En este artículo el autor reflexiona sobre la trama golpista que desde el mismo momento en que perdió las elecciones Bolsonaro en el año 2022 se puso en marcha para atentar contra Lula, Alckmin y Moraes… y que derivó en diversos atentados contra la democracia, como el asalto a las instituciones democráticas del Estado el 8 de diciembre de 2023, el atentado frustrado contra el aeropuerto de Brasilia…
La Policía Federal (PF) ha detenido a cuatro militares y a un Policía Federal acusados de urdir un golpe de Estado que incluía el asesinato por explosivo o envenenamiento del presidente Lula da Silva, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del Magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Los militares serían integrantes de comandos especiales llamados de “kids pretos”, liderados por el General de Brigada Mario Fernandes, actualmente en la reserva. El hecho es gravísimo, pues revela la participación de militares de alta graduación y de la cúpula del bolsonarismo en dicha articulación criminal.
El plan consistía en ejecutar un golpe de Estado el día 15 de diciembre de 2022 -dos semanas antes que Lula asumiera la presidencia– en el cual un comando capturaría y posteriormente asesinaría al recién electo Lula y su vice, junto a quien en ese momento ocupaba la presidencia del Superior Tribunal Electoral (TSE), el Magistrado Alexandre de Moraes.
En su informe la Policía Federal señala que entre las ideas evaluadas por el grupo estaba la de envenenar a Lula y al magistrado Moraes, aunque aún no está claro cómo sería en rigor el asesinato de este último. En un trecho del documento se puede leer: “Fueron consideradas diversas condiciones para la ejecución del magistrado Alexandre de Moraes, inclusive con el uso de artefacto explosivo y por envenenamiento en un evento oficial público”. Para los investigadores policiales, los involucrados en la conspiración consideraban el alto riesgo de la “operación” y admitían inclusive la posibilidad de perder la vida en la intentona. Es decir, según la PF resulta claro que para el grupo investigado “la muerte no solo del magistrado, sino también de todo el equipo de seguridad y hasta de los militares envueltos en la acción, era admisible para el cumplimiento de la misión de neutralizar el denominado ´centro de gravedad´, que representaba un obstáculo para la consumación del golpe de Estado”.
Para el asesinato del presidente Lula por envenenamiento, el plan de los militares sediciosos consideraba la frágil salud del presidente, que lo obligaría a frecuentar seguidamente los hospitales y en una de esas instancias, la posibilidad de asesinar a Lula por medio “del uso de químicos para causar un colapso orgánico”. Esto nos lleva a rememorar el asesinato del poeta Pablo Neruda y del expresidente Eduardo Frei Montalva a manos del químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Eugenio Berrios, quien después fue ajusticiado posteriormente en Uruguay como una forma de quema de archivo.
Aún de acuerdo con los investigadores, para que la tentativa de golpe tuviera éxito, el comando debería ejecutar también a Geraldo Alckmin, quien eventualmente asumiría la presidencia de Brasil en el caso de que se consumara la muerte de Lula da Silva. Eliminados estos tres obstáculos para consumar el golpe, el grupo planeaba la formación de un “Gabinete Institucional de Gestión de la Crisis” en los que participarían el General Augusto Heleno, entonces Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), y el General Walter Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil del Gobierno Bolsonaro y un estrecho colaborador del expresidente. El documento que detallaba todos estos pasos fue encontrado por la Policía Federal en la casa del General Mario Fernandes, ahora detenido.
Si bien hasta el momento no existe evidencia de que Jair Bolsonaro pueda estar a la cabeza de esta conspiración, existen claros indicios de que las digitales incitadoras del excapitán se encuentran presentes en el origen de este golpe frustrado, lo cual se suma a la intentona del 8 de enero y a una serie de otros actos perpetrados por sus seguidores (ocupación de carreteras, incendio de la sede de la Policía Federal, tentativa fracasada de explosión del aeropuerto de Brasilia), el último de los cuales fue el ataque suicida con bomba realizado por Francisco Wanderley Luiz, el miércoles 13 de noviembre frente al edificio del STF.
Los seguidores de Bolsonaro han señalado que si no se consumó el golpe no existe jurídicamente ningún delito, aunque existen demasiados indicios de que partes de este plan golpista fueron efectivamente ejecutadas como, por ejemplo, la compra de teléfonos celulares utilizados exclusivamente para la comunicación del núcleo duro de la conspiración.
A cada instante surgen nuevos antecedentes de que un golpe de Estado fue maquinado desde el mismo día en que Lula ganó las elecciones en segunda vuelta y que Bolsonaro y su entorno estaban totalmente conscientes e informados de lo que se fraguaba en ese periodo y hasta la invasión de la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023. Ahora cabe a la Justicia recabar toda esta información y juntarla en un solo proceso por incitación al golpe, conspiración contra el Estado democrático de derecho y violación de la Constitución brasileña. Y sin duda, la pieza clave y central de toda esta trama se llama Jair Bolsonaro, el que debería ser preso en los próximos días para responder por todos sus crímenes e ilegalidades.
Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia, autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial RIL, 2021) y coeditor del libro EP Thompson en Chile: solidaridad, historia y poesía de un intelectual militante (Ariadna Ediciones, 2024).
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