Traducción de Carlos Valladares
Introducción
Las presentes relaciones de América Latina con los Estados Unidos a la vez que su actual configuración política y económica se pueden entender mejor en el contexto de los cambios a gran escala de los últimos veinte años y de la relativa estabilidad de los cinco últimos.
Vamos a proceder destacando esquemáticamente las características más importantes que han llevado al desarrollo y a la crisis de los regímenes y las políticas neoliberales, y al surgimiento de los diversos regímenes «post neoliberales» del momento actual. Analizaremos la naturaleza y la actuación de los «regímenes post neoliberales» para ver sus puntos fuertes y sus debilidades en el contexto de las condiciones del mercado mundial, al mismo tiempo que las contradicciones políticas y sociales que están surgiendo y sus alternativas.
El poder imperial estadounidense y el ascenso y caida de los regímenes neoliberales
El poder imperial y la influencia de los Estados Unidos alcanzaron su esplendor entre 1976 y 1999. Tanto regímenes militares como civiles respaldaron las políticas regionales e internacionales de los Estados Unidos durante ese periodo y adoptaron doctrinas de «libre mercado». Los dirigentes neoliberales desnacionalizaron y privatizaron todos los sectores económicos estratégicos, desregularon los sistemas bancario y financiero y se sometieron a los dictados del FMI y del Banco Mundial. Casi un billón de dólares 1 en beneficios, incluyendo los intereses y los pagos principales, provenientes de rentas y de fondos ilegales se transfirieron a los bancos y las corporaciones estadounidenses y europeas.
A finales de la década de los 90 el descontento popular se desbordó generalizándose las protestas callejeras y las huelgas promovidas por los sindicatos del sector público y, sobre todo, las movilizaciones en zonas rurales. Con la llegada de la crisis económica y el crash financiero del año 2000 se produjeron grandes convulsiones por todo el continente.
Crisis y levantamientos sociales 2000-2005
Entre el 2000 y el 2005 se sucedieron levantamientos populares de gran magnitud, que desbancaron a casi una docena de presidentes neoliberales, y varios procesos electorales que llevaron al poder a líderes supuestamente de centro-izquierda. En Argentina entre 2001 y 2002 tres presidentes fueron derrocados por los movimientos populares, mientras los bancos cerraban, los ahorros de la clase media fueron congelados, el desempleo aumento con una rapidez vertiginosa de hasta casi el 30 % y los niveles de pobreza traspasaron el 40 %, algo inaudito en un país archiconocido por su trigo y su carne de vacuno. En Ecuador los levantamientos populares de 2000 y 2005 supusieron el fin de los corruptos presidentes neoliberales y la elección del presidente Correa de la centro izquierdista Alianza PAIS.
En Bolivia las revueltas de los jornaleros y los campesinos indios derrocaron a dos presidentes, estrechos aliados de Washington (2003, 2005), y llevaron a la elección de un parlamentario de centro izquierda, campesino cocalero y líder indígena, Evo Morales, en 2005.
En Venezuela el presidente Chavez fue derrocado por un brevísimo periodo por una junta empresarial y militar respaldada por los Estados Unidos y restaurado en su puesto en 48 horas por la movilización popular y de parte del ejército en Abril de 2002.
En otros contextos, presidentes supuestamente de centro-izquierda fueron elegidos en Uruguay en 2005 y 2010, en Paraguay en 2008, en Chile en 2005 y en Brasil en 2002 y 2006.
Habiendo perdido a sus dóciles clientes como consecuencia de crisis profundas y con su principio ideológico propulsor (el neo-liberalismo de libre mercado) totalmente desacreditado y rechazado de forma masiva, el dominio de EE.UU. se deterioró severamente, pero no se extinguió del todo.
En México, el PAN, con respaldo estadounidense, bloqueó cualquier posibilidad de transición hacia un modelo postneoliberal en 2000, y más tarde robó las elecciones de 2006, perpetuando y profundizando la desintegración de México que vive una situación de guerra entre bandas de narcotraficantes aliados con diversas facciones del estado.
Las crisis, las revueltas y el ascenso de los regímenes postneoliberales fueron en esencia un pacto histórico entre las fracasadas y desacreditadas élites neoliberales de los años 90 y los movimientos sociales radicales en ascenso de los primeros años del nuevo milenio. El imperialismo estadounidense, involucrado en dos guerras en Oriente Medio y el sur de Asia, atrapado en una guerra global contra militantes islamistas dirigida por cargos políticos sionistas situados en altas instancias en el gobierno de Washington, fue incapaz de intervenir y cambiar la tendencia favorable al «centro-izquierda». La política de Washington en la década entre 2000 y 2010 ha sido fundamentalmente «mirar atrás» a la «era de oro del saqueo», los 90, y ha siso totalmente incapaz de hacer frente a los decisivos cambios de poder dentro de América Latina, los cambios del mercado mundial y el ocaso de la anteriormente hegemónica ideología neoliberal.
El ascenso del postneoliberalismo
Los regímenes postneoliberales, en la medida en que comparten elementos comunes, tienen las siguientes características:
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Son producto de movimientos populares que rechazan la ideología neoliberal y a sus élites.
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Su ascenso al poder es el resultado de crisis económicas y sociales profundas que afectaron a sectores de la élites empresariales, a la clase media y trabajadora, a los jornaleros sin tierra, a los campesinos y pequeños propietarios, y a las despojadas comunidades indígenas.
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Los regímenes postneoliberales han impulsado políticas económicas de estímulo estatal pero sin la expropiación de los bancos ni de las compañías nacionales o foráneas, y sin procesos de renacionalización de las firmas privadas, salvo en el caso de empresas en bancarrota.
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El postneoliberalismo (PNL) ha mantenido las desigualdades de clase del neoliberalismo pero introduciendo programas contra la pobreza, subsidios de desempleo, ayudas para las pequeñas y medianas empresas, e inversiones generadoras de empleo.
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Se ha obligado a las corporaciones multinacionales a pagar más impuestos en concepto de regalías, se han subido los impuestos a la exportación de productos agro-industriales pero no se ha hecho ningún esfuerzo en redistribuir la tierra y los ingresos.
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Empresas mixtas y sociedades comanditarias entre empresas públicas y privadas han sido la norma, poniéndose el acento en establecer alianzas con multinacionales extranjeras, especialmente en el sector de la minería y la energía.
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Las instituciones políticas han desplazado a los movimientos populares y los regímenes postneoliberales y se las han apañado para promocionar con éxito procesos de concertación a tres bandas entre el estado, las empresas y los movimientos populares en lo que puede darse por llamar «política corporativista» basada en «pactos sociales» con autoridad para regular los salarios pero no los beneficios.
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Estos regímenes han implementado estrategias desarrollistas basadas en la expansión y la diversificación de las exportaciones, en el establecimiento de severas políticas fiscales de cariz monetarista y en el incremento de los ingresos.
En resumen, los regímenes postneoliberales, las nuevas regulaciones, el estado de bienestar, y las medidas de gestión de la crisis se han diseñado en primer lugar para desradicalizar a los movimientos populares, para impulsar la recuperación económica y para apuntalar la estabilidad social y política. La retórica antineoliberal ha tenido como objetivo «normalizar» el crecimiento capitalista y crear un equilibrio sociopolítico entre los trabajadores/campesinos insurgentes, que formaron su base original, y los inversores nacionales y extranjeros que han sido los motores de su crecimiento.
Comportamiento de los regímenes postneoliberales: Estabilidad y crecimiento.
En los últimos cinco años de regímenes neoliberales, no han habido ni revoluciones ni golpes de estado, con la excepción de la toma del poder, con respaldo estadounidense, por parte de los militares en Honduras. 2 Los movimientos sociales se han apaciguado. Como consecuencia de la subida de los salarios, el crecimiento del empleo y el crecimiento económico, ha disminuido el grado de movilización social. El ejército se ha visto recompensado, dejados atrás los castigos por los crímenes contra los derechos humanos del pasado, mimado e incorporado al nuevo modelo «desarrollista» de crecimiento y se ha mostrado poco interesado por volver al antiguo modelo neoliberal liderado por los Estados Unidos. Entre 2004 y 2008 los regímenes postneoliberales han disfrutado de un grado excepcional de crecimiento, de precios muy altos, de la incorporación de capitales a gran escala, de la expansión de nuevos mercados en Asia y de niveles razonables de inversión tanto pública como privada. El resultado ha sido una balanza comercial y fiscal relativamente equilibrada, altos niveles de reservas de divisas y la posibilidad de acceso a los mercados de capital (excepto en el caso de Argentina).
Los regímenes postneoliberales han diversificado sus mercados externos pero no sus productos de exportación, aumentando su dependencia energética y de productos agrícolas y minerales, pero beneficiándose de precios altos.
Al contrario de lo que la experiencia histórica podría invitar a pensar, la crisis económica mundial de 2008-2010 no ha golpeado tan duramente a América Latina como a los Estados Unidos, en parte debido a los controles impuestos después de la crisis neoliberal de 2000-2001 y por sus lazos económicos con Asia, lo cual es decir China, y se ha continuado creciendo un 9% en 2009 y un 11% en 2010. La cuestión principal es si este crecimiento sostenido, y la estabilidad relativa que trae consigo, es producto de las políticas internas y de lo ajustes estructurales o es el resultado de las condiciones favorables del mercado mundial – con precios altos y fuerte aumento de la demanda.
Los «regímenes postneoliberales» varían en su composición política, en sus orígenes sociales y en el grado y el tipo de intervención estatal que promueven. Lo que tienen en común es : (1) su rechazo al capital desregulado, particularmente a las inversiones especulativas; (2) el rechazo a tratados de libre comercio no recíprocos del tipo del ALCA; (3) el aumento de impuestos a los industrias exportadoras agro-minerales; (4) una fuerte tendencia corporativista, es decir, la incorporación de los líderes de los movimientos y de las organizaciones populares al aparato del estado; (5) el apoyo a la formación de organizaciones regionales que excluyen a Estados Unidos como UNASUR; (6) y la tendencia a diversificar sus estrategias comerciales y de inversión. Sobre todo los regímenes postneoliberales han abrazado una ideología y una práctica «desarrollista» que persigue la maximización de las inversiones y el crecimiento económico en detrimento de cualquier tipo de política redistributiva o de cambios fundamentales en el sistema de propiedad. Dicho de otra manera, el cambio del libre mercado neoliberal por el desarrollismo postneoliberal está basado en su mayor parte en alianzas con las élites, tanto nacionales como extranjeras, del sector agro-mineral y manufacturero en vez de con grupos bancarios y financieros.
Los nuevos regímenes desarrollistas nacieron de la mano, principalmente, de políticos populistas y socialdemócratas que obtuvieron el respaldo popular como consecuencia de su rechazo a una variante del capitalismo (el «neoliberalismo») pero no al capitalismo per se. La ambigüedad ideológica del «antineoliberalismo» permitió a los líderes desarrollistas presentarse como parte de la insurgencia popular e identificarse con las revueltas del periodo 2000-2005 sin comprometerse con ningún programa anticapitalista o con medidas específicas como una reforma agraria integral o la renacionalización de los sectores económicos estratégicos privatizados por las anteriores élites neoliberales.
La excepción es la Venezuela del presidente Chávez que comenzó una reforma agraria y renacionalizó el petróleo y varios sectores económicos estratégicos más.
El reto clave para los regímenes desarrollistas ha sido dar el giro desde una posición social y política radical de apoyo a los movimientos que los alzaron al poder hasta la consecución de una sólida base electoral que apoyara unas políticas que esencialmente favorecen a los grandes inversores nacionales y extranjeros, aunque realicen inversiones a largo plazo.
Ideología, mercados, cooptación
Los regímenes postneoliberales desconcertaron a sus seguidores con una variedad de fórmulas políticas, relacionadas con las particularidades de su origen social y con las características distintivas de sus organizaciones.
Por ejemplo, Evo Morales, ha hecho públicos alardes de su «identidad indígena» aunque por otro lado haya perseguido con ardor acuerdos y firmas de lucrativos contratos de explotación con importantes corporaciones multinacionales del sector minero y energético de la India, Europa, Brasil, Estados Unidos, Canadá y China que totalizan una suma de hasta un centenar de compañías. La estrategia desarrollista de Morales, desde el principio, garantizó seguridad a las cien mayores corporaciones empresariales agrícolas, dueñas de más del 80% de las tierras más fértiles, mientras que invirtieran e incrementaran la producción y las exportaciones. El principal propagandista de Morales, el vice-presidente García Linera, ha proporcionado la cobertura ideológica al mover el foco de atención de los movimientos populares desde una lucha por la transformación socioeconómica a la realización de una «revolución cultural y política». García Linera proporcionó la retórica sobre la importancia de la «identidad étnica», en detrimento de la política de clase, que ha servido de elemento de distracción sobre la colaboración del régimen con la oligarquía empresarial, nacional y foranea, del sector minero-extractivo. La «revolución» fue esencialmente la toma del poder por parte del estrato inferior de la clase media mestiza en ascenso, constituido por tecnócratas y dirigentes de los movimientos sociales cooptados, que han promovido la inversión privada y el control social.
Para consumo del «turismo» de izquierdas internacional, (Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica) Morales y García Linera han organizado una conferencia internacional sobre la «Madre Tierra» ( Pachamama). A su vuelta han difundido un luminoso relato sobre el liderazgo de Morales en su lucha contra el «calentamiento de la tierra», en la ignorancia más completa de las intenciones del régimen de atraer enormes inversiones de capital del sector minero-extractivo y de la estrategia desarrollista en el sector de la agro-industria basada en la dependencia de productos químicos.
En el caso de Brasil, Lula jugó la carta de sus orígenes sociales, la del hijo de una familia inmigrante pobre del nordeste de Brasil, la de su época de activista sindical, la de su afinidad a las causas populares y la de su condición de líder del Partido de los Trabajadores. Sus propagandistas minimizaron el hecho de que no había pisado una factoría en los 20 años anteriores a su elección. Lo más relevante del régimen de Lula no es su pasado sino sus vínculos actuales con grandes empresas capitalistas del sector de la agro-industria y la extracción mineral, su apoyo a las inversiones que tengan como objetivo prioritario el crecimiento y sus severas políticas monetaristas para satisfacer a la élite financiera internacional. Sus «políticas contra la pobreza» han consistido en las típicas medidas clientelares del gusto de los sectores conservadores: donación de alimentos para los pobres, pero no redistribución de la tierra; subsidios de mera subsistencia para los pobres, pero no creación de empleo industrial. El gasto social anual del régimen de Lula en sanidad, educación y medidas contra la pobreza es inferior a los 100.000 millones de dolares que se pagan como interés a los bancos extranjeros. Los decretos de Lula sobre la disminución de empleados públicos y los recortes de las pensiones públicas han garantizado un superavit presupuestario y han atraido masivamente a las inversiones de capital foráneo. La independencia en política exterior de Lula ha venido como consecuencia de su ideología «desarrollista» y no de ningún tipo de sentimiento «anti-imperialista». Para Lula el crecimiento económico requería desembarazarse de los restrictivos tratados comerciales con Estados Unidos y firmar nuevos acuerdos comerciales y de inversión con China, India, Irán, Venezuela, Angola etc.
Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay han reforzado sus estrategias económicas de fomento de la exportación de productos agrícolas y minerales y han abierto la puerta a los inversores extranjeros, especialmente en los «sectores productivos». Su enemigo no es el capitalismo, es el «capital especulativo». El problema social es cómo aplicar impuestos sobre los beneficios para sufragar los programas de reducción de la pobreza que son la base del mantenimiento de su apoyo electoral.
La clave de la estabilidad social ha estado en cooptar a los dirigentes sindicales y campesinos y en pacificar a sus seguidores con aumentos salariales mínimos y graduales a cambio de su apoyo a la firma de contratos multimillonarios de inversión con las corporaciones multinacionales. Los regímenes PNL han utilizado la ideología antineoliberal y se han beneficiado de las condiciones favorables del mercado mundial. Esto ha llevado a un relativa estabilidad política y al crecimiento económico de los últimos cinco años. La cuestión es si esto es una situación que se pueda mantener en el tiempo o es una mera «situación coyuntural».
El futuro del capitalismo desarrollista en América Latina
Los últimos cinco años, los regímenes desarrollistas han sido capaces de travestir su colaboración con el gran capital con ataques retóricos al neoliberalismo y han obtenido una clientela electoral sobre la base del establecimiento de programas contra la pobreza a corto plazo.
Están apareciendo señales significativas de que el «progresismo» está empezando a perder su atractivo entre amplios sectores de la clase trabajadora, del campesinado y de la población india ante la evidencia de la ausencia de cambios estructurales sustantivos.
En Bolivia las prolongadas huelgas en el sector público y en la industria en contra del raquítico incremento de los salarios del 5% decidido arbitrariamente por el régimen de Morales son un claro indicador de que la mística del «presidente indígena» que dicta el destino de los excedentes presupuestarios y firma lucrativos contratos con corporaciones empresariales extranjeras del sector de la extracción minera está empezando a agotarse.
En Paraguay más de 15.000 campesinos se manifestaron en las calles de Asunción contra el presidente Lugo en protesta por la parálisis y la impotencia del presidente respecto a la reforma agraria y por su uso de la policía y de la represión militar para expulsar a los campesinos sin tierra de los grandes latifundios.
En Brasil los trabajadores del sector público que se han movilizado para conseguir una subida salarial superior al 5% dictado por Lula, sobre todo a la luz de los 280.000 millones de dolares en reservas y los más de 100.000 millones de dolares del pago de los intereses de la deuda, están viendo sus salarios reducidos.
Tanto Lula como Lugo y Morales han lanzado virulentos ataques verbales contra las organizaciones independientes que demandan una más justa distribución de los beneficios. Lugo ha militarizado el campo en busca de …»diez movimientos guerrilleros». Evo Morales y García Linera han acusado a los trabajadores en huelga de las fábricas de ser «agentes de la embajada de Estados Unidos» y a los profesores que se manifiestan de ser «instrumentos del troskismo». Correa ha acusado al movimiento indígena de «delincuentes» por oponerse a la privatización de facto del acceso al agua.
Dicho de otra manera, las primeras grietas y contradicciones en el modelo desarrollista han provocado un ataque virulento por parte de los regímenes PNL. Es lícito sospechar que la violenta respuesta del régimen ante demandas económicas reformistas es producto del miedo a que la lucha de los movimientos de clase independientes se convierta en un futuro cercano en un ataque político directo al modelo desarrollista.
Aunque el modelo desarrollista parece sólido y las condiciones del mercado mundial son actualmente favorables, estos regímenes dependen de un frágil balance de poder. Los regímenes PNL necesitan de una gran cantidad de insumos de capital que requieren de tasas de beneficio altas lo cual depende a su vez de la capacidad de controlar los costos laborales, de obtener superavits presupuestarios y de establecer rigurosas políticas monetarias. Los sindicatos y la clase obrera, en la medida en que presenten una agenda de reivindicaciones que exija mayor gasto social y una mayor participación en los beneficios a través de huelgas y de la acción directa, pueden debilitar el marco de colaboración de clase que da estabilidad al régimen. Un recrudecimiento de la represión podría conducir a una mayor alienación y al desencanto entre los sectores de la clase obrera y de los movimientos indígenas y campesinos, llevando a divisiones y a la expulsión del poder de los dirigentes sindicales previamente cooptados, y al resurgimiento de movimientos independientes de indígenas y campesinos.
El problema fundamental en algunos países es la fragmentación de los movimientos. Por ejemplo, en Mexico, se celebraron marchas que reunieron a un millón de personas, con López Obrador al frente, que protestaban contra el fraude electoral, precedidas años atrás por masivas manifestaciones de más de 250.000 personas convocadas por los zapatistas que exigían leyes favorables a los indios, continuadas por movilizaciones de decenas de millares de profesores y sectores afines en Oaxaca demandando el cese de un gobernador corrupto, y más recientemente un cuarto de millón de trabajadores convocados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) salieron a la calle para protestar por el despido de 43.000 compañeros. Por separado cada movimiento ha sido finalmente derrotado. Unidos podrían haber paralizado el país y ganado.
Una de las consecuencias desafortunadas de la reciente debilidad de los movimientos sociales radicales y del rechazo a sus propuestas a favor de cambios estructurales es el crecimiento de poderosas narco-bandas basadas en el reclutamiento de jóvenes tanto del campo como de la ciudad. Ante la carencia de tierras producto de la acumulación de los agro-negocios, la libre importación de productos alimenticios que ha arruinado a los pequeños agricultores y la emigración del campo a la ciudad sin empleo industrial, las bandas de narcotraficantes ofrecen una salida de la pobreza por la vía de la «acción armada directa», respaldada por funcionarios corruptos y con la cooperación de los bancos que lavan sus fondos. En México, en América Central y en los estados andinos, la lucha armada de las bandas de narcotraficantes, compuestas en su mayor parte por jóvenes, por una participación en los beneficios del mercado de la cocaina ha reemplazado a la lucha de clase por la tierra y por el empleo.
Alternativas al Postneoliberalismo (PLN)
El primer paso en la construcción de una alternativa requiere una comprensión y una ruptura con el régimen PNL. Debe abandonarse esa vacua terminología sobre regímenes «progresistas» o de «centro-izquierda» y es esencial el identificarlos como regímenes capitalistas desarrollistas, constitutivamente dependientes de élites dirigentes de los sectores agro-industriales y minero-extractivos integrados en el mercado mundial.
En segundo lugar, para construir una alternativa a los regímenes PNL no se debe tomar como punto de partida el periodo 2000-2005, una época de movimientos populares radicales y de revueltas de clase. Ni tampoco los años 90 en el que los regímenes «neoliberales» sin oposición permitieron el saqueo al por mayor y sin restricciones por parte de los grandes bancos y las corporaciones multinacionales.
En la actualidad los enfrentamientos nacionales y de clase tienen lugar en el contexto de un régimen desarrollista de clase media, que utiliza el estado para promover el crecimiento económico y usa a los movimientos sociales y a los sindicatos como mecanismos para controlar y limitar las demandas populares dentro del marco fijado por las alianzas entre el estado y el capital.
La clave de la fase actual está en recrear movimientos sociales independientes y sindicatos de clase autónomos que puedan enfrentarse con éxito a las políticas de contención salarial impuestas por el régimen desarrollista para atraer inversores extranjeros y prestamos.
Los dirigentes de la izquierda deben tener presente que los regímenes desarrollistas son ricos en divisas , tienen superavit presupuestarios y que sus estrategias de desarrollo están produciendo un crecimiento razonable . Dicho de otro modo, la izquierda debe ser consciente de que el capitalismo latinoamericano, globalmente hablando, no está en crisis , y que el régimen y los dueños del capital deben pagar en forma de sustanciales subidas salariales y con un aumento del gasto social . Los recursos financieros disponibles, los ingresos económicos del estado y los beneficios públicos y privados de los sectores agro-industriales, de los sectores minero-extractivos, del sector bancario y de las élites comerciales y manufactureras pueden permitir el aumento de los salarios y de las prestaciones sociales entre un 10% y un 20% anual.
Los trabajadores y los campesinos ven cada vez más claro que no son ellos los beneficiarios de los éxitos económicos, del crecimiento y de la estabilidad celebrados por los dirigentes de los regímenes desarrollistas. La izquierda debe animar, organizar y capitalizar las crecientes expectativas de las masas por conseguir un nivel de vida más elevado en vista de la subida record de los precios. Demasiado a menudo, la izquierda ha sucumbido recientemente ante la puesta en escena de la autodenominada «nueva izquierda» y su retórica «antineoliberal» aunque la presencia de capital multinacional (CMN) no haya dejado de aumentar. La nueva alianza «estado-CMN» está excluyendo a la clase trabajadora de los beneficios y los ingresos públicos que, por el contrario, se están distribuyendo entre una nueva clase media profesional en ascenso y la tecnocracia, por un lado, y entre los inversores extranjeros, por el otro.
La clase media emergente ha usado su pasado izquierdista y sus conexiones sociales con los movimientos populares para tomar el poder; Está consolidando dicho poder por medio del control del estado y financiando a los dirigentes de los movimientos populares. Para legitimarse, los regímenes de la nueva clase media están organizando encuentros y conferencias izquierdistas, ecologistas e indigenistas. Esta nueva clase media dirigente se está enriqueciendo con un aumento de su participación en los ingresos provenientes del capital agro-industrial y minero-extractivo por medio de sociedades comanditarias, aumento de impuestos y participación en los beneficios.
El estado desarrollista está concentrando la «nueva riqueza» en los estrechos límites de la parte media y alta de la burocracia estatal que se ha convertido de hecho en la nueva burguesía. La esencia burguesa de este régimen se encuentra en la profunda y creciente desigualdad en lo que se refiere a la estructura de propiedad y la cuantía de los salarios, en las transferencias unilaterales de los ingresos del estado a los acreedores bancarios y en las subvenciones y los créditos a las empresas exportadoras agro-minerales, mientras que las ayudas sociales a los pobres siguen siendo minúsculas y el nivel de los salarios mínimos son realmente mezquinos.
La lucha hoy en día es contra los explotadores capitalistas y no contra los «especuladores»; es contra los desarrollistas postneoliberales que controlan el estado para beneficio propio y no contra los promotores inmobiliarios neoliberales pro-libre mercado ni contra los estafadores financieros.
La debilidad estratégica de los dirigentes de la nueva clase media del estado desarrollista está en que no son propietarios – su poder deriva del control político del estado y de los movimientos populares. Eso significa que la lucha económica por salarios más altos y más gasto social se convierte de manera inmediata en una amenaza política a la legitimidad de los nuevos dirigentes. Como consecuencia de ello cualquier exigencia de los campesinos o de la clase trabajadora provoca un ataque desproporcionado, llegándose incluso a la difamación de luchas populares por la obtenención de beneficios económicos con extravagantes acusaciones como la de ser «contrarrevolucionarios».
Dado el apoyo oportunista de los «turistas» de izquierdas de Norte América y Europa a estos regímenes desarrollistas (aunque repriman huelgas y denuncien las luchas de los trabajadores, de los campesinos y de los indios en pos de mejoras económicas), la izquierda consecuente debe adoptar una postura de apoyo solidario a las luchas económicas de los nacientes sindicatos autónomos y de los movimientos étnicos de base social. El resurgimiento de los movimientos populares revolucionarios comienza por rechazar la complicidad con los gobernantes de la nueva clase media que está liderando esta nueva fase de expansión capitalista basada en la alianza entre el estado y el sector privado.
1 En el texto original dice trillón. Siendo el autor estadounidense suponemos que se refiere a lo que en España y los países de habla castellana de América Latina denominan billón es decir 1 X 10 12 o 1.000.000.000.000.
2 El texto fue escrito antes del intento de golpe de estado en Ecuador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.