Traducido del portugués para Rebelión por Marga Durán.
La Comisión de la verdad, nombrada por la Presidenta Dilma, corre el riesgo de transformarse en la Comisión de la Vanidad, en el caso de que sus integrantes hagan de palanca de sus vanidades personales.
En el día siguiente a las nominaciones todavía antes de la posesión de los cargos, las opiniones dispares de los miembros de la comisión en cuanto a su objetivo surgieron en los medios de comunicación.
El ministro Wilson Dipp, del Tribunal Superior de Justicia, ¿se encuadra en los criterios definidos por la ley que creó la comisión?
En los términos de su artículo 2º, 1, inciso II, «No podrán participar de la Comisión Nacional de la Verdad aquellos que (…) no tengan condiciones para actuar con imparcialidad en el ejercicio de las Competencias de la Comisión».
Al actuar como perito del Estado brasileño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dipp se posicionó contra familiares de los guerrilleros de Araguaia, cuyos cuerpos se encuentran desaparecidos. ¿Actuará ahora con imparcialidad?
La tarea de los siete nombrados es investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1946 y 1988. El foco principal es, en nombre del Estado, que abracen la postura ética y épica de Antífona y dar sepultura digna a los muertos desaparecidos durante la dictadura militar (1964- 1985).
La comisión actuará bajo la oscura luz de la injusta ley de Amnistía, promulgada en 1979 y refrendada por el STF en 2010. Esa ley pone en el mismo nivel a torturadores y torturados, asesinos y asesinados. Ahora ¿cómo amnistiar a quién jamás sufrió juicio, sentencia y castigo?
No hubo «dos lados». Hubo el Golpe de Estado perpetrado por militares y el derrumbe de un gobierno constitucional y elegido democráticamente.
La dictadura implantada anuló y derrumbó a partidos y a políticos, y creó un aparato represivo («el monstruo», general Golbery) que instaló centros de torturas mantenidos con recursos públicos y privados.
El aparato represivo, en nombre de la «seguridad nacional», encarceló, maltrató, asesinó, exiló, desterró e hizo desaparecer a los que se atrevieron a combatir contra la dictadura, y también a innumerables personas que jamás se involucraron con la resistencia organizada, como el ex – diputado Rubens Paiba, el periodista Vladimir Herzog y el padre Antonio Enrique Pereira.
Cabe a la Comisión investigar la muerte de las víctimas de la tortura, o que ocurrió a los desaparecidos y quienes son responsables de tales atrocidades. Los militares cumplen órdenes superiores. Es preciso averiguar quién determino la práctica de las torturas, la eliminación sumaria de militantes políticos y el ocultamiento de sus cuerpos.
La Comisión deberá, en fin, abrir los archivos de las fuerzas armadas, oír a los verdugos y a sus superiores jerárquicos, escuchar a las víctimas y parientes de los desaparecidos y esclarecer episodios emblemáticos que jamás fueron debidamente investigados, como el atentado al Riocentro, en 1981, preparado para segar la vida de miles de personas.
Defender el concepto acaciano de «crímenes conexos» y convocar como sospechosos a aquellos los que en Brasil debe, hoy, el rescate de la democracia y del Estado de Derecho, equivaldría a imputar a la Resistencia Francesa crímenes contra la ocupación nazi de Parías o a convocar a los judíos como reos en el Tribunal de Nuremberg.
Los integrantes de la Comisión de la Verdad saben muy bien que la legalidad y la justicia no son sinónimos. Y tengan presente la afirmación de Cervantes: «La Verdad alivia más de lo que machaca. Y estará siempre encima de cualquier falsedad, como el aceite sobre el agua.»
CARLOS ALBERTO LIBANIO CHRISTO, 67 años, Frei Betto, fraile dominicano, es escritor, asesor de movimientos sociales y autor de «Diario de Fernando: en nuestras cárceles de la Dictadura Militar Brasileña» (Rocco).
Fuente original: http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5603