Reconstitución de las finanzasLa reactivación, la emisión de bonos y la salida del corralito han generado una lenta recomposición del sistema financiero. A mitad del 2005 el total de los depósitos (108.300 millones de pesos) ya superaba el nivel previo a la crisis. Pero la masa de los fondos se encuentra colocada a corto plazo […]
Reconstitución de las finanzas
La reactivación, la emisión de bonos y la salida del corralito han generado una lenta recomposición del sistema financiero. A mitad del 2005 el total de los depósitos (108.300 millones de pesos) ya superaba el nivel previo a la crisis. Pero la masa de los fondos se encuentra colocada a corto plazo por el shock que dejó la confiscación de los ahorristas.
La recuperación económica se sostiene en una «economía de caja, pero no de crédito». Los préstamos al sector privado equivalen al 8% del PBI, frente al 30% vigente en 1997 o el 23% promedio durante los 90. Por eso los negocios de los bancos están centrados en la revalorización especulativa de los activos o el manejo de la deuda pública. Otorgan pocos préstamos nuevos a las empresas y a los particulares, en un marco de elevada concentración financiera.
Las operaciones en moneda extranjera prácticamente han desaparecido, pero esta pesificación no indica mayor estabilidad bancaria. Es un efecto de tres procesos: fin de la convertibilidad, agotamiento de la liberalización y financiamiento local del estado.
Se ha registrado también un declive de las entidades extranjeras que ha sido parcialmente cubierto por los bancos privados nacionales. Este sector aumentó sus depósitos en el sistema bancario del 13 al 17%. Este bajo porcentaje indica que la influencia de la burguesía local sobre las finanzas del país es más política que económica. Sus representantes rodean al presidente y aconsejan a los funcionarios. Pero sin el auxilio del estado no pueden competir con los extranjeros, cuya presencia financiera refleja la creciente implantación foránea en la producción y los servicios.
Una consecuencia de la crisis ha sido la recuperación del rol protagónico de la banca pública. Los depósitos de este segmento saltaron del 33 % (diciembre del 2001) al 50% (junio 2004) cuándo los ahorristas buscaron protección masiva en el estado. Los ensayos de privatización de los bancos públicos han quedado detenidos, porque ya nadie puede justificar ese traspaso con argumentos de eficiencia, solvencia o confiabilidad.
El gobierno busca igualmente reactivar la banca privada aflojando los controles impuestos durante la crisis. Promueve la amnesia colectiva, para que se olvide como la población solventó el rescate de los bancos. Las entidades que no arriesgan su patrimonio cuándo los negocios florecen, sobreviven gracias al auxilio oficial en los momentos de crisis. La cuenta final de los redescuentos, bonos y compensaciones ha sido descomunal y esa factura se paga con superávit fiscal. Por eso no hay dinero para los jubilados o los desocupados.
Con la apoyo de la Corte Suprema el gobierno está sepultando, además, las últimas demandas de los pequeños ahorristas confiscados. Este operativo de busca transmitir un mensaje de seguridad jurídica a los banqueros para que reinicien a pleno sus actividades. En lugar de reconstruir un sistema financiero único, centralizado y estatal se vuelve a repetir el rumbo que desembocó en el crack del 2001.
La inflación del modelo
Los principales desequilibrios que afectan al modelo actual no son contradicciones heredadas de la convertibilidad, ni desajustes naturales de cualquier recuperación. Son contradicciones intrínsecas de un esquema económico vulnerable y socialmente regresivo.
El desajuste más visible es la inflación. El índice mensual del 1 % tiene efectos dramáticos, porque cada punto de carestía sin compensación salarial empuja a nuevos sectores desamparados a cruzar el umbral de la pobreza. Desde el gobierno propagan un clima de advertencia contra las demandas populares, olvidando que las mejoras de salarios no provocan incrementos de precios. Esos aumentos siempre suceden y nunca anteceden a la inflación.
La tesis oficial también atribuye el rebrote inflacionario a la recuperación del consumo. Pero en un contexto de gran empobrecimiento, la escalada de los precios básicos de los alimentos no proviene del recalentamiento de la demanda.
Los funcionarios buscan contener la carestía negociando acuerdos con los grandes formadores de precios. Estas tratativas confirman cuál es el ámbito de las remarcaciones. Lavagna discutió varias alternativas, pero no logró ninguna solución y ese fracaso precipitó su desplazamiento. Micelli ensaya la misma concertación con mayor sostén presidencial y sugiere que la batalla por redistribuir se ha desplazado a ese terreno. Es una tesis que justifica el congelamiento de los sueldos y la estabilización de la miseria.
La contención de la inflación choca con el modelo exportador. Desde la devaluación, el aumento de los precios acompaña el ascenso de las cotizaciones (y el volumen) de las agroexportaciones. Particularmente en el último año la carestía se intensificó porque comenzó a cerrarse la brecha entre precios mayoristas (que se dispararon con el fin del uno a uno) y minoristas (que se retrasaron por el desplome del consumo). Micelli afronta otra dificultad con las restricciones de la oferta. Hay cuellos de botella en la provisión de muchos productos, cuya fabricación requiere largos procesos de inversión.
En las actuales condiciones de superávit fiscal, el peso de otros factores inflacionarios -como el gasto público- tiene baja gravitación. Los componentes financieros -como la indexación de la deuda pública pesificada- solo inciden en perspectiva. No propagan por el momento la inflación.
Algunos economistas son partidarios de tolerar cierta carestía y otros de promover un corte drástico del flagelo. Discuten ambas alternativas como si no existiera otra posibilidad. Unos proponen enfriar la economía, subir la tasa de interés y apreciar el dólar, pero otros aceptan cierto incremento de los precios para asegurar la reactivación exportadora. Ambos enfoques desconocen que existen otras opciones antiinflacionarias. Se podrían aplicar distintas leyes vigentes que penalizan a los remarcadores y también habría que transparentar los niveles de ganancias, asegurando los abastecimientos con formas de control social. Además, los precios locales podrían quedar desvinculados de las exportaciones a través de mecanismos impositivos.
Crecimiento segmentado y baja inversión
Las altas tasas de crecimiento recientes (8,8% en el 2003, 9 % en el 2004, entre 8 y 9% en el 2005) aseguran un piso elevado para el 2006. La reactivación comenzó como un rebote de la depresión, pero ha sido posteriormente impulsada por la sustitución de importaciones, el consumo de altos y medios ingresos y el empuje exportador.
La reactivación es una reacción cíclica frente al derrumbe precedente, que se inscribe en el serrucho de crisis violentas y recuperaciones intensas que ha caracterizado a la economía argentina. Lo específico del repunte actual es su empalme con una coyuntura internacional particularmente favorable. Si este viento de cola no es ocasional, el ascenso en curso podría perdurar. Si por el contrario la demanda externa declina tenderán a reaparecer los tradicionales temblores.
El recuerdo fresco del 2001 ha creado un clima de desahogo que induce a sobrevaluar la recuperación. Pocos registran que un modelo de crecimiento socialmente segmentado y económicamente especializado no genera aumentos de la producción, asociados a la mejora popular del poder adquisitivo. El gobierno afianza este desequilibrio cuando auspicia «cuidar la tasa de crecimiento» rechazando los incrementos de salarios.
Los funcionarios asimilan cualquier dificultad actual a malestares positivos del crecimiento. Afirman que es mejor padecer los problemas de la recuperación que las tragedias de la crisis. Pero esta constatación es una verdad a medias, porque el capitalismo siempre combina ambas desventuras. Es falso presentar a la reactivación como un momento de plenitud y a la depresión como un mal inevitable. En ambas situaciones los capitalistas lucran y los oprimidos sufren.
La tasa de inversión salió del pozo con la reactivación y saltó del 11% al 19%. Pero este porcentaje todavía no alcanzó los niveles de 1998 y es un 0,7% inferior al promedio de la convertibilidad. Es indudable que la economía tenderá a frenarse si esta variable no sube al 23 o 24% en los próximos años. La crisis energética y el sobre-uso de la capacidad instalada son claras advertencias del impacto de la sub-inversión.
Pero el problema no se limita a las magnitudes, sino que también involucra la dirección de la inversión. El enorme salto registrado en la cosecha de cereales revela que el modelo agro exportador ha retomado su vieja preeminencia. Esta centralidad actualmente incluye un costo ecológico del complejo de la soja que es poco estudiado. Ya existen síntomas de erosión de la fertilidad natural del suelo y deterioro de la autosuficiencia alimenticia. Tampoco se discuten los efectos de la concentración de la propiedad rural y de la expulsión de los pequeños productores.
En la composición de la inversión tiene gran preeminencia el sector de la construcción, en desmedro de los bienes manufacturados. Buenos Aires concentra un boom de oficinas y departamentos de lujo, que acompaña el auge inmobiliario internacional. La devaluación abarató relativamente las propiedades locales y ha incentivado un negocio muy sensible a las burbujas financieras. La especulación se está desplazando a este sector luego del crack bancario del 2001.
El dogma del superávit fiscal impide que la inversión pública compense la baja de la inversión privada. El gobierno mantiene planchada esa variable esperando que los capitalistas tomen la iniciativa. Pero los empresarios exigen grandes incentivos fiscales que afectarían el excedente de las finanzas estatales. Por lo tanto la continuidad del crecimiento depende de las decisiones de un conjunto de empresarios muy conservadores.
La frecuencia de las turbulencias que ha caracterizado a la economía argentina ha inducido a los capitalistas a invertir sobre ganancias seguras. Algunas razones coyunturales explican la persistencia de esta actitud (secuela del default, incertidumbre energética, inflación). Pero también pesa cierta conciencia del carácter empobrecido, achicado y reprimarizado de un mercado alejado de los centros mundiales.
La sucesión de eclosiones empujó en las últimas décadas a los capitalistas locales a expatriar parte de sus patrimonios y a crear un fluido mecanismo de ingreso y salida de fondos. Actualmente se verifica una corriente de repatriación, pero la proporción de inversiones liquidas que mantiene la clase dominante argentina en el exterior supera ampliamente a sus pares de la región.
La prioridad exportadora
Para asegurar la rentabilidad de las exportaciones el gobierno sostiene la paridad cambiaria en tres a uno. Defiende esta relación con el mismo fanatismo que Cavallo apostó al uno a uno. El fracaso de la convertibilidad ha generalizado la impresión que sobrevaluar el tipo de cambio es un pecado y subvaluarlo es una bendición.
Pero este enfoque oculta el costo del operativo. En condiciones de afluencia de capitales, superávit exportador y depreciación internacional del dólar, las adquisiciones de moneda extranjera con excedentes fiscales obligan a instrumentar mecanismos potencialmente especulativos. Para sostener el dólar se ha buscado sin mucho éxito restringir el ingreso de capitales de corto plazo con penalidades impositivas. Estas decisiones ilustran cuánto espacio ha recuperado el lobby exportador.
Otro indicador de esta influencia es el choque con Estados Unidos en torno a los subsidios agrícolas. Kirchner ha retomado la postura tradicional de la clase dominante argentina, que siempre rivalizó con sus competidores del norte. El presidente condiciona todas las negociaciones del ALCA a un compromiso norteamericano de reducción de los subsidios. Su postura no es antiimperialista, sino afín a los intereses de la burguesía local. En este terreno reafirma la postura que mantuvieron sus antecesores. Conviene no olvidar que para preservar un gran cliente de cereales y carne, Videla violó en 1979-80 el embargo comercial norteamericano a la ex URSS. El entusiasmo de Menem por el ALCA (y la OTAN) ha sido una excepción en esta norma de conflicto comercial con Estados Unidos.
La defensa de los agroexportadores unifica a Kirchner con Lula, pero esta alianza no asegura un renacimiento del MERCOSUR. Esta asociación continúa estancada, porque Brasil y Argentina no avanzan en la conformación de un área monetaria y en la resolución de sus divergencias arancelarias. De hecho la unión aduanera no funciona porque Argentina implementó una drástica apertura sin acompañamiento de Brasil.
El intercambio comercial entre ambos países se encuentra, además, periódicamente afectado por políticas de subsidios divergentes y por la ausencia de sistemas de arbitrajes para dirimir conflictos. Sin moneda común, ni políticas macroeconómicas conjuntas, el MERCOSUR no podrá afianzarse.
El gobierno presenta la controversia ALCA-MERCOSUR como el único debate posible de comercio exterior. Omite aclarar en qué medida una u otra alternativa mejoraría los ingresos populares. Todas las explicaciones en boga incluyen alguna versión de la teoría del derrame. Se discute si ingresar a un ALCA con menores subsidios agrícolas generará más inversiones que expandir el MERCOSUR, como si estas opciones implicaran mayor salario y más empleo para la población. En realidad se presupone que los trabajadores resignarán sus reivindicaciones para esperar los frutos de esos convenios. Las dos variantes desechan la redistribución, presuponen mayor flexibilidad laboral y la preeminencia de la exportación sobre el mercado interno.
Todas las negociaciones se desarrollan, además, aceptando normas del libre comercio, que alejan la posibilidad de aumentar las retenciones para contrarrestar la inflación o la perspectiva de reciclar la renta agro-energética hacia proyectos de reindustrialización.
Un proceso de integración popular de la región basado en principios de solidaridad, estabilidad laboral y mejora de los niveles de vida de la población es incompatible no solo con el ALCA, sino también con el MERCOSUR actual. Por esos los economistas críticos de América Latina ya discuten los lineamientos de otra alternativa, en los movimientos sociales de la región.
Ruptura y continuidades
La economía ha ingresado en una nueva etapa y las políticas predominantes son muy diferentes a las vigentes en los años 90. Especialmente el superávit fiscal ocupa el lugar que anteriormente se asignaba a la disciplina cambiaria. Quiénes contraponen ambas orientaciones como dos proyectos radicalmente opuestos sugieren que el primer enfoque es siempre preferible al segundo. Olvidan que el déficit público financiado con endeudamiento inflacionario es tan nocivo como un tipo de cambio alto sin contrapesos tributarios.
En la nueva etapa se ha consumado un cambio de hegemonía dentro del mismo bloque de poder. Los privilegios que antes acaparaban los bancos extranjeros, los importadores y las empresas privatizadas ahora son detentados por los exportadores, los industriales y los acreedores locales. Pero como en la coyuntura actual florecen todos los negocios hay pocas quejas y mucho beneplácito entre las clases dominantes.
La retórica del nuevo período se caracteriza por el cuestionamiento de la privatización extrema y la difusión de un mensaje crítico hacia el neoliberalismo y el populismo. Pero este equilibrio ideológico disfraza la persistencia de políticas regresivas. El hilo conductor que une a Lavagna-Micelli con Cavallo es el aprovechamiento de una coyuntura económica favorable para recomponer las ganancias empresarias a costa de los trabajadores. Por eso el modelo actual presenta más rasgos de continuidad que de ruptura con el esquema precedente.
A diferencia de la preeminencia financiera que mantuvo Lula en Brasil, Kirchner recurre a una variedad de políticas económicas. Esta multiplicidad obedece a la necesidad de reconstituir la acumulación al cabo de una depresión descomunal. La salida de esa crisis ha obligado también a un ejercicio de arbitraje más activo por parte de los Ministros de Economía. Recurren a la intervención creciente y a la belicosidad verbal para restaurar el funcionamiento de la reproducción capitalista.