La violencia de las respuestas a la propuesta de perpetuar la deuda pública en el banco central sugiere que prefieren ignorar las consecuencias de su alternativa.
La propuesta de varios economistas, incluyéndome a mí, para la perpetuación a interés cero de las existencias actuales de deuda soberana en el balance del BCE provocó una conmoción inesperada. Un ortodoxo sacó su pistola, «ni siquiera se toma en serio» semejante desideratum (Ricardo Reis). Otro descubrió la inflación latinoamericana a la vuelta de la esquina (Abel Mateus), tema que, de paso, se hace eco de quienes, en cuanto a las medidas para relanzar la economía, vislumbran una “presión inflacionaria como no la habíamos visto en una generación” (Summers). Los eurodiputados portugueses del PS y del PSD han aclarado la ilegalidad de tal cosa en los Tratados. Es demasiado tiroteo de quienes tienen tan poco que contraofertar.
Problema 1: la deuda ya está ahí
El BCE tiene 3.000 millones de euros en bonos soberanos de países de la eurozona. De Portugal tiene 67 mil millones, más del 30% del PIB. Sus programas de compras, acusados de ser ilegales (no previstos en los sacrosantos tratados), absorbieron una deuda superior al 27% del PIB de la eurozona. Los líderes del BCE que tomaron estas decisiones, inaccesibles para la Comisión o el Consejo Europeo, fueron aplaudidos como salvadores precisamente porque rompieron las reglas en un momento de aflicción. Incluso podemos imaginar lo que hubiera pasado si el BCE hubiera mantenido su posición tradicional de espectador. En 2020, cuando ya estaba prevista la reducción de las compras, la pandemia llevó al BCE a reforzar el programa. Compró 27,6 mil millones de euros de deuda portuguesa, que cubre 52,2% de las necesidades brutas de financiamiento del país y determinando así tasas de interés negativas incluso en emisiones a largo plazo.