Quienes participaron en la insurrección ciudadana que terminó con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez no quieren que la agenda de su lucha termine sepultada por los políticos tradicionales. Por eso, al menos dos agrupaciones que surgieron durante las protestas han empezado a organizarse para vigilar que el nuevo Gobierno no se aparte de las aspiraciones […]
Quienes participaron en la insurrección ciudadana que terminó con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez no quieren que la agenda de su lucha termine sepultada por los políticos tradicionales.
Por eso, al menos dos agrupaciones que surgieron durante las protestas han empezado a organizarse para vigilar que el nuevo Gobierno no se aparte de las aspiraciones ciudadanas y para estructurar una agenda política que, según ellos, debe ser cumplida por quienes están en el poder.
Una de esas agrupaciones es la Asamblea Popular. Nació en el seno del edificio del Ciespal, minutos después de los acontecimientos que terminaron con la destitución de Gutiérrez y la posesión de Palacio.
Ahí, un importante grupo de manifestantes se sentó a discutir sobre lo que espera del país. La idea es continuar reuniéndose para hacer un seguimiento del proceso. Una de las conclusiones a las que se llegó es que es necesario que se constituya una asamblea popular Nacional integrada por dos delegados enviados por cada una de las Asambleas Populares de cada una de las provincias.
Esta Asamblea Nacional Popular se encargará de redactar un nuevo marco legal para que, luego, el gobierno de Alfredo Palacio convoque a elecciones generales. Según Fabián Núñez, portavoz de los reunidos en Ciespal, cada uno de estos diputados o delegados ganará máximo 1 000 dólares.
También piden que quienes participen en las elecciones no hayan desempeñado cargos públicos durante los 25 años anteriores. Consideran que Palacio es tan solo un Presidente provisional y que deberá cumplir con algunos pasos: desvincularse del Plan Colombia, declarar una moratoria de 10 años en el pago de la deuda externa y la expulsión de los marines de EE.UU. de la Base de Manta.
También se plantea la eliminación del subsidio estatal a los partidos políticos y de la obligatoriedad del voto.
Las otras organizaciones son los Comités por la Refundación de la República donde participa el ex cura Eduardo Delgado. Este movimiento, que entrará en contacto con la Asamblea Popular, pide suspender las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
También pide que se dedique únicamente el 15 por ciento del Presupuesto al pago de los bonos de la deuda. Para ello, dice que se debe buscar un acuerdo con los gobiernos de Argentina, Venezuela y Brasil. Asimismo, eliminar el Fondo de Pago de la deuda externa (Feirep) y «recuperar la soberanía» suspendiendo el Acuerdo de la Base de Manta.
Exigen la nulidad de todo lo actuado por la Corte presidida por Guillermo Castro Dáger y que los nombramientos de Gabinete y funcionarios de alto nivel estén bajo control, observación y vigilancia ciudadana.
Estos movimientos decidieron seguir manteniéndose unidos. Ayer estaba prevista una reunión de la Asamblea Popular en el punto conocido como la Cruz del Papa.
Aunque la calma retornaba a las calles de Quito, pero analistas prevén que el independiente Palacio, quien era el vicepresidente pero estaba enfrentado a Gutiérrez, afrontará problemas de gobernabilidad por la ausencia del respaldo de un partido político y de una bancada parlamentaria.
A esto se suma una protesta popular que aún no ha acabado. Ya se han activado dos grupos: la Asamblea Popular y el Comité de Refundación de la República, que piden la moratoria de la deuda externa o al menos una reducción de su pago, la oposición al Plan Colombia, el no ingreso al Tratado de Libre Comercio, pero principalmente, la disolución del Congreso unicamaral.
Mientras tanto, los analistas destacaron que esta vez los indígenas no participaron en las protestas callejeras, cuando la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), fue determinante para el derrocamiento de Bucaram en 1997, y de Mahuad en 2000.
La Conaie luego ayudó a Gutiérrez -quien siendo coronel lideró un grupo de oficiales que apoyó la rebelión indígena que sacó a Mahuad-, a llegar al gobierno en 2002.
«Estamos muy contentos por el triunfo del pueblo de Quito», expresó el vicepresidente de la Conaie, Santiago de la Cruz, al reconocer que «no protagonizamos la movilización». Explicó que Gutiérrez, quien asumió con un discurso izquierdista para dar un vuelco a la derecha a los pocos meses, «manejó una estrategia para dividir a la Conaie».
Así, designó a Antonio Vargas -destituido presidente de la Conaie- como ministro de Bienestar Social, lo que le permitió asegurar el apoyo de los indígenas de la Amazonia de donde éste es oriundo. Además, recibió el respaldo de organizaciones minoritarias de indígenas, como de los evangélicos, a cambio de beneficios.
Por la noche se informó que iba en aumento el número de manifestantes frente a la embajada de Brasil en Quito, donde se encuentra el destituido Lucio Gutiérrez, al tiempo que otro nutrido grupo se reunió frente a la sede de gobierno para rechazar el gabinete recién nombrado por el presidente Alfredo Palacio.