La pandemia del coronavirus ha vuelto a poner en jaque al libre mercado. Como en 2008, cuando mandatarios como Nicolas Sarkozy pidieron una refundación del capitalismo o líderes patronales como Gerardo Díaz Ferrán clamaban por un paréntesis que regenerara la confianza perdida en las bolsas. Casi doce años después, el líder del PP vuelve a agitar el supuesto fantasma de las nacionalizaciones. Pero el mercado responde a Pablo Casado -son necesarias para salvar balances de empresas y contener la recesión más profunda- y, de paso, entierra a dos de sus referentes ideológicos: es el final del consenso neoliberal de Reagan y Thatcher.
Cuando el 15 de septiembre de 2008 el gobierno estadounidense, cuna del libre mercado, dio orden de nacionalizar Lehman Brothers, mientras el Kremlin, arquetipo del modelo estatalista de los regímenes comunistas, decretaba la suspensión de la cotización de la Bolsa de Moscú -el gran emblema del libre mercado-, los analistas se preguntaron a qué se debía este movimiento telúrico registrado en los cimientos mismos de la arquitectura financiera internacional. En pocos días, el ambiente se aclaró.
La teoría de que la economía mundial se adentraba en un crash sin parangón desde 1929 cobró rango de mandamiento. En medio de voces de autoridades políticas y de dirigentes empresariales que reclamaban casi al unísono la urgente movilización de recetas keynesianas que sacaran al capitalismo de su paradoja, de su duda existencial.
El mercado ofrece el primer signo de «rebote técnico» tras su caída vertical de marzo, que refleja el «impacto de los gobiernos y bancos centrales por proteger sectores enteros en tiempo récord» y poder gestionar la economía real de forma efectiva
La pandemia del covid-19, su súbita e incontenible propagación, las excepcionales medidas de confinamiento en todo el mundo y las obligadas hibernaciones económicas para detener su expansión, limitar el catastrofismo sanitario y, sobre todo, frenar el número de fallecimientos, ha vuelto a sacar a la palestra la contrariedad que crea entre los defensores del neoliberalismo a ultranza del mercado los episodios de grandes rescates públicos provocados por debacles bursátiles, deterioros de los balances financieros por altas concentraciones de activos tóxicos y recesiones económicas.
Uno de los últimos exponentes de esta recurrente crítica al intervencionismo estatal ha sido el presidente del PP, Pablo Casado, quien, en una entrevista en Telecinco, aseguró que Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, quiere convertir España en Grecia: «Pablo Iglesias empieza a decir que la propiedad privada está supeditada al interés general. Ya vemos dónde conduce eso. A Venezuela o a Grecia. ¿Se va a nacionalizar un medio de comunicación o una empresa privada y tenemos que apoyarlo?», espetó.
La pregunta, cargada de ironía, de Casado ha tenido cumplida respuesta desde el mercado. Yves Bonzon, CIO de Julius Bär, explica en un análisis de la coyuntura global del banco suizo que el primer signo de «rebote técnico» en los mercados tras la caída vertical de cotizaciones entre el 5 y el 23 de marzo, reflejan el «impacto de los gobiernos por proteger sectores enteros de la economía en tiempo récord» y evitar «ventas masivas [en las plazas financieras] forzadas por inversores en busca de márgenes provechosos y beneficios inmediatos».
Pero «esta fase parece superada», explica Bonzon, «gracias a la decisiva intervención de los bancos centrales, que se aprovecharon de la experiencia labrada en la crisis de 2008» y que han logrado estabilizar la esfera financiera y, sobre todo, mantener sus funciones activas y al día. Un compás de espera necesario para «poder gestionar efectivamente la economía real».
El Chief Information Officer de Julius Bär, en su diagnóstico de la última semana, va más allá de esta descripción de la coyuntura, que anticipa un primer dique de contención estatal -de bancos centrales y de gobiernos-, para amortiguar la meteórica y profunda contracción de la actividad, que apunta a tasas de dobles dígitos, con históricas destrucciones de empleo.
Bonzon habla de la necesidad de acometer nacionalizaciones «para salvar los balances de las empresas», de otra tregua -o paréntesis en la economía de mercado, como reclamó en 2009 el entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán- y del final del consenso neoliberal de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Dos de los referentes ideológicos en el PP.
O, al menos, entre los grandes arquitectos del mal llamado milagro económico español y de FAES, dos fuentes del pensamiento popular de los que nunca ha renegado precisamente Casado. Una vez más -dice Bonzon- el shock provocado [por la crisis del coronavirus] «en el sector privado ha condenado a las economías» a pedir auxilio a modo de «respuestas monetarias y fiscales» en nombre de su propia supervivencia. «Empresas y autónomos deben recibir al menos una compensación parcial de sus ingresos perdidos» desde el ámbito gubernamental.
Como si percibieran una indemnización por daños derivados de un desastre natural por parte de una aseguradora, aclara. «En ausencia de tales transferencias», del Estado al sector privado, sus balances engordarían con «deudas adicionales» que retrasarían de forma «considerable» la recuperación posterior al confinamiento.
Saneamiento estatal de empresas
«En otras palabras» -suscribe el directivo de Julius Bär-, el sector privado no puede ser saneado con recursos voluntarios -o forzosos- que procedan del ámbito empresarial. Porque, «reducir o cancelar los alquileres, por ejemplo, de manera temporal, puede aliviar casos individuales» pero, «colectivamente, dentro de un ámbito nacional, alimentaría la espiral deflacionista».
De ahí que -asegura- en nombre del interés general, medidas de apoyo como las garantías de pago de los alquileres deban «proceder de las cuentas estatales»; lo cual revela dos lecturas claves: que el riesgo de que se instauren políticas intervencionistas bien intencionadas, aunque puedan llegar a ser contraproducentes, «es elevado en los próximos meses» y que, sin el salvavidas financiero de los gobiernos, las empresas «no tendrían salvación» posible.
Para, acto seguido, señalar que el «consenso neoliberal nacido en los años ochenta» del siglo pasado, «con Reagan y Thatcher [como estandartes], ha muerto definitivamente» (is dead for good this time). En estos tiempos, aclara Bonzon, «nos dirigimos hacia un capitalismo de estado, similar al que una vez se practicó en la década de los cuarenta, durante la guerra». Es una inexorable pérdida de la libertad de mercado. Pero «estamos ante el peligro de que el control de la curva de rendimiento, como hace Japón, se extienda por Europa y EEUU».
«Nos dirigimos hacia un capitalismo de estado, similar al que una vez se practicó en la década de los cuarenta, durante la guerra»; es una inexorable pérdida de la libertad de mercado hasta que se restaure la curva de rendimiento en Europa y EEUU
Las valoraciones oficiales del banco de inversión suizo también son un torrente de realidad sobre las interpretaciones político-mediáticas que tildan de «ideológicas» las medidas del Gobierno de coalición y sobre discursos como los del Círculo de Empresarios, que se autodefine como un centro de pensamiento del sector privado, y que arremeten contra el carácter confiscatorio del gobierno o que, en boca de su presidente, John de Zulueta (1947, Massachusetts), que dirigió las riendas de Sanitas durante casi dos décadas, hasta 2009, y que considera a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como una «ultraizquierdista que trata a los empresarios como criminales», tal y como refleja en una entrevista reciente en El Mundo.
De Europa, asegura que la crisis del coronavirus la someterá a «un nuevo examen de cohesión«. Después de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, al que define como el criterio surgido en Maastricht para evitar presiones inflacionistas en la zona monetaria surgidas por déficits fiscales excesivos, «haya muerto en combate».
El analista de Julius Bär cree que la UE dejará atrás las políticas de austeridad, por efecto de las coberturas sociales de emergencia indiscutible que deja la crisis del coronavirus, aunque concede el poder en la batalla entre contribuyentes netos y los socios en dificultades financieras a los países del norte.
Los englobados en la rebautizada como Liga Hanseática, que «no dejarán opción» a las naciones meridionales. Aunque no descarta que esa futura cohesión pase por un proyecto compartido como los eurobonos, al que los vecinos septentrionales dejarán entrar a los sureños capaces de gestionar convenientemente sus niveles de endeudamiento.
Nacionalizaciones por doquier
Los procesos de intervencionismo, de nacionalización de empresas, en países como EEUU es una recurrente tradición cultural. Tan americana como el Apple Pie, dice Thomas M. Hanna, director de investigación en Democracy Collaborative y autor de Nuestra riqueza Común: el Retorno a la Propiedad Pública en EEUU, en un artículo publicado en la revista Jacobin, donde hace un repaso de esta práctica habitual; sobre todo, en tiempos de crisis.
A pesar de «las largas décadas de narrativa neoliberal» que construyó un mensaje de «ineficiencia y debilidad» alrededor de todo lo que sea considerada economía gubernamental, incluida su manifiesta incapacidad para genera un clima idóneo para los negocios.
Y aunque la Administración Obama, tras la crisis de 2008, cuando aún estaba en la Casa Blanca George W. Bush, tomó acciones decisivas para la restauración de las estructuras económicas estadounidenses, a través de casi un billón de dólares de un programa de estímulo fiscal y otro similar en cuantía que sirvió de rescate a entidades financieras -bancos y aseguradoras y grandes corporaciones- e incluían el control federal de su gestión.
Pese a los apelativos neoliberales de «ineficiencia y debilidad» a toda gestión económica pública, EEUU tiene un extenso currículum confiscatorio, desde los ferrocarriles al inicio del siglo XIX hasta la banca en la crisis de 2008
El tsunami financiero demostró que la administración económica de los estados, no sólo en EEUU, también en Europa y otras latitudes industrializadas o emergentes, están lejos de ser débiles o de estar subordinadas a los designios del mercado.
Como ha ocurrido a lo largo de la historia. Porque la tradición nacionalizadora de EEUU es rica y extensa. Desde los ferrocarriles, los teléfonos o la fabricación de armas en los años de la Primera Guerra Mundial, hasta la Tennessee Electric Power Company (Tepco) y las extracciones de oro y planta bajo el New Deal o, literalmente, cientos de compañías de múltiples sectores industriales durante y tras la Segunda Guerra Mundial.
Pero también las firmas productoras de acero en la Guerra de Corea, los peajes de pasajeros y mercancías en los años setenta, el Banco Continental Illinois y varias entidades de ahorro y de préstamo en los ochenta y bancos y marcas automovilísticas en la primera década de este siglo. Un prolongado recorrido que comenzó con el presidente Woodrow Wilson en diciembre de 1917, cuando nacionalizó los ferrocarriles en una compañía federal que dio trabajo a más de 2 millones de personas y que, entonces, suponía el 12% del PIB americano.
Hasta el credit-crunch de 2008, propiciado por los activos tóxicos de la banca, que llevó a Rodrigo Rato, director gerente entonces del FMI a criticar la actitud de los mercados de individualizar las ganancias y socializar las pérdidas -considerado desde antes de su nombramiento como máximo responsable del Fondo Monetario el arquitecto del milagro económico español- que confiscó los activos y la gestión de entidades bancarias como Lehman Brothers o Merrill Lynch -que luego se integró en Bank of America- y de aseguradoras como AIG.
Además de las dos hipotecarias que engordaron la crisis subprime en el mercado inmobiliario estadounidense -Freddie Mac y Fannie Mae- o General Motors, entre otros grandes emporios que pasaron a manos del Tesoro. Momentáneamente o para su posterior liquidación o puesta en venta en los mercados. Al igual que ocurrió en Reino Unido, en Irlanda, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia o Luxemburgo, donde se tomaron el control de sus sistemas financieros y se dijo adiós al liberalismo por un tiempo.
En el que el jefe del Estado galo, Nicolas Sarkozy, llegó a reclamar sin tapujos y en el seno del G-20, el foro llamado a ejercer de gobierno económico global, una refundación del capitalismo.
En España, la intervención de la banca, aquejada de activos tóxicos procedentes de años de alta permisividad hipotecaria para abastecer el fervor comprado de vivienda de un largo decenio de inmensas liberalizaciones de suelo con licencias inmediatas para edificar y bajos tipos de interés, decretados desde el BCE para ayudar a salir a Alemania de su recesión punto.com, en contra del criterio que dictaminaba la coyuntura inflacionista del conjunto del área monetaria, motivó una petición de rescate a Europa.
Edulcorado como un préstamo en condiciones ventajosas, sin los controles de la troika comunitaria -y la supervisión del FMI, como exigía el salvavidas irlandés o portugués- y con la promesa, nunca cumplida, que el sector devolvería al Estado, depositario de la ayuda europea, «hasta el último euro», según palabras del entonces ministro de Economía y ahora vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
De los más de 65.000 millones a los que ascendió la factura definitiva del saneamiento de las cuentas del sistema bancario español, las arcas del Estado español han tenido que sufragar algo más 54.000 millones, tal y como admitía el Banco de España a finales de 2019. Año y medio después de la salida de Mariano Rajoy de Moncloa, una de cuyas primeras medidas fue acudir a Europa a pedir el aval europeo. Banco de Valencia, Bankia, Catalunya Banc y NovaCaixaGalicia fueron las grandes beneficiarias de esta inyección.