Del año 1 al año 4 En los primeros días de 2011 se cumplieron ya cuatro años de la «revolución ciudadana», el período de mayor estabilidad política desde 1996. Cada uno de ellos ha ido marcando el recorrido del proceso iniciado en enero de 2007 con la posesión presidencial de Rafael Correa (o incluso antes: […]
Del año 1 al año 4
En los primeros días de 2011 se cumplieron ya cuatro años de la «revolución ciudadana», el período de mayor estabilidad política desde 1996. Cada uno de ellos ha ido marcando el recorrido del proceso iniciado en enero de 2007 con la posesión presidencial de Rafael Correa (o incluso antes: en noviembre de 2006, cuando Correa ganó la segunda vuelta presidencial).
2007 fue el año de la Constituyente, año de expectativas y de conflictos con las derechas; detrás de unas y de otros se obscurecieron para muchos las contradicciones que comenzaban a manifestarse con los movimientos sociales (por ejemplo, alrededor de la minería y de la respuesta represiva del gobierno a las movilizaciones). 2008 fue el año de la aprobación de la nueva Constitución, cuando las expectativas comenzaron a mezclarse con las realizaciones y parecía lícito dejar en segundo plano aspiraciones de reformas más profundas para cuidar «lo que se había alcanzado» y tolerar el sacrificio de algunos en aras del interés general (por ejemplo, la proscripción de la organización y de la lucha de los trabajadores públicos). 2009 fue el año de la ratificación, la segunda elección de Correa y la promesa de «radicalización de la revolución ciudadana»; pero fue también el año en que la crisis del capitalismo mundial inspiró al gobierno políticas que fueron el inicio de los rumbos por donde iba a caminar la radicalización: por la vera de los intereses generales del capital. 2010 fue el año en que quedaron evidenciados los distintos componentes de su propuesta y su verdadero sentido: un proyecto de modernización capitalista enfrentado a los movimientos sociales; pero también fue el año en que quedaron evidenciadas sus debilidades: los límites políticos de la vía conservadora de modernización, y las debilidades sociales, pues, a pesar de todo, no ha logrado movilizar más que un consenso pasivo en respaldo a su gestión.
2010: el balance del gobierno y algo más
En reunión con su gabinete ampliado, el presidente hizo un balance de los cuatro años de su gestión[1]. Lo considera positivo básicamente por tres razones: a) por haber logrado estabilidad política (vinculada a los altos índices de popularidad del gobierno y a una mayor participación del pueblo en continuadas elecciones), b) por haber «recuperado el Estado» (en concreto: sus capacidades de «rectoría», planificación y control, y la coordinación y coherencia de la acción del Ejecutivo), y c) por haber multiplicado la inversión social.
Pero hay un elemento adicional, que no es visible en la autoimagen del gobierno ni en su discurso: durante el año 2010 ha reordenado su campo de alianzas, sobre todo las alianzas sociales. Lo más significativo es el acercamiento con los gremios empresariales, lo que ha podido hacer con ocasión del Código de la Producción, a través del cual el gobierno quiere presentarse como el representante de los intereses generales del capital, ofreciéndole unas adecuadas condiciones para la acumulación. Del otro lado, los gremios empresariales también han comenzado a cambiar su discurso frente al gobierno: de la confrontación inicial, han pasado a señalar que existen diferencias, pero que hay una importante apertura a raíz de la discusión del mencionado Código (vale la pena recordar que el gobierno tuvo siempre cerca a grupos empresariales[2], incluso de los más grandes del país, pero las Cámaras empresariales, hasta mediados del año 2010, se habían ubicado en la oposición, incluso beligerante). Aunque la coyuntura de la consulta popular genere un distanciamiento ahora, el trayecto de las aproximaciones ya ha sido marcado.
En cambio, respecto a los movimientos sociales, la confrontación se mantiene, si bien, después del 30 de septiembre, el gobierno ha «bajado el tono» en los discursos; al mismo tiempo, ha comenzado a tratar de organizar su propia base social, pero siempre tratando de atraerse organizaciones con poca capacidad política, incluso creando algunas desde el propio Estado.
El modelo económico sigue en la misma línea: utilizar al Estado y a la inversión pública como motor de la economía; pero esto se combina ahora con la mano extendida al gran capital, lo que finalmente es lógico dentro de la perspectiva de modernización capitalista que propone. La transformación de la base productiva sigue esperando: queda claro que, para el gobierno, la vía para salir de la economía extractiva (petrolera) es la misma economía extractiva (petróleo + minería). Hay quienes sostienen que la economía podría traerle sobresaltos este año, pues todo sigue dependiendo aún del precio del petróleo, lo que es un imponderable de siempre para economías dependientes. El gobierno intenta enfrentar esa dificultad por la vía del endeudamiento (sobre todo con China), de la inversión pública (con herramientas que no se habían utilizado hasta ahora: el ingreso del IESS al financiamiento de las inversiones públicas ha sumado ya cerca de 6.000 millones de dólares, que, comparativamente, significa algo así como un 25% del presupuesto general del Estado) y de la imposición de mayores cargas impositivas. Pero, además, comienza a mostrar algunos retrocesos, como el empeño puesto a la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea (poco importa que ahora se los bautice como «acuerdos comerciales»).
Al mismo tiempo, continúa avanzando la reforma jurídica, aprobándose una serie de leyes que, en principio, se desprenderían de la nueva Constitución. Sólo que la tendencia en todas las leyes sigue siendo fortalecer el control por parte del Estado; dentro del Estado, por parte del Ejecutivo; y dentro del Ejecutivo, todo termina recayendo en las manos del presidente. El gobierno de Alianza País refuerza y extrema la tendencia presidencialista que ha marcado tradicionalmente la política ecuatoriana. Al mismo tiempo, y en consecuencia, la participación se ve desvalorizada. Mencionada tantas veces en la constitución, ahora es apenas un apéndice de la política pública, buena para la consulta y para la «socialización», pero ni un gramo de capacidad de decisión. El gobierno se justifica diciendo que la democracia participativa no reemplaza a la democracia representativa, sino que la complementa. Y el complemento, como se ve, es desde un rol por entero subordinado.
Hay otros «agujeros negros» en la puesta en práctica de la constitución: los derechos de la naturaleza (subordinados a la visión desarrollista que predomina en el gobierno) y la plurinacionalidad, que se reconoce sólo en tanto se subordinen a la visión cultural occidental (o mestiza).
En fin: año de conflictos y de sobresaltos, 2010 ha sido igualmente un año de definiciones o, por lo menos, de clarificaciones. A lo largo de estos 12 meses hemos visto cómo se desplegaban, afinaban y afirmaban las líneas de alianzas establecidas por el gobierno y, con ellas, el propio proyecto de la así llamada «revolución ciudadana». Pero también han quedado de manifiesto las debilidades y limitaciones que lo acompañan.
Los conflictos y las alianzas
Aun cuando el período de Correa no ha sido precisamente calmo, el 2010 puede considerarse como uno de los años más conflictivos. Dos conflictos, sobre todo, fueron reveladores, a su turno, de la línea de despliegue de las tensiones desatadas. El primero, en abril, el conflicto de la ley de aguas; el segundo, en septiembre, la sublevación policial que fue interpretada por el gobierno como un proceso de golpe de Estado. El conflicto de la ley de aguas (o ley de Recursos Hídricos, su nombre oficial) mostró límites políticos de la propuesta gubernamental en tanto propuesta de reforma, y reveló, igualmente, que el límite está situado en su relación con los movimientos sociales, en la medida en que estos tengan capacidad de avanzar así sea lineamientos de un proyecto propio para el conjunto de la sociedad. Por su parte, el 30 de septiembre mostró límites internos del proyecto: por un lado, límites de la reforma estatal; por otro lado, límites en la construcción de su base social. Pero fue también la ocasión para transparentar las modificaciones en la política de alianzas del régimen, un proceso que había venido produciéndose de modo más callado desde noviembre del año anterior, y que ahora pudo salir a la luz.
Los conflictos que se han desplegado en el 2010 han continuado por los andariveles en que habían transcurrido durante los años anteriores. Por lo demás, el campo continúa marcado por la relación entre tres actores centrales: por un lado, el gobierno (que ocupa el centro y, por lo general, impone las iniciativas);por otro lado, la derecha (en sus dos caras: la derecha política: los partidos y movimientos políticos, y la derecha económica; los gremios empresariales); y, en tercer lugar, los movimientos sociales.
a) Los conflictos con la derecha
Dividimos en dos segmentos los conflictos del gobierno con la derecha: los conflictos con la derecha política (los partidos y movimientos de derechas, igual los antiguos que los nuevos, igual los «orgánicos» que aquellos que, sin serlo, se postulan como sus mejores defensores[3].
¿Con la derecha política o con la «oposición partidista»?
Al centrarse este conflicto en la Asamblea, el motivo visible está en las leyes y códigos: de Comunicación, de Aguas, de Educación Superior, Cootad (Código de Ordenamiento Territorial). Pero esto, que no es sino una de las manifestaciones de la conflictividad, parece en ocasiones ocupar el lugar central dada la importancia que el proyecto de Alianza País le ha dado a las reformas legales[4].
Por otro lado, al tocar temas que interesan a diversos grupos sociales, el conflicto legislativo suele combinarse con la oposición fuera de la Asamblea, mezclándose o superponiéndose, sea con la acción de los medios de comunicación (empresarios, gremios periodísticos en cuanto a la ley de Comunicación), sea con las movilizaciones indígenas y campesinas (en cuanto a ley de Aguas), sea con las manifestaciones universitarias (respecto a la ley de Educación Superior), etc. La oposición de derecha ha tratado de aprovechar estas superposiciones para fingir una oposición unificada de todos los sectores políticos y sociales que no concuerdan con el proyecto oficialista.
Aunque en cada ley hay aspectos particulares que se disputan, en general el contenido del conflicto se desdobla en dos direcciones: por una parte, en torno al papel del Estado (del Ejecutivo en particular). Por otra parte, una disputa ideológica que, en la Asamblea, se ha batido entre el neoliberalismo que sostienen las oposiciones de derecha y las diversas ideologías que alimentan la propuesta modernizadora que adelanta el gobierno. Las posiciones de izquierda muchas veces no han logrado mostrarse con claridad y autonomía.
Con los gremios empresariales
Las oposiciones con la derecha partidista reflejan, en cierto sentido, las oposiciones con un sector de las clases dominantes que hasta ahora se había representado más o menos homogéneamente en ellas. Como se sabe, una vez que se afirmó el modelo neoliberal, la derecha partidista y la derecha económica coincidían en el sentido general de sus propuestas. No obstante, se perciben ahora ciertos cambios, de modo que conviene analizarlas por separado, sin descuidar los vínculos que las unen. En estos meses, la burguesía como clase (o como fracciones de clase) tuvo dos momentos de conflictividad con el gobierno: la ley de Aguas y el Código de la Producción. Durante la discusión de la ley de Aguas el conflicto se presentó con sectores específicos de la burguesía: embotelladores de agua y camaroneros; se pronunciaron también empresarios florícolas y bananeros. El contenido de la disputa se centraba en los artículos del proyecto de ley que podrían limitar el campo de acción de empresas privadas de embotellamiento de agua y ponían un impuesto al uso del agua de mar. El proyecto era defendido en la Asamblea Nacional y ante el público por la Senagua (Secretaría Nacional del Agua). Pero todo fue hasta que Rafael Correa, primero en una entrevista radial en Guayaquil y, a renglón seguido en uno de sus acostumbrados «enlaces ciudadanos» de los sábados, puso las cosas en su sitio: desautorizó públicamente al secretario del Agua y respaldó el punto de vista de los empresarios. En consecuencia, se retiraron los artículos polémicos del proyecto de ley y se retiró también el secretario del Agua. De todas formas, el proyecto fue congelado al calor de la movilización indígena.
Y si las vicisitudes de la ley de Aguas mostraron y reafirmaron el rumbo de los desplazamientos de la «revolución ciudadana», el tratamiento del Código de la producción muestra que los desplazamientos son simétricos. El proyecto fue negociado durante tres meses por el ministerio coordinador de la Producción con los gremios empresariales. Tras el envío del proyecto del Código a la Asamblea, los dirigentes empresariales lo criticaron, afirmando que el gobierno les daba incentivos con una mano y condicionamientos con la otra, y lo achacaron a la existencia de dos tendencias existentes dentro del gobierno. Pero, sobre todo, resaltan la apertura del régimen a sus planteamientos y la actitud de la ministra Nathalie Cely. Aunque encuentran que el texto enviado no responde plenamente a sus expectativas, delinean una posición menos confrontativa, y se decantan por el lobby parlamentario, sobre todo ante Alianza País. Estos indicios de una nueva conducta política de los gremios empresariales resultan importantes para este análisis porque se hicieron públicos durante e inmediatamente después de los acontecimientos del 30 de septiembre, y muy probablemente guiaron su posición en la coyuntura.
Si miramos estos conflictos en la perspectiva del acercamiento iniciado por el gobierno desde noviembre de 2008 con las políticas anticrisis, se verá que se afirman las aproximaciones entre el régimen y los empresarios hacia un terreno de negociación que vele por las condiciones generales que asegure la buena salud de los negocios: seguridad jurídica -es decir, reglas claras y condiciones estables- y ventajas tributarias son las demandas explícitas de los empresarios.
Así que estamos ante dos caras de las derechas, y, por primera vez durante el gobierno de Correa, no coinciden las expresiones de sus representantes políticos y de sus representantes económicos, oscilando entre la ideología y el pragmatismo.
b) Los conflictos con los movimientos sociales Podemos distinguir las confrontaciones del gobierno con los movimientos sociales según su intensidad en el período. Desde esta perspectiva, los conflictos de mayor intensidad opusieron al gobierno con el movimiento indígena y con los trabajadores públicos; mientras que conflictos secundarios mantuvo con maestros, trabajadores de la salud, jubilados y pescadores. En este análisis nos centraremos en los primeros.
Con el movimiento indígena se han producido dos momentos de alta conflictividad, seguido uno del otro y relacionados por los motivos políticos esgrimidos por el gobierno: la ley de aguas y la justicia indígena.
El conflicto en torno a la ley de aguas opuso al gobierno con el conjunto del movimiento indígena y campesino. Se desarrolló en abril y mayo, como una secuencia de los enfrentamientos que se habían dado en septiembre de 2009, y que terminó en violentos enfrentamientos en los cuales murió un profesor indígena a causa de disparos de perdigón. En esta ocasión se produjo, por primera vez desde el inicio del gobierno de Correa la unidad de la Conaie, la Feine, la Fenocin y las Juntas de Aguas. El contenido del conflicto se centró en el control, el uso y la distribución del agua. El gobierno y las organizaciones indígenas concordaban en la necesidad de establecer una «autoridad única del agua» (establecida en la Constitución), pero divergían en cuanto a la instancia estatal que debía tener primacía: para el gobierno, debía ser el Ejecutivo y, en última instancia, el propio presidente. Los indígenas planteaban que ese rol debía jugarlo el Consejo Plurinacional de Agua (previsto también en el proyecto de ley). Una discusión conexa se refirió, entonces, a la participación, que debía ser decisoria para el movimiento indígena, y apenas consultiva para el gobierno. Entre otras cosas, el conflicto reafirmó la tendencia del gobierno a la concentración de las decisiones en el Estado, en el Ejecutivo, en el presidente.
La resolución misma fue conflictiva: por una parte, el movimiento indígena quedó relativamente fortalecido, pues logró la unidad de sus principales organizaciones y detuvo el trámite de la ley (Rafael Correa mismo declaró entonces que la ley «no era prioritaria» para el proyecto de la «revolución ciudadana»). Pero, por otra parte, se ensancharon las brechas que lo separaban de los sectores sociales urbanos debido, sobre todo, a la intensa campaña de deslegitimación y desprestigio emprendida por el gobierno (y, en primer lugar, por Correa); esto se tradujo en un rebrote de sentimientos racistas entre la población. Al mismo tiempo, el gobierno enviaba a la policía y al ejército a reprimir fuertemente las movilizaciones. Acusaciones de terrorismo y sabotaje, indagaciones fiscales e inicios de juicios penales fueron armas utilizadas por Correa contra el movimiento indígena.
El conflicto alrededor de la justicia indígena siguió cronológica y políticamente al conflicto sobre la ley de aguas. Cronológicamente, porque se desarrolló prácticamente a continuación, en junio y julio. Políticamente, porque fue desatado por el gobierno buscando revertir la posición ventajosa en que había quedado el movimiento indígena tras el enfrentamiento del agua. Para el efecto utilizó un caso de enjuiciamiento indígena del asesinato de un joven comunero en La Cocha (provincia de Cotopaxi); en un determinado momento, la asamblea de la comunidad dijo que podría ajusticiar a los asesinos, y esa fue la ocasión aprovechada por Correa, que acusó a los comuneros de delincuentes y torturadores, y pidió su enjuiciamiento.
El contenido del conflicto, por lo menos el contenido aparente, fue la legitimidad de la justicia indígena. La Constitución del 2008, al declarar al Ecuador una nación intercultural y plurinacional, reconoció la legitimidad de formas de gobierno y de justicia ancestrales. No obstante, en medio de su conflicto con el movimiento indígena, el gobierno demuestra las limitaciones de su comprensión de la plurinacionalidad: un reconocimiento monocultural[5]. Las otras culturas, sus formas de autoorganización, su justicia, sus saberes en educación y salud, todo puede ser reconocido, siempre y cuando se sometan a los criterios y parámetros de la cultura dominante. De este modo, el gobierno presiona para que la justicia indígena se subordine a la «justicia ordinaria», mientras que el movimiento indígena lucha para que sean reconocidas de igual jerarquía. El gobierno, iniciador de la confrontación, lanzó una nueva campaña de desprestigio contra el movimiento indígena, rayando en expresiones racistas, presentando a los indígenas como salvajes e incivilizados. Nuevas indagaciones fiscales y juicios cayeron sobre dirigentes comuneros.
En ambos casos, el gobierno emprendió una campaña que pretendía separar a las organizaciones y sus dirigentes de las bases: Correa llamaba en sus enlaces radiales a que los indígenas desconozcan a su dirigencia. Y, por otro lado, pretendía separar a la población urbana y mestiza del conjunto del movimiento indígena, con sus reiterados llamados a «defender la revolución ciudadana» contra el movimiento indígena.
Con los trabajadores públicos hubieron dos conflictos fundamentales, que se combinaron: la aprobación de la LOSP (Ley Orgánica de Servicio Público), que generó malestar en amplios sectores de trabajadores del Estado, y el despido de varios centenares de trabajadores petroleros, ambos muy cerca del 30 de septiembre, casi superponiéndose.
Respecto a la LOSP -debe recordarse que el veto de Correa a los acuerdos a que se habían llegado en la Asamblea Nacional sobre esta ley fue el detonante visible de la crisis se septiembre-, los puntos de debate centrales se situaron en torno a las «renuncias forzosas» de los trabajadores que hubieran sobrepasado los 70 años de edad, renuncias que serían pagadas hasta en un 50% con bonos del Estado; pero, detrás de esto, los trabajadores miraban con temor anunciados despidos masivos para «racionalizar» el aparato estatal.
En cuanto al despido de más de 600 trabajadores petroleros, se trata del más reciente episodio de una relación tensa que ha incluido posturas muy críticas de la dirigencia sindical frente al manejo de la empresa petrolera estatal y de varios contratos que ella ha firmado. En este caso, el origen fue una denuncia presentada por el entonces secretario de Transparencia de la Gestión, Juan Sebastián Roldán, que los acusó de «falta de probidad moral» por ser accionistas de Gaspetsa, una empresa constituida en 1999 por los socios de la Corporación de Ayuda Mutua de los Trabajadores de Petroecuador, y que, desde 2002 mantiene contratos por servicios con Petroecuador para producir combustible destinado a los pescadores artesanales de Esmeraldas. No obstante, al momento de constituirse la empresa y firmarse el contrato estaba vigente la ley de modernización y la constitución de 1998 que expresamente animaban este tipo de contrataciones como el componente «participativo» de las privatizaciones: «Los trabajadores o servidores públicos que presten sus servicios en las correspondientes entidades u organismos tendrán derecho a participar en las distintas modalidades de desmonopolización y privatización», decía el artículo 50 de la ley de modernización[6]. Dicho de otro modo, se trataba de convertir a los trabajadores en propietarios accionistas de «sus» empresas…, más o menos lo mismo que ahora propone la «revolución ciudadana», dicho sea de paso. Los trabajadores, además, reclamaban por el distinto trato que se les da: a los banqueros se les dio un plazo de dos años para que se deshagan de sus acciones en los medios de comunicación; a ellos, «ni un solo día». Los despidos se tramitaron casi sumariamente en medio de un discurso más o menos escandaloso que achacaba a los trabajadores de corruptos y que se sumó a la campaña de deslegitimación social de organizaciones y dirigentes sindicales, que no han sido pocas durante este gobierno.
¿Lograron expresión política todas esas luchas? Si por política entendemos la presencia parlamentaria, los resultados son modestos y más bien ambiguos. Fue evidente la incapacidad de la izquierda parlamentaria de presentar una posición definida y diferenciada, que la ha dejado muchas veces a la sombra de la hegemonía de la oposición de derechas (donde confluyen desde socialcristianos hasta socialdemócratas). El intento de constituir una suerte de bloque de izquierdas entre Pachakutik y el MPD, diferenciado de la posición de derechas, logró cierta presencia al momento del conflicto en torno a la ley de Aguas, pero fue desdibujándose posteriormente, a medida que la conflictividad se agudizaba. Su posición frente a los hechos del 30 de septiembre fue también bastante triste, hablando de demandas sociales, dejando de lado efectos políticos y juntándose a parlamentarios de la oposición de derecha en declaraciones desafortunadas.
Pero si por política entendemos la construcción de un campo de lucha que tiene la capacidad de disputar sentidos de un proyecto de sociedad a nivel (más o menos) general, el balance es diferente. La lucha de los trabajadores públicos no ha rebasado el horizonte de los conflictos particulares; si bien, tanto en el caso de los maestros como en el de los funcionarios, se presentaban aristas del conflicto que podrían poner en cuestión al menos algunos elementos de la propuesta gubernamental (por ejemplo: en el ámbito educativo, una visión tecnicista de la educación y una comprensión administrativa de la relación entre los actores -la lectura burocrática de la evaluación-; o, en el caso de los funcionarios, el sentido del derecho al trabajo y a la organización, la discriminación jurídica de los trabajadores públicos, etc.), lo cierto es que las respuestas de unos y otros se movieron únicamente en el marco del propio discurso gubernamental.
En cambio, en el caso de las luchas indígenas el panorama fue diferente. Tanto en el tema del agua cuanto en el de la justicia indígena se encuentra en cuestión el sentido de la posible realización de algunos preceptos constitucionales: la plurinacionalidad, la defensa de la pachamama, los derechos de la naturaleza, el Sumak Kawsay; pero también está en juego el sentido de la participación y de la democracia. Sin embargo, el movimiento indígena ha mostrado debilidades: los modos del debate muchas veces se han quedado en un duelo verbal con Correa, y eso no permite visualizar adecuadamente los contenidos más profundos del conflicto.
En síntesis, los movimientos sociales, sobre todo el movimiento indígena, no han visto su lucha social acompañada por una nítida representación política formal, marcándose una distancia que, en cualquier caso, no es de ahora.
c) Los conflictos pluriclasistas
Entre los conflictos del período se encuentran también algunos que podríamos calificar de pluriclasistas. En ellos, el gobierno aparece opuesto a una concurrencia de actores de diverso origen y situación.
Con las Universidades el conflicto se relacionó con la ley de Educación Superior (agosto y septiembre) y produjo un acercamiento de las universidades públicas con las universidades privadas (que, por lo demás, expresan por lo general posiciones divergentes). El punto nodal del conflicto se situó en la concepción de autonomía, visiblemente recortada en la versión gubernamental, que somete el quehacer universitario del país al plan nacional de desarrollo y al control directo del Ejecutivo, que domina las instancias que regirán a las universidades. No obstante, en el trayecto el bloque de Alianza País llegó a acuerdos con los bloques de oposición y con las autoridades universitarias para flexibilizar la posición inicial del gobierno, y el proyecto fue aprobado con algunos cambios en la composición de los organismos rectores. Sin embargo, Correa responde vetando parcialmente la ley y dando reversa a los acuerdos. La mayoría de AP no se sostiene en su posición inicial y se allana al veto sin presentarse a discutirlo, de manera que la ley de Educación Superior entró en vigencia «por el ministerio de la ley». Después, continuaron las movilizaciones de protesta de los universitarios hasta las inmediaciones del 30 de septiembre.
d) Los conflictos de la minería
Los conflictos de la minería deben tomarse muy en cuenta. Si bien su presencia fue de algún modo secundaria durante 2010, han sido recurrentes durante el gobierno de Correa, sobre todo con comunidades indígenas y campesinas opuestas a la actividad minera en sus territorios, y son una suerte de conflictos «endémicos»: es que, para el régimen, el desarrollo de la gran minería es estratégico, pues supone que de ella pueden provenir los recursos para financiar la transformación productiva que se plantea. En esta ocasión, el enfrentamiento fue con empresarios mineros ilegales, pequeños mineros y trabajadores de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (15 y16 de septiembre). En el discurso, el gobierno se presenta como defensor de la naturaleza contra los destrozos ambientales causados por la minería ilegal (Correa ha sostenido siempre que la pequeña minería es más contaminante que la gran minería). El conflicto se resuelve de modo violento: el gobierno envía miles de efectivos militares y policiales que ocupan la zona de explotación, desalojan a los trabajadores y confiscan maquinarias y herramientas. Además, se inician juicios contra los mineros que resistieron la ocupación militar y policial. La violencia y la excesiva demostración de fuerza represiva han sido una constante en el modo en que el gobierno ha enfrentado estos conflictos. Así que, tomando en cuenta la línea central de la conflictividad minera, podría decirse que el contenido latente es el control de los territorios con potencial minero.
e) Los conflictos al interior de AP
Alianza País no se ha caracterizado precisamente por su fuerza organizativa y por su claridad política; y ha sido evidente, desde aquellos tiempos de la Asamblea Constituyente, que las decisiones son tomadas en el círculo inmediato de la presidencia de la república, restándole poder a todos los demás espacios, tanto de Alianza País como del Estado. En este marco, las discrepancias internas han sido deslegitimadas por Correa desde el inicio de su gestión, calificándolas como «agendas ocultas». Aparte de la disputa con Alberto Acosta al final de la Asamblea Constituyente, no parecen haber jugado un papel importante en la correlación de fuerzas general; sin embargo, han tenido un rol significativo en la correlación de fuerzas al interior de Alianza País: se han saldado con la derrota de las corrientes más progresistas y democráticas, que han terminado por quedar excluidas, primero de las instancias de dirección real, y finalmente del propio movimiento y del gobierno.
Durante el 2010 y lo que va de 2011 se hicieron más visibles los conflictos internos, las vías antidemocráticas de resolución y sus efectos políticos. Han salido a la luz conflictos en torno al accionar de la Asamblea Nacional y de las dos funciones que, se supone, le competen: la legislación y la fiscalización. En abril de 2010, un grupo de cuatro asambleístas de AP planteó un juicio político al fiscal general. En un principio, Correa pareció dejar el asunto en manos del bloque parlamentario, aun expresando que se trataba de algo inconveniente. Pero pronto, cuando los interpelantes no desistieron de su empeño, Correa se pronunció abiertamente a favor del fiscal y utilizó contra los interpelantes el mismo tono que acostumbra usar contra los opositores. Desautorizados y deslegitimados por el presidente los contradictores del fiscal, el juicio político naufragó sin llegar a comenzar.
En los meses siguientes, las tensiones entre la presidencia y la bancada oficialista tuvieron ocasión de mostrarse con motivo de la discusión de las leyes de Educación Superior y de Servicio Público. Encabezado por el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, el bloque de Alianza País logró llegar a acuerdos con otras fuerzas parlamentarias en algunos puntos polémicos de ambas leyes. No obstante, mientras todavía se realizaban las negociaciones en busca de acuerdos, Rafael Correa las desautorizó públicamente y anunció que vetaría lo que no se ajustara a sus propuestas, como en efecto hizo. El fracaso de la capacidad negociadora de AP se revela finalmente en el hecho de que los asambleístas que aprobaron las leyes se doblegaron ante el veto de Correa.
A inicios de 2011 se vuelven nuevamente visibles los conflictos al interior de Alianza País. El motivo fue ahora la consulta popular con la que Correa y su círculo íntimo pretenden relegitimar al régimen tras las fisuras y debilidades evidenciadas el 30 de septiembre. Las preguntas no fueron consultadas en ninguna instancia orgánica del movimiento de gobierno, ni siquiera en su dirección recién electa el 15 de noviembre pasado, menos aún con el bloque de asambleístas, lo que ponía al descubierto -¡otra vez!- su funcionamiento casi nada democrático. Por lo demás, las preguntas sobre violencia e inseguridad recurrían a los tópicos de la derecha, y aquellas otras referidas a la reorganización de la justicia mostraban claramente los apetitos de concentración del poder en el Ejecutivo. En uno y otro caso, ciertos aspectos de la constitución eran pasados alegremente por alto. La falta de espacios para la discusión interna de temas de esta trascendencia llevó al alejamiento, primero de un par de asambleístas y, luego, a la salida en bloque de Ruptura de los 25.
¿Cuáles han sido las vías de resolución de estos conflictos? Los díscolos son llamados al orden, son deslegitimados por «la voz del amo», que los tacha de traidores, desleales y oportunistas y amenaza por igual a todo su bloque con la pérdida de la representación (la amenaza, en su momento, de la «muerte cruzada»); pierden presencia en la Asamblea, en el gobierno y en AP. En consecuencia, se refuerza el dominio de Correa y del círculo de gobierno. A partir del 30 de septiembre todos cierran filas alrededor del régimen, es decir, alrededor de la hegemonía de Correa; las discrepancias desaparecen de la escena, y los críticos se autolimitan. El nuevo viraje derechista de la consulta muestra los límites y la debilidad de acuerdos basados en la sumisión: a los críticos no les queda más opción de marginarse. Se consolida la vía conservadora de la modernización dejando de lado toda veleidad reformista.
Así se presenta, hoy, la línea de conflictividad; y ella atraviesa cada vez con más nitidez: y lo que está en juego son proyectos políticos. Por un lado, dos proyectos de gestión del capital: la neoliberal y la modernizadora. Por otro lado, el proyecto de modernización capitalista enfrentándose a la posibilidad de un proyecto popular.
Como dice Luis Macas:
«La resistencia y la vigencia del Sumak Kawsay, al no ser adaptable al sistema actual, es una propuesta para superar este modelo nefasto, y posibilitarnos construir el sistema comunitario. Creemos que no puede incrustarse o incorporarse al modelo de desarrollo actual, ni puede ser un apéndice de este sistema ni de este modelo en crisis. Es la posibilidad de transformar este modelo agresivo, las viejas estructuras del Estado vigente y de construir uno nuevo, desde nuestras manos, del pueblo. Por lo que no se trata de una propuesta para indígenas; es más, consideramos que es una construcción de una opción de vida para todas y para todos, no es una propuesta indígena para los pueblos indígenas, sino para toda la humanidad»[7].
Conclusiones a la luz opaca del 30 de septiembre
Aún se discute si fue un intento de golpe o un movimiento reivindicativo. Como ocurre siempre, es más fácil descubrir los indicios después de que los hechos han ocurrido: existía un descontento entre los policías y los militares por algunas medidas tomadas por el gobierno (como la presencia de ministros de defensa civiles, incluso, al principio, ministras; la unificación de los servicios de inteligencia bajo comando del gobierno; las demoras en la «homologación salarial», que significa incrementos de salarios, sobre todo para los segmentos de menores ingresos; el «destape» de las violaciones a los derechos humanos en acciones policiales, etc.). De todos modos, el gobierno había tratado de acercarse a los militares y policías, incluso desde el inicio del gobierno: aumentos salariales, mejora de equipos y armamento, entrega del manejo de la compañía petrolera estatal a la marina, entrega de la reconstrucción de vialidad al cuerpo de ingenieros del Ejército, etc. Por otra parte, también es cierto que, según se sabía, gente cercana a Sociedad Patriótica andaba cerca de la policía y de los militares haciendo circular rumores, entre otros, sobre una posible desaparición del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).
¿Fue un intento de golpe, un proceso de golpe, un «golpe premoderno, posmoderno y transgénico»[8]? Aunque a algunos les hubiera gustado que lo sea, lo cierto es que no obtuvo el respaldo del alto mando de la policía ni obtuvo el respaldo prácticamente de ninguna unidad importante de las Fuerzas Armadas, más allá de un pequeño grupo en la base aérea de Quito y, finalmente, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, aun con cierto retraso, expresó su respaldo «incondicional» a Correa; es decir, en términos militares no tenía posibilidades de provocar un cambio de gobierno. Tampoco obtuvo el respaldo conjunto de la derecha (aunque la mayor parte de su expresión parlamentaria respaldó a la policía, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la figura más importante de esa tendencia, tomó pronto distancias con la medida de los policías). No obtuvo tampoco el respaldo de los grandes grupos de poder económico, que se manifestaron contra cualquier intento de «desestabilizar» la democracia. Y tampoco hubo respaldo en las calles.
Pero, por otro lado, el gobierno tampoco logró atraer un respaldo ciudadano masivo, a pesar de las movilizaciones que se reunieron frente a la casa de gobierno y en las cercanías del hospital de la policía, donde estaba Correa «retenido» por los policías. Por eso la crisis se resolvió, de nuevo, por la decisión de las Fuerzas Armadas, que volvieron a ser el actor finalmente dirimente, como en las crisis políticas anteriores (1997, 2000, 2005).
El 30 de septiembre reveló, sobre todo, más limitaciones y debilidades de las que se reconocían hasta entonces.
La derecha se mostró dividida, desconcertada, escindida entre los aguijonazos de Sociedad Patriótica para forzarla a caminar detrás de sus iniciativas, por un lado, y, por otro lado, las dificultades para dotarse de una representación política orgánica que, al mismo tiempo, sea capaz de desarrollar capacidad hegemónica hacia el conjunto de la sociedad.
Por su lado, los movimientos sociales mostraron la profundidad de su crisis política y lo que viene siendo su gran debilidad frente al proyecto modernizador de la «revolución ciudadana»: sometidos a constantes ataques desestructuradores por parte del gobierno, no logran enfrentarlo políticamente, es decir, mostrando a la sociedad el conflicto entre proyectos distintos. De modo que, a veces, algunas organizaciones han cedido a la tentación de aliarse con todos los opositores perdiendo de vista la necesidad de independencia de la propuesta popular. Otras organizaciones, en cambio, se han subsumido en el proyecto del gobierno y han perdido toda capacidad de adelantar una posición aunque sea mínimamente independiente. Pero, detrás de esta manifestación de crisis política, lo que se ventila es la readecuación de los movimientos frente a las transformaciones socioeconómicas de su base y una nueva disputa política a su interior entre una tendencia de derechas, procapitalista, y una tendencia de izquierdas que busca mantener un horizonte autónomo y de transformación social profunda.
Las debilidades de los movimientos sociales se han visto amplificadas por la pérdida de rumbo de sus presuntas representaciones políticas en la izquierda, incapaces de articular, ni siquiera a nivel parlamentario, al menos la sombra de una posición que se diferencie al mismo tiempo del gobierno y de la derecha.
Pero si las debilidades de las derechas y de los movimientos sociales eran hasta cierto punto visibles, lo novedoso fue la evidencia de las flaquezas del gobierno. El gobierno se mostró sin capacidad política de reacción y de iniciativas para enfrentar la crisis y quedaron en evidencia las debilidades del equipo gubernativo. Pero, sobre todo, se mostró que el respaldo de que goza el presidente es, sobre todo, un respaldo pasivo, no movilizable fácilmente. En estas circunstancias, se comprende que el gobierno haga esfuerzos por acercarse cada vez más a los grupos empresariales, reformule explícitamente su marco de alianzas, y procure reafirmar su legitimidad social con lo que ha sido su mejor arma desde un inicio: una nueva elección, es decir, la consulta popular. Y, con todo eso, afirmar el desplazamiento del proyecto político hacia su derecha.
Notas
[1] Pedro Rioseco: Ecuador: estabilidad política, rectoría estatal e inversión social, 13 de enero de 2011; en http://www.prensa-latina.cu/
[3] Los partidos orgánicos de la derecha son aquellos que han surgido, durante el período abierto con el retorno a la constitucionalidad en 1978, como representación política «natural» de las clases dominantes: el partido Socialcristiano, la Democracia Cristiana, la Izquierda Democrática, el Partido Renovador Institucionalista de Acción nacional (PRIAN), etc., y aquellos que ahora se quieren presentar como «nuevos rostros» ante la crisis de los partidos tradicionales: UNO, Concertación Nacional, Madera de Guerrero, etc. El que se postula como defensor de las clases dominantes sin ser su representante orgánico es, sobre todo, el partido Sociedad Patriótica (PSP)
[4] En el discurso (y a lo mejor en las creencias) del gobierno las leyes son la vía para reformar el país. Claro que, cuando no ha podido imponerlas, Correa ha descubierto de repente que «no son prioritarias» para su proyecto.
[5] Recogemos acá una observación de Boaventura de Souza Santos durante una conferencia brindada en el auditorio de la Senplades en enero de 2010.
[6]http://www.gaspetsa.com/
[7] Luis Macas: El Sumak Kawsay, 2011.
[8] Tal la curiosa definición adelantada por Mario Ramos y Alexei Páez en «El magnicidio perfecto», Cenae, Quito, octubre de 2010.