El drama previsionalLos jubilados son las principales víctimas del superávit fiscal. El gobierno solo dispuso aumentos a cuentagotas del haber mínimo, achatando la pirámide de estas remuneraciones.El 63% de los jubilados cobra un ingreso que está situado por debajo del nivel de indigencia (390 pesos) y otro 15% percibe un haber que no llega al […]
El drama previsional
Los jubilados son las principales víctimas del superávit fiscal. El gobierno solo dispuso aumentos a cuentagotas del haber mínimo, achatando la pirámide de estas remuneraciones.
El 63% de los jubilados cobra un ingreso que está situado por debajo del nivel de indigencia (390 pesos) y otro 15% percibe un haber que no llega al umbral de la pobreza (de 350 a 500 pesos). Para la minoría restante los aumentos han sido insignificantes. El gobierno aprovecha la baja capacidad de protesta que tienen los jubilados para descargar sobre ellos el grueso del ajuste.
Este atropello se implementa con las arcas repletas de dinero. Desde fines del 2001 la recaudación previsional (Anses) mejoró en un 70%, mientras que los gastos solo aumentaron un 40%. Los padecimientos de tres millones de jubilados no constituyen un olvido del gobierno. Son un dato necesario para preservar el sistema privado de pensión, que Kirchner cuestionó al comienzo de su mandato y convalidó posteriormente.
Como consecuencia de los bajos sueldos y el trabajo en negro solo un cuarto de los afiliados aporta a los fondos de pensión (AFJP). El gobierno mantiene achatados los haberes, porque sabe que el estado deberá hacerse cargo del sostenimiento asistencial de un gran número de jubilados.
Pero el problema no afecta solo a los marginados de cualquier protección. La perspectiva que enfrentan los aportistas es también sombría. Con sus contribuciones actuales solo cobrarían entre el 30% y el 40% del salario en actividad. El sistema privado de pensiones que introdujo el menemismo garantiza un futuro de pauperización.
Este régimen de capitalización individual fue financiado con la reducción de los aportes patronales que generó pérdidas descomunales al fisco. Kirchner legitima este fraude al oponerse a reconstituir un sistema universal y solidario. Además, prepara una reforma que segmentará las jubilaciones en dos instancias: la básica solventada por el estado y el complemento dependiente de las AFJP. Con ese parche busca compensar la falta de cobertura que padece la mayoría de la población. Sólo reimplantando los aportes patronales y recreando un sistema único y autofinanciado podrá evitarse el tenebroso porvenir de jubilaciones paupérrimas.
La cancelación con el FMI
Para salir del default el gobierno instrumentó primero un canje que no redujo significativamente la deuda. Lavagna recibió (en números redondos), un pasivo de 150.000 millones que incrementó a 180.000. Luego rebajó esta carga a 125.000, pero sin resolver demandas por 25.000. Si se suman las dos últimas cifras, la deuda actual se asemeja a la heredada de la gestión anterior.
Posteriormente Kirchner dispuso la cancelación total de las obligaciones con el FMI. Presentó esta operación como un acto soberano, resaltando que el país se desembarazaba de los controles del Fondo. Pero en los hechos bendijo a un acreedor privilegiado, que ya había sido eximido de la poda aplicada al resto de los bonistas.
Argentina no adoptó una decisión exclusiva. En los últimos tres años y medio el FMI cobró 45.000 millones de dólares de sus grandes deudores. Rusia saldó sus compromisos, Turquía pagó el 40%, México transfirió grandes sumas y Brasil canceló todos sus pasivos. Esta simultaneidad obedeció a la presión ejercida por el Fondo para reducir su exposición financiera. Las últimas crisis lo indujeron a sustituir la promoción del endeudamiento por medidas de protección de su capital.
No era necesario pagarle a los banqueros para liberar la política económica de sus controles. Las supervisiones del FMI estaban suspendidas desde que el organismo comenzó a cobrar los vencimientos. La simple continuidad de esos pagos garantizaba la misma autonomía que se logra adelantando las cuotas.
Para sostener el pago anticipado de 9.810 millones de dólares el estado deberá aumentar su solvencia fiscal con más ahorro forzoso. Los oficialistas encubren este ajuste presentándolo como un dato natural de la economía o como un remedio indispensable para curar la indisciplina de los argentinos.
Los pasivos cancelados con el FMI representan apenas el 9% de la deuda total. Por eso la hipoteca total continuará pesando como una carga insoportable, con o sin auditoria del FMI.
Dos grupos en conflicto
El gobierno precanceló la deuda con el FMI para favorecer a los exportadores, industriales y banqueros locales, en su conflicto con los acreedores externos y las empresas privatizadas. El Fondo actuaba como agente del segundo grupo contra el primero.
Desde la devaluación el choque entre ambas fracciones ha dominado el escenario económico. El FMI exigía reducir el tipo de cambio para aumentar el excedente en divisas girado al exterior, en contraposición a los exportadores que prefieren mantener alta la cotización del dólar para recibir más pesos por los bienes que venden fuera del país. El Fondo reclamaba incrementos de tarifas inmediatos, en oposición a los grupos industriales que han lucrado con el abaratamiento relativo de los servicios públicos. El FMI exigía negociar con los acreedores foráneos que no ingresaron al canje (holdouts), contrariando a los bancos locales que ocupan la primera fila de cobro del Tesoro. Frente a esta pugna Kirchner resolvió bloquear las presiones revaluacionistas del FMI.
En el conflicto entre grupos capitalistas no está en juego ningún interés popular. El discurso oficial identifica «autonomía nacional» con las conveniencias de los banqueros, industriales y agro exportadores, como si el grueso de la sociedad perteneciera a este grupo.
El pago al FMI repite la norma inequitativa que prevaleció durante el canje. Se relegó a los pequeños acreedores (bonistas, jubilados, ahorristas) a favor de los grandes banqueros. La cancelación con el FMI confirma que no existe la menor intención oficial de mejorar el nivel de vida de la población.
Los 9.810 millones de dólares que se destinan al FMI son añadidos a los montos ya pagados a ese organismo. Estas sumas superaron ampliamente lo desembolsado durante los gobiernos de Duhalde, De la Rúa, Menem y Alfonsín. Si se suma, además, lo abonado al BID y al Banco Mundial, Kirchner terminará girando a esas entidades unos 25.000 millones de dólares. ¿Cuántas mejoras populares, gastos sociales y emprendimientos de inversión pública podrían financiarse con esa monumental cifra?
Legitimidad y maniobras
La deuda abonada al FMI formó parte de los cuestionables préstamos que precedieron al colapso del 2001(blindaje y megacanje). En lugar de borrar las huellas de estos créditos (que encubrieron fugas de capital) habría que investigar su origen y distribución. Kirchner acusa al FMI, pero al mismo tiempo lo premia. Mantiene una actitud esquizofrénica de crítica y gratificación al principal responsable del desastre padecido por el país.
Lo que permite sostener esta hipocresía es la duplicidad de los políticos oficialistas y de muchos progresistas que encubren las maniobras del presidente. Antes demostraban la imposibilidad de «pagar la deuda con dignidad» y luego se convirtieron en abogados del «desendeudamiento con dignidad». Ahora explican que la cancelación de pasivos con el FMI es un acto supremo de patriotismo.
La decisión de Kirchner recibió los esperados elogios de Lula, que está embarcado en la misma operación. Pero también Chávez ha proclamado su apoyo y prometió adquirir más títulos públicos de Argentina. Ya absorbió 1000 millones de dólares y podría suscribir otros 3000 millones. La compra de estos bonos no es un acto de solidaridad con el pueblo argentino. Colabora con un gobierno que gira esos recursos al FMI y de esta forma Venezuela participa en una triangulación que mantiene el endeudamiento del país.
El FMI solía prestar con garantías de ajuste fiscal antipopular que Venezuela no exige pero tampoco objeta. El valor de mercado de los bonos que compra depende implícitamente de la continuidad del superávit. Estos préstamos no facilitan ninguna medida de redistribución en Argentina y abren serios interrogantes para Venezuela. ¿Son acaso la inversión más acertada y prioritaria? ¿Favorecen las transformaciones sociales que profundizarían el proceso bolivariano?
La triangulación financiera en marcha es contraria a la formación de un frente de deudores contra el FMI. Chávez igualmente considera que se avanza hacia la constitución de un banco regional (Bansur) que aglutinaría todas las reservas de Sudamérica y le disputaría al FMI el rol de prestamista estratégico en la zona. Pero estos propósitos contradicen el trato privilegiado que recibe el Fondo.
Contratos y atribuciones
La política del gobierno frente a las empresas privatizadas combina confrontaciones retóricas y amoldamiento práctico a las exigencias de las compañías. Con mensajes de regulación estatal a favor de los usuarios se están convalidando los privilegios de los concesionarios. El gobierno abandonó su proyecto inicial de renegociar los contratos a partir de un nuevo marco regulatorio y se ha embarcado en las tratativas caso por caso, que propician las empresas.
El punto más conflictivo son las tarifas. La negociación excluye tanto la continuidad del congelamiento como los incrementos inmediatos y generalizados. Se están acordando cronogramas de aumentos parciales que inicialmente pesan sobre los grandes usuarios industriales. El gobierno espera que estas firmas absorban el nuevo costo sin trasladarlo a sus precios. Pero en el marco actual de baja concurrencia y altos niveles de rentabilidad, el logro de este objetivo es muy improbable.
Al discutir cual será el incremento de tarifas trasladado a la población, los funcionarios buscan evitar cualquier debate sobre el carácter injustificado de cualquier aumento. Durante la convertibilidad las compañías acumularon enormes ganancias y transfirieron a sus casas matrices los beneficios obtenidos con tarifas dolarizadas. Este nivel de rentabilidad se mantuvo elevado luego de la devaluación por el efecto de la reactivación.
Los contratos se negocian preservando una división neoliberal de tareas, entre segmentos lucrativos manejados por las compañías y sectores poco rentables a cargo del sector público. Los efectos nefastos de este esquema alimentan los mitos privatistas del neoliberalismo. Pero mantener las privatizaciones es una decisión estratégica del gobierno, frente al generalizado descontento de la población y las demandas de reestatizar las actividades más colapsadas.
Los funcionarios suelen distinguir entre privatizaciones exitosas y fracasadas, atribuyendo a cada concesionario uno u otro resultado. Esta evaluación oculta que todos los contratos gozaron de alta rentabilidad con bajo nivel de inversión. Pero lo determinante ha sido el estado previo de las compañías. Esta diferencia explica porque algunas empresas funcionan con cierta normalidad (electricidad, telefonía) y otras profundizaron su imparable deterioro (aguas, trenes).
La distinción entre «buenas y malas privatizaciones» no impide que la renegociación de todos los contratos se desenvuelva a un ritmo semejante. En general, el gobierno evita publicitar los compromisos que asume el estado. Los nuevos convenios no resucitan tampoco la competencia en la estructura altamente segmentada que predomina en los servicios públicos.
La irritación popular se concentra en las privatizaciones más colapsadas como por ejemplo el agua. La empresa viola desde 1995 sus compromisos y los cortes de suministros son constantes, en un cuadro siniestro. Pozos contaminados, inundaciones de aguas servidas, baja presión, un millón de usuarios carentes de cloacas y otros 800.000 sin agua potable. En este marco la concesionaria resolvió retirarse del país porque sus prioridades se localizan en otras partes del mundo.
Los trenes constituyen son otro ejemplo del descalabro privatizador. El propio Kirchner reconoció este desastre, pero solo adoptó medidas simbólicas para justificar la continuidad de los subsidios a los concesionarios. Mientras que el monto de estas subvenciones es escandaloso y la rehabilitación de trenes, vías o ramales brilla por su ausencia. De los 35.000 kilómetros existentes antes de la privatización solo quedan 8.000 y en precario funcionamiento. En lugar de restaurar el sistema estatal integrado, el gobierno preserva el modelo de concesiones segmentadas que estableció Menem.
Los dilemas energéticos
El área más crítica de las privatizaciones es la energía porque el abastecimiento es insuficiente. Mientras que el PBI recuperó el promedio de 1998 el consumo de energía aumentó un 20% por encima de ese nivel.
La caída de las reservas ilustra la magnitud de la crisis. A comienzo de los 90 estos recursos aseguraban 35 años de consumo, pero en la actualidad solo cubren 9,7 años. Los concesionarios depredaron los pozos descubiertos por YPF sin incorporar nuevas áreas. Es probable que luego de 15 años de euforia exportadora, el país vuelva a convertirse en importador de combustible. A pesar de la amenaza que sufre el abastecimiento interno, las ventas al exterior continúan.
El modelo energético actual preserva el manejo oligopólico de los precios por parte de cinco compañías. La renta energética que absorben estas firmas se triplicó entre 1999 y 2004 y las compañías se embolsaron entre 28.800 y 31.300 millones de dólares. En cambio, la participación del estado en este excedente cayó del 44,6% al 36% y se ubica 30 puntos por debajo del nivel capturado por el sector público de Ecuador o Venezuela. En el país se cobran regalías particularmente reducidas y las declaraciones juradas que exhiben las empresas constituyen la única información sobre los recursos existentes.
El eje de la política oficial es un vínculo privilegiado con Repsol. Esta compañía ha globalizado su gestión y no tiene al país como su centro de acción. Por eso suscribió un reciente acuerdo con Pdevsa y ENARSA para proveer crudo en Argentina a estos socios, a cambio de operar en el Orinoco venezolano. Kirchner exhibe la carta latinoamericana como alternativa frente al colapso provocado por la privatización, pero en los hechos actúa de mediador de Repsol en los negocios con Venezuela.
Más significativa es la intervención del presidente en Bolivia. Desde que la importación de gas quedó amenazada por una gran rebelión popular en el Altiplano, Kirchner ha hecho lo imposible para disuadir la nacionalización de los hidrocarburos. Busca evitar que esa medida se convierta en un planteo para toda la región. Lula fue aún más lejos y amenazó con duras represalias frente a cualquier perturbación de los negocios de Petrobras.
La política energética oficial emparcha el modelo privatista con ciertas medidas de control. La formación de ENARSA, por ejemplo, carece hasta ahora de efectos prácticos. No reedita YPF, no maneja recursos financieros, no regula el mercado y no administra los pozos.
Recuperar la propiedad estatal de los hidrocarburos es una medida insoslayable para gestar un modelo energético que beneficie a los pueblos de la región. No basta incrementar el control sobre la gestión privada, ni aumentar la renta apropiada por el estado. La reestatización es vital para enlazar compañías con poder real en los distintos países. Los acuerdos entre ENARSA y PDVSA serán pura ficción, mientras Repsol sea el jugador dominante de Argentina.
Hay muchos caminos para avanzar en acuerdos regionales, pero en Bolivia y Argentina el gas y el petróleo deben volver a manos del estado. La misma prioridad tiene recuperar el control de compañías estatales gestionadas en los hechos por grupos privados (Brasil).