¿Es un problema legal, moral o de Salud Pública?
Cada año, más de 210 millones de mujeres cursan un embarazo. De ellos, al menos 85 millones son considerados no deseados. Por otro lado, los datos a nivel mundial nos indican que de todos los embarazos anuales, más de 41 millones terminan en abortos. Un estudio del Instituto Guttmacher encontró que la proporción de embarazos no deseados varía de región en región: América Latina y el Caribe (con un 56%) son las zonas más afectadas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 21 millones de mujeres a nivel mundial experimentan algún tipo de aborto clandestino o inseguro, a raíz de los cuales, más de 47 mil mujeres mueren cada año, principalmente en países en vías de desarrollo. Estos datos me obligaron a mí y a varios colegas a emprender un estudio en el Ecuador para entender el problema del aborto en nuestro país. Sabemos que es un tema muy complejo, incisivo, hiriente para muchos, sin embargo, creemos que se debe retomar la discusión. Es que con ley o sin ley que lo prohíba, nadie va a parar los encuentros sexuales entre hombres y mujeres y los embarazos no deseados son inevitables. Pasé de haber sido un estudiante de medicina y médico rural antiaborto a convertirme en un médico e investigador pro-choice o pro-opción. Estas cifras explican mi cambio de pensamiento.
Dentro de nuestros principales hallazgos y según los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) desde 2004 hasta 2014 431.614 mujeres tuvieron alguno de los siguientes tipos de abortos: espontáneo (9%), médico justificado (6%), o algún otro tipo de embarazo que terminó en aborto (85%). Cuando desglosamos estos números, nos llamó la atención que en 2013 se presentó la tasa más alta de abortos por cada 1000 niños nacidos vivos (122 por cada 1000 nacidos vivos), sin embargo, esta tendencia bajó en 2014 (112 por cada mil), coincidiendo con la aprobación del Código Integral Penal ecuatoriano. Lo que podría significar que la cifra de abortos clandestinos creció como lo indica esta investigación del New England Journal of Medicine.
Los números son claros: en el Ecuador las mujeres que más abortan son menores de 25 años, tienen menos años de educación formal, son más pobres y viven en lo que los citadinos llamamos provincia. Por otro lado, no podemos dejar de lado que más de 45 de cada 100 mil mujeres mueren cada año a causa de un aborto en el Ecuador -la provincia que más registra por cada 1000 nacimientos es Pastaza (186/1000) seguido por Pichincha (174/1000) Guayas (166/1000) Galápagos (165/1000) y Esmeraldas (164/1000). Si bien estos números de abortos oficiales parecen ser muy claros y transparentes, también nos imposibilitan abordar un tema clave: los abortos autoinducidos o los abortos clandestinos. Una de nuestras mayores limitaciones fue no poder diferenciar cuando un aborto fue autoinducido (por la mujer, con medicamentos para este fin) o clandestino (por gente no preparada y en lugares poco adecuados).
De cualquier manera, los dos tipos de abortos (autoinducido o clandestinamente ocasionado) tiene tres posibles consecuencias. En la primera, la paciente aborta, sin complicaciones, sin acudir al médico y por ende sin registro oficial. En la segunda, la paciente aborta completa o incompletamente, se complica, acude al hospital (miente porque si no va presa) y egresa como aborto espontáneo, médicamente justificado, u otros tipos de embarazos que terminan en aborto, se registra y se oficializa. En la última, la mujer aborta completa o incompletamente, se complica, acude (o no acude) al hospital, muere en el intento, egresa como mortalidad materna, se registra. Existe un gran vacío en relación a poder identificar los abortos clandestinos, pero sabemos que están ahí y están ahí desde siempre.
El aborto sucede en todos los países del mundo, en todos los estratos sociales. Ha sido tratado desde el punto de vista legal, moral, religioso, pero nunca desde la salud pública y los derechos de la mujer. Las leyes que lo quisieron proscribir, han fracasado. Es más, está demostrado que su prohibición se asocia con un aumento de abortos clandestinos y sus inherentes complicaciones médicas.
En el Ecuador está prohibido desde el primer código penal publicado en 1837. Hoy sigue considerado como un delito de drásticas, desproporcionadas y anacrónicas sanciones: prisión para el médico de entre 7 a 10 años y entre 6 meses a 2 años para la mujer que lo autorice. Solo hay dos excepciones: que la vida de la mujer esté en riesgo inminente, o que sea una mujer con una discapacidad mental que ha sido violada. Este es el nivel de satanización de un procedimiento médico que si se sigue haciendo en la clandestinidad seguirá causando muertes prevenibles. El debate alrededor de la legalización tiene que ir de la mano del progreso, la libertad y los derechos ciudadanos. El debate debe girar en base a cifras, a evidencia científica, a protocolos médicos y a recomendaciones profesionales, y no a leyes punitivas ni curuchupismos.
Una vez que la discusión se centre en derechos, evidencia y cifras, uno entenderá lo que yo entendí: Las mujeres que quieren abortar lo harán, independientemente de dónde o con quién lo hagan. La medicación abortiva usada off-label (o fuera de su indicación) es fácilmente accesible en el Ecuador (Misoprostol o metotrexato). Además, los contactos anónimos que ofrecen supuestos abortos seguros abundan en nuestras calles. La vida humana comienza desde la concepción, es cierto. Pero al menos durante su primer trimestre depende 100% de la madre, por ende no se la puede considerar una entidad separada o un individuo (de individual) al menos antes de las veinte semanas de gestación. Además, si la vida comienza desde la concepción, ¿por qué no nos preocupamos por los «óvulos» fertilizados in vitro que son muchas veces desechados durante los procesos de fertilización artificial? ¿Es eso un aborto también? Por otro lado, qué pasa si una mujer es forzada a tener un hijo de un violador, ¿no podría esto generar daño psicológico ulterior? Es probable que como sociedad estemos contribuyendo a violentar los derechos de esas mujeres, y a obligarlas a criar hijos con severos problemas sociales debido a su difícil inicio de vida.
Hay otras consideraciones, muchas veces coyunturales. Por ejemplo: En Brasil, país amazónico, más de 3 mil casos sospechosos de madres infectadas con ZIKA han sido reportados. ¿Qué pasa si una mujer es picada por el mosquito trasmisor del ZIKA en el Ecuador (lo que seguramente ya pasó), enfermedad viral asociada a serios defectos neurológicos en el niño (no en la madre)? ¿Hay que obligar a que ese embarazo continúe? ¿Metemos presas a esas madres o a esos médicos que buscan el bienestar de una vida? ¿Dejamos arbitrariamente que nazca un niño con defectos neurológicos a pesar de saber que el aborto (adecuadamente realizado) es un procedimiento muy seguro? Estas y tantas otras preguntas e ideas me llevaron cambiar de opinión. Reconozco que este tema genera una fuerte fricción desde el punto de vista religioso, pero me queda mucho más claro que existe evidencia científica de que la prohibición del aborto incrementa el riesgo de prácticas clandestinas que terminan en muertes. La Asamblea Nacional del Ecuador debe retomar la discusión sobre el aborto y emitir una ley que permita en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, despenalizarlo. Es que el deber fundamental del Estado es garantizar el derecho a la salud de sus ciudadanos, el derecho de poder acceder a un tratamiento médico de calidad de así requerirse. Ejemplos existen muchos: la gran mayoría de países donde los derechos de las mujer sobre su cuerpo son respetados y prevalecen ante cualquier ley y tienen reglas claras a favor de un aborto seguro, son más avanzados y tienen menos tasas de mortalidad materna por esta razón.