CI.- Colombia Informa entrevistó a Alberto Acosta, reconocido docente, exministro y Presidente de la Asamblea Constituyente, quien explicó lo que viene ocurriendo en Ecuador.
Alberto Acosta es un economista ecuatoriano comprometido con las luchas de los movimientos sociales. Es profesor universitario, fue Ministro de Energía y Minas (2007), Presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008), candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013) y autor de varios libros y artículos.
Colombia Informa: ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿Por qué ese auge del crimen organizado y el narcotráfico?
Alberto Acosta: Ecuador sorprendió al mundo con un estallido de violencia que se venía cocinando desde hace varios años. Un país considerado como “una isla de paz”, se ha transformado en un polvorín en llamas. En poco tiempo se dispararon los índices de violencia, en todos los ámbitos de la vida, incluyendo las de género, pero sobre todo las violencias criminales.
De ser uno de los países más seguros en la región, el año pasado concluyó a la cabeza de la lista de las naciones más violentas, con 46 homicidios por cada cien mil habitantes. El impacto de tanta violencia se registra en muchas partes del país, eso sí con realidades aún más angustiosas en algunas provincias como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos.
Es tal el grado de penetración del crimen organizado, que es aceptada de forma pública su infiltración en las instancias gubernamentales, la justicia, los sectores privados, inclusive en el deporte. Se habla de narcogenerales, narcojueces y narcofiscales; tan grave es el tema que no nos sorprendería la existencia de narcoperiodistas.
Aquí cabe preguntarnos cómo llegó Ecuador a esta dolorosa realidad. Sin pretender fijar un punto indiscutible y menos caer en aquellas lecturas obtusas que quieren endilgar el problema a uno o a otro grupo político, bien podemos decir que la pandemia y su manejo, así como el manejo económico de los últimos años, incluyendo los cambios en el negocio transnacional de la droga, aceleraron el deterioro.
Veamos un par de indicadores de una sociedad en descomposición. El ingreso per cápita es comparable al de hace 10 años; la economía ecuatoriana no alcanza los niveles de la prepandemia.
Un 66% de la población económicamente activa no tiene un empleo adecuado, con índices muchos más altos en la juventud. Poco menos de 5 millones de personas tienen un ingreso diario de menos de 3 dólares al día; casi 2 millones de personas sobreviven con menos de 1,7 dólares diarios.
Existe una creciente y desesperada emigración de miles de compatriotas, que inclusive arriesgan su vida pasando a pie por el estrecho del Darién.
En este contexto, los grandes grupos económicos, a la cabeza la banca privada, no dejaron de acumular: a modo de botón de muestra, tengamos presente que el patrimonio personal del presidente-banquero Guillermo Lasso, durante sus 900 días de gestión, aumentó en 21 millones de dólares.
Esta situación no es un resultado accidental o solo el producto directo de la paralización provocada por la pandemia. Hay todo un manejo político que debilitó el Estado, hay políticas económicas que marginaron lo social, mientras se producían evoluciones profundas a nivel del crimen organizado fuera y dentro de las fronteras de Ecuador. En este contexto, el narcotráfico y diversas formas del crimen organizado permean toda la economía ecuatoriana.
El lavado de activos, estimado en unos 3.500 millones de dólares, un 3% del PIB, de los que un 75% van a lo que se podría considerar como economía formal, según Fernando Carrión, el mayor conocedor del tema de la violencia que provoca el crimen organizado y sus repercusiones en Ecuador, y seguramente también en toda la región.
La presencia del crimen en todas sus manifestaciones puede representar incluso valores mucho más altos; el economista Andrés Albuja Batallas estima una cifra de hasta cinco veces superior o más.
Estas cifras deben ser ubicadas en una economía dolarizada, que resulta muy atractiva para todo tipo de actividades ilícitas. El saldo es que el narcodólar sostiene tanto la dolarización, como la economía de este pequeño país andino. Y todo en un ambiente de complicidades diversas con las élites políticas y empresariales del Ecuador.
Basta ver cómo la acción del crimen organizado está presente -directa o indirectamente- en la banca, grandes exportadores, banca, inmobiliarias, empresas comercializadoras e inclusive en ámbitos de la economía popular.
Además, están a la orden del día los delitos contra la administración pública, que se dan por la evasión tributaria y diversas formas de contrabando.
Hay una vinculación también con otros segmentos de la población. De acuerdo a Carrión, los 22 grupos delincuenciales, vinculados de una u otra manera a los cárteles y bandas internacionales, ofrecen opciones de empleo y de supervivencia a unas 50 mil personas.
Es decir, estos grupos son los mayores empleadores de la economía ecuatoriana. Inclusive pequeños empresarios y comerciantes son víctimas de las “vacunas”, nombre que se ha dado a las extorsiones que cobran los delincuentes.
Este complejo entramado se explica y se complica aún más por la fragilidad de la institucionalidad política ecuatoriana: gobierno central y gobiernos descentralizados, justicia, legislatura, función electoral y partidos políticos, así como las instancias de control del Estado.
De facto, el poder del crimen organizado “impugna la capacidad legítima de ejercer el poder en una sociedad”, nos recordaba Juan Cuvi hace un par de años, cuando se destapó el caso de los Papeles de Pandora, que embarró a varios gobernantes y exgobernantes de la región, incluyendo al ecuatoriano en funciones.
En paralelo, en el exterior se registraron cambios determinantes. Paulatinamente, el negocio de las drogas en el mundo se transformó, sobre todo en América Latina.
De esta forma, en este continente se experimentó una serie de transformaciones provocadas por la reubicación de los suministros que incluyen la vertiente del Pacífico y también la del Atlántico a través de la Amazonía, por el Brasil, otro gran mercado de la droga.
La pandemia y la consiguiente desaceleración de la economía en el mundo, que ya estaba en una fase de decaimiento en el año 2019 provocaron una caída del precio de la cocaína, que además sufre el embate de drogas sintéticas, como el fentanilo. En esos años se readecuaron muchas de las formas de relación de las bandas locales con los carteles.
Un punto fundamental en el que pone énfasis Carrión, fue el pago de servicios que demanda el negocio del narcotráfico con droga y ya no con dólares. Y esa droga debe ser monetizada, lo que provocó la masiva ampliación del consumo de drogas casa adentro y la consiguiente disputa de los mercados internos, a más de las rutas internacionales.
Un punto a considerar siempre, el capital acumula también a través del crimen organizado, sea por el narcotráfico, la venta irregular de arnas, la trata de seres humanos, etc. Es decir, la acumulación también se fundamenta en la violencia del crimen y también de la guerra.
Tengamos en mente siempre, entonces, lo que significa la transnacionalización del crimen y la violencia. En realidad, no hay nada nuevo bajo el sol capitalista. El capital acumula siempre, construyendo y destruyendo, produciendo y especulando, abriendo y cerrando mercados. Esa es su esencia.
De esta manera, el Ecuador se fue transformando en una suerte de centro logístico o plataforma del crimen organizado, dice Carrión. Este país ubicado entre Colombia y Perú dejó de cumplir un papel relativamente secundario en la narco-economía internacional.
Incluso, Ecuador pasó a ser otro productor y suministrador de droga, al tiempo que adquirió relevancia internacional por la presencia de grupos mafiosos transnacionales, especialmente de México y Europa.
Particularmente, el puerto de Guayaquil se convirtió en el punto de partida de la mayor cantidad de cargamentos de droga a Europa, sobre todo mezclados con el banano (conocido como narcobanano), el principal producto de agroexportación ecuatoriano a ese continente.
Toda esta compleja conjunción de procesos comenzó a estallar años atrás en las cárceles. Las sucesivas masacres carcelarias fueron apenas un indicio del volcán a punto de explotar.
Habría muchos hechos que resaltar, incluyendo el secuestro y asesinato de un grupo de periodistas del diario quiteño El Comercio en el año 2018, a manos de una de las fracciones disidentes de las FARC; otro de los factores que no se puede menospreciar para entender los problemas actuales del Ecuador.
En todo este lapso, en una compleja simbiosis cobijada por auge y crisis económica, afloró el poder de las bandas criminales y sus capitales. A pesar de las complicidades y debilidades del sistema judicial, en diversos procesos se va despejando paulatinamente el vínculo de los gobernantes con los grupos criminales.
Un clímax en esta espiral de violencias –que motivó varias advertencias realizadas por diversas instituciones y personas en el Ecuador- se alcanzó con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, al parecer por la mano de sicarios vinculados al narcotráfico en una no aclarada complicidad con miembros de la fuerza pública y quizás también algún grupo político; como complemento brutal de este magnicidio, siete sospechosos del delito fueron posteriormente asesinados en dos cárceles.
Así las cosas, la reciente fuga de dos líderes de las organizaciones delictivas más grandes, a inicio del este año, fue el detonante para el reciente estallido. Y él desangre no se detiene, este miércoles 17 de enero fue asesinado en Guayaquil un fiscal encargado de varios casos importantes en los que se investigaba casos del crimen organizado vinculados con instancias del poder.
CI: ¿Cuáles son las responsabilidades de los últimos gobiernos ecuatorianos en el auge del crimen organizado y el narcotráfico?
Alberto Acosta: Ese complejo escenario encontró una suerte de catalizador durante la pandemia del Covid-19. En el gobierno de Lenín Moreno, en el año 2020, cuando literalmente la gente moría en las calles de Guayaquil, se priorizó el pago de la deuda externa antes que la salud.
En clave, con la reducción del tamaño del Estado se propició una suerte de austericidio para lograr el equilibrio fiscal; una tarea cada vez más difícil de alcanzar por el creciente peso de la deuda externa renegociada en plena pandemia.
Desde entonces se dio paso a una sistemática reducción de las inversiones del sector público, de las inversiones en seguridad y salud, de los programas de bienestar social e inclusive no se cumplía con los presupuestos de seguridad con los que el gobierno de Lasso quería impulsar su política de “mano dura”.
Un punto poco analizado cuando se aborda estos temas, pero que resulta vital para entender lo que sucede en nuestros países, tiene que ver con los extractivismos. La gran disponibilidad de recursos naturales, en particular si se trata de minerales o petróleo, tiende a distorsionar la economía nacional, sus procesos productivos e incluso las condiciones de empleo y de distribución de ingresos y recursos.
En consecuencia, se normaliza una distribución regresiva del ingreso nacional con una cúspide principalmente rentista, una exacerbada concentración de la riqueza en pocas manos, al tiempo que se incentiva la succión de valor económico desde las periferias hacia los centros capitalistas; incluso por medio de los mercados financieros internacionales que tienden a especular con las materias primas.
Y de la mano de los extractivismos vienen los autoritarismos, con sus inseparables acompañantes, la corrupción y la violencia. Estos últimos aparecen como innatos al capitalismo, y se exacerban en los capitalismos periférico-dependientes y extractivistas.
En este contexto, los capitales del crimen organizado se permean sobre todo con las actividades mineras, legales e ilegales. Esta evidencia está presente en Ecuador, país en el que los gobiernos de Rafael Correa, Moreno y Lasso impusieron incluso a “sangre y fuego” la minería; una actividad con estrechos lazos con bandas criminales y el mismo narcotráfico.
En suma, en el entorno macroeconómico, buscando el equilibrio fiscal y los aplausos del FMI, los gobiernos de Moreno y más el de Lasso redujeron las inversiones del Estado, sea inversión pública o inversión social.
Tan brutal fue este ajuste, que conociendo oportunamente la proximidad de un aguda disminución de las aguas y teniendo alternativas para enfrentarlo, el régimen de Lasso se mantuvo pasivo, quizás también buscando construir las condiciones para la privatización del sector eléctrico; a la postre el Ecuador se vio envuelto desde fines del año 2023 en costosos racionamientos de electricidad.
Otro aspecto a tener en cuenta es el que tiene que ver con los cambios legales impulsados en el gobierno de Lasso. Buscando atraer capitales de ecuatorianos invertidos en el exterior, abrió la puerta para que su ingreso al país se haga sin control alguno, a través de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, aprobada en noviembre del 2021.
Este es otro mecanismo para alentar el blanqueo de dineros mal habidos, fruto del narcotráfico mismo, de la corrupción, de la evasión tributaria.
Expresidente Guillermo Lasso
Recordemos que el presidente-banquero, Lasso, está directamente involucrado en la tenencia de capitales en paraísos fiscales -la guarida de los piratas de la modernidad del capital-, un asunto que no está legalmente permitido en Ecuador para los funcionarios públicos.
No puede pasar desapercibido el desmantelamiento de la institucionalidad de seguridad, que había dado resultados importantes en la reducción de los índices de homicidios durante el gobierno de Correa, del 2010 al 2017; en un ambiente de recuperación económica y de reducción de la pobreza hasta el año 2015.
Su sucesor, a partir del año 2019, desapareció el Ministerio de Justicia, que controlaba las cárceles. Borró el ministerio coordinador de temas de seguridad. Fusionó los ministerios de la política y de la seguridad en uno, al que le encargó de todas estas acciones estatales; con un menor presupuesto para todas estas acciones.
Esa torpe gestión se agudizó con Lasso, que trató de inaugurar una política de “mano dura” sin llegar siquiera a controlar las cárceles. Ya lo dijimos, en este régimen ni siquiera se ejecutaban los presupuestos para combatir la inseguridad, por razones de austeridad fiscal.
En este punto, cabe anotar el efecto que produjo el populismo penal a través del Código Orgánico Integral Penal, que en el año 2014 aumentó las penas: Esto contribuyó a llenar las cárceles de personas que habían cometido delitos menores. Y en todos esos años -en los que la justicia ha sido incluso utilizada como un instrumento de persecución política en contra de adversarios y luchadores populares- habría existido una suerte de convivencia entre el Estado y algunas de las bandas criminales, como afirma el antropólogo Jorge Núñez, experto en la materia carcelaria.
Así se fueron consolidando y expandiendo los diversos grupos delictivos que hoy asolan a la sociedad ecuatoriana.
En la actualidad, para enfrentar el crimen organizado y aprovechando la angustia ciudadana, Daniel Noboa, que tiene menos de tres meses en funciones, vía decreto, luego de haber dispuesto un nuevo estado de excepción, el 9 de enero, abrió la puerta el día 11, a un “conflicto armado interno”, enumerando a las 22 organizaciones delictivas consideradas como “terroristas” que pasan a ser “objetivos militares”.
Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador
Así, a los grupos criminales y a sus integrantes les transformó en “actores no estatales beligerantes”, sujetos a las normas internacionales relativas a la guerra. Como anotó el destacado jurista y exjuez constitucional, Ramiro Ávila Santamaría: “esto es un error jurídico garrafal. Admisible estar en guerra como retórica política. Pero en derecho internacional es otro cantar. Están dando status de combatiente a criminales que no tienen un mando capaz de cumplir el derecho internacional humanitario”.
Esta aproximación bélica, que no ha dado resultado, en México ni en Colombia, abre la puerta a varias complicaciones adicionales. Subordina a la Policía Nacional que pasa a considerarse una fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. Se abre la puerta a una respuesta militarizada, antinarcóticos, contrainsurgente, contraterrorista. Este es el camino en donde afloran los “falsos positivos”, con graves violaciones de los Derechos Humanos.
En el marco de esta opción se podría, además, combatir como terroristas a grupos sociales que expresan su descontento con las políticas gubernamentales o a las comunidades que defienden sus territorios de los intereses extractivistas o también a quienes critican este consenso represivo que se está construyendo, para mencionar apenas un par de opciones. Lo que ha sucedido en México y Colombia, bien puede ser un espejo de lo que podría pasar en Ecuador.
El tema, sin embargo, es mucho más complejo. Como certeramente anota el jurista y docente universitario Luis Córdova Alarcón, “el régimen democrático puede ser asfixiado por una tenaza, conformada por el crimen organizado, por un lado y por los militares, por otro, que podrían ir desplazando a las instituciones civiles”. Y a más militarización de la sociedad, simplemente menos democracia.
Hay que tener presente que al parecer Noboa se vio forzado por las circunstancias. La mencionada fuga de los dos capos de las cárceles a inicios de este año afectó su credibilidad y popularidad. Noboa, que está empeñado en construir su tarima para las elecciones presidenciales del próximo año, optó por una fuga hacia adelante, abrió la puerta de “la guerra”.
Y en este empeño, por lo pronto, Noboa ha conseguido un amplio respaldo de una sociedad aterrorizada, también por lo que parece ser una acción orquestada entre los grandes medios de comunicación. En este punto, sobre todo, de las élites conservadoras/neoliberales, ven que llega la oportunidad para la aplicación acelerada de sus estrategias; élites que incluso claman por la transformación de Noboa en una suerte de Mikele, mezcla de Milei y Bukele.
Con el paso de los días, cuando el fervor patriótico vaya disminuyendo, la situación se complicará aún más. El actual estado de excepción -que podría ser desmontado o al menos modificado por la Corte Constitucional- dura 60 días, renovables por 60 más.
En ese lapso no habrá cambios sustantivos, menos aún en el terreno más estratégico: el social. A más y más criminales -combatientes- habrá que encarcelarlos, procesarlos, sentenciarlos. No habrá cárceles suficientes. En corto plazo las cárceles no habrán cambiado sustantivamente. Además, se seguirá trabajando con los mismos cuadros en la justicia y las fuerzas públicas atrapados por las garras del crimen organizado.
Represión en Ecuador contra protestas de 2022
Cabe anotar que, en este corto tiempo de su gestión, Noboa, hijo de una de las familias más ricas del Ecuador, ya ha conseguido la aprobación en la Asamblea Nacional -con el apoyo de casi todos los bloques parlamentarios- de dos paquetes de leyes urgentes para ampliar las zonas francas, las alianzas público-privadas e incluso las privatizaciones en sector eléctrico.
Con el apoyo legislativo, como sucedió en los Gobiernos de Moreno y Correa, se dio paso a masivas condonaciones de deudas tributarias en firme que benefician a los grandes grupos económicos. Y ahora, para financiar “la guerra” pretende que se incremente el IVA del 12 al 15%; se trata de un impuesto regresivo y recesivo, que sumando a los diversos impactos que provoca “la guerra”, por ejemplo, sobre el turismo, desacelerará aún más economía ecuatoriana.
En este complejo escenario, Noboa juega otra carta buscando su inmediata reelección en 2025 (el tiempo de duración del actual gobierno es de año y medio, pues simplemente cumple el período que quedó trunco por la “muerte cruzada”).
Para sumar apoyo plantea una consulta popular con varias preguntas nacidas del populismo penal y de un exacerbado nacionalismo militar. Son preguntas que versan sobre temas de seguridad y sobre cómo aumentar el poder presidencial en varios ámbitos.
En paralelo, se propone una mayor flexibilización laboral y otras medidas para fomentar los extractivismos, sobre todo minero. Curiosamente, en este paquete de preguntas se plantea volver a abrir los casinos y juegos de azar, que, como bien se sabe, son muchas veces la base de financiamiento de muchas actividades delictivas.
CI: Detrás de todo este ruido ¿cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Existe alguna intención de instalar bases norteamericanas en Ecuador?
Alberto Acosta: Los Estados Unidos están metidos hasta el cuello en una larga y hasta ahora inútil guerra contra el narcotráfico. Esa guerra es parte de su geoestrategia, sobre todo en nuestra región.
Desde la salida de la base militar estadounidense de Manta se ha mantenido una campaña de las fuerzas pro-yanquis para que se produzca su retorno. Representantes del Comando Sur han ofrecido de forma reiterada la “colaboración” militar”.
Bases militares norteamericanas en Colombia
El punto culminante parece ser el acuerdo suscrito con el Gobierno de Lasso en octubre del año pasado, que incluso posibilitaría la presencia de tropas para combatir al narcotráfico en territorio ecuatoriano, bajo condiciones absolutamente privilegiadas. Un asunto que afecta abiertamente la Constitución vigente.
Este acuerdo se aplicaría a personal militar, civil y contratistas estadounidenses para diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria, con una serie de privilegios e inmunidades.
Se obviaría la jurisdicción penal sobre ese personal. Se establecen exenciones fiscales y libre movimiento de vehículos y buques. También se pretende conseguir el uso gratuito del espectro radioeléctrico y también la resolución de conflictos de acuerdo a las leyes estadounidenses.
Es evidente que, los capitales del crimen organizado han transformado al Ecuador en una plataforma de acción para los Estados Unidos que responden con su lógica geoestratégica. Desean, una vez más, en lo que podría ser visto como una suerte de Plan Cóndor del Siglo XXI, que las fuerzas armadas del continente asuman papeles policiales para combatir al narcotráfico, al terrorismo y a otras amenazas para el Imperio.
Incluso parece que reviven principios de la Seguridad Nacional del pasado, para fortalecer los esquemas de contrainsurgencia -quién sabe si también apuntalados con agrupaciones paramilitares-, que se los puede maquilar como de lucha contra el crimen organizado.
De todas maneras, mientras se discute la posibilidad de tener otra vez en Ecuador bases militares norteamericanas, vale conocer que la base en Manta no contribuyó a resolver el flagelo del narcotráfico; la tasa de criminalidad se disparó, los envíos de droga se triplicaron y decenas de personas, particularmente pescadores, denunciaron abusos de parte de soldados yanquis.
También cabría traer a colación que luego de la salida de las tropas estadounidenses de Ecuador se establecieron dos bases más en Colombia, en donde ya existen siete bases de los Estados Unidos, sin que se haya logrado parar el narcotráfico. Es más, la producción de cocaína sigue en alza en el territorio colombiano y también en el peruano, en donde funcionan cinco bases militares norteamericanas.
Finalmente, la estrategia asumida por el gobierno de Noboa es la de “supermano dura” (Carrión), que no tiene ninguna posibilidad de éxito, tal como nos demuestran las experiencias en México, Colombia y El Salvador.
CI: ¿Qué acciones son fundamentales para enfrentar estos grupos delincuenciales?
Alberto Acosta: Preguntémonos qué ha hecho o qué pretende hacer el actual Gobierno, además de abrir la puerta a “la guerra”.
El presidente Noboa, desde su campaña presidencial, habló de un Plan Fénix para abordar el tema. Este plan no ha sido presentado. Lo que hay son acciones concretas y aparentemente aisladas.
Con esta estrategia de “supermano dura” se trata de recuperar las cárceles, lo que bien se pudo hacer con el estado de excepción. Se habla de la construcción de dos mega-cárceles como las de Bukele. Pero no hay ninguna propuesta de cómo enfrentar lo de fondo, que podríamos sintetizar en construir un horizonte de futuro para y con la juventud.
Son varios los problemas que impiden enfrentar estructuralmente el problema. Se quiere reprimir para sostener un sistema de dominación, explotación y exclusión. Se quiere mantener la paz y la seguridad, sacrificando los derechos e incluso la libertad; a la postre se sacrificarán todos esos valores para una convivencia democrática.
En realidad, no se entiende, o no se quiere entender, que el narcotráfico solo puede ser desmontado conjuntamente con el sistema que le nutre. Además, mientras haya demanda y consumo de drogas, se mantendrá la oferta en un negocio que también tiene muchas y profundas raíces en los estados y sociedades del Norte global.
Bien destacó Bernd Pickert, redactor en el extranjero del diario alemán Taz, en un artículo publicado el 10 de enero pasado, sobre la situación en este país ubicado en la mitad del mundo:
“El negocio de la droga es lo más capitalista que se pueda imaginar. La ilegalidad significa un negocio sin regulación, sin seguridad laboral, sin control de calidad, sin impuestos, sin regulaciones medioambientales, sin convenios colectivos, sin sindicatos o leyes antimonopolio. Este negocio multimillonario se desarrolla exclusivamente según la ley del más fuerte (el libre mercado en su máxima expresión). Las condiciones marco, bajo las cuales operan los actores/cárteles se renegocian continuamente con dos instrumentos: corrupción para el control a largo plazo y estallidos de violencia específicos para expandir o defender el área de negocios. La represión del Estado -o de aquella parte de las fuerzas de seguridad que no han sido sobornadas, o que lo hayan sido por otra organización- es parte calculada en el negocio de cada actor. Pero el mercado siempre puede fiarse de algo: la demanda nunca se reduce”.
Habría un tercer elemento, que no se menciona en este diario alemán, que es la construcción de imaginarios y narrativas que sostienen esta lógica de muerte y acumulación, sobre las que se quiere seguir alimentando la bestia del capital y su interminable codicia.
No hay duda, en Ecuador se tiene entre manos un complejo rompecabezas de violencias cada vez más estructurales y de difícil resolución.
En realidad, enfrentamos lo que Fernando Carrión explica como “red global del crimen”, que bien sabemos funciona con lógicas similares a las que utilizan los diversos conglomerados transnacionales de la economía mundial, que comparten mercados o incluso se disputan por ellos, con un entramado de relaciones diversas en donde la violencia y la corrupción no son acompañantes ocasionales.
Si no se aborda la cuestión desde la raíz no habrá solución, no habrá un Fénix que surja de las cenizas, solamente quedarán cenizas de un sistema que calcina la vida de humanos y de Naturaleza.
Por lo tanto, en lugar de ampliar las lógicas represivas, se requieren respuestas de transiciones múltiples fundamentadas en la justicia social y ecológica, y en una economía de vida, con creciente participación democrática en todos los órdenes.
Igualmente, ya es hora de apuntalar aquellas propuestas que reclaman la despenalización de la droga y asumir el consumo como una cuestión de salud pública. Y todo esto con esquemas de vida, particularmente comunitarios, construidos y practicados desde la vigencia plena de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza.
Fuente: https://www.colombiainforma.info/ecuador-las-cenizas-del-fenix/