La puesta en marcha de la «Ley Antitabaco», que prohíbe fumar en los lugares públicos (estatales y privados), tiene muchos puntos que conviene analizar, ya que su puesta en marcha, y las justificaciones que se dan por parte de los impulsores, tienen mucho que decirnos de la forma en que el control social se ejerce […]
La puesta en marcha de la «Ley Antitabaco», que prohíbe fumar en los lugares públicos (estatales y privados), tiene muchos puntos que conviene analizar, ya que su puesta en marcha, y las justificaciones que se dan por parte de los impulsores, tienen mucho que decirnos de la forma en que el control social se ejerce en esta sociedad, cuando por alguna razón no se desea utilizar la fuerza bruta del estado para controlar a un sector de la sociedad, y que no es pequeño si hacemos caso de las estadísticas oficiales sobre el numero de fumadores.
Aquí nos ocuparemos de tres aspectos principales: la agresión contra los fumadores, la negación a cuestionar el poder de las grandes compañías tabacaleras y publicitarias, y los controles sociales que de esto puntos se derivan.
a) La agresion
Detrás de toda la discusión para justificar la ley hay una serie de mitificaciones (entendidas estas como discursos que no requieren demostración) haciendo uso, incluso, de cosas que en sus contextos originales se consideran racionales. O sea: la discusión para llevar a cabo la ley es una serie de mitos que basa su legitimidad haciendo uso de la ciencia medica y la estadística social, la sociología y la psicología para que se acepten los argumentos de los responsables de crear y poner en marcha esta ley, sin cuestionamiento posible, como corresponde a todo mito.
Estas mitificaciones son principalmente: el poner el consumo del cigarro como única fuente de enfermedades oncológicas y cardiacas, entre otras, haciendo que otros factores, como la contaminación ambiental o la alimentación industrial no entren la valoración de estas enfermedades y el de asociar el desarrollo de estas enfermedades en gente que no fuma pero convive con fumadores (los fumadores pasivos). Cualquiera otra mitificación tiene como base alguna de las dos anteriores.
Por lo demás estas mitificaciones son consecuentes con el discurso que tiene como base satanizar el uso de las drogas, de cualquiera, sean legales o perseguidas, y que tiene que condenar *a priori* a los consumidores, para no tener que preguntarse, por ejemplo, por que en una sociedad se da el consumo de aquellas entre un sector mas o menos amplio de la sociedad, como en el caso del tabaco.
Al consumidor de cigarro se le esta dando, de una manera u otra, un trato que hasta hace poco estaba solamente destinado a los consumidores de mariguana y cocaína, por mencionar alguna de las drogas mas penadas, al menos en el principio de la culpabilidad (eres culpable de consumir hasta que no demuestres tu inocencia, cosa por lo demás imposible), salvo en el hecho de que antes de actuar físicamente contra el consumidor, se *»le invita»* antes a apagar su cigarro. Pero esto demuestra, de entrada, una actitud, por decirlo suavemente, esquizofrénica, por parte de los responsables que crearon la ley que nos ocupa: se sataniza al consumidor por el daño (no demostrado de manera incontrovertible, a pesar de lo que se dice, ver: Octavio Rodríguez Araujo, *Incongruencias sobre el tabaco*, La Jornada, 11 de octubre de 2007, pagina 26, y *Fumar: Razones para ampararse*, La Jornada, 10 de abril de 2008) realizado tanto a si mismo como a los llamados «fumadores pasivos», y se propone perseguirlo para que no fume en los lugares prohibidos (mientras encuentran la manera de perseguirlo hasta en su casa: *Pobres fumadores*, Verónica Murguía, 9 de marzo de 2008. La Jornada Semanal 679, pagina 12), pero no se puede detenerlo mas que 36 horas en el peor de los casos (lo cual hace de paso que la portación de mariguana sea menos penada) y el fumador no esta obligado a denunciar ni el lugar de la venta ni el de la producción ya que finalmente *el producto se consigue legalmente*, y de todos modos, la ley no esta interesada en perseguir la producción, venta y distribución del cigarro, *tan solo su consumo, pero en ciertas modalidades,* lo cual esta dando lugar a que en varios lugares, fumadores o supuestos fumadores con el pretexto de salir a fumar huyan y no paguen su cuenta, o que en las entidades vecinas al DF, en donde la ley no se aplica de manera estúpidamente draconiana, los bares se llenen para beneplácito de los dueños
A despecho de lo que diga el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, de que la ley no es una *»ley contra fumadores»* (La Jornada, 11 de abril de 2008, pagina 41), la verdad es que al no atacar los intereses de las grandes compañías tabacaleras, ni los de la gran industria publicitaria que con sus anuncios publicitarios fomenta el consumo del cigarro, y centrar todas las medidas punitivas en contra de los fumadores, con sanciones económicas y carcelarias en contra de estos, demuestra que si es una ley contra las personas, contra ciertas personas, les guste a sus creadores esta idea o no.
Esta «Ley Antitabaco» no es, como nos quieren hacer creer sus defensores, una ley como, pongamos por ejemplo, la Ley de Transito del D.F. ya que esta ultima se encuentra dirigida a *todos* los habitantes y visitantes de la ciudad, sino es una ley usada específicamente para reprimir a un sector de la sociedad perfectamente localizado: de entrada no parece tener mucha diferencia con las leyes que se aplicaron en otros momentos y lugares contra grupos étnicos y religiosos, o contra sectores de la población que tienen preferencias de cualquier tipo diferentes a las socialmente aceptadas.
Y entonces la pregunta es obligada: ¿Por que se ataca solo al consumo, pero no a la producción y a la distribución?
b) La negacion a cuestionar a las grandes compañias.
Los responsables de esta ley nos dicen que lo único que están haciendo es seguir una modalidad ya puesta en EEUU y Europa en la cual las prohibiciones contra los fumadores (es decir, contra ciertas personas) son pan cotidiano, y que si esta funciona allá, aquí también pueden funcionar. Ocultando el hecho las leyes en esos lugares (como en Sudamérica) son menos restrictivas (al menos se trata de hacerlas funcionar paulatinamente) que la que se impuso aquí, es evidente que este modalidad hace uso de una idea que pretende hacer creer que toda la fuerza para que una sociedad cambie radica en los hábitos de consumo de las sociedades y no en la forma en que se produce, como si los hábitos de consumo fueran totalmente independientes de la producción (nueva presentación fetichista de la sociedad de las mercancías). Aquí y en otros lugares, el ataque al consumo, y por lógica a los consumidores, ha permitido, de una manera u otra, que se ataque a un sector de la población que hace uso de un producto que se encuentra maldecido, como el cigarro, *sin tener que pasar por cuestionar a quienes lo fabrican*. Esto permite obtener grandes dividendos políticos sin tener que pagar ninguna consecuencia personal, social o económica por parte de los responsables de crear leyes como la que aquí nos ocupa. Las bases en las que se elaboro esta Ley cuestionan la idea tan en boga en muchos sectores de la izquierda alternativa (y no se diga de la electorera) de que el poder del consumidor es tan fuerte que puede obligar a las grandes empresas y a los gobiernos a cambiar sus políticas: el poder del consumidor tiene cierta fuerza cuando se asocia en mas o menos grandes organizaciones (caso EEUU) o cuando el Estado toma su defensa (Europa y durante un tiempo breve, América Latina, incluyendo México con su procuraduría del consumidor). En el caso de la «Ley Antitabaco», ¿quién o quiénes serán los valientes que se atrevan a desafiarla si ya desde antes han sido estigmatizados por una campana cuyo resultado es hacer sentir culpables a los fumadores? Los fumadores son viciosos, son una molestia, son responsables de su enfermedad, generan grandes gastos a los servicios públicos de salud (de risa loca esto último en la época de los grandes desmantelamientos neoliberales), en suma, son culpables, o víctimas a las que hay que rescatar de su pernicioso vicio, incluso aunque no quieran, cuando a los responsables les da por sentirse generosos. ¿Y las grandes empresas que fabrican las cajetillas? ¿Y los grandes consorcios que gastan varios millones de pesos en campanas publicitarias? No deja de saltar la hipocresía que hay detrás del hecho de no cuestionar a la gran industria de la propaganda, cuando esta, en los años 20 del siglo pasado, fue responsable de que las mujeres fumaran, gracias al trabajo «científico» del padre de la propaganda y la publicidad: Edward Bernays.
Ah si, claro, hay una ley que dice que esta prohibido vender cigarrillos a menores de 18 años, y otra que obliga a las tabacaleras a poner un aviso de que el consumo de este producto (el cigarro) provoca cáncer. Una mas que dice que no se puede hacer publicidad en medios electrónicos en horas de mayor audiencia. Pues si, han de funcionar tan de maravilla estas leyes que por eso tuvieron que crear una ley contra las personas, y seguramente funcionan tan bien estas leyes que por eso, según estadísticas oficiales, aumenta año tras año el numero de mujeres fumadoras, por ejemplo, o el de los jóvenes que empiezan a fumar a edades cada vez mas tempranas.
Pero la pregunta anterior no ha sido contestada: ¿Por que se ataca solo al consumo, pero no a la producción?
Permitan contestar esta pregunta por medio de esta otra: ¿Ha existido algún lugar en el mundo en donde efectivamente la producción, y a distribución hayan sido atacados?
En todos lados en donde la ley contra las personas que fuman se ha implementado, parece que la respuesta es no: tal pareciera que a nivel mundial no cuestionar la producción es la norma. Sin embargo, hay un caso al menos en el que un gobierno si se atrevió a ir a la raíz del problema que según el, generaba el consumo de cigarros en su país, es decir, al de la producción y la distribución:
«*El 19 de septiembre, los miembros de la Junta de Representantes Comerciales de los Estados Unidos (US Trade Representative, USTR) celebraron una sesión en Washington para considerar una solicitud de la industria tabacalera para que los Estados Unidos impusieran sanciones a Tailandia sino levantaba las restricciones sobre las importaciones de tabaco norteamericano. Acciones similares del gobierno de los Estados Unidos habían introducido ya el tabaco en las gargantas de los consumidores de Japón, Corea del Sur y Taiwán, con costes similares a los ya señalados a grandes rasgos.*
*Esta enorme operación de narcotráfico tuvo sus detractores. Una declaración de la American Heart Association, de la American Cancer Society y de la American Lung Association condenaba los anuncios de cigarrillos en los «países que han sucumbido ya a la palanca de las amenazas comerciales del USTR», una campana «evidentemente destinada a incrementar el consumo de tabaco por parte de… hombres y mujeres jóvenes asiáticos que ven a los hombres y mujeres jóvenes estadounidenses como modelos.» Everett Koop, responsable del servicio de salud publica estadounidense, declaro ante la junta del USTR que «cuando estamos luchando con los gobiernos extranjeros para detener el trafico de cocaína, el que los Estados Unidos exporten tabaco es el colmo de la hipocresía». Al denunciar la política comercial «para introducir sustancias que producen adicción en los mercados extranjeros» sin tener en cuenta los riesgos para la salud, dijo: «Dentro de algunos años, nuestra nación reconsiderara esta aplicación de la política del libre comercio y la encontrara escandalosa.» Koop dijo a los periodistas que no había hecho llegar su declaración a la Casa Blanca porque no habría sido aprobada y dijo que se oponía, asimismo, a las acciones desarrolladas bajo la administración Reagan para obligar a los países asiáticos a importar tabaco norteamericano. Durante sus ocho años en el cargo, que terminaron pocos días después de que realizara su declaración, Koop respaldo informes que catalogaban el tabaco como droga adictiva letal responsable de aproximadamente 300,000 muertes anuales.»* (Noam Chomsky: *El miedo a la democracia*, paginas 147-148, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1992.)
Quizás esto, junto con el respeto fundamentalista al libre mercado, es lo que hace que nadie quiera cuestionar la producción y todos quieran observar solamente el consumo, en la parte que no cuestione al sistema de producción vigente. ¿Qué gobierno quiere liarse un pleito contra la USTR, las tabacaleras, la industria de las relaciones públicas y contra sus capitalistas locales? Sale mas barato castigar al consumidor con 36 horas de cárcel, al fin que antes se lanzo una campaña acusatoria.
Y sobre todo, insistimos: esta ley permite decir que se esta haciendo algo para defender la salud de la población. Y no cuesta.
c) El control social.
El revisar la historia nos enseña que toda ley dirigida contra un grupo localizado de la población tiene varias finalidades: controlar a la población a la que va dirigida la ley, intimidar al resto de la población con la idea de que alguna o algunas otras leyes pueden ser dirigidas en contra de ella (en el nazismo, Estados Unidos en los cincuenta, las dictaduras en America del Sur, nuestro país en varios periodos, y en el estalinismo, nunca se sabia por que seria una persona, cualquiera, detenida), evitar una posible unión entre sectores, clases sociales e individuos que cuestionen el orden social vigente; en suma, generar una sensación de inseguridad que lleve a la parálisis de la sociedad de tal manera que el orden de los dueños no pueda ser cuestionado.
Hemos visto que la Ley Antifumadores, para llamarla como debe ser, no pretende defender la salud de la gente del D.F ni del país, ni evitar la expansión del consumo. Sabemos que da ciertos beneficios políticos a los responsables sin tener que pagar costo alguno, y que como en todo hecho que se genera en estados en donde el derecho es mas una entelequia que una realidad, como el nuestro, la persecución de un sector satanizado de la sociedad (comunistas, gitanos, judíos, fumadores, homosexuales,…) muchas veces antecede a una persecución generalizada y profunda en contra de la sociedad en su conjunto, que no pertenezca a la clase dominante. ¿Para que hacer esto ahora?
¿Para ver hasta que punto la sociedad esta dispuesta a aceptar medidas punitivas en su contra? ¿Para ver hasta donde es posible manipular a la población para que acepte «su culpa» mientras que los principales responsables siguen teniendo ganancias intocables? ¿Todo esto es un anticipo de lo que nos espera para que no nos opongamos a la entrega del petróleo y los demás recursos naturales a los extranjeros y sus cipayos nacionales?
Si algo de esto sucede, la izquierda electorera ha permitido que sus prejuicios mojigatos prevalezcan sobre un análisis claro, ha actuado hipócritamente porque seguramente mas de uno de sus miembros conoce los hechos aquí mencionados y se quedó callada, y se ha comportado en conjunto cobardemente para justificar esta nueva cacería, en nombre de una moda por lo demás con endebles fundamentos racionales, cacería que en algún momento se organizara en contra de ella, tal y como le sucedió a la socialdemocracia al enfrentar el fenómeno del fascismo y el nazismo, o al Partido Comunista Argentino cuando justifico el golpe de estado de 1976, por poner algunos ejemplos.
Se puede pensar que existen, y quizás sea cierto, problemas mas urgentes que los que pueda padecer un sector de la población «viciosa», pero la forma en la que se pretende «resolver» este vicio, anticipa tiempos mas obscuros contra toda la sociedad en su conjunto para que las elites sigan ganando sin interferencias, y es una lastima que el PRD, esa izquierda electorera sin pies ni cabeza, se haya prestado a esto, y no podrán hacer nada cuando esta represión vaya contra ellos, por que desde el principio la avalaron y fomentaron.