Vamos a hablar de los derechos humanos. Queremos decir a esta Comisión que el Estado ecuatoriano reconoce los derechos humanos de todos los ciudadanos que viven en nuestro territorio, independientemente de cuán poderosos sean o de cuánta capacidad de presión tengan. Respetamos el derecho de quienes han hecho uso de la palabra para defender los […]
Vamos a hablar de los derechos humanos. Queremos decir a esta Comisión que el Estado ecuatoriano reconoce los derechos humanos de todos los ciudadanos que viven en nuestro territorio, independientemente de cuán poderosos sean o de cuánta capacidad de presión tengan. Respetamos el derecho de quienes han hecho uso de la palabra para defender los intereses de sus grandes empresas, pero queremos recordarles que también son humanos los derechos de las y los ecuatorianos que han sido excluidos sistemáticamente de sus derechos en los anteriores períodos gubernamentales. Por ellos, los destacados caballeros sentados frente a nosotros nunca vinieron a abogar y ni siquiera a advertir el incumplimiento de sus más elementales derechos.
No recordamos haberlos visto por aquí cuando, a partir del año 1999, más de un millón de ecuatorianos tuvieron prácticamente que huir del país después de que un grupo de banqueros corruptos lo destruyeron, asaltaron las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los fondos de retiro de miles de humildes ecuatorianos, con la anuencia de un ex presidente que ahora da clases de gobernabilidad en una famosa universidad de los Estados Unidos, y con la conducta vergonzosa y cómplice de muchos medios de comunicación, entre ellos la mayor parte de las estaciones de televisión que eran propiedad de esos mismos grupos de banqueros, algunos de ellos todavía prófugos y disfrutando el sagrado derecho a la impunidad por más de 10 años en una calurosa ciudad de esta gran nación.
Parece que esos derechos no eran tan humanos o tal vez esos humanos eran menos humanos que los caballeros, digamos las cosas como a ellos les gusta que les llamen, aquí presentes. Y no podemos decir que los derechos a una vida digna por parte del conjunto de la población son, desde el punto de vista jurídico, más importantes que el derecho a la libertad de expresión, pero sí son más relevantes desde el punto de vista humano. Es más duro, más inhumano, más cruel, ser condenado a la pobreza intergeneracional, a no tener empleo, a no acceder a educación de calidad, a no tener vivienda, a no tener salud, a estar enjaulado o metido en una cueva por culpa de una discapacidad física o mental.
¿Qué tal si esos millones de ecuatorianos que han vivido en la pobreza, discriminados y que fueron empobrecidos por las políticas públicas de los gobiernos neoliberales hubieran tenido la oportunidad de venir acá a denunciar la violación de sus derechos humanos? Bueno, tal vez no habrían conseguido que les concedieran visa para entrar a este país, como no la pudieron conseguir en su momento los padres del ecuatoriano Franklin Aisalla, ciudadano asesinado en el ataque de Angostura del 2008, para atender un llamado de esta misma comisión. Ahora me estoy dando cuenta de la diferencia, hay unos que sí tienen derecho a obtener visa y otros no.
Bueno, pero veamos ¿qué ha pasado con los derechos humanos en el Ecuador?
- 700 mil créditos entregados a ecuatorianos antes excluidos del sistema económico.
- La recaudación de impuestos en este gobierno subió en un 74% con el aporte de los que más tienen (justicia fiscal).
- Cientos de miles de casos atendidos de personas con discapacidad invisibilizados antes de nuestro gobierno y que no tenían acceso a atención médica, empleo o asistencia social.
- Aumento de 300% de inversión en educación, la que ahora es gratuita a nivel básico, incluyendo matrículas, uniformes, materiales de estudio; se han entregado 31 millones de textos escolares gratis, se incorporaron 55 mil niños y niñas a la educación pública. Del total del crecimiento en el acceso a los estudios universitarios gratuitos, el 40% ha sido de la población más pobre.
- Se invirtió 6 veces más en ciencia y tecnología en este gobierno que en los anteriores.
- La inversión en salud se triplicó, pasando de 504 millones en el año 2006 a 1.473 millones en el presente; el sistema de salud pública atendió en el 2010 más de 30 millones de consultas y se triplicó la construcción de centros de atención. El Estado destina 184 millones anuales para adquisición de medicina que es entregada gratuitamente a la población.
- Por primera vez, el 51% del total de las nuevas viviendas en el Ecuador están en la zona rural.
- La cobertura de la Seguridad Social se incrementó del 39% al 55% de la población.
- Este Gobierno ha realizado la mayor inversión de la historia en infraestructura vial, integrando a la población históricamente postergada.
- En total, la inversión pública se incrementó en 110% pasando a ser relativamente la mayor en América Latina y el Caribe, y una de las más eficientes del continente.
- En cuanto al acceso a la información y comunicaciones, en los últimos 4 años hemos duplicado el número de usuarios de Internet a nivel nacional; por otro lado el uso de telefonía celular es uno de los más altos de América; la democratización de los medios de comunicación, así como el acceso efectivo de la población a la información plural y a la posibilidad de expresar sus ideas libremente, se plasma en el incremento de la entrega de licencias para el uso de frecuencias de radio y televisión, nacional, urbana y rural más grande realizado en la historia del Ecuador en un período de gobierno, asignación técnica y transparente ejecutada luego de una auditoría realizada por mandato constitucional, hoy existen en el país 1174 emisoras de radio y 446 de televisión. El Estado ha entregado 14 frecuencias a radios comunitarias, de las cuales 13 fueron directamente a nacionalidades indígenas.
Pero antes del Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado, la realidad sobre los derechos y sus garantías, fue muy distinta.
La libertad de expresión en el Ecuador
En mayo de 2009, la Comisión Auditora de Frecuencias de Radio y Televisión creada por mandato constitucional, determinó que, durante el período comprendido entre enero de 1995 y diciembre de 2008, aproximadamente un tercio de todas las concesiones de frecuencias en el Ecuador fueron obtenidas de forma ilegal, o mediante transacciones privadas de dudosa legitimidad, por apenas un puñado de grupos empresariales. Este proceso de concentración y privatización de las frecuencias de radio y televisión fue posible, en gran medida, debido a las deficiencias normativas de la Ley de Radiodifusión y Televisión vigente, la cual fue promulgada en 1975, en plena dictadura militar. Para que se hagan una idea, el órgano estatal encargado de otorgar las frecuencias, previsto en dicha ley, estaba conformado, entre otros, por los mayores propietarios de medios de comunicación. Estos no dudaron en asignarse a sí mismos un gran número de licencias, sin el menor atisbo de pudor.
Como resultado de este proceso, el escenario mediático de alcance nacional quedó reducido a ocho grandes grupos, ligados a ocho «ilustres» apellidos. Según lo señala el Análisis de Desarrollo Mediático en Ecuador publicado en marzo de 2011 por la UNESCO, estos grupos son: 1. Grupo Egas; 2. Mantilla; 3. Pérez; 4. Alvarado; 5. Martínez; 6. Eljuri; 7. Vivanco; y, 8. Grupo Isaías. Casualmente, estas familias han estado tradicionalmente vinculadas a grandes consorcios comerciales, industriales y, especialmente, bancarios de nuestro país. El mismo estudio señala que los medios privados utilizan el 83% de las frecuencias de televisión y el 89% de las frecuencias de radio, en tanto que los medios comunitarios no ocupan ninguna de las frecuencias de televisión y apenas el 0,2% de las frecuencias de radio.
En este contexto, podemos decir que estos grandes grupos mediáticos y, a la vez, conglomerados empresariales, antes que servir de vehículo para el ejercicio de la libertad de expresión, han controlado y dosificado el acceso a la información de la ciudadanía, con el propósito evidente de servir a sus intereses. Así, su participación en la vida política del país ha sido evidente y variaba según los intereses que representaban en el gobierno de turno.
A partir de que el Estado ecuatoriano y el actual gobierno se pusieron al servicio del pueblo al que legítimamente representan, y comienzan a restringir privilegios y canonjías de los grupos de poder -a los que representan los grandes medios de comunicación nacionales- entonces el panorama mediático se llena de sombras.
¿Quiénes están descontentos con las políticas públicas?
1. Los grandes evasores de impuestos (importantes auspiciantes de los grandes medios), que ahora, para su mala suerte, los tienen que pagar;
2. Los tenedores de la deuda externa a quienes les recortamos un dinero ducto a través del cual se llevaban ilegítimamente una gran parte de la riqueza generada en el país;
3. Los grupos económicos acostumbrados a prácticas monopólicas y oligopólicas, quienes nunca van a perdonar que el Estado haya decidido regular el sistema financiero y, peor aún, que haya logrado aprobar, a pesar de toda su oposición, una ley antimonopolio después de décadas de intentos fallidos;
4. Las redes de contratistas corruptos que tenían secuestrados los ministerios y oficinas del Estado, a quienes el nuevo sistema de contratación pública les cortó el flujo incesante de recursos que compartían también con sus cómplices en la burocracia estatal; y muchos otros caballeros, miren con cuánta consideración los tratamos, que estaban acostumbrados a vivir en un país organizado para que se atiendan sus privilegios, en muchos casos ilegítimos o francamente ilegales, pero no para que se cumplan sus obligaciones.
Pero también el Estado ecuatoriano cometió el atrevimiento de emprender una política irreconciliable con la concentración del poder mediático privado: decidió crear medios de comunicación públicos, esto es, medios de propiedad del Estado y al servicio de la información en beneficio de la ciudadanía, y para colmo, conceder autorizaciones para que más ciudadanos y grupos sociales tengan acceso efectivo a instalar nuevos medios de comunicación. Ahí sí que ardió Troya. Que si era legal o no, que si se gastaban los recursos de los contribuyentes (hasta que se acordaron de ellos), que si se nombraba a fulano de tal como director, que si su hoja de vida les gustaba o no, que si una y mil cosas. ¿Cómo se podía atrever un gobierno a disputarles a ellos el control de la información y de la opinión pública?
Ante una política pública tan heterodoxa, por decir lo menos, los grupos de poder vieron amenazado su estatus, y decidieron hacer un frente corporativo contra el proyecto de cambio que representa la Revolución Ciudadana. Este frente ha llegado al punto de erigirse en actor político de primer orden. De hecho, estos grupos han desplegado una ofensiva mediática, política y económica, que pretende persuadir a las y los ciudadanos, así como a los organismos internacionales, de que los cambios que se están realizando en la estructura de propiedad de los medios de comunicación y en la estructura de acceso a los medios y tecnologías de la comunicación, son per se vulneraciones a la libertad de expresión. Para ello han recurrido a todo tipo de recursos informando interesadamente, ocultando información y muchas veces, directamente desinformando y mintiendo. La consigna es que todo proyecto de cambio legislativo, institucional o administrativo emprendido desde el Gobierno Nacional debe ser necesariamente boicoteado y abortado en nombre de una mal llamada libertad, para mantener así el estado de privilegios imperante a favor de los grupos familiares de empresarios que monopolizan los flujos, los medios y las tecnologías de comunicación e información.
Debemos caer en cuenta que la reacción virulenta contra la política del Estado está limitada a los dueños y representantes de ciertos grandes negocios privados dedicados a lo que ellos llaman comunicación. La inmensa mayoría de los pequeños y medianos medios de comunicación del país son testigos de la plena libertad de expresión de que gozan y no acompañan estas desatinadas acciones libertarias.
Por otro lado, ese rol protagónico en la política ecuatoriana que antes apuntábamos, ese poder de influir en decisiones vitales para el conjunto del país, no emana de ningún tipo de representatividad democrática. Más bien se sustenta en su capacidad para concentrar medios, controlar la información e influir así en la conformación de la opinión pública. Más aún, desde determinados rotativos y determinadas frecuencias, se ha practicado (y aún se practica) el acoso a jueces, asambleístas y otros cargos públicos. Desde los despachos del poder mediático, se ha acusado y difamado sin pruebas tanto como se ha insultado.
Impulsamos una Constitución garantista, que amplia los derechos en el ámbito de la comunicación, mucho más allá de la sola referencia a la libertad de expresión.
La respuesta del Gobierno fue entonces la de promover un proceso constituyente, sin lugar a dudas ejemplar, en términos de ampliación de derechos y libertades. Por supuesto, también en beneficio del derecho a la libertad de expresión, opinión e información. El nuevo texto constitucional incorporó al ordenamiento jurídico ecuatoriano, con calidad de derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales de la comunicación, con el propósito de democratizar la comunicación y generar condiciones materiales, sociales, jurídicas y políticas que permitan disfrutar a todos los ciudadanos de las libertades de expresión, información, opinión y prensa. Esta información ya ha sido presentada ampliamente por el señor Procurador General del Estado, minutos antes.
Con este horizonte fijado en la nueva Constitución, el Gobierno ecuatoriano ha desplegado esfuerzos normativos, institucionales y de políticas públicas para avanzar hacia el pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la comunicación por parte de la ciudadanía, y desde luego, en plena sintonía con los preceptos de los instrumentos internacionales vigentes, que en muchos casos hemos superado, ampliando el desarrollo y las garantías de los derechos establecidos. Con el mandato constitucional, por tanto, el Estado ecuatoriano se obliga ahora no sólo a respetar, y hacer respetar, los derechos, según la perspectiva liberal, sino que ahora, como el resto de poderes del Estado, debe volcarse también a promover y patrocinar toda una nueva serie de derechos sociales, económicos y colectivos, derechos todos ellos tan fundamentales -y tan urgentes de garantizar- como los llamados derechos fundamentales.
Y ante la campaña abiertamente distorsionadora, mentirosa y confrontativa de las élites en el poder y de algunos medios nacionales de comunicación, el Gobierno Nacional enfrenta teóricamente dos opciones: Por un lado, ejercer la censura. Esto, en ningún caso hubiera sido aceptable para nosotros, ya que iría contra nuestro programa, contra la Constitución que juramos defender, y contra el espíritu garantista que promulgamos como organización política.
Y, por otro lado, queda la opción de contestar. Pues bien, desde el comienzo, esa fue siempre nuestra alternativa. Tomamos la palabra, y comenzamos a contrastar las versiones y argumentos de los medios empresariales con nuestras versiones y argumentos; y con las de otros. Creemos que desenmascarar sus intereses corporativos ayuda a prevenir también sus excesos; así como el sentido real de sus apelaciones a la democracia y a las libertades. En definitiva, no se les censura; al revés, se disputa su monopolio sobre la verdad, confiando en que el pueblo ecuatoriano tenga los criterios y la información suficiente en ese debate para que sea capaz de construir su propia versión de la realidad política.
Sus intenciones de desprestigio contra el Gobierno actual y contra las instituciones del Estado, para su mala fortuna, no les han servido para mucho. El Presidente Rafael Correa goza de una aprobación de su gestión de gobierno que en muchas décadas ningún Gobierno ha logrado. Ya para cumplir cinco años en el Gobierno, más del 70% de los ecuatorianos la califica favorablemente.
Estamos tan seguros de que ésta es la vía de respuesta, que les contestaremos públicamente allí donde se plantee la disputa. En el campo mediático o en los tribunales ecuatorianos. Incluso si eligen acudir a organismos como el que hoy nos acoge. Porque también esto nos da la oportunidad de poner en evidencia contradicciones como la de verse interpelado por el cumplimiento de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad capital de un país que ni siquiera la ha ratificado. Porque nos permite denunciar la capacidad que tienen determinados poderes por marcar la agenda de organismos como esta Comisión, en un momento en el que las alertas ante violaciones de derechos humanos en el hemisferio deberían estar encendiéndose en otras latitudes, y contra otros derechos humanos tan valiosos como los relativos a la libertad de expresión.
De igual modo, se discute en la Asamblea Nacional, una Ley de Comunicación inclusiva que pretende abrir y garantizar espacios, no ya sólo a los medios de comunicación empresariales; no sólo a un aparato estatal de comunicación, que también incorpore parámetros de gestión distintos a los exclusivamente empresariales. También a la comunicación comunitaria y otras experiencias asociativas, que han sido largamente olvidadas por la mayoría de los estados. Queremos extender el uso de las herramientas para la comunicación social que ofrecen las nuevas tecnologías a nacionalidades.
Hemos creído que mantener en vigencia una ley emanada de -e inspirada por- una dictadura era lesivo para los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Otra de las medidas tomadas para guiar la futura norma sobre medios fue la de llamar a consulta popular. Pero no se imaginan cuánto se opusieron los grandes medios privados de comunicación a que se realice dicha consulta popular.
Los defensores de la libertad de expresión, solo para ellos, en franca oposición a la libertad de expresión de todo el pueblo. Se pretendían dirimir los lineamientos que, según la ciudadanía ecuatoriana, deberán regir el futuro panorama mediático, de modo que este pueda servir de vehículo para el ejercicio de las libertades de expresión, opinión e información. Y lo hacemos a través de este mecanismo democrático porque la ciudadanía se ha acostumbrado ya a debatir y a decidir sobre las cuestiones centrales para la construcción de nuestro proceso político.
En todo caso, debemos reconocer que existe un nivel importante de crispación política en el Ecuador. En aras de la libertad de expresión, se toleran todos los abusos al derecho de la libertad de expresión, porque hay que tener un alto nivel de tolerancia para soportar tal cantidad de tergiversaciones y falsificaciones de la realidad por parte de ellos.
Ahora bien, una cosa es calificar, y otra muy distinta es utilizar las plataformas mediáticas para lanzar acusaciones insidiosas de extrema gravedad. En un Estado de Derecho, ningún ciudadano puede perder la posibilidad de defenderse en los tribunales frente a alguien que, sin aportar prueba alguna, lo acusa públicamente de ordenar una matanza. Saben ustedes el caso al que me refiero.
Existe censura previa en el país, pero es ejercida por los mismos dueños de los medios de comunicación.
Complementariamente, el estudio sobre ¿Cómo viven y piensan la libertad de expresión los periodistas ecuatorianos? (2008), elaborado por la Universidad de las Américas (UDLA) en el marco de actividades de Laboratorio de Medios, sostiene que de 120 periodistas entrevistados, el 44% afirma que se ha abstenido de publicar algo por presión de los dueños o directores de medios, el 33% por los grupos de poder, el 21% por anunciantes y 19% por el Gobierno (es preciso tener en cuenta que en la elaboración de esta estadística algunos periodistas señalaron a uno o más de estos actores como agentes activos de censura). Este estudio confirma nuevamente que, en términos globales, el 88% de las acciones de censura provienen de actores privados, aunque los medios de comunicación nunca han visibilizado esta situación; y en cambio, por regla general, han sobre-visibilizado y sobre-dimensionado los casos en los que se considera que los funcionarios del Estado a nivel central, regional o local han desarrollado actos constitutivos o conducentes a la censura.
Sin embargo, comparadas estas cifras con algunas similares recopiladas en países de nuestro entorno, las mismas nos hacen ver que la libertad de expresión en el Ecuador goza de mucha vitalidad. Más cuando comparamos, también dentro de la región, cifras de personas amenazadas o asesinadas por motivos de opinión o expresión. En este sentido, el Ecuador constituye un ejemplo por la baja cifra de víctimas.
Así mismo, el debate político, es absolutamente plural, y abierto. Las políticas gubernamentales son permanentemente puestas en duda y criticadas, y permanentemente el Gobierno hace una labor por explicar, contra-argumentar y rebatir. En realidad, nunca antes de este periodo de cuatro años se ha escuchado debatir tanto sobre las posibilidades reales de desarrollar las distintas libertades y derechos recogidos en nuestra Carta Magna como en los últimos cuatro años. También los derechos de opinión, información y expresión. Quizá por eso, como dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano, «existe tanta libertad de expresión, que pueden salir públicamente a expresar que no les dejan expresarse».