecto político.
En el caso del discurso correista, ‘ciudadanía’ se utilizó como «significante vacío» (Laclau, 2005), para articular las demandas dispersas de los actores sociales que aportaron en la composición del discurso ‘progresista’ del gobierno. A su vez ‘ciudadanía’ se constituyó en un «paquete cultural» (Gamson, 1983), que representa la posición principalmente plebiscitaria y aclamatoria que debería tener la audiencia con respecto a su líder político.
Por lo tanto, cuando el gobierno habla de ‘ciudadanía’, en ninguna manera se refiere a la definición liberal, entendida como:
La igualdad moral de los individuos y el reconocimiento universal de los derechos civiles tales como el de la propiedad y el de una serie de libertades (libre pensamiento, libre tránsito, etc.); los derechos sociales tales como la salud, la vivienda, la educación, etcétera y los derechos políticos como el de la participación en la existencia pública del Estado, en su configuración y en las tomas de decisiones correspondientes. Reivindicando, siempre, la separación de las esferas de lo público y de lo privado. En la democracia liberal la gobernabilidad democrática se encuentra garantizada (debería estarlo) por las instituciones, por la división de poderes dentro del Estado y por la existencia de partidos políticos (Rawls, 1987: 28).
Lo expuesto hace alusión a una condición según la cual el ‘ciudadano’ tiene ‘derecho’ de delegar en el líder de la revolución ciudadana la intervención del mismo en todos los ámbitos del ‘mundo de la vida’.
Una vez aclarado a que se refiere la noción de ‘ciudadanía’ desde el universo de significación correista, se entiende por qué en los análisis de las entrevistas de actores afines al régimen (legislativos de AP, ministerios, e incluso los actores civiles aliados), se plantea la necesidad de fortalecer y priorizar procesos de ‘ciudadanización’ por sobre las ‘organizaciones’ sociales, en las cuales según los discursos afines al correismo, ‘participan los mismos de siempre’, y se constituyen en ‘espacios corporativos’.
Esta situación podría explicarse principalmente porque los grupos organizados tienen la potencialidad de generar espacios de deliberación cara a cara y manifestar sus posiciones desde ejercicios de ‘notoriedad pública crítica’, lo que conlleva el potencial para establecer dialécticas de verdadera opinión pública, mientras por otro lado la noción de ‘ciudadanía’ correista se inscribe en el ámbito de la ‘notoriedad pública manipulativa’ y por consiguiente, entra en el área de la ‘opinión no pública’, escenario ideal para el predominio de los regímenes plebiscitarios.
La demanda, del gobierno correista, de lo que ‘debe ser’ la ciudadanía, coincide con la utilización del discurso como mecanismo de interpelación ideológica [5] (Pecheux, 1994, basado en Althusser, 1986) desde donde el nuevo actor de la participación ‘debe ser’ el ‘ciudadano’, consciente de los logros del ‘cambio de época’ instaurado por el gobierno de la revolución ciudadana.
La idea de ‘ciudadanía’ desde el correismo, se convierte en un verdadero antídoto contra la organización social, y por tanto contra la sociedad civil crítica. Desde ahí se entiende el amplio uso de estrategias discursivas de «comparación negativa» (van Dijk, 1999), emitidas desde el gobierno, haciendo analogía de la sociedad civil organizada, con la noción de ‘corporativismo’ y ubicándola en plena dicotomía con el gran recurso de interpelación del régimen: Su propia noción de ‘ciudadanía’.
El nuevo rol que ‘debe tener’ la sociedad civil
El discurso correista, emitido desde el gran «paquete cultural» (Gamson, 1983) de la ‘revolución ciudadana’, especificado desde los actores legislativos afines de la mayoría gobiernista, sus ministros de estado, y finalmente ‘objetivado’ a través de su institucionalización (Lukcman y Berger, 2001) en espacios burocráticos, exige la definitiva necesidad de una reconstitución del rol de las organizaciones de la sociedad civil. La mencionada ‘reconstitución’ (especialmente aquella vinculada a los movimientos sociales), gira desde los siguientes puntos: a. La presunción que las demandas históricas de los grandes movimientos sociales han sido ya procesadas y el enfoque de las mismas debe cambiar y adaptar su repertorio para encomendarlo al proyecto político del gobierno, b. el rechazo unánime a las movilizaciones sociales críticas al régimen, al tratarse de estrategias de participación válidas para el ‘viejo país’, c. la priorización de la ‘ciudadanía’ como sujeto legítimo de participación, por sobre las organizaciones sociales, d. la noción que el nuevo papel de sociedad civil debe necesariamente ser ‘coordinado’ desde el estado a través de organismos como el CPCCS y las instancias de participación descritas en las Leyes redactada para ello (y posteriormente desde las ingenierías de relacionamiento ministeriales), e. la presentación de un contraste entre la ‘partidocracia’ que representaba la democracia elitista, y ‘la participación en democracia’ propuesta en la constitución y la Ley de Participación Ciudadana, la cual sin embargo gira en torno a las reglas del juego desde normativas e instituciones constituidas a priori por el mismo estado, f. la creencia que el control estatal del ejercicio de participación facilitará el quehacer de la sociedad civil, en correspondencia con las necesidades de la revolución ciudadana.
De ese modo el gobierno se constituye el gran interpelador Althusser (1968, 1970, 1983), de lo que significaría ser, de ahora en adelante, ‘ciudadano’, a través del establecimiento de una insipiente ideología ‘el socialismo del siglo XXI’ (la cual va tomando forma, sobre la marcha de las propuestas de los líderes políticos que se adhieren a la misma) como toda ideología, esta, tiene por función la ‘constitución’ de los individuos concretos en sujetos ‘ciudadanos’.
Se revisaron también las críticas a esta posición althusseriana desde autores como Ípola (1983), quien plantea que la noción de interpelación, la cual puede ser detectada tanto desde una estructura hegemónica, cuanto desde una consigna política que llama a crear las condiciones de emancipación de los explotados. Así mismo Ípola hace énfasis en la posibilidad del individuo que ‘recibe’ la interpelación, la niegue por haber sido interpelado por otras ideologías, por lo que hace énfasis en el ejercicio de ‘recibir’ el discurso interpelatorio. Sin embargo como se ha visto al parecer Althusser se adelantó a estas críticas dado que en artículos publicados posteriormente a su muerte, este plantea que debe quedar abierta la posibilidad que esta interpelación falle y el individuo no se reconozca en este discurso de interpelación, entonces quedaría abierta una puerta para que las clases dominadas puedan luchar contra la explotación desde la misma ideología, en este contexto se mencionaron trabajos de autoras como Navarro (1987) quien recogió reflexiones de Althusser acerca de la posibilidad de una ideología de los dominados que puede confrontar a una ideología dominante. Dejando bien establecida la posibilidad de un antagonismo ideológico.
El rol de «interpelación y constitución» (Althusser, 1968, 1970, 1983), delineado por el gobierno, es así mismo válido a la hora de determinar a las organizaciones sociales ‘legítimas’ de aquellas que no lo son. Uno de los mecanismos que se puede señalar a este aspecto es el registro único de organizaciones de la sociedad civil, RUOSC, como herramienta tecnocrática de clasificación de organizaciones. Otro es la clasificación manejada por funcionarios ministeriales al categorizar a las instituciones sociales entre ‘aliadas’, ‘antagonistas’ y ‘mixtas’. Finalmente la creación de nuevas instancias como una Nueva Coordinadora de Movimientos Sociales, da pie para que se determine, desde el gobierno, la idea de espacios legítimos del ejercicio ‘civil’ frente a espacios ilegítimos del mismo.
3. Ingenierías ministeriales de relacionamiento, la hibridación y su efecto en contrarrestar de posibles conformaciones de ‘públicos participativos’
Algunos autores [6], plantean que existe una especie de nueva ‘ola’ de democracia participativa en Latinoamérica, que incluso ha sido capaz de exportar su influencia a Europa. Boaventura de Sousa Santos (2003, 2004), ejemplifica casos como los de Porto Alegre, donde los escenarios participativos ofrecen dimensiones de democratización que desafían a las democracias elitistas . Otros como Avritzer (2002) van más allá proponiendo la necesidad de diseños institucionales que permitan que las discusiones públicas se transfieran hacia las arenas políticas a través de ‘públicos participativos’ que puedan realizar ejercicios de profundización democrática a través del establecimiento de foros de deliberación pública, desafío a los técnicos y burócratas, espacios de acountability y monitoreo ciudadano, y vínculos bien conformados entre la sociedad civil y la sociedad política.
Frente a lo anteriormente dicho, una visión ingenua del caso ecuatoriano podría verse tentada a etiquetar la ingeniería de relacionamiento propuesta desde el correismo para con la sociedad civil, con las teorías antes mencionados, y aún pensar que la propuesta de Avritzer de crear canales institucionales donde la sociedad civil efectivamente pueda ejercer influencia directa en la gestión democrática del estado, pueda estar de alguna manera solucionado desde las estrategias de relacionamiento generadas en el gobierno de la revolución ciudadana. Sin embargo a lo largo de los capítulos del presente trabajo se ha podido corroborar que esto no ha sido así, sino que de hecho se ha generado un efecto opuesto. Incluso se puede afirmar que ciertas estrategias gubernamentales se han delineado para contrarrestar la potencial conformación, e influencia de ‘públicos participativos’. Al respeto se pueden mencionar los siguientes puntos:
a. Como se sabe, Avritzer (2001) propone el modelo de públicos participativos, como potenciales mecanismos como la sociedad civil, puede protagonizar procesos de profundización de las democracias, sin embargo en el caso ecuatoriano los mecanismos de deliberación cara a cara, han sido ubicados en espacios institucionales manejados desde el estado, y delineados desde visiones tecnocráticas, así mismo los mecanismos para que esta deliberación sea introducida en la agenda pública es simbólica y tiene más bien un rol legitimante. Como ejemplos se puede señalar todos los espacios ‘ciudadanos’ para la elaboración de las leyes que paradójicamente regulan la participación, donde la sociedad civil tuvo un nulo papel, deliberativo.
b. La alta tecnificación exigida, a través de procesos de ‘meritocracia’ hacia actores que desean vincularse en procesos ‘participativos’. Según Avritzer los públicos participativos desafían el acceso exclusivo de los técnicos a los foros de deliberación, y contrarrestan las decisiones guiadas por criterios exclusivamente técnicos, pero en el caso ecuatoriano, incluso la selección de ‘representantes ciudadanos’ a espacios dentro de organismos como el ‘consejo de participación ciudadana’, ‘veedurías’, y demás espacios ‘participativos’, como los ‘consejos ciudadanos sectoriales’, han sido pensados y posicionados desde una perspectiva altamente tecnocrática.
c. El poder de las asociaciones voluntarias para ejercer control social, ha sido remplazado por órganos estatales, que defienden su estatus ‘ciudadano’ desde mecanismos legitimantes que han sido cuestionados incluso por los veedores que han revisado su conformación. En el caso ecuatoriano el acountability social es coordinado desde un cuerpo estatal, lo que genera la inevitable paradoja de un control social coordinado desde el mismo estado.
d. Mientras Avritzer propone que los públicos participativos podrían ser provistos por la democracia participativa como respuesta al argumento de la complejidad administrativa, (fundamento del concepto elitista de la democracia), que ha separado la deliberación pública de las decisiones técnicas, sin embargo en el caso ecuatoriano se ha desarrollado una élite absolutamente exclusiva de funcionarios altamente capacitados (por lo menos desde el discurso oficial), que desarrollan las políticas públicas desde una visión ‘técnica’ [7] .
Por otro lado es difícil evitar mencionar el fuerte componente híbrido de las instituciones durante el proyecto de la ‘revolución ciudadana’. Particularmente aquel relacionado con la ingeniería de relacionamiento generada a nivel ministerial. En este contexto es importante mencionar las teorías de la hibridación García Canclini (1995), donde las estructuras tradicionales de dominación (como por ejemplo la hacienda), pueden amalgamarse a las instituciones democráticas. El resultado es, la paradójica situación de una ingeniería de relacionamiento con la sociedad civil (se habla de aquella a nivel ministerial), de carácter policial (RUOSC), manejada desde la flexibilidad del ejercicio desnudo del poder practicado desde los ministerios, desde lógicas que recuerdan a instancias tradicionales de dominación [8].
4. Del populismo a la hibridación ‘ciudadanista’
Steve Ellner (2005), reconoce dos formas de populismo: En primer lugar el llamado ‘populismo radical’ o ‘populismo clásico’, el cual implica «cambios sociales sin haber llegado al punto de la revolución, el socialismo, o el fascismo» (Ellner, 2005: 121), este tipo de populismo es percibido como una categoría antidemocrática, generada por masas outsiders de los beneficios económicos, (Germani.1996, Ianni, 1975), y que se desarrolla en estadios previos a la generación de la conciencia de clase en las masas, otros autores como Keneth Roberts (2003), señalan además al desgaste de los partidos políticos y las instituciones democráticas como elementos explicativos del mencionado fenómeno.
En segundo lugar el populismo revolucionario, es decir aquel que ve la posibilidad de procesar cambios radicales profundos (Laclau, 1977). El populismo revolucionario, suele surgir en momentos en que las coaliciones de poder se fracturan, por lo que puede ser una puerta hacia el socialismo (o al fascismo).
En esta segunda línea teórica referida al fenómeno populista (Ellner), propone la noción de ‘oportunidad revolucionaria’ la cual se refleja en la creación de organizaciones e instituciones paralelas que remplacen aquellas ubicadas en las estructuras anteriores, preparando el camino para la «democracia radical o el socialismo» (Ellner, 2005: 122). Adicionalmente este autor menciona la estrategia de la ‘transformación revolucionaria’, desde la posibilidad de transformar las viejas instituciones a través de penetrarlas y dominarlas (en una especia de guerra de posiciones gramciana).
Ahora bien, en lo que compete al caso ecuatoriano, ya se ha podido constatar el cambio en el aparataje institucional generado a partir de la Constitución 2008, donde nuevas instituciones, e incluso nuevas funciones de estado han llegado para fortalecer los escenarios de cambio social reclamadas por el discurso de la ‘revolución ciudadana’. En el caso del gobierno correista, la mayoría de estas instituciones tienen una orientación de índole ‘ciudadana’ que aparentemente coordinaría su trabajo con los actores estatales. Ejemplos de este tipo de fenómenos se pueden encontrar en: La creación de una función de transparencia y control social la cual a su vez coordinará la selección de autoridades de los organismos de control, así como a las autoridades de la (también nueva) función electoral, también se debe mencionar la creación de instituciones reguladoras de la participación como el CPCCS, y la instauración de una serie de ‘consejos’ aparentemente mixtos pero manejados principalmente desde el ejecutivo, para la regulación de varias las áreas de acción de la sociedad ecuatoriana: Consejo de Educación Superior, Consejo de Planificación, Consejo de Comunicación (en debate), Consejos Ciudadanos Sectoriales (para el monitoreo de las políticas ministeriales). Este gran crisol de nuevas instituciones (de corte ciudadano), coincide de manera clara con la noción de «oportunidad revolucionaria y de trasformación revolucionaria» de Ellner (2005).
Otro ejemplo, suigeneris, del mencionado fenómeno, aunque esta vez inverso, es el caso de la contundente estatización de los ‘consejos mixtos’ para el monitoreo de política pública creados a partir de la Constitución de 1998 , donde antes grupos de interés de la sociedad civil ejercían gran injerencia, estos espacios han sido, sin embargo, contrarrestados, durante la revolución ciudadana, dándose el caso de una especie de ‘guerra de posiciones’ para contrarrestar antiguas estructuras de participación antes mixtas, y ahora en camino a su estatización completa, (ejemplo el CONAMU disuelto y el CODENPE desfinanciado, y en camino a ser remplazado por una subsecretaría dentro de un ministerio de estado). Es decir, una estrategia enfocada decididamente a cortar áreas anteriormente vitales para el relacionamiento entre el gobierno y grupos civiles de interés, y constituirlas en espacios dependientes de ministerios y secretarías de estado desde los nuevos ‘consejos de igualdad’ en proceso de estructuración.
Guerra interna de posiciones
Al respecto del interés del proyecto correista de remplazar instituciones o de adaptar las existentes a las necesidades de su discurso político, llama la atención observar como desde la ingeniería de relacionamiento ministerial, para con la sociedad civil, se ha suscitado un extraño fenómeno: Una especie de guerra interna de posiciones, desde la cual, el sistema ministerial del ejecutivo empieza a mellar y a remplazar poco a poco las facultades de instituciones ubicadas a nivel de otras funciones de estado, las cuales paradójicamente fueron a su vez generadas desde dimensiones de ‘oportunidad revolucionaria’, en base a la misma Constitución del 2008.
El ejemplo más importante de esto, es como el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual poco a poco es confrontado con instancias ministeriales (es decir del ejecutivo) que repiten muchas de sus funciones, causando rivalidad institucional. Esto se explica pues al estar el CPCCS, ubicado desde otros poderes de estado, tiene en consiguiente menor control del ejecutivo. De modo que desde las secretarías de estado se están generando situaciones en que algunas funciones del CPCCS han sido ‘duplicadas’, por ejemplo por la Secretaría de Pueblos. En palabras de uno de los directivos de la mencionada secretaría, haciendo referencia al CPCCS ellos creen que son los únicos pero no.
Populismo elitista y populismo de masas
Por otro lado autores como Ianni (1975), identifican a su vez otros dos tipos de ‘populismo’. En primer lugar el populismo nacido desde las ‘élites’, y en segundo lugar el ‘populismo’ que surge desde las mismas masas. Un populismo de las ‘masas’ tendría relación con el inicio de la conciencia de clase en la ‘masa’, y se constituiría un escaño temporal en un verdadero proceso revolucionario. Mientras que el populismo de élite depende de los discursos del líder, y de sus intereses particulares. Dadas las condiciones del caso ecuatoriano, quedarían pocas dudas que se estaría hablando de un populismo de élite, por las siguientes razones:
a. El populismo de masas y el populismo clásico tienden a generar una base organizada en torno al proyecto de «cambio social» (Ellner 2005), esto ha ocurrido en Venezuela en el caso de los círculos bolivariano y posteriormente en el fortalecimiento de las comunas, sin embargo no ha ocurrido en el caso de Ecuador, donde los ‘comités de defensa de la revolución’ fracasaron, y donde intentos tardíos de construir coordinadoras de movimientos sociales, constituyen intentos más orientados a legitimar la funcionalidad de las propias estructuras estatales, que a una interiorización de la masa en proyecto político de la revolución ciudadana. Es decir, en el caso ecuatoriano se trata de ejercicios clientelares y de cooptación, en pro del aparato institucional generado en la estructura estatal, y no constituyen una verdadera ‘base organizada’ nacida de la consciencia de ‘clase para sí’, de dimensiones considerables (por lo menos hasta ahora), de actores que han interiorizado los objetivos de un proyecto revolucionario popular.
b. Ellner plantearía que un populismo clásico de masas genera instituciones que amplían la ventana de participación. Y de hecho esto es lo que parece estar pasando en el caso ecuatoriano, con la sola diferencia que un análisis más detallado revela que las instituciones construidas desde el proyecto correista, magnifican el componente burocrático y tecnocrático y por tanto potencian el empoderamiento de las élites afines al gobierno, en menoscabo de una verdadera apertura participativa.
c. En tercer lugar la incorporación de grupos excluidos, especialmente de las zonas marginadas, elemento del que se puede decir que efectivamente está presente en el caso del proyecto político de Correa. Aunque una visión suspicaz podría pensar que ciertas políticas estatales de asistencia social, podrían tener el interés de generar bases clientelares, y buscar que estas queden sujetas bajo el poder, y la completa autoridad del líder, (y efectivamente así son percibidas por los actores civiles analizados durante esta investigación), a diferencia de si estas políticas de inclusión hubieran acontecido como un logro o reivindicación en la lucha social de estos grupos excluidos. Lo cual no ha sido el caso.
d. En cuarto lugar la ‘transformación cultural’, la cual ha sido generada exclusivamente desde la élite y no como un proceso de formación de conciencia dentro de la ‘masa’. Dentro de la cual incluso se ha pretendido cambiar el universo de significación para definir varios elementos esenciales, como la ‘participación’, definida esta vez de manera implícita como un ejercicio que debe tener la rectoría total del estado (precisamente ese es el término que se utiliza a nivel ministerial ‘rectoría’), la nueva significación de lo público como lo estatal y la negación de los espacios de lo público no estatal, la enunciación del ‘control social’ como un ejercicio institucional/estatal, la categorización de organizaciones sociales legítimas e ilegítimas, o finalmente la redefinición de ‘ciudadanía’ como un concepto que describe una adscripción plebiscitaria y aclamativa de la masa electoral.
Desde lo dicho no quedan dudas que el tipo de populismo ejercido desde la propuesta correista es ‘elitista’.
El discurso populista
Por otro lado desde la perspectiva de Ernesto Laclau (2005), es posible identificar la hegemonía discursiva del líder populista, en esta caso Correa, desde la forma en que este maneja una ‘lógica de equivalencia’, a través de ‘cadenas’, que logran articular diversas demandas dispersas, y estructuran su discurso.
Estas ‘cadenas de significantes’ pueden recoger posturas de lo más disímiles, y articularlas hacia una ‘particularidad’. Aquí el populismo se reconoce desde la manera en que elementos articuladores unifican significantes flotantes, y así vinculan diversidad de discursos en base a una concatenación de demandas.
De este modo la fragmentación de la sociedad civil típica del caso latinoamericano, puede desde luego ser vista como un escenario ideal para que un ‘significante vacío’ haya podido articular demandas esparcidas, desde varios significantes flotantes, y agruparlas en una sola línea, representada por una ‘revolución ciudadana’. De este modo Correa fue hábil al vincular diversos significantes flotantes de una sociedad civil «fragmentada» (Roberts, 2003), a través de un discurso unificador. En este caso desde la noción de ‘revolución ciudadana’, el correismo constituye su proyecto político, y articula en torno a él un universo de elementos tomados de las demandas generales de varias organizaciones sociales históricas.
Sin embargo hay un elemento particular en el caso del discurso de Correa, si se aplica a su propuesta el análisis laclauniano. Para Laclau (2005) se requiere de una ‘heterogeneidad social’ que reclame para sí la representación de la noción de ‘pueblo’ (es decir la pleves exigiendo ser populus). Esta noción sin embargo es rencausada, por el correismo, desde la enunciación de ‘pueblo’ hacia la noción de ‘ciudadanía’. Es decir, el proyecto populista elitista de Correa, no duda en utilizar un significante adscrito al liberalismo (aunque su significado sea distinto), para constituirla en el articulador particular de una generalidad: Se trata de una ‘revolución ciudadana’, no de una ‘revolución popular’. Y es ciudadana (y esto no solo por su recurso discursivo), precisamente porque estará consolidada desde una compleja estructura de instituciones democrático-elitistas que le darán significado.
Si se tratase de una revolución de índole popular, este populus exigiría un amplio escenario de participación, pero al ser una revolución de índole ciudadano, no hay problema si las instituciones democráticas son las encargadas de remplazar a las organizaciones sociales en su rol ‘democratizador’. Además ya se mencionó antes que el significante ‘ciudadanía’, adquiere desde el universo correista un significado relacionado con las estrategias de la «notoriedad pública manipulativa» (Haberms, 2003), y que evoca al apoyo plebiscitario y aclamatorio del líder de esta de este proceso ‘revolucionario’.
Desde lo anteriormente dicho, si bien no queda duda que el fenómeno correista se puede catalogar como un tipo de populismo, como afirman varios académicos (De la Torre, Peruzzotti, Freidenberg, Montufar, 2008). Sin embargo, varios elementos del populismo son demasiado comunes en la vida política regional como para hacer de esta categoría un concepto particulizador del caso ecuatoriano (Desde las condiciones discursivas que plantea Laclau para el ejercicio populista, más bien el desafío sería encontrar en las democracias contemporáneas latinoamericanas, algún proceso que carezca de elementos populistas).
Para Laclau (2005) populismo y política son términos extremadamente cercanos hasta rosar el sinónimo. Sin embargo un elemento particular en el caso de Ecuador, es la presencia de un discurso hegemónico, y articulador (desde la particularidad que representa una generalidad), presentado desde la noción de ‘ciudadanía’.
El proyecto populista de correa termina legitimando, justificando y construyendo una democracia de élite, no liberal en la práctica (aunque sí con muchas instituciones democráticas), pero elitista en el perfecto sentido de la palabra. De modo que se contrarresta de manera efectiva cualquier posibilidad de acción de alguno de los méritos del populismo clásico como el ensanchamiento de la ventana de participación, y la generación de instituciones que amplían esta participación. Categorías que sin embargo están incluidas en su discurso (la posición de este trabajo es descripcionista, es decir los discursos son hechos gnoseológicos que, probablemente pueden no describir la realidad social), siendo remplazados por una gruesa capa de burocracia y tecnocracia que ejecuta los lineamientos del régimen con nula interacción con la esfera pública (de hecho invadiendo al mundo de la vida).
Por lo tanto el fenómeno correista puede ser descrito como un ente híbrido, García Canclini (1995), que conjuga el discurso populista, con una maquinaria pesada de aparataje institucional, la cual clama facilitar la participación mientras las limita y la estatiza.
Se trataría entonces de una muy rara combinación de los elementos más conflictivos del populismo (es decir legitimación plebiscitaria, liderazgo carismático, articulación de significantes flotantes en un significante vacío que busca articularlos sin definirse de manera concreta, ausencia de balances de poder de índole liberal en el estado), con los elementos más conflictivos de la democracia de élite (estrechamiento de la ventana de participación, burocratización, tecnocracia, creación de una ‘clase gobernante’ estrecha y poderosa, percepción de la ampliación de la participación de actores sociales como una amenaza a la ‘democracia’) factores que combinados con elementos de dominación tradicionales (García Canclini, 1995), (como los regímenes hacendatarios típicos de la región andina), deriva en una suerte de ‘ciudadanismo’. El régimen de Correa no es simplemente populista, es ‘ciudadanista’.
5. El oxímoron del acountability social en el Ecuador
La constitución ha creado una función de Transparencia y Control Social, y con ella un Consejo de participación Ciudadana y Control Social. Las reglas del juego, en el campo del acountability ‘social’ son desde entonces escenario de la acción de instituciones estatales, quienes califican a los veedores ciudadanos y los acreditan, aunque queda el consuelo que los miembros del CPCCS han sido escogidos en concursos ‘participativos’. Sin embargo, la transparencia de esta elección ha sido cuestionada por todos los veedores que vigilaron el proceso, así como por la oposición política y los medios de comunicación críticos [9] . Además desde las entrevistas realizadas a las organizaciones sociales y a los veedores que han vigilado a esta institución, se hace evidente el CPCCS goza de poca legitimidad y más aún, la mayoría de líderes sociales entrevistados (o todos) concuerdan en que el rol del control social ha perdido autonomía al institucionalizarse/estatizarse.
A las nociones de acountability social predicadas por Peruzzotti y Smulovitz (2002), es decir al ‘control social’ como ejercicio autónomo de las sociedad civil para la rendición de cuentas, se le ha planteado un matiz particular en el caso ecuatoriano, no solo se ha consolidado una función estatal enfocada a este respecto, con el ya mencionado Consejo de participación Ciudadana y Control Social, y se ha generado leyes que norman la rendición de cuentas desde la sociedad civil, sino que esto no ha sido suficiente para el correismo. De este modo se ha dado el caso que varias secretarías de estado, han asumido por su cuenta el particular liderazgo en la conformación de sus propias veedurías ‘ciudadanas’ para legitimar las acciones otros cuerpos, igualmente gubernamentales. Es decir ejercicios de control social organizados por ministerios de gobierno para monitorear los actos públicos de otros ministerios de gobierno.
Instancias como la secretaría de los pueblos han realizado importantes avances en la capacitación a veedores, y otras instituciones como la SENPLADES, ocupan constantemente el recurso de las veedurías para legitimar su PNBV, y vigilar su cumplimiento (nunca para discutirlo o cuestionarlo).
La noción de ‘control social’, en el caso del Ecuador regido por la ‘revolución ciudadana’, es un perfecto caso de la figura literaria del ‘oximorron’ (un ejemplo de esta figura podría ser la expresión ‘luz oscura’).
6. El control de la esfera pública, la preminencia de la opinión no púbica, y la apropiación de la opinión cuasi pública
Muchas veces el camino más fácil para establecer escenarios de control de la esfera pública, tiene relación con aquel tipo de acción descrita por Habermas (2003) como La acción regulada por normas, la cual tiene por objeto regular el comportamiento de los miembros de un grupo social, orientando su acción desde lineamientos homogéneos, controlados, y comunes. Es decir normas.
Ahora bien, de entre los debates normativos, tratados durante la presente investigación, existen dos que tienen que ver directamente tanto con el control de las instancias de generación de notoriedad pública, cuanto con los espacios de interacción del ‘publico raciocinante’: Se trataría básicamente del debate y connotaciones en torno a la Ley de Medios de Comunicación, y lo propio referido a la Ley Orgánica de Educación Superior.
Para Habermas (1986, 2003), los actores que ejercen ‘notoriedad pública’, puedan hacerlo desde dos posiciones altamente diferenciadas: En primer lugar desde la ‘notoriedad pública crítica’, la cual tiene que ver con la opinión pública, y que se basa en un diálogo y una interacción crítica entre actores sociales, los cuales tienen la posibilidad de responder, dialogar, y criticar cualquier discurso, desde la lógica de la acción comunicativa.
El concepto de acción comunicativa se refiera a la interacción de por lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción (Habermas, 2003: 124) que entablan una relación intersubjetiva. Los sujetos buscan entenderse sobre una situación de acción para poder así coordinar de común acuerdo sus planes y acciones. El concepto central aquí sería interpretación. Con el concepto de acción comunicativa empieza a operar un supuesto más: el de un medio lingüístico en el que se reflejan como tales las relaciones del actor con el mundo. El entendimiento lingüístico es solo el mecanismo de coordinación de acción que ajusta los planes de acción y las actividades teleológicas de los participantes para que puedan constituir una interrelación. No es la interrelación en sí.
En el segundo caso desde la ‘notoriedad pública manipulativa’, la cual pierde su función crítica, en beneficio de la función ‘representativa’, y donde sus argumentos «son tratados como símbolos a los que no puede responderse con argumentos sino con identificaciones» (Habermas, 1986: 33), esta circunstancia tendría que ver con una opinión no pública.
El predominio de la ‘opinión no pública’, es indispensable para un régimen plebiscitario porque este no se mantiene únicamente a través de la fuerza y de la coerción «sino que también interviene su capacidad para moldear las concepciones del mundo, es decir, la hegemonía» (Gamson, 1992 en Gramsci, 2009), que es capaz de generar. Desde luego, en este «consensus fabricado» (Habermas, 2003) el ‘interés general’ va disolviéndose en la auto-representación de los intereses hegemónicos [10].
Para el ejercicio de esta «manufactura de consensos» (Chomsky 1988), los medios de comunicación, son desde luego, los espacios comunes usados por las élites dominantes para moldear la conciencia política de los dominados.
Los medios de comunicación en el Ecuador y el efecto sándwich
Los debates en torno a la normativa de medios de comunicación en el Ecuador, mostraron las estrategias gubernamentales para contrarrestar el diálogo y el consenso en su elaboración, y la imposición mecanismos para su regulación estatal desde estrategias literalmente plebiscitarias. Estas circunstancias han sido percibidas por todos los actores civiles entrevistados, como un intento obvio del ejecutivo de mantener bajo control a la media, y consecuentemente a los tradicionales canales de opinión no pública, con todas las connotaciones que esto lleva consigo.
Esta circunstancia conduciría (paulatinamente) a una peculiar condición a la que podría llamarse el efecto sándwich, es decir aquella situación surgida del contexto de una prensa privada movida por intereses corporativos (como tradicionalmente a ha sido la prensa en el contexto ecuatoriano), en vías a pasar a ser controlada paulatinamente por su antagonista estatal. Este proceso sin embargo, en lugar de buscar un contexto mediático autónomo y plural, y en vez de pretender generar notoriedad pública crítica, buscaría continuar ejerciendo de manera manipulativa el control sobre los medios, a través de estrategias de control gnoseológico (Van Dijk, 1999). De este modo se pasaría directamente de una prensa manejada desde la lógica de corporaciones a una disciplinada desde la lógica estatal sin un elemento medio de transición. Con la diferencia de que en este último caso, existiría un cuerpo institucional es decir un consejo, predeciblemente manejado desde el gobierno que controle los contenidos y orientaciones de los medios.
El público desde luego quedaría ubicado entre ambos espacios, teniendo por un lado a una prensa manipulada desde intereses privados empresariales, y del otro lado a una controlada por un régimen plebiscitario. En ambos casos el interés es la continuación de espacios de difusión de opinión no pública, y en ningún caso la búsqueda de espacios para el desarrollo de dinámicas deliberativas que conduzcan a la facilitación para el desarrollo de una verdadera opinión pública.
Como ya se ha dicho varias veces, limitar los espacios deliberativos y comunicativos (Habermas, 2003), resulta en la contrarrestación de la sociedad civil, la cual los necesita para existir críticamente, y en consecuencia contrarrestar a la sociedad civil equivale a erosionar el mantenimiento de un régimen genuinamente democrático, dado que el mismo solo es posible con la existencia de una sociedad civil suficientemente organizada y dinámica como para integrar el principio de la formación deliberativa de la voluntad colectiva (Hoyos y Vargas, 1996).
Educación superior, y opinión cuasi pública
Ahora bien, a las opiniones que circulan fuera de la masa de la población, en círculos relativamente reducidos de la publicística raciocinante, se las podría definir como ‘opinión cuasi pública’ [11], este tipo de opiniones son emitidas y comprendidas desde actores con información suficiente para descifrarlas. Para Habermas (1986, 1994, 2003) esta ‘opinión cuasi pública’ puede ser emitida desde los órganos consultivos y espacios autorizados de los mismos grupos de poder que ostentan la ‘notoriedad pública manipulativa’. Sin embargo también es posible, que existan otras fuentes de ‘opinión cuasi pública’, emitidas desde actores antagónicos o críticos a los actores hegemónicos, y generados desde instancias raciocinantes, buscando construir espacios críticos, y de debate que puedan paulatinamente desarrollar una verdadera opinión pública. Definitivamente las universidades jugarían un rol central en la construcción de este tipo de opinión cuasi pública.
Por lo tanto, y desde el acercamiento al proceso de debate e instauración de la Ley de Educación Superior, se puede inferir que parte del el interés del gobierno por regular a las universidades desde instituciones controladas directamente desde el ejecutivo (Consejo de Educación Superior, y Secretaría de educación Superior), podría ubicarse desde la intención de contrarrestar el rol de las universidades como actores que potencialmente pudieran gestar espacios de ‘opinión cuasi pública’ comunicativa, y raciocinante, que pudieran llegar a vincularse a procesos de notoriedad pública crítica, y facilitar espacios para una verdadera ‘opinión pública’, con el potencial de levantarse como una alternativa a las dimensiones plebiscitarias y manipulativas procuradas por un régimen aclamatorio.
Una visión panorámica del fenómeno correista, puede sugerir que este no trataría ‘simplemente’ de disciplinar a las organizaciones sociales que pueden ser críticas a la ‘revolución ciudadana’, sino definitivamente de generar un aparataje que busca la invasión completa de la esfera pública, y la manipulación del mundo de la vida como, asidero de significación de lo social, y correlato de sus procesos de entendimiento.
7. Estrategias discursivas de control gnoseológico
A pesar de lo atractivas que resultan las teorías antidescripcionistas que ven al discurso como la esencia misma de la realidad social (Laclau, 2005), esto lamentablemente es muy poco sostenible teóricamente, el misma Laclau mantiene que ciertas categorías como la hegemonía son inexplicables desde el lenguaje (se encuentran en el límite del mismo) y necesitan el auxilio de significantes vacíos para ser expresados (esta idea la toma de Levi Strauss [12]).
Por otro lado el presente estudio, se ubica en la línea descripcionista, y se identifica más con las corrientes que ven a discurso como un hecho gnoseológico. Es desde esta perspectiva que se explica la manera en que parte del discurso de la revolución ciudadana, discrepa notablemente con la realidad social efectiva, una vez que estos discursos se han objetivado (Berger y Lukcman, 2001). Esto puede constatarse, desde la instauración de normativas, la creación de instituciones, y las ingenierías concretas de acción de instituciones estatales que terminan haciendo prácticamente lo contrario que lo dictaminado en los discursos originales que las propiciaron. (La posición recién expuesta es discutible, pues alguien podría decir que un discurso objetivado, sigue siendo un discurso de todos modos, y la crítica sería válida, pero en este punto se busca contrastar la diferencia entre la enunciación y el impacto objetivo de la enunciación, en todo caso este tema debería ser debatido en otro momento).
La fuerte invasión al mundo de la vida (Habermas, 2003), instaurada desde la lógica guiada por normas en el contexto de los espacios de acción que tiene la sociedad civil en el caso ecuatoriano, bien pudiera generar un universo de significación, desde el que el discurso oficial pueda redefinir los significados donde se pueda mover la sociedad civil. Cómo si el poder estatal pudiera generar nuevas «reglas de juego para el lenguaje» (Wittgenstein, 1988), desde donde ‘democracia’, ‘participación’, y ‘sociedad civil’ terminen significando lo que el gobierno necesite que signifiquen. Entonces se estaría hablando de lineamientos de control gnoseológico (van Dijk, 2003) desde la objetivación de los discursos correistas, a través de la institucionalización y la legitimación [13], de los mismos (Berger y Lukcman, 2001).
Un ejemplo de lo expuesto, sería como la noción misma de ‘sociedad civil’, puede ser categorizada y resinificada desde, políticas, instituciones, leyes o incluso herramientas tecnocráticas como el Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC), o incluso desde la conformación de coaliciones como la nueva ‘Coordinadora de Movimientos Sociales’, las cuales señalarían los lineamientos de significación de lo que una ‘verdadera organización de la sociedad civil’, ‘es’, o ‘debería ser’ y cómo ‘debe’ comportarse.
El «control de la mente» (Van Dijk, 1999), o ‘control gnoseológico’ podría, ser de hecho una verdadera ‘política tácita de estado’, en el caso ecuatoriano, este tipo de control se explicaría desde los siguientes elementos:
a. Acercamiento a los receptores del discurso gubernamental, dando a entrever las ‘fuentes autorizadas’ para su emisión [14] , a través de un extraordinario despliegue mediático y uso de ‘propaganda oficial’, y desde la estrategia de las cadenas comunicacionales desde donde se sacraliza a las organizaciones afines y se condena a los grupos antagónicos. Este elemento será multiplicado exponencialmente una vez que se objetivise el proyecto de un consejo de comunicación manejado desde el estado.
b. La obligatoriedad de recibir los discursos estatales desde la educación o/y situaciones laborales [15] , como ya se ha comprobado los dirigentes de organizaciones indígenas se quejan de miles de líderes medios reclutados para empleos en el aparato estatal. Además, los principios de «pertinencia», en las normativas de educación, delinean que los programas educativos han de tener relación directa con las políticas gubernamentales, expuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Una herramienta tecnocrática diseñada por una secretaría del gobierno.
c. Los evidentes intentos de neutralizar otros discursos o media que provean informaciones creencias alternativas (Downing, 1984.), ya se ha visto como se ha buscado generar deslegitimación de los medios de comunicación, catalogados como ‘prensa corrupta’, y quitar credibilidad a las organizaciones sociales antagónicas al régimen estableciendo su ilegitimidad de manera pública constantemente.
d. La ausencia en los receptores del conocimiento y las creencias necesarias para desafiar los discursos hegemónicos ((Wodak, 1987). Siendo este último un elemento de responsabilidad de un público poco habituado al debate político y a una sociedad civil golpeada por el poder gubernamental.
A Modo de Conclusión: La sombra del efecto Mery Sheley
No es impensable plantear como hipótesis, que en algún momento el peso de la complejidad de las interacciones entre la estructura normativa – institucional, pensada desde el estado para definir su relación de la sociedad civil, pueda producir efectos inesperados para los actores que originalmente las diseñaron para legitimar sus propios planes políticos.
Las instituciones tienen a desarrollar su propia lógica, y su propia inteligencia. Las instituciones nos sorprenden a menudo adoptando formas insospechadas y evolucionando de manera imprevisible, es decir, colocándose al margen de nuestros propósitos y del control racional al cual tratamos de someterlas. Aunque se trata de productos humanos, sin embargo no son exactamente productos de la inteligencia humana, sino más bien de la relación entre los seres humanos. Es decir, se trata de artefactos o construcciones sociales que, por su alta dependencia de las relaciones entre los seres humanos, no pueden ser atribuidos como producto a un subconjunto cualquiera de las mentes humanas que intervienen en ellas, por ejemplo, a sus directivos o a sus miembros. En tanto que construcción social, todos los que de algún modo se relacionan con una organización dada contribuyen a dicha construcción, lo que equivale a decir que el entorno participa en el devenir de la organización tanto como la organización misma (López Yanaes, 2006:1).
Raramente puede ser controlada de manera completa por sus diseñadores (Tsoukas, 2002), esta afirmación es corroborada desde un elemento de la teoría de la complejidad denominada «autopoiesis» (Morín, 1986), la cual enfocada al tema institucional, se puede definir como «la percepción de autonomía que se obtiene cuando se observa a las instituciones comportarse de manera divergente a los planes humanos o, si se quiere, «irracionalmente» (López Yanaes, 2006).
A esta condición, factible y potencial, en el caso ecuatoriano, dada la complejidad del tejido institucional generado desde el estado para interrelacionarse y controlar la participación de la sociedad civil, habría que sumarle otro elemento aún más complejo, que es la red de actores sociales que se interrelacionarán con esta pesada estructura institucional.
Esta condición podría generar efectos inesperados, y constituirse en un proceso incontrolable, tanto para los actores estatales que diseñaron este tipo de mecanismos, cuanto para los sectores de la sociedad civil, cuya interacción en la estructura podría generar efectos de autopoiesis en sus propias organizaciones.
Al respecto se podrían plantear tres escenarios hipotéticos desde la potencial derivación de un efecto de autopoiesis sobre el complejo aparataje institucional diseñado por el estado y su interacción con las organizaciones de la sociedad civil:
a. El primer escenario hipotético podría plantearse desde la profundización de la tendencia de relacionamiento clientelista que tradicionalmente ha tenido la sociedad civil en los casos latinoamericanos, Andrés Servin (2002), y en especial desde la estructura populista elitista de un régimen como el de Rafael Correa. El comportamiento de la interacción entre diferentes agentes involucrados en el proceso, podrían potencializar esta tendencia hasta extremos insospechados.
b. En un segundo escenario hipotético, esta vez tomando en cuenta el punto de vista de las teorías de la hibridación, García Canclini (1995), las redes institucionales de relacionamiento con la sociedad civil bien podrían empezar a comportarse como cuerpos tradicionales de dominación, limitando aún más la brecha de participación, y fortaleciendo de manera excesiva el control estatal. El aparataje institucional/estatal al verse libre de actores críticos y discursos anti hegemónicos adecuadamente constituidos, podría derivar en contextos autoritarios híbridos con formas de dominación tradicional al contexto ecuatoriano [16] , como por ejemplo el modelo hacendatario.
c. Sin embargo, aún queda un tercer escenario hipotético, mucho más optimista, en el que los procesos de autopoiesis podrían generar, en algún momento, y paradójicamente, efectos democratizantes (por supuesto se debe recordar que la autopoiesis plantea que las instituciones salen del control de los objetivos originales de sus diseñadores).
Esta condición podría plantearse dado que la sociedad civil en el caso latinoamericano ha demostrado ser una fuerza democratizadora, difícil de detener, aún por los poderes no lingüísticos de la estructura social: El mercado o el estado. Adicionalmente varios autores (Montufar, 2007, Calderón, Piscitelli y Reyna, 1992, Calderón, 1986, Escobar y Álvarez, 1992, Chalmers, 1997, Vilas, 1997, Boaventura de Sousa Santos 2003, 2004 y Avritzer, 2002) aseguran que el poder democratizante de la SC ha podido trascender tanto a los estados autoritarios, cuanto a las instituciones democráticas liberales, que potencialmente han buscado contrarrestar su agencia democratizadora.
Es decir podría ser (desde una visión optimista) que las instituciones pensadas para el manejo de la sociedad civil desde fines plebiscitarios, sean afectadas por la fuerza de la autopoiesis y sus impredecibles derivaciones, y terminen desbordando los esfuerzos de control de sus diseñadores, generando paradójicamente un medio ambiente que conduzca a una paulatina potenciación de la sociedad civil crítica en el caso ecuatoriano con sus respectivos efectos democratizantes. Esta desde luego es una visión altamente optimista, y debe tomarse en cuenta siempre que para que esto suceda, todo el andamiaje de control institucional pensado por el estado, debería desbordarse y salirse del control de sus diseñadores.
Al igual que el oscuro personaje de la novela romántica de Mery Sheley, la pesada estructura burocrática/disciplinaria generada desde el estado para controlar a la sociedad civil, podría generar inteligencia propia (Moran, 1986, López Yanaes, 2006) y salirse del control de sus diseñadores, demarcando escenarios inesperados que incluso podrían ser aprovechados por una sociedad civil autónoma y crítica, a la espera de construir nuevos contextos democratizadores.
Es poco discutible el hecho que la sociedad civil organizada haya generado procesos de cambio democrático en el caso latinoamericano. Sin embargo cabe advertir algo muy importante: Si bien un gran sector de la SC ha sido una fuerza democratizadora en la región, no se puede descartar la presencia de sociedades civiles interesadas en perpetuar la democracia elitista, y las visiones plebiscitarias del manejo democrático, de acuerdo a sus intereses particulares. Tampoco se han presentado ejemplos verdaderamente exitosos de remplazo de instituciones democráticas por agrupaciones civiles, como para confirmar las posturas de los autores que defienden la emergencia de públicos participativos, (los casos presentados por autores como Avritzer (2002) en Brasil, y México, son interesantes pero desde luego muy limitados). Queda abierta, sin embargo, la posibilidad que un intenso proceso de autopoiesis se genere desde la sinergia entre el pesado aparataje institucional que busca regular, y controlar la participación, las organizaciones civiles antagónicas al régimen, y aquellas que por ahora se han mostrado afines a este. Desde esta sinergia la autopoiesis podría eventualmente establecer escenarios impredecibles, que podrían ser favorables a que agentes críticos de la sociedad civil terminen valiéndose de nuevos contextos desde donde realizar verdaderos cambios democratizadores.
Esto sin embargo sería posible solamente desde el ejercicio autónomo, auto convocante, y crítico de la sociedad civil.
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Notas
[1] Post Doctoral Universidad de Kentucky; Doctor Ciencias Políticas FLACSO Ecuador; Autor del Libro, La Sociedad Civil Ecuatoriana en el Laberinto de la Revoluión Ciudadana.
[2] Vale decir que los elementos relacionados con temas de participación ciudadana y sociedad civil no fueron el, único o el principal tópico de este antagonismo, (centrándose mayormente temas relacionados con el manejo de recursos geológicos, recursos hídricos, o reestructuración de instituciones públicas).
[3] a través de instrumentos como: El sistema nacional de participación, el Registro único de organizaciones de la sociedad civil, las veedurías organizadas por las mismas secretarías de estado, las «coordinadoras de organizaciones sociales» conformadas de manera contingente para contrarrestar situaciones adversas al régimen etc
[4] si bien los veedores de todos estos procesos tienen puntos de vista suigeneris, sobre la transparencia de estos procesos, los cuales pueden verse en el capítulo II.
[5] Althusser (1986), Purvis y Alan Hunt 1993, Hall 1993, Pêcheux 1984, Ípola 2007).En palabras de Pêcheux (1975, pág. 8) «la especie discursiva pertenece al género ideológico, lo que equivale a decir que las formaciones ideológicas incluyen necesariamente, como uno de sus componentes, una o varias formaciones discursivas interrelacionadas que determinan lo que puede y debe ser dicho. Diremos entonces que toda formación discursiva depende de condiciones de producción específicas identificables a partir de la relación de ubicaciones interior a un aparato ideológico e inscripta en una relación de clases».
[6] Por ejemplo, Franklin Ramírez (2008).
[7] Dándose el caso de que durante el segundo semestre del 2011, por ejemplo, el Secretario Nacional de Planificación de la SENPLADES, ocupó al mismo tiempo, el cargo de secretario nacional de Ciencia y tecnología (Senescyt), la Presidencia del Consejo de Educación Superior, dando a entrever que la idea de élite se profundizó mucho más en el gobierno de Correa.
[8] Como la figura del poder hacendatario.
[9] Incluso en lo que tiene que ver con el rol del CPCCS en la elección de autoridades de control, el mismo presidente del Consejo nacional Electoral, afirmó en una entrevista realizada a propósito de la presente investigación, que los procesos de selección planteados por el CPCCS no constituyen en sí mismos escenarios de profundización de la democracia participativa sino simplemente nuevos métodos para elección de autoridades. Estos procesos, han sido a su vez, cuestionados desde prácticamente todos los veedores que han participado en su observancia.
[10] Parte del esfuerzo del presente documento es averiguar los mecanismos para la consolidación de esta «falsa conciencia, de co acción y participación deliberativa.»
[11] Tanto en la opinión no pública como en la cuasi pública existen vínculos con la media de masas, y a través de la notoriedad pública representativa, o manipulativamente desarrollada, cuya ayuda reclaman los grupos de poder para el seguimiento plebiscitario del público mediatizado (Habermas, 1986: 272).
[12] En su introducción a la obra de Marcel Mauss, 1950.
[13] La poderosa invasión al mundo de la vida, entendida como universo de significación (Habermas 2003), puede llegar, como se ha dicho antes hasta el punto de intentar realizar cambios en los juegos de lenguaje Wittgenstein (1988), de modo que la noción de lo «público» pretende ser equiparada a la noción de lo estatal (negando el espacio de lo público no estatal), y tachando de espacio «privado» a la esfera de acción de las organizaciones civiles autónomas.
[14] Tales como los académicos, los expertos, los profesionales o los media de confianza (Nesler 1993).
[15] Las lecciones, los materiales de aprendizaje, las instrucciones de trabajo, y otros tipos de discurso necesitan en tal caso ser atendidos, interpretados y aprendidos como lo pretenden sus autores organizativos o institucionales (Giroux, 1981).
[16] Como la hacienda.
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