Gobiernos y organismos de todo el arco ideológico adoptan y reclaman gravámenes ante el beneficio excepcional de las empresas energéticas. El catedrático Fernando Serrano considera que es una medida que va más allá de ideologías, cuyo debate comenzó tras la Primera Guerra Mundial
Septiembre de 2021 queda muy lejos y sin embargo todo el panorama ha cambiado. Por aquel entonces, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hizo un movimiento que hizo enfurecer a las compañías energéticas. El precio del gas estaba empezando a dispararse, según se iba empequeñeciendo el chorro que llegaba a Europa desde Rusia. El país euroasiático se excusaba aduciendo problemas de mantenimiento. Aún no se conocía que el Kremlin estaba acumulando gas para preparar la invasión de Ucrania. En España, el Consejo de Ministros aprobó un plan de choque para limitar la tarifa regulada del gas. El plan incluía una moratoria que fragmentaba parte del recibo y lo distribuía en futuras facturas, una vez pasado el invierno. Iberdrola reaccionó rápidamente: anunció la paralización de proyectos renovables por la “pérdida de rentabilidad” ante el nuevo marco regulatorio.
Un año y dos meses después de ese episodio, tras la invasión de Ucrania y tras romper el precio del gas todos los pronósticos, gobiernos y organismos internacionales, gestionados desde todas las perspectivas ideológicas, han asumido gravámenes a los beneficios extraordinarios de las empresas. Este lunes ha sido la ONU. Su secretario general, António Guterres, ha defendido la siguiente idea: “Pido que todos los gobiernos graven los beneficios inesperados de las empresas de combustibles fósiles. Redirijamos el dinero a las personas que luchan contra el aumento de los precios y la energía”.
«Yo creo que en este tema es importante dejar al margen la ideología», apunta Fernando Serrano, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y director de la cátedra EU Fair Taxation. «Si atendemos a cada caso histórico donde se plantean estos impuestos, vemos que son Gobiernos de diferentes ideologías. Lamentablemente, se trata del Gobierno al que le toque lidiar con una situación de crisis derivada de una guerra, por ejemplo. Es básicamente cuando se pone en jaque la sostenibilidad fiscal de los países, que a fin de cuentas es de lo que se trata”, remacha el profesor.
“Yo creo que, ante esta situación, hay que separar dos temas”, señala el economista Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). “Por un lado, la necesidad de ayudar a los segmentos de la población con ingresos bajos y a los sectores productivos más afectados por la subida de la energía; y por otro lado, cómo se financia eso. No tiene por qué ser necesariamente mediante impuestos específicos sobre el sector energético. Impuestos de este tipo tienen su lógica en una situación como la actual, en la que hay un shock exógeno que genera un fuerte incremento de precios y beneficios extraordinarios, pero esos impuestos también pueden tener efectos negativos, especialmente si se diseñan mal y hay que tener un cierto cuidado”, señala De la Fuente.
¿Se podrían gravar hoy los beneficios de 2021 de las farmacéuticas?
En la pandemia ocurrió un fenómeno similar. Varias de las grandes farmacéuticas obtuvieron enormes beneficios inesperados por una situación que perjudicó al resto de los actores económicos en todo el mundo. Por ejemplo, como informó infoLibre, producir una dosis de Pfizer tenía un costo de menos de un euro, y cada una de ellas fue vendida a los gobiernos a 17,20 euros. Poco después, Forbes desveló que Albert Bourla, jefe de Pfizer, se planteó vender cada dosis a 150 euros, aunque no lo hizo para intentar “recuperar la reputación” de las farmacéuticas en plena crisis sanitaria. Pese a todo, la multinacional duplicó sus beneficios hasta los 20.000 millones de euros. Otro sector que se benefició ampliamente de la pandemia, en concreto de los confinamientos, fue el tecnológico. Las grandes empresas de este sector como Google, Meta (matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp) o Netflix, multiplicaron sus beneficios y, por lo tanto, su valor en bolsa.
En este sentido, el grupo europeo de Los Verdes ha publicado en octubre un posicionamiento en el que plantean extrapolar el impuesto a las grandes energéticas a otras situaciones extraordinarias, como la derivada de la crisis del coronavirus. Esta formación a nivel europeo propone un impuesto retroactivo a las grandes empresas farmacéuticas y tecnológicas por sus resultados en los años 2020 y 2021. Especialmente a las primeras, que recibieron ingresos públicos para acelerar la creación y producción en masa de la vacuna contra el covid-19.
“Las empresas farmacéuticas invirtieron una gran cantidad de dinero para desarrollar las vacunas a contrarreloj. Es verdad que con ayudas públicas, como la compra anticipada de vacunas por los gobiernos, pero también porque anticipaban un beneficio. Si eliminamos sistemáticamente esos beneficios, a lo mejor la próxima vez se lo piensan más. Hay que mantener un equilibrio. Es lógico que no las hayan dejado vender dosis a 150 euros, pero tampoco tendría sentido que se les expropien todos los beneficios generados por las vacunas”, apunta De la Fuente.
“La filosofía para gravar a las farmacéuticas es la misma que para las energéticas”, apunta el catedrático Fernando Serrano. “Es un exceso de beneficio que se produce por circunstancias muy particulares. Se trata de recuperar los beneficios que se obtuvieron en ese momento. Pero hay que ser muy cauto, es un impuesto retroactivo. Desde un punto de vista de legalidad tributaria, creo que es difícil volver hacia atrás. Es como si a ti te pasara a ti como trabajador. Imagínate que Hacienda dice que en 2020 obtuviste unos ingresos extraordinarios por determinadas circunstancias hace dos años y te aplica un extra a tu IRPF… es muy complejo”, apunta el académico.
Un debate con un siglo de historia: medidas necesarias pero complejas
El debate de gravar los «beneficios caídos del cielo» parece una novedad de este año, pero se han planteado prácticamente detrás de cada crisis importante. “Son impuestos cíclicos, siempre que hay algún tipo de crisis suelen aparecer”, explica el Fernando Serrano. “Aparecieron tras la Primera Guerra Mundial, tras la Segunda, tras la crisis del petróleo de los años 70… Yo creo que es posible decir que se trata de una tendencia, pero en todo caso no es nueva, es como las tendencias que hemos visto después de otras guerras o crisis del petróleo”, añade el profesor.
“Yo no soy partidario de los impuestos, sino de cambios en la regulación”, explica a infoLibre Jorge Fabra, fundador de Economistas Frente a la Crisis. “En definitiva lo que hacen esos impuestos es detraer una parte del beneficio extra. Yo creo que las grandes empresas se frotan las manos. Por ejemplo, empresas que han aumentado los márgenes en 17.000 millones de euros y se les va a detraer 1.000 millones. Es para estar dando palmas con las orejas”, critica Fabra, que añade: “Con el impuesto a la banca haría lo mismo. En lugar de un impuesto, por ejemplo, se le puede prohibir cobrar cierta comisión. Prefiero eso: vías regulatorias mejor que impuestos. Es verdad que está todo hiperregulado, pero pese a eso no está bien regulado”, critica el economista.
Contra la reivindicación de aumentar la cantidad de beneficios que reciben estas empresas, el profesor Serrano apunta un problema: “La cuestión de estos impuestos es que crean un efecto distorsionador. En el caso de las energéticas, todo lo que es pagar impuestos es detraer de una empresa una serie de beneficios que deberían ir destinados a la transición energética”. Una de las filosofías detrás del mercado eléctrico europeo es esa misma: propiciar un extra a las empresas que producen a bajo coste para que inviertan en energías renovables y acelerar la transición hacia las renovables. No obstante, las reglas de este mismo mercado han provocado que, en esta situación extraordinaria, esos beneficios se vuelvan insólitamente altos, en un momento de gran dificultad para la mayoría de hogares y empresas. “Estos gigantes energéticos están haciendo inversiones productivas para ir dejando la línea de hidrocarburos para pasar a las renovables. Ese dinero que se detrae es dinero que se deja de invertir en esa transición”, apunta Serrano.
El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, coincide con esta idea. Aunque opina que estos impuestos “tienen su lógica”, también acarrean “ciertos riesgos”: “El mecanismo de extracción de rentas del gas lo que hace es reducir los beneficios de los productores inframarginales y trasladarlos a los consumidores, suavizando así el shock. Eso es bueno, pero tienes también dos efectos perjudiciales: al productor le limitas los incentivos y los recursos para invertir en renovables; y al consumidor, como no le sale tan caro gastar gas, se le incentiva su consumo”, explica el economista.
Al margen del debate sobre los impuestos extraordinarios, el economista Jorge Fabra no cree que el mensaje de la ONU vaya en el sentido de extender estos impuestos, sino de crear un mecanismo diferente: “Yo creo que la propuesta de António Guterres no tiene que ver con los beneficios caídos del cielo. Creo que va más bien encaminado a crear algo similar a los derechos de emisiones de CO2, para financiar la crisis climática en países emergentes”, explica el economista. El mercado de emisiones de CO2 es una tasa que debe pagar las empresas que hacen un uso intensivo de los combustibles fósiles, como las grandes compañías energéticas. “Creo que la idea es que los países ricos, responsables de la gran mayoría de las emisiones, en especial EEUU y China, financien las consecuencias de las crisis climáticas en los países emergentes, que son los que más las sufren. Es decir, crear una bolsa global para financiar proyectos desde los países más contaminantes”, añade Fabra.