Hace veinte años, Vázquez Montalbán escribía en Interviú que «mientras el país ha dedicado mucha atención a la corrupción política-económica, no ha puesto el mismo empeño en enterarse de lo que se cocía en las calderas de Pedro Botero de las cloacas (…) Si el Estado puede convertirse en un delincuente a cuenta de sus […]
Hace veinte años, Vázquez Montalbán escribía en Interviú que «mientras el país ha dedicado mucha atención a la corrupción política-económica, no ha puesto el mismo empeño en enterarse de lo que se cocía en las calderas de Pedro Botero de las cloacas (…) Si el Estado puede convertirse en un delincuente a cuenta de sus supuestos secretos necesarios ¿qué ética se le puede pedir a la sociedad civil y a los individuos bien llamados súbditos?» Se trata de un texto de 1994, pero si no nos faltara el gran escritor desde hace once años, bien podríamos decir que lo había escrito en estos días. No se ha avanzado mucho en sustentar los valores democráticos desde aquel entonces, desde luego.
Muy pocos ciudadanos dudan en estos momentos de que las corruptelas económicas de Jordi Pujol y su familia eran perfectamente conocidas, aceptadas y silenciadas desde hace muchos años por los gobiernos de turno amparándose en razones de Estado. Era el precio a pagar por mantener hibernadas las ansias independentistas de un sector de la burguesía catalana, representado por CiU y controlado por el presidente de la Generalitat, que aceptaba encantado que se hiciera la vista gorda ante el canje tácito de comisiones a cambio de la unidad de la Patria española. Y de la misma manera que les interesó dejar dormir la situación, en plena escalada de la propuesta soberanista catalana de Artur Mas, los mismos que mantenían en secreto el turbio cobro de porcentajes por el Molt Honorable Senyor rescatan la documentación aparcada en los sótanos del Estado y la avientan públicamente para dañar políticamente a los nacionalistas catalanes. Surge así el caso Pujol, que se entremezcla, por alcance, con la familia del presidente Mas y con la financiación de su partido.
Pero en este tipo de prácticas, a veces -o casi siempre- se les va la mano a los operarios cualificados que transitan por las cloacas del Estado. En un afán de seguir dañando por capítulos a los separatistas catalanes, una buena mañana el periódico El Mundo se hace eco de un supuesto informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) en el que se nos da cuenta de que el alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias, tenía una cuenta en Andorra, transferida desde Suiza, de casi 13 millones de euros. El periódico entraba en detalles y metía por medio a Javier de la Rosa y a la Unión de Bancos Suizos.
A partir de ahí se desata el temporal. Mientras el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se apresura a llamar a los medios para insistirles en que la información es veraz, el primer edil de la Ciudad Condal defiende con vehemencia que se trata de una operación político-mediática y muestra un certificado de UBS en el que consta que nunca ha tenido una cuenta en esa entidad. Se conoce más tarde que el ABC también dispuso de esa noticia, pero no se atrevió a darla por no considerarla «fidedigna». El periodista de este medio, Javier Chicote, afirmó, además, que la propia UDEF le advirtió de que no estaban investigando esos movimientos bancarios y de que tuviera cuidado con los «documentos fabricados». En los días siguientes CiU y PNV acusan directamente a Interior de haber filtrado la información «con la intención de perjudicar gravemente la honorabilidad del alcalde de Barcelona» y Xavier Trias presenta una querella que es admitida a trámite por el juez. También el Sindic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, demanda que se investiguen las filtraciones en periodos de investigación sin estar suficientemente contrastadas dañando la honorabilidad de las personas. Pero la cosa no queda aquí. Una vez terminado este texto, el diario.es acaba de sacar a la luz que una unidad de la Policía rastrea información comprometedora de políticos separatistas catalanes con el objetivo de desbaratar el independentismo. Se trata de una especie de policía política que actúa bajo el mando de Eugenio Pino y sin control judicial aparente.
Resulta obvio afirmar que esto no es la primera vez que sucede, que lo que acabo de señalar son solo dos ejemplos de cómo se pueden utilizar de manera partidista y sucia los medios con que nos hemos dotado para garantizar las seguridades colectivas. Que por las alcantarillas del Estado la podredumbre más sórdida no deja de correr sin que las bacterias democráticas que debieran depurarla actúen eficazmente para impedir que se pueda atacar impunemente a personas o a entidades inocentes. Y es que hay quien entiende, ya sea para frenar el terrorismo con el GAL o para atajar el separatismo con informes fraudulentos, que disponen de autoridad moral y de ética democrática para erigirse en juez y parte al margen del Estado de Derecho. Y los fiscales, en este caso, calladitos.
Hablando entonces de democracia pura y dura, se me abren las carnes cuando en estos momentos se impone la moda populista de exigir la dimisión inmediata de cualquier político imputado. Y soy consciente que de que me pueden llover críticas porque puede parecer que defiendo a los políticos en general por mi condición. Pero no es así. Escucho a muy pocas voces clamando por una auténtica independencia de la Justicia, por impedir que los altos tribunales puedan estar presididos por militantes de partidos políticos; porque los partidos políticos no se repartan a destajo el control de los órganos judiciales; porque se dote de más medios humanos y mejores medios materiales al poder judicial; porque se agilicen los procesos judiciales para garantizar un juicio justo… Ésta debe ser la fórmula más eficaz y efectiva para luchar contra la corrupción que lo carcome todo y no la de los linchamientos que se producen cuando los ciudadanos no se sienten protegidos y defendidos por el Estado y sus instituciones. No puede ser que la salida sea la máxima de Pancho Villa: «Primero, fusilen y después «verigüen».
En estos días una encuesta de El Periódico de Cataluña nos mostraba que un 97% de los ciudadanos opinaban que sí ante la pregunta de si deberían dimitir los políticos imputados por casos de corrupción. UPyD aducía que rompía el pacto con Ciudadanos porque esta organización sigue contando con colaboradores imputados. La presidenta de Andalucía proclamaba abiertamente que Chaves y Griñán deberían dimitir si resultaran imputados…Y así suma y sigue. Se ha abierto la veda y ya no se reclama la presunción de inocencia, ni juicios justos y ágiles… Y vuelvo entonces al principio. La decisión soberana de la ciudadanía de elegir a sus representantes de manera democrática se puede ver truncada a la sazón porque un adversario político te arme una querella que el juez de turno admita a trámite para no complicarse la vida y pases a ser imputado de inmediato o porque los gobernantes de turno utilicen los aparatos del Estado para construir una historia que haga dudar a jueces y fiscales… O porque existan indicios que no terminen siendo delitos. O porque se te pueda condenar en la plaza pública sin ser juzgado. Los derechos fundamentales no pueden quedar al albur de la inseguridad jurídica. Y lo afirma categóricamente el artículo 24 de la Constitución española. La presunción de inocencia no puede ser abatida por el cabreo colectivo, por la incapacidad política del bipartidismo de hacer frente a la corrupción, por los déficits democráticos o por impulsos circunstanciales. Que se le pregunte si no a Demetrio Madrid, Carmelo Padrón, Ildefonso Jiménez y tantos otros… Otra cosa son los planteamientos éticos personales, colectivos o de partidos que obliguen a asumir responsabilidades (más en la política) ante hechos claros e insoslayables y que deben estar presentes en la vida política como una exigencia fundamental. Otra cosa son que se tomen todas las medidas necesarias y no las tiritas que acaba de poner Rajoy en el Parlamento a una herida que sangra abundantemente y sin reconocer (por ejemplo) la financiación irregular de su partido y su complicidad con el «caso Bárcenas»: «Tranquilo Luis, aguanta». Otra cosa es que se armen más controles independientes. Y, sobre todo, que nos dotemos de más democracia.
Y es que la seguridad jurídica de la ciudadanía (sean políticos o no) se está quebrando a pasos agigantados. Y no es verdad que existan las suficientes garantías ni que se arbitren fórmulas para preservar los derechos constitucionales. Otra prueba de ello son los juicios paralelos -con la complicidad de los medios de comunicación- y la quiebra de los secretos de sumario que se producen cada día dejando al ciudadano en la mayor de las indefensiones. Y es que España es uno de los países donde más se vulnera el derecho a un juicio justo, según el Catedrático Perea Unceta. Como apunta el profesor Jesús María Zarzalejos, en El Confidencial, las porosidades en los juzgados son enormes y las filtraciones son incontrolables : «El día que un tribunal anule un juicio y absuelva a un acusado por vulnerarse su derecho a un juicio justo se acabarán las filtraciones». Sin apenas instrucción, ya los medios de comunicación se encargan de poner en marcha juicios sumarísimos…
Las dilaciones sin fin, las filtraciones interesadas o la utilización de los aparatos del Estado de manera fraudulenta no garantizan precisamente los derechos fundamentes ni una justicia firme y recta. Ni podemos permitir que se constituyan como norma, porque si la desconfianza se adueña del sentir colectivo se quiebra la democracia. Y termino también con Vázquez Montalbán: «Y es que el Estado, como depositario de la eticidad colectiva, si tiene sucios los bajos, acaba teniendo sucio el cerebro».
Antonio Morales Méndez es Alcalde de Agüimes
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.